18-100-24-CHAVERRI-HTML

Revista Electrónica Educare (Educare Electronic Journal) EISSN: 1409-4258 Vol. 30(1) ENERO-ABRIL, 2026

doi: https://doi.org/10.15359/ree.30-1.20277

https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/educare

educare@una.ac.cr

[Cierre de edición el 30 de abril del 2026]


¿Una educación solo al servicio del capital o del ser humano entendido integralmente? Análisis crítico del informe de la OCDE sobre la educación en Costa Rica

An Education Only at the Service of Capital or of the Human Being Understood Integrally? Critical Analysis of the OECD Report on Education in Costa Rica

Uma educação apenas a serviço do capital ou do ser humano entendido integralmente? Análise crítica do relatório da OCDE sobre educação na Costa Rica

Código QR

Pablo Chaverri-Chaves

Universidad Nacional

ROR logo https://ror.org/01t466c14

Centro de Investigación y Docencia en Educación

Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia

Heredia, Costa Rica

pablo.chaverri.chaves@una.ac.cr

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-2639-4242

Recibido • Received • Recebido: 23 / 07 / 2024

Corregido • Revised • Revisado: 20 / 03 / 2026

Aceptado • Accepted • Aprovado: 22 / 04 / 2026

Resumen

Introducción. El presente artículo plantea un análisis crítico del informe: Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2023 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2023b). Propósito. Revisar críticamente este informe comprendiendo la visión de educación que se plantea y sus implicaciones. Discusión. Se analiza el informe en cuanto a: su visión de la educación, del sistema educativo y del desarrollo nacional. Inicialmente, se pone en contexto el citado informe, luego de ello se presentan y discuten las observaciones de este documento sobre el sistema educativo costarricense, y se hace una valoración crítica de estas mismas. Conclusiones. El informe de la OCDE para Costa Rica se centra en la relación educación-empleo-economía y pierde de vista otras variables clave del desarrollo de las personas y las sociedades.

Palabras claves: Política educativa; política económica; empleo; OCDE; Costa Rica; análisis crítico.

ODS: ODS 4; educación de calidad; desarrollo de la educación; ODS 10; reducción de las desigualdades; disparidades educativas.

Abstract

Introduction. This article presents a critical analysis of the report: OECD Economic Surveys: Costa Rica 2023 (OECD, 2023b). Purpose. Critically review this report, understanding the vision of education that is proposed and its implications. Discussion. The report is analyzed, in terms of its vision of education, the educational system, and national development. Initially, the report is put into context, after which the observations of this document on the Costa Rican education system are presented and discussed, making a critical assessment of them. Conclusions. The OECD report for Costa Rica focuses on the relationship between education, employment, and the economy, losing sight of other key variables in the development of people and societies.

Keywords: Educational policy; economic policy; employment; OECD; Costa Rica; critical analysis.

SDG: SDG 4; quality education; education development; SDG 10; reduced inequalities; educational disparities.

Resumo

Introdução. Este artigo apresenta uma análise crítica do relatório: Pesquisas Econômicas da OCDE: Costa Rica 2023 (OCDE, 2023b). Propósito. Revise criticamente este relatório, compreendendo a visão de educação proposta e suas implicações. Discussão. O relatório é analisado em termos de: sua visão da educação, do sistema educacional e do desenvolvimento nacional. Inicialmente, contextualiza-se o referido relatório, após o que são apresentadas e discutidas as observações deste documento sobre o sistema educacional costarriquenho, fazendo uma avaliação crítica delas. Conclusões. O relatório da OCDE para a Costa Rica enfoca a relação entre educação, emprego e economia, perdendo de vista outras variáveis-chave no desenvolvimento das pessoas e das sociedades.

Palavras-chave: Política educacional; política econômica; emprego; OCDE; Costa Rica; análise crítica.

ODS: ODS 4; educação de qualidade; desenvolvimento educacional; ODS 10; reduzir as desigualdades; disparidades educacionais.

Introducción

En un contexto de creciente globalización, el papel de los organismos de cooperación internacional suele tener un peso importante en la definición de las políticas públicas de cada país. En tales condiciones, la revisión crítica de las observaciones y recomendaciones que hacen estos organismos a los países es de gran importancia, porque no se puede asumir, a priori, que tales instancias internacionales tengan un conocimiento suficiente del terreno y la realidad de cada sociedad a la que estudian desde fuera, partiendo del análisis de datos estadísticos disponibles y no del trabajo de campo en profundidad, que puede revelar muchos detalles, particularidades y complejidades difíciles de comprender solamente desde una perspectiva externa y macroestructural. En este sentido, el presente trabajo realiza una revisión crítica del informe de la OCDE a Costa Rica en materia de educación de 2023, contrastando sus observaciones y recomendaciones con otras fuentes, análisis, estudios, evidencias y argumentos, que puedan servir para enriquecer la discusión sobre la política educativa costarricense.

La OCDE declara trabajar para establecer estándares internacionales y proponer soluciones basadas en datos empíricos a diversos retos sociales, económicos y ambientales. La OCDE se define como un foro y un centro de conocimientos para la recopilación de datos y el análisis, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas, que asesora en materia de políticas públicas y en el establecimiento de estándares y normas a nivel mundial en ámbitos que van desde la mejora del desempeño económico y la creación de empleo, al fomento de una educación eficaz o la lucha contra la evasión fiscal internacional, entre otras áreas (OCDE, s. f.).

¿Por qué la OCDE analiza el sistema educativo público? En su visión de desarrollo económico, la educación es vista como un proceso de adquisición de las habilidades de las personas para conseguir mejores empleos, que desde una perspectiva agregada sumarán al crecimiento económico (OCDE, 2023a). Esta visión ha sido criticada por poner demasiado énfasis en el desarrollo laboral y económico e invisibilizar una perspectiva de desarrollo integral de las personas y las sociedades, que incluye, pero va más allá del aspecto económico e incorpora otras áreas vitales del ser humano, tales como la social, la biológica, la cultural y la salud, entre otras (Galvis Castro, 2021; Solano-Alpízar, 2015).

Como parte de sus funciones, la OCDE realiza estudios periódicos del estado de situación de sus países miembros en diversas áreas, entre ellas la educación. En este contexto, en el año 2023, entregó el informe titulado Estudios económicos de la OCDE: Costa Rica 2023, dentro del cual brinda su valoración del sistema educativo costarricense (OCDE, 2023a).

Seguidamente se ofrece una revisión crítica de este informe que valora sus observaciones y las contrasta con perspectivas –ya sean alternativas o bien complementarias–.

Para la elaboración del presente análisis crítico, se parte del marco teórico-metodológico de las políticas públicas basadas en evidencia (Chaverri Chaves & Arguedas Ramírez, 2020), el cual propone que la toma de decisiones de política pública, en cada sociedad, debe basarse en la mejor evidencia disponible y aplicable, reconociendo los vacíos en esta y comprendiendo no solamente las condiciones o problemas que dan origen a una determinada política (diagnósticos), sino también los potenciales resultados de una determinada intervención (evaluaciones), así como la capacidad de determinar relaciones causales entre las políticas y sus resultados. Por otro lado, se parte también de la perspectiva teórica del nuevo humanismo (Chaverri Chaves & Gómez Brenes, 2025), el cual propone una visión integrada del ser humano, que no agota su comprensión solo en la dimensión económica-laboral, sino que lo comprende como un ser multidimensional, con diversas necesidades, capacidades y aspiraciones, las cuales van más allá de la sola sobrevivencia o el consumo de mercancías, y que tienen que ver con otros aspectos tales como la creatividad, la recreación, el pensamiento crítico, la bondad, la estética o la contribución al bien común (y no solo al bienestar individual).

Revisión del informe: “Estudios económicos de la OCDE: Costa Rica 2023”

El informe en cuestión contiene diversos análisis basados en datos estadísticos recientes muy llamativos e interesantes. Sin embargo, también presenta falencias y sesgos importantes. Seguidamente se recopilan algunas de las observaciones que resultan más relevantes en diversos aspectos del desarrollo humano, social y económico. Se ofrece una valoración de estas desde una perspectiva crítica y sustentada en evidencia.

Desempleo e informalidad

Reporta el informe que el desempleo y la informalidad afectan a casi la mitad de la fuerza laboral en Costa Rica, pues el primero llega a un 16,4% y el promedio de la OCDE es 6%. En personas jóvenes (15-24 años) esta brecha se amplía, ya que en Costa Rica el desempleo en este grupo es de 39,4%, mientras en la OCDE es de 12,8%: más de tres veces menos. Es decir, 4 de cada 10 jóvenes que buscan empleo no lo consiguen. El informe explica que existe un desencuentro entre necesidades de personas en trabajo calificado y un bajo nivel educativo tanto en años aprobados como en niveles de aprendizaje. Esto se ve reflejado en que, por ejemplo, mientras que solo un 26,6% de la población adulta costarricense (25 a 64 años) cuenta con educación terciaria (universitaria o técnica), el promedio de la OCDE es 40%.

Este punto es delicado, debido a que Costa Rica no invirtió en el desarrollo de la educación secundaria académica ni técnica a finales del siglo XX, lo cual impidió a muchas personas continuar el proceso y dar el paso entre la educación primaria y la terciaria, lo cual ocasionó lo que se ha venido a llamar como generación perdida, que se refiere a una brecha en la mayoría de la población entre el nivel académico que se posee versus el que requiere el mercado laboral (Programa Estado de la Nación, 2023).

Plantea el informe que: “La informalidad, de alrededor de 45%, continúa siendo alta. A su vez, es causa y consecuencia de la baja productividad y amplía las desigualdades” (OCDE, 2023a, p. 14). Al respecto, recomienda: “En el mediano plazo, eliminar los cargos de planillas no destinados a financiar la seguridad social y financiar programas sociales y de formación profesional con cargo al presupuesto general. Reducir los cargos de seguridad social para los trabajadores de bajos ingresos” (OCDE, 2023a, p. 67).

Uno de los cargos a las planillas que no financian la seguridad social es el que alimenta el presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución encargada de la capacitación técnica. Si esto se eliminara, tendría que establecerse cómo se va a financiar a esta importante institución, pues, de lo contrario, podría implicar una grave afectación o su eventual cierre. Otro de los cargos a las planillas es el financiamiento del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), que entre otras cosas financia las pensiones del régimen no contributivo. Este régimen, que ya de por sí es débil, podría verse gravemente lesionado con esta recomendación de la OCDE y podría implicar el paso de muchas familias en pobreza a una condición de pobreza extrema e indigencia. Es importante recordar que las personas beneficiarias de este régimen son muy vulnerables, tales como personas adultas mayores con discapacidad, la mayoría de las cuales trabajaron muchos años sin que se les reconocieran cuotas de seguridad social y sin fondos para poder pagarla por sí mismas. Costa Rica debe plantearse seriamente ideas como el ingreso mínimo vital, que asegure una condición de no pobreza y dignidad para aquellas personas y familias que, por sus condiciones socioeconómicas particulares, no tienen forma de conseguir un ingreso digno, de modo tal que el objetivo pase de ser el de contener o bajar la pobreza a ser el de erradicarla.

Costa Rica requiere generar sistemas ágiles y de bajo costo para asegurar a las personas trabajadoras de baja calificación y bajos ingresos, pero sin que se debiliten importantes instituciones como las antes mencionadas, lo que ha quedado al arbitrio del gobierno de turno. Muchas veces la flexibilidad presupuestaria ha significado, en la práctica, el recorte de fondos para quienes menos recursos tienen. Como lo han revelado varios escándalos internacionales de evasión y elusión de impuestos, en Costa Rica esta problemática es gravísima, sin que se tomen medidas fuertes para contrarrestarla. El argumento de muchos es que esto aumentará el desempleo, el mismo argumento que se esgrimió contra el Código de Trabajo, contra las Garantías Sociales, contra el aguinaldo y contra cualquier avance de derechos sociales. Es imperativo que, frente a la lógica neoliberal del capitalismo salvaje, se recupere la centralidad de los valores de la dignidad humana, la solidaridad y la justicia social, pues Costa Rica es ya, vergonzosamente, uno de los países más desiguales en el mundo (Arrieta, 2023), y, si sigue caminando en esta dirección, sus pilares más básicos de democracia, respeto al Estado de derecho, estabilidad, convivencia y paz social estarán en peligro creciente.

Es importante que Costa Rica preste atención a las personas que laboran sin seguro, pero tienen patrono, tales como quienes ejercen trabajos domésticos o en plataformas de servicios de entrega y transporte, cuyos entes empleadores, en la actualidad, evaden sus responsabilidades patronales y se mantienen por la libre, pese a que obtienen grandes ganancias derivadas de estas personas trabajadoras a quienes llaman, con eufemismo, socias.

Desempeño académico

Los niveles de desempeño del estudiantado costarricense se muestran significativamente más bajos que en el promedio de la OCDE en las tres áreas evaluadas. Mientras en lectura la OCDE puntúa en 485, Costa Rica lo hace en 426. En matemáticas la diferencia es mayor, pues es de 487 versus 402, respectivamente. En ciencias es también alta, 487 versus 416. De un total de 79 países evaluados en la aplicación publicada en 2019, Costa Rica ocupa el lugar 64 en matemáticas, 61 en ciencias y 50 en lectura, lo cual significa que en todas las áreas se encuentra en la mitad inferior de desempeño.

Esta es un área preocupante del sistema educativo costarricense, pues el Ministerio de Educación Pública (MEP) tomó la decisión de eliminar las anteriores pruebas nacionales estandarizadas y crear un nuevo modelo que presenta serias deficiencias (Chaverri Chaves, 2023), dentro de las que destacan las siguientes:

1. La falta de claridad en el objetivo de la nueva Prueba Nacional Estandarizada, pues en el Decreto Ejecutivo … no se concreta de forma coherente [ni] unívoca el propósito de esta.

2. Se habla de hacer una prueba al inicio del año de carácter diagnóstico y otra al final de certificación, pero sin describir cada una ni su propósito específico ni la información que se espera recolectar y generar, ni la forma en que se analizará, y sin explicar la correlación entre ambas pruebas.

3. No hay una explicación del modelo metodológico de la prueba, por ejemplo, no se indica si está basada en normas o en criterios. Además, más allá de una nota, no describe ninguna clase de retroalimentación educativa. (párr. 2-4)

En la administración 2022-2026, el MEP no ha podido explicar su nuevo modelo de evaluación ni los niveles de desempeño de este, que se describen como avanzado, intermedio y básico; pero sin que se brinden criterios de lo que estos significan ni de lo que el estudiantado es capaz de hacer o no en cada uno, de modo que no ha sido posible ofrecer retroalimentación clara sobre el desempeño académico estudiantil, lo cual dificulta la mejora educativa.

Inversión educativa

Aunque Costa Rica invertía en 2021 un porcentaje mayor de su PIB en educación que el promedio de la OCDE (6,4% versus 4,4%), es importante considerar que el PIB per cápita costarricense es menos de la mitad del promedio de esta organización, pues en este país es de 22,7 miles de dólares al año, mientras que el de la OCDE es de 51 miles de dólares anuales, de acuerdo con datos de 2021.

Costa Rica invierte porcentualmente más que sus vecinos en educación, el monto que invierte por estudiante es mucho menor al promedio de la OCDE, debido a que el PIB per cápita costarricense es significativamente menor al de la OCDE, razón por la cual la cantidad de dinero por estudiante ofrece un mejor comparativo que la proporción del PIB. Por ejemplo, mientras que Costa Rica invertía en 2019 un monto de $5.399 por estudiante en primaria y secundaria, en Chile el monto era de $6.639 y el promedio de la OCDE era de $10.316, es decir, que el promedio de la OCDE casi duplica la inversión por estudiante en Costa Rica.

Lo anterior implica que, para que el país pueda al menos igualar el monto medio por estudiante de la OCDE, tendría que doblar lo que invirtió del PIB (en el escenario de 2019) y llegar a un [14%] del PIB, pues en ese año la inversión fue del [7%]. Si Costa Rica aspira a alcanzar resultados como los de la OCDE, tendría entonces que invertir montos comparables con este grupo de países. Por lo tanto, se debe ver el 8% del PIB [constitucional] no como un techo, sino más bien como un piso (Chaverri, citado por Salas, 2023, párr. 6-8)

Al respecto, los dos últimos gobiernos (2018-2022 y 2022-2026) muestran una tendencia a la reducción (ver Figura 1).

El informe de la OCDE celebra que la regla fiscal entrara en vigor, pero Costa Rica no es un país con alto gasto público comparado con el promedio de la OCDE. Mientras Costa Rica tiene un gasto público del 32% del PIB, el promedio de la OCDE es de 46,4%, casi un 15% más, por lo que pareciera que el informe asume premisas recortistas, toda vez que la regla fiscal impide el crecimiento del gasto público, lo cual perjudica la contribución de este al desarrollo nacional. Por otra parte, mientras que los ingresos públicos representan en Costa Rica un 24,7% del PIB, el promedio de la OCDE es de 38,7%. Entonces, en lugar de buscarse la reducción o el aumento del gasto público solamente, más bien correspondería analizar el papel que este juega en el desarrollo de los países y dónde y cómo se podría potenciar mejor su rol positivo en el caso costarricense, de acuerdo con sus características propias.

Figura 1: Inversión educativa en Costa Rica como porcentaje del PIB

Figura 1: Inversión educativa en Costa Rica como porcentaje del PIB

Nota: Elaboración propia con datos del Programa Estado de la Nación (2023) y Matamoros (2024).

Mucho trabajo, pocos ingresos

De forma interesante, las personas trabajadoras en Costa Rica laboran muchas más horas al año que en la OCDE, pues en el país promedian 2073 horas anuales y en la OCDE 1716, lo que es más de 300 horas de diferencia por año, que representan más de 6 semanas de trabajo con una jornada de 48 horas. Este contraste suele ser explicado en términos de calificación laboral y productividad, pero esta importante brecha merece un análisis más pormenorizado que contribuya a explicarla y buscar alternativas de respuesta en futuras investigaciones desde la perspectiva de la humanización y dignificación de las jornadas, que es lo contrario a lo que presente hacer la actual administración costarricense (2022-2026): pasar la jornada laboral diaria de 8 horas a 12 horas.

Costa Rica cuenta con una población más joven (20,5% menor de 15 años versus 17,4%) y con menos proporción de personas adultas mayores (10,5% versus 17,7%) que el promedio de la OCDE, lo cual representa una oportunidad demográfica comparativa. Sin embargo, Costa Rica muestra una tendencia al envejecimiento poblacional y el Estado, en su actual administración (2022-2024), no parece dar respuestas al respecto. Por el contrario, recorta la inversión social y educativa, especialmente en niñez y adolescencia, es predictor de reducción en la productividad del trabajo y de los ingresos fruto de este (Gertler et al., 2014; Heckman & Mosso, 2014).

Además, la pobreza y la desigualdad en la distribución de la riqueza son significativamente mayores en Costa Rica que en la OCDE. En este país la pobreza ronda el 21,8% (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2023), mientras en la OCDE es el 11,7%. La desigualdad en Costa Rica muestra un coeficiente de Gini de .49, mientras el promedio de la OCDE es de .31. A mayor coeficiente, mayor desigualdad en la distribución de la riqueza, pues en esta medida el cero sería que todas las personas tienen lo mismo y el uno sería que una sola persona acapara toda la riqueza. Estos datos van en contra de la creencia popular de que a mayor trabajo menor pobreza y de que a menos trabajo mayor pobreza, y pueden servir para poner sobre la mesa temas éticos y políticos de distribución de la riqueza, justicia social, remuneración, políticas salariales y derechos sociales y económicos (Piketty, 2014).

Como apuntan Kampelmann et al. (2018), las credenciales educativas tienen un impacto más fuerte en la productividad que en los costos salariales, lo que se refleja en que la rentabilidad de las empresas aumenta cuando las personas trabajadoras con menor nivel educativo son sustituidas por aquellas con mayor nivel educativo, aunque los salarios no aumentan al mismo nivel que las ganancias empresariales. Este efecto es más pronunciado entre la población trabajadora más joven y en las mujeres.

Inclusión y derecho a la educación

En el informe de la OCDE se indica, equivocadamente, que la educación en Costa Rica es obligatoria hasta el tercer ciclo, ignorando el artículo 78 de la Constitución Política de la República, el cual señala que esta es obligatoria hasta el cuarto ciclo, el cual abarca la secundaria completa. Este artículo dice: “La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación” (Asamblea Legislativa, 2011, párr.1).

Afirma la OCDE que: “Todavía demasiados estudiantes abandonan los estudios después de la educación primaria, lo que indica que hay problemas persistentes en la calidad de la educación” (OCDE, 2023a, p. 77), pero el abandono educativo obedece no solo a lo relacionado con la calidad de la educación como tal, sino también a factores socioeconómicos y personales (Chaverri Chaves, 2021). Es decir, que si estos factores no se atienden, aunque la calidad aumente, esto no necesariamente reducirá la exclusión educativa.

Al respecto, convendría distinguir entre calidad e inclusión educativas, pues, aunque son términos con algunos puntos en común, se trata de dos ideas diferentes. Incluso, dado que la calidad educativa está relacionada con exigencia y rendimiento académico, si se pusiera énfasis solamente en la calidad sin darse importancia igualmente a la inclusión, entonces se podría crear una presión especialmente fuerte sobre el estudiantado que enfrenta mayores vulnerabilidades personales y socioeconómicas, lo que podría, más bien, crear el efecto no deseado de excluir especialmente a quienes cuentan con menores condiciones para dar un rendimiento óptimo en un sistema educativo de alta demanda. Es decir, es muy importante pensar en formas para integrar las políticas de calidad y de inclusión, de manera tal que el énfasis en una de estas dimensiones no genere afectación en la otra, sino que se logren potenciar complementariamente, lo cual requeriría de una planificación estratégicamente intencionada en este sentido.

Informa la OCDE que: “La exclusión educativa y la tasa de repetición son elevadas en la educación secundaria y afectan mayoritariamente a estudiantes de grupos vulnerables (pobres, indígenas y migrantes)” (OCDE, 2023a, p. 14). Al respecto, sugiere: “Identificar a los estudiantes de primaria y secundaria con bajo rendimiento y brindarles apoyo temprano y específico de tutoría ofrecido por maestros bien capacitados, priorizando a los de grupos vulnerables” (OCDE, 2023a, p. 117).

El bajo rendimiento y la vulnerabilidad están asociados, porque el conjunto de condiciones que producen vulnerabilidad también dificulta un adecuado desarrollo y desempeño neurocognitivo (Chaverri Chaves, 2021). En este sentido, además de la identificación temprana y apoyo con tutorías, es importante que las familias de este estudiantado reciban apoyo tanto económico como psicosocial, pues estos ayudan a bajar el estrés en las familias y a mejorar las posibilidades de apoyar a niñas, niños y jóvenes en su proceso educativo. Sin embargo, debido a que las figuras parentales de las familias más pobres también suelen ser las de más bajo nivel educativo, entonces es importante reconocer que estas requieren apoyos sociales y educativos complementarios, en mayor medida que aquellas familias que no presentan estas carencias.

Fuerza de trabajo calificada

Reporta el informe de la OCDE que: “Las empresas tienen problemas para cubrir las vacantes, en particular, en puestos técnicos y científicos, lo que pone en peligro la capacidad de Costa Rica para atraer inversión extranjera directa” (OCDE, 2023a p, 12). Es probable que las necesidades de conocimiento y habilidades sofisticadas aumenten en el futuro (United Nations Development Programme [UNDP] & Mohammed Bin Rashid al Maktoum [MBRF], 2022), por lo que es necesario que Costa Rica mejore su desempeño en áreas como lenguaje, ciencias y matemáticas. Sin embargo, sería un error grave pensar que estas competencias más duras, no requieren también del desarrollo de competencias blandas, pues ambas dimensiones de las competencias humanas son necesarias e interdependientes en la vida laboral y social. Además, sería también un error olvidar que el ser humano no es solamente una especie de máquina de trabajo, sino más bien un agente sentiente y ético, con capacidad de toma de decisiones, afectividad, imaginación y creatividad; con necesidades de pertenencia, comprensión, control, mejoramiento y confianza (Fiske, 2019), que van más allá de la visión tradicional restringida a los ingresos y las pertenencias materiales (Fromm, 1978).

Además, el desarrollo de la capacidad de aprendizaje depende de capacidades atencionales y regulatorias, que están ligadas a condiciones socioafectivas favorables y no solamente a aspectos como el coeficiente intelectual y la capacidad racional vistos aisladamente. Por ejemplo, la capacidad de un niño o una niña para prestar, enfocar y mantener atención en un problema matemático para resolverlo correctamente depende no solo del potencial intelectual, sino también de sus habilidades socioemocionales (van de Sande et al., 2022), sus capacidades de autocontrol y postergación de recompensas, que están ligadas a procesos interaccionales tales como la confianza, la afectividad, la seguridad y el apoyo que el niño o la niña recibe de su entorno (Chaverri Chaves et al., 2015). El desarrollo de las condiciones sociales y materiales óptimas para mejorar el desempeño del aprendiz son claves para mejorar su adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, y aquí el apoyo a las familias (Conejo Bolaños & Chaverri Chaves, 2022) y a la formación de profesionales de pedagogía de calidad son áreas en las que hay mucho espacio para mejorar, y donde las universidades públicas pueden aportar mucho más desde la investigación, la docencia, la extensión, la producción académica y la incidencia en políticas públicas.

De este modo, enfatizar el solo mejoramiento de las capacidades intelectuales y académicas humanas sin conectarlas con las capacidades socioafectivas y morales, no solo será algo inviable, sino que, además, podría conducirnos por el camino de la deshumanización y la infelicidad (Han, 2015).

¿Cómo lograr un avance integral tanto en lo técnico-laboral, como en lo socioemocional-humanístico? El sistema educativo costarricense muestra una fractura más evidente en el nivel de secundaria, pero las raíces de esta fractura habría que buscarlas en los niveles anteriores y en las condiciones de vida de las personas estudiantes. Al respecto, es importante ir más allá de las medidas complementarias asistenciales y educativas, y ver la importancia de comprender el desarrollo humano desde una perspectiva integral, valorando el papel que juega una estructura articuladora como el Sistema Nacional de Protección Integral (SNPI). Por ejemplo, evidencia reciente muestra que los programas de educación para la crianza a figuras parentales logran resultados muy positivos, pues cuando niños y niñas en situación de vulnerabilidad, cuyas madres, padres o personas cuidadoras reciben este tipo de apoyo se convierten en personas adultas, logran ingresos cerca de un 25% superiores a sus pares sin este apoyo y muestran mejores indicadores de educación, salud y bienestar (Gertler et al, 2014). Al respecto, es importante prestar atención a la necesidad de fortalecer el SNPI (Chaverri Chaves et al., 2015), sistema que puede contribuir mucho más a orquestar y optimizar las políticas, programas y servicios para que lleguen mejor a toda la población menor de edad y sus familias, especialmente a quienes más los necesitan, de manera que se logre la conexión directa entre estos programas y el desarrollo nacional.

¿Por qué las personas con mayores carencias económicas toman decisiones menos racionales y tienen menos autocontrol? Como lo muestra una investigación experimental reciente (Chaverri-Chaves et al., 2022), las personas que se encuentran en entornos menos confiables, más inestables y con menos recursos en su primera infancia, tienden a mostrar menor capacidad de autorregulación y, por tanto, una menor conexión entre sus propósitos deliberados y su comportamiento práctico, pues aprenden que optar por lo inmediato es mejor que esperar por recompensas futuras inciertas, minando así su capacidad de construir proyectos de vida de forma sostenible (Chaverri-Chaves et al., 2022). El desarrollo de la autorregulación en la primera infancia muestra asociación con los resultados en la vida adulta (Mischel, 2014), ya que niñas y niños con mayor autocontrol tienden a conseguir mejores resultados en su vida adulta (tanto a nivel económico como de bienestar general) que quienes muestran un bajo nivel de autocontrol. La buena noticia es que esta capacidad se puede apoyar y construir con las acciones y programas adecuados y basados en evidencia (Chaverri Chaves & Arguedas Ramírez, 2020); la mala noticia es la tendencia a recortar en inversión social del actual gobierno (2022-2026) y de su predecesor (2018-2022).

¿Eficiencia o recortismo?

Propone el documento de la OCDE que: “Costa Rica debe hacer más eficiente el sistema de protección social, ya que en la actualidad 21 instituciones ofrecen más de 35 programas. Esto permitiría aumentar la cobertura y reforzar la protección social en algunas áreas clave, como la protección … de los niños” (OCDE, 2023a, p. 13).

Para algunas personas y grupos (y puede ser que para la OCDE también) Costa Rica debería cerrar varias instituciones sociales y fusionarlas en una sola. Algunos quieren hacer esto creando un ministerio de desarrollo humano y otros le llaman ministerio de la familia (Debrús Jiménez, 2021). Sin embargo, estas ideas suelen subestimar la complejidad de cada tema y de cada población y sector, que tiene características y necesidades específicas, por lo que se corre el grave riesgo de invisibilizar o incluso desaparecer la atención especializada de sectores completos poniéndolos bajo una sola sombrilla. Por ejemplo, muchas veces, en la práctica, cuando se habla de la atención a la familia, se suele traducir esto en las necesidades de padres y madres, invisibilizando a niñas, niños y adolescentes. Atender a la familia no es lo mismo que atender a la niñez y a la adolescencia, que son etapas muy sensibles del desarrollo de toda persona y requieren un enfoque especializado. Lo mismo ocurre si se habla de las mujeres, de los hombres, de la persona adulta mayor o de las personas con discapacidad, que son grupos complejos y diversos, con necesidades particulares que no son equivalentes a las necesidades de la familia.

Costa Rica debe tener un ministerio rector del área social (lo que actualmente recae precariamente en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS]) que coordine y articule toda la política social del ejecutivo, pero sin que esto implique cerrar ni fusionar instituciones importantes que más bien deberían ser fortalecidas, tales como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Consejo de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), el Consejo de la Persona Joven (CPJ), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Consejo de la Persona con Discapacidad (CONAPDIS) o la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), cada una con especificidades y particularidades complejas.

Cada una de estas instituciones debería ser analizada y fortalecida para que cumpla su rol eficazmente y se pueda ponderar su impacto y aporte al desarrollo nacional inclusivo, y todas deberían contar con una articulación sectorial que permita la unidad en la diversidad de la política social del país. El recortismo por sí solo suele producir abandono de grupos y personas en alta vulnerabilidad y esto tiende a agravar la desigualdad, la pobreza, la pobreza extrema, la exclusión social, la indigencia, la violencia, la criminalidad, los problemas de salud mental, el abuso de drogas y los conflictos derivados del aumento del narcotráfico. Además, la fusión indiscriminada y a ciegas de instituciones que atienden necesidades de naturaleza diversa y compleja puede llevar a invisibilizar a grupos y sectores enteros de la población que requieren atenciones especializadas.

Estima el informe que “solo el 30% de los niños pobres reciben transferencias de efectivo. En algunos programas sociales más del 40% de los beneficiarios son hogares de ingresos medios o altos” (OCDE, 2023a, p. 67). “Una numerosa cantidad de instituciones participan en la gestión de más de 35 programas sociales” (OCDE, 2023a, p. 14). En relación con lo anterior, sugiere “establecer una transferencia monetaria universal para los niños pobres” (OCDE, 2023a, p. 59) y “mejorar la focalización y reducir la fragmentación de los programas sociales” (OCDE, 2023a, p. 14).

En Costa Rica, más de una de cada tres personas menores de edad vive en pobreza, lo cual compromete el desarrollo de sus capacidades, puesto que, como lo muestra la neurociencia de la pobreza, quienes crecen en condiciones crónicas de carencias socioeconómicas muestran un menor desenvolvimiento de sus funciones neurocognitivas, que perjudica gravemente sus posibilidades de aprendizaje y desempeño educativo (Blair & Raver, 2016; Farah, 2017; Mani et al., 2013).

El documento señala que: “Los niños de hogares desfavorecidos tienen menor acceso a la educación temprana. La participación femenina en el mercado laboral se ve obstaculizada por las responsabilidades familiares, particularmente en familias de bajos ingresos” (OCDE, 2023a, p. 14). En relación con lo anterior propone: “Ampliar la cobertura de educación temprana para niños menores de cuatro años, dando prioridad a familias de bajos recursos y utilizando mecanismos de copago” (OCDE, 2023a, p. 117).

Los servicios de atención, cuido y desarrollo infantil temprano de calidad son costosos, pero sus altos niveles de retorno social justifican, sobradamente, invertir en ellos (Gertler et al., 2014; Heckman & Mosso, 2014); puesto que Costa Rica es firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, está obligada, como nación, a garantizar condiciones de vida favorables para toda persona menor de edad. Costa Rica podría fortalecer el financiamiento de estos programas estratégicos con una lucha frontal de la evasión y la elusión, especialmente de los grandes capitales, lo cual requiere valentía y dignidad por parte de los gobernantes. Además, para evitar el problema de que las personas que obtienen empleo pierdan el beneficio de la atención y cuido infantil, Costa Rica podría incorporar al concepto de vulnerabilidad para justificar el apoyo a quienes están apenas por encima de la línea de pobreza, pero no tienen solvencia para despegarse de esa condición. Asimismo, en los casos en que ya no se está en vulnerabilidad, pero se tiene una situación de escasez de recursos, se podrían crear modelos de copago donde las personas paguen por el servicio de forma proporcional a su nivel real de ingresos.

¿Pueden las áreas STEM por sí solas asegurar el desarrollo nacional?

Sin duda que, en la nueva era dominada por las tecnologías de información y comunicación, las disciplinas STEM (siglas en inglés de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática) cobran mayor preponderancia. Sin embargo, surge, al respecto, una pregunta: ¿pueden estas disciplinas por sí solas garantizar el desarrollo de un país? Plantea el informe OCDE que “el número de graduados en STEM no satisface la demanda del mercado laboral. Los mecanismos de financiamiento de las universidades carecen de incentivos para la rendición de cuentas y la calidad de la educación y la investigación” (OCDE, 2023a, p. 118).

Sin duda que las carreras de las áreas STEM muestran mejores perspectivas laborales, sin embargo, este tipo de vocaciones no se van a desarrollar sin un buen cuerpo educativo a lo largo de todo el proceso, desde el nivel preescolar hasta el terciario. Por lo tanto, resulta un despropósito cuando el fomento de carreras STEM es interpretado por algunos entes tomadores de decisión como el debilitamiento de las carreras no STEM. Además, las personas graduadas en los campos STEM también requieren competencias socioemocionales, éticas y humanísticas, pues no son robots, sino seres humanos integrales, que como tales deberían tener oportunidades de explorar y desarrollar sus diferentes dimensiones y talentos.

Las universidades públicas deben mejorar sus mecanismos de rendición de cuentas y mantener información transparente y oportuna sobre sus proyectos, resultados, productos y servicios para toda la comunidad. Como lo refleja el informe OCDE, la inversión en I+D (investigación y desarrollo) en Costa Rica todavía es muy poca y la articulación de la investigación con el desarrollo nacional debe avanzar mucho más, por lo que esto debe verse como una oportunidad de mejora, siempre que no se comprometa la autonomía universitaria para sostener una visión integral del desarrollo nacional.

Recomienda el informe: “Modificar los mecanismos de financiamiento de las universidades vinculando el financiamiento adicional para las instituciones públicas con los objetivos de rendimiento de todo el sistema, como aumentar los programas y el número de graduados en áreas de STEM” (OCDE, 2023a, p. 14).

¿Son las carreras STEM lo único que requiere Costa Rica para el futuro? Es importante ver el desarrollo desde una perspectiva integral, es decir, multidimensional, pues la visión que excluye lo que no es STEM podría terminar deshumanizando la visión del desarrollo, ya que la hiper tecnificación de las sociedades podría terminar volviendo a las personas más insensibles, además de ignorantes en otras áreas importantes de la vida humana, social, cultural y cívica. Entonces, es importante que Costa Rica invierta y desarrolle habilidades y conocimientos STEM, pero no al precio de destruir aquellas áreas que no lo son.

Al respecto, convendría recordar que el concepto de universidad viene de universalidad, lo que significa que las diversas áreas del conocimiento y sus distintas disciplinas le son importantes, pues de lo contrario ya no serían universidades, sino algo más parecido a institutos de capacitación técnica-laboral, sin capacidad de ver otro tipo de procesos y dimensiones del ser humano y, en consecuencia, restringiendo y empobreciendo la cultura, en lugar de enriquecerla. Entonces, sería importante superar el caer en los extremos de actitudes apocalípticas o integradas, como les llamó Eco (1965). Se reconocen las ventajas de la tecnología avanzada, pero también sus limitaciones, así como la riqueza y la importancia de cultivar las áreas no STEM, que son parte fundamental del desarrollo cultural y humano en sus diversas manifestaciones.

Dice el documento: “Los programas de formación profesional de ciclo corto son elegidos por muy pocos estudiantes de educación terciaria, aunque pueden contribuir a una adaptación rápida a los cambios en las competencias demandadas y reducir la desigualdad” (OCDE, 2023a, p. 119). Y propone: “Fortalecer la oferta de programas vocacionales de ciclo corto de alta calidad y promover una mayor demanda de [estos] a través de una campaña de información” (OCDE, 2023a, p. 119).

La reducción de la desigualdad requiere de mucho más que formación de ciclo corto, pues las habilidades requeridas por el mercado laboral tienden a aumentar su complejidad y sofisticación. Sin embargo, es importante que las universidades públicas tengan la capacidad de identificar tendencias y oportunidades, y ofrecer capacitaciones y programas cortos en áreas novedosas con perspectiva alta de empleabilidad, al mismo tiempo que se comprende que las universidades no existen solamente para servir al mercado laboral, sino que su labor humanística, académica, ética, científica, cultural, estética e intelectual va más allá de ello, pues el ser humano no es solo trabajo e ingresos, sino desarrollo en todos los sentidos. De otro modo, tendrían entonces que renunciar al concepto de universidad y avocarse solo a ofrecer capacitación técnica-laboral.

Conclusiones

A lo largo de este trabajo se ha mostrado que el informe de la OCDE sobre Costa Rica bajo revisión, privilegia un enfoque economicista, que entiende la educación solo como capacitación para el empleo y la generación de ingresos, lo cual entra en tensión con visiones como la del nuevo humanismo, que concibe al ser humano más allá de su sola dimensión económica-laboral, así como con respecto al enfoque de políticas públicas basadas en evidencia, puesto que existen importantes evidencias científicas que muestran que la educación tiene también efectos positivos en el desarrollo integral, la salud física y mental, la convivencia y el bienestar del ser humano (Kondirolli & Sunder, 2022).

El informe de la OCDE para Costa Rica se centra en la relación educación-empleo-economía y pierde de vista otras variables clave del desarrollo de las personas y las sociedades, tales como su desarrollo humano y social integral, su salud, su bienestar y su calidad de vida. Incluso para obtener mejores resultados económicos, pero no solo por esa razón, es importante ampliar la visión del desarrollo humano y social más allá de lo puramente económico.

El éxito educativo no depende solamente de las habilidades cognitivas e intelectuales (llamadas duras), sino que está fuertemente vinculado a las habilidades socioemocionales (conocidas como blandas). ¿Por qué? Por ejemplo, si una persona es muy inteligente, pero tiene habilidades socioemocionales frágiles, entonces le será difícil enfocarse en metas, mantener esfuerzos sostenidos y no dejarse llevar por recompensas inmediatas o incluso por comportamientos de riesgo. Ambas dimensiones son importantes y es posible que la denominación como blandas de las segundas les dé una connotación de menor importancia, cuando en realidad son decisivas en el desarrollo personal y social. Dado lo anterior, es importante comprender que las áreas socioafectivas del desenvolvimiento humano son cruciales, lo cual suele ser dejado de lado por los enfoques más economicistas, tecnocráticos y neoliberales dominantes aplicados al desarrollo de las sociedades.

El siglo XXI muestra avances hacia una sociedad cada vez más basada en el conocimiento y parece ser en este último donde se concentra el valor agregado de los productos que genera una sociedad. Al respecto, las universidades deben entenderse no solo como centros de docencia, sino también como generadoras de conocimiento de alto nivel que esté articulado a las diversas necesidades del desarrollo nacional. En este sentido, las universidades públicas pueden crecer mucho más, pero antes requieren de la visión para hacerlo y ello necesita pasar de una cultura altamente burocratizada a otra centrada en lo sustantivo: la producción, enseñanza, difusión e incidencia del conocimiento. Al respecto, la inversión en investigación y desarrollo en Costa Rica llega a solo un 0,4% del PIB, mientras el promedio de la OCDE es de 3%. Las universidades públicas pueden aumentar su capacidad investigativa y científica, y contribuir más al desarrollo de una economía y de una sociedad del conocimiento. Una forma estratégica de hacerlo es investigando las propias bases del desarrollo, la cognición y el aprendizaje humanos (Chaverri Chaves et al., 2020).

Da la impresión de que el discurso de la OCDE se centra en la labor formativa de las universidades, dejando de lado las cruciales áreas de investigación, producción, extensión e incidencia en políticas públicas.

La inversión en universidades públicas puede tener un impacto social mayor, si comenzamos por entender integralmente su labor y no la reducimos solamente a la labor de capacitación tecnológica. Esta última es una parte de sus tareas, pero no la única.

Parece que los organismos internacionales tienden a mostrar actitudes diferentes dependiendo del grado de riqueza y desarrollo del país al que dirigen sus informes y recomendaciones, pues se muestran más progresistas con los ricos y más regresivos con los pobres o de renta media. En la forma en que parecen reducir el papel de las universidades, se percibe esta tendencia regresiva.

Las instituciones públicas autónomas costarricenses han sido muy exitosas. Por ejemplo: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), los bancos del Estado, las universidades públicas, son instituciones que tienen un gran impacto en el desarrollo nacional y sin las cuales no se podrían comprender muchos de los logros e indicadores favorables que el país muestra. Si todas estas instituciones fueran controladas enteramente por el gobierno central, probablemente correrían la misma suerte que las instituciones propias del gobierno central, donde las lógicas clientelares y politizadas suelen deteriorar directamente los servicios públicos. Mientras en el gobierno central las instituciones están más condicionadas por los vaivenes de la política electoral cortoplacista, las instituciones autónomas tienen mayor capacidad de planificar y actuar con visión a largo plazo, y esto debería ser reconocido por la OCDE.

Finalmente, aunque no se pone en duda que la relación entre la educación y el empleo digno es muy importante para toda sociedad, es igualmente importante reconocer que la educación no puede entenderse solamente en este sentido, puesto que el ser humano es un ser multidimensional, donde todas sus áreas, tales como la biológica, la social, la cultural, la cívica, la de salud y la de realización personal son también importantes en la construcción de personas y sociedades con mayor desarrollo, bienestar e igualdad.

Conflictos de interés

La persona autora no reporta ningún conflicto de interés.

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Preprint: https://hdl.handle.net/11056/31720

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