
Revista Latinoamericana de Derechos Humanos
http://www.revistas.una.ac.cr/derechoshumanos
Volumen 36 (2), julio-diciembre, 2025
ISSN: 1659-4304 • EISSN: 2215-4221
Doi: https://dx.doi.org/10.15359/rldh.36-2.5
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Una política pública educativa para el ejercicio pleno de la ciudadanía global y los derechos humanos. Una posibilidad para la inclusión reivindicativa de la dignidad humana |
A Public Policy on Education for the Realization of Global Citizenship and Human Rights: A Possibility for the Restorative Inclusion of Human Dignity
Uma política pública educacional para o exercício pleno da cidadania global e dos direitos humanos: possibilidade de inclusão reivindicativa da dignidade humana
Jesús Alfredo Morales Carrero*
Resumen
El objetivo de esta investigación fue proponer una política pública educativa con énfasis en el ejercicio pleno de la ciudadanía global y los derechos humanos, para lo cual se exponen tanto dimensiones como estrategias que redunden en la inclusión reivindicativa de la dignidad humana sostenible y trascendental, como la aspiración generalizada que involucra la construcción de una sociedad consciente, solidaria con las pertenencias múltiples, abierta a la diversidad y los pluralismos, así como comprometida con la vocación colectiva que, valiéndose del repertorio actitudinal ético y moral, conduzca a la revitalización del tejido social. Se utilizó la revisión documental con enfoque cualitativo y el análisis de contenido, con la finalidad de deducir relaciones teóricas, epistémicas y posibles acciones que redundaran en la praxis de una convivencia sostenible, inclusiva, funcional y pacífica. Los resultados indican que pensar el mundo posible requiere la praxis del civismo, proceso que insta a la humanidad a reconocer los derechos y garantías que le asisten a todo en tanto su pertenencia al género humano. En conclusión, enfrentar el individualismo, los fundamentalismos responsables de posiciones extremas y las actitudes intolerantes requiere de esfuerzos institucionales sinérgicos y estratégicos enfocados en potenciar el sentido crítico y el compromiso recíproco de resguardar autonomía personal, el desempeño tanto individual como colectivo, así como el trato socialmente inclusivo, requerimientos inherentes a la ampliación de las posibilidades para lograr el encuentro y la reconciliación, tanto fraterna como solidaria que exige la sociedad en general para funcionar de modo coherente.
Palabras clave: inclusión social efectiva, dignidad humana, ciudadanía global, derechos fundamentales, valores universales.
Abstract
The multidimensional transformation of society as a global task of the universal educational and political agendas constitutes the hopeful possibility of building a better world driven by the common commitment to unify efforts around a dignified conviviality. This research, as a result of a documentary review, proposes a public policy on education with emphasis on the realization of global citizenship and human rights. It presents both dimensions and strategies designed to integrate sustainable and transcendental human dignity, conceived as the widespread aspiration underlying the construction of a conscious society. This society is envisioned as supportive of multiple belongings, open to diversity and pluralism, and committed to a collective vocation that, through ethical and moral attitudinal repertoire, leads to the revitalization of the social fabric. In conclusion, confronting individualism, fundamentalisms that sustain extreme positions, and intolerant attitudes, requires synergistic and strategic institutional efforts focused on enhancing critical thinking and the reciprocal commitment to safeguard personal autonomy, both individual and collective performance, as well as socially inclusive treatment. These requirements are inherent to the expansion of the possibilities to achieve both fraternal and supportive encounters and reconciliation that society in general demands to function coherently.
Keywords: effective social inclusion, human dignity, global citizenship, fundamental rights, universal values
Resumo
O objetivo desta pesquisa foi propor uma política pública educacional com ênfase no exercício pleno da cidadania global e dos direitos humanos. Para tanto, apresentam-se dimensões e estratégias orientadas à inclusão reivindicativa da dignidade humana, entendida como sustentável e transcendental, concebida como aspiração coletiva que envolve a construção de uma sociedade consciente, solidária em suas múltiplas pertenças, aberta à diversidade e ao pluralismo, além de comprometida com a vocação coletiva que, apoiada em repertórios ético-morais, promova a revitalização do tecido social. Utilizou-se a revisão documental com enfoque qualitativo e análise de conteúdo, a fim de deduzir relações teóricas, epistêmicas e possíveis ações que contribuam para a práxis de uma convivência sustentável, inclusiva, funcional e pacífica. Os resultados indicam que pensar um mundo possível exige a prática do civismo, processo que convoca a humanidade a reconhecer os direitos e garantias inerentes à condição de pertencimento ao gênero humano. Conclui-se que o enfrentamento do individualismo, os fundamentalismos responsáveis por posições extremas e as atitudes intolerantes requer esforços institucionais sinérgicos e estratégicos, voltados a fortalecer o sentido crítico e o compromisso recíproco de preservar a autonomia pessoal, o desempenho individual e coletivo, bem como o tratamento socialmente inclusivo. Tais elementos são requisitos essenciais para ampliar as possibilidades de encontro e reconciliação, tanto fraterna quanto solidária, exigidos pela sociedade para funcionar de forma coerente.
Palavras-chave: Inclusão social efetiva; dignidade humana; cidadania global; direitos fundamentais; valores universais
El alcance de un espacio en el mundo refiere a un proceso estrechamente vinculado con la consolidación de los ideales de la educación en ciudadanía global, que procura, entre otros aspectos, redimensionar el sentido de la cohesión social en razón de principios comunes que redunden en la ampliación de la capacidad para vivir juntos, en armonía plena y desde el reconocimiento recíproco que nos conmine a pensar en nuevas posibilidades de convivialidad que potencien el proceder cívico (Cortina, 2021a), civilizado y ajustado a valores universales que garanticen la reivindicación de la condición humana sin condicionamientos y con independencia de su pertenencia (Morales, 2024b; Sen, 2021).
En estos términos, lograr un mundo más inclusivo supone de la humanidad la disposición plena para acoger las diferentes cosmovisiones desde la actitud de apertura y flexibilidad, como coadyuvantes en la tarea de aprender unos de otros, de comprender en profundidad los aspectos que nos particularizan como seres diversos, histórica, social, ideológica y culturalmente; justificando de este modo la necesidad de establecer mecanismos de encuentro mediados por el diálogo conciliador que, como parte del sentido crítico y de la capacidad reflexiva, conduzca a la sociedad al despliegue de actitudes tolerantes que, asistidas por convicciones éticas, permitan el acogimiento fraterno de las cosmovisiones pluridiversas que conforman la supra-complejidad humana.
En estas condiciones, la educación en ciudadanía global emerge como una posibilidad esperanzadora de lograr un mundo vivible, en el que el compromiso de todos se unifique en torno a la coexistencia racional mediada por la voluntad común de operar en correspondencia con los principios de la moral universal, como el requerimiento que conmina a la humanidad a integrar a su repertorio actitudinal y ético la búsqueda del trato igualitario, el ejercicio pleno de la libertad positiva y el alcance de una vida en sociedad desde el sentido de la reciprocidad (Cortina, 2009); esto como parte de los cometidos compartidos por los tratados en materia de derechos humanos se entienden como los elementos cohesionadores de una nueva sociedad fundada en la posibilidad real de fomentar, tanto la solidaridad como la praxis de la cooperación entre naciones, grupos socioculturalmente diversos e individuos cuya cosmovisión particular demanda mayor sensibilidad para hacer de la convivencia un ideal común.
Desde esta perspectiva, promover una nueva convivialidad global inicia con la configuración de una política educativa de amplio alcance, capaz de vertebrar ejes estratégicos asociados con la cohesión humana y la recuperación del tejido social, cuyos propósitos se encuentren hilvanados por la estimación del otro como un igual, a quien involucrar desde la aceptación plena que insta al resguardo de la dignidad humana por encima de cualquier condicionamiento (Russo, 2001). Esto supone la orientación de la vida en sociedad a través de normas comunes, de códigos morales universales que configuren una convivencia deseable, en la que prevalezca el interés comunitario, la preocupación por el acogimiento del otro, por el resguardo de su dignidad y el alcance de la felicidad fundada en el trato fraterno (Olmedo, 2018).
Lo planteado refiere a formas viables a través de las cuales abordar las resistencias, las confrontaciones y los conflictos en el futuro, proceso que requiere de la participación sinérgica entre la sociedad y los sistemas educativos en torno a la transformación de los modos, tanto de pensar como de construir vínculos funcionales que favorezcan la adaptación a criterios universales (Morales, 2023), en función de los cuales se logre redimensionar el esfuerzo humano por coexistir y se superen los prejuicios que en el plano histórico han desplazado cualquier posibilidad de inclusión social efectiva; en tal sentido, la formación de un ciudadano crítico constituye la oportunidad para el afloramiento de la sensibilidad para enfrentar con respeto las particularidades, estimar la valía personal y revitalizar los esquemas comprensivos a través de los cuales “ampliar los límites de una existencia cada vez más sana y más plena de posibilidades” (Sabino, 2004, p. 28).
En tiempos de globalización, esto supone la ampliación de la inclusión en los diversos contextos de la vida social mundial, como el proceso que involucra actuaciones institucionales enfocadas en redimensionar las posibilidades de relacionamiento positivo mediante la promoción de redes humanas de solidaridad y tolerancia que den paso a la configuración de un nuevo orden global, entretejido por pautas comunes de involucramiento justo y equitativo que, por reiterar el compromiso con la coexistencia democrática y plural, también unifiquen esfuerzos en razón de consolidar procesos determinantes para el alcance de la vida plena, funcional y libre de exclusión.
Este compromiso con la construcción de un clima global armónico, pacífico y abierto al reconocimiento democrático, tanto de los pluralismos como de las pertenencias múltiples, posiciona a la educación en ciudadanía global como una alternativa para revitalizar la interdependencia mediante la edificación de contextos en los que las asimetrías se desdibujen y tomen mayor fuerza las relaciones de cooperación humana, como el valor universal en función del cual sustentar el cumplimiento de reglas imperativas que en la praxis redunden no solo en el alcance de protección efectiva de todo un cúmulo de derechos inherentes a la dignificación del género humano, sino en la reducción del malvivir, al cual es posible combatir mediante el desarrollo de políticas públicas educativas que aseguren la cohesión social, el accionar autónomo y la participación en los asuntos públicos.
En razón de consolidar la sociedad del futuro educar al ciudadano para ejercer sus libertades individuales, así como la capacidad de agencia de quienes no comparten su misma procedencia histórica, sociocultural e ideológica (Morales, 2023; Sen, 2000), exige la creación de condiciones mínimas asociadas con la promoción de una moral universal que, aunado a redimensionar las posibilidades de encuentro desde la reciprocidad, también revitalice las oportunidades de reconciliación entre cosmovisiones divergentes a través del diálogo fecundo (Maalouf, 1999), en el cual cada habitante del planeta valide la inclusión del otro, pero también descubra a mediante la comprensión profunda su pertenencia al género humano, como la condición que entraña la ubicación en un plano de semejanzas que instan al encuentro, al reconocimiento mutuo pleno (Morín, 2015).
En razón de lo expuesto, el objetivo de esta investigación es proponer una política pública educativa con énfasis en el ejercicio pleno de la ciudadanía global y los derechos humanos. De allí que se expongan las dimensiones y estrategias en torno a las cuales garantiza la integración, el reconocimiento de las pertenencias y pluralismos, así como la consolidación de la inclusión socialmente efectiva que reivindique la dignidad humana con enfoque sostenible y trascendental. Estos cometidos se entienden como aspiraciones mundiales que instan a la humanidad a la recuperación del tejido social y a la construcción de una sociedad consciente, cosmopolita, solidaria y cosmopolita que valide las pertenencias múltiples, asuma la tolerancia a la diversidad y las cosmovisiones, cuya adherencia a la vocación colectiva le permita a la humanidad redimensionar el repertorio actitudinal ético y moral que conduzca a la revitalización de la convivencia racional, fundada en la paz sostenible y positiva.
Esta investigación documental con enfoque cualitativo asumió como sujetos informantes a los autores que abordan la conceptualización, la operativización y las dimensiones explícitas e implícitas de la educación en ciudadanía global (textos originales); también se estimó la valoración de fuentes complementarias (revistas científicas y especializadas). Se utilizó como técnica el análisis de contenido con la finalidad de precisar las aportaciones teóricas y los elementos prácticos en función de los cuales construir una política pública en materia de educación en ciudadanía global y derechos humanos, como una alternativa esperanzadora para la construcción de un mundo mejor. Se estimaron como criterios de análisis sus referentes directos o focalizados en situaciones de inclusión, participación justa y equitativa en los asuntos públicos, así como las propuestas indirectas aplicadas a otras realidades, con la finalidad de precisar patrones de convivialidad positiva entre los autores consultados.
Con respecto al criterio axiológico, se procuró diferenciar los valores a los que de manera enfática cada autor le dedica especial consideración a lo largo de sus obras. El criterio de complementariedad se usó para precisar conexiones teórico-conceptuales, producto del contraste entre textos principales y fuentes secundarias, en un intento por establecer un diálogo epistémico que dejara ver la concreción de acciones vinculadas con la construcción de espacios para la convivencia, el reconocimiento recíproco y la coexistencia digna en el futuro.
Esto permitió establecer los elementos teóricos sustanciadores de una política pública educativa en lo que respecta a las siguientes dimensiones: formación cívica, valores universales, calidad de vida, bienestar integral y desarrollo humano, inclusión social efectiva, derechos humanos, cultura de paz, multiculturalismo e interculturalidad, formación de un ciudadano crítico, competencias sociales y compromiso ético-ecológico sostenible.
Educación en ciudadanía global y derechos humanos
La búsqueda de una nueva forma de coexistencia plena y dignificante de la condición humana, constituye un propósito reconocido con amplitud por las agendas educativas mundiales, en las cuales se precisa con especial énfasis la necesidad de formar a un ciudadano con la disposición plena para participar de cualquier contexto sin limitación alguna, pero sí desde el compromiso de lograr a través del proceder cívico el respeto por las condiciones y particularidades propias del lugar de destino, y la adopción de la flexibilidad para asumir desde la reciprocidad crítica el ajuste de su dimensión actitudinal como requerimiento para insertarse en un nuevo mundo mediado por valores y principios en ocasiones contrapuestos o disímiles.
En el marco de estas exigencias, la educación en ciudadanía global emerge como una posibilidad real de motivar el encuentro humano, en el que todos los miembros del planeta, conscientes de la condición dada por su pertenencia al género humano, actúen en función de las máximas de la moral universal, del imperativo categórico de involucrar al otro desde los criterios del reconocimiento al pluralismo y a la participación democrática como elementos fundacionales del relacionamiento positivo que da lugar a vínculos cívicos y colectivos.
En tal sentido, promover actuaciones enmarcadas en los parámetros del derecho a la vida, a la existencia digna y al ejercicio de las libertades individuales, constituyen aristas de un nuevo modus vivendi que procura desarrollar en la humanidad el sentido de inclusión del otro sin restricciones prejuiciosas y sí, desde la posibilidad de integrarle, haciéndole partícipe de los asuntos públicos, de los derechos y garantías, así como de los deberes que le instan a cumplir requerimientos sociales de los que depende la consolidación de la vida en comunidad global.
Según Savater (2000), la educación en ciudadanía global involucra cometidos fundamentales para el desempeño y trascendencia humana en el futuro, al reiterar de modo enfático la necesidad de reivindicar la búsqueda del bien común, en la que todos, al asumirse sujetos de derecho, alcancen a ejercer su condición de ciudadanos en una sociedad global que propone como eje cohesionador de la existencia funcional la participación en los asuntos públicos sin restricciones ni discriminación alguna. Esto refiere a la edificación del mundo del futuro, en el que “cada uno tenga derecho a reivindicar, por supuesto, su lengua, su tradición, su religión, su forma de vida o de convivencia, siendo derechos de cada individuo que le permiten comportarse en libertad” (p. 20).
En estos términos, la educación en ciudadanía global como política educativa asociada con la dignificación humana procura poner en diálogo e interacción continua las diversas identidades que coexisten en el mundo, con la finalidad de motivar el acercamiento profundo y crítico que les permita a todos los individuos ajustar su dimensión actitudinal y ética a parámetros comunes, a normas reivindicativas de las particularidades socioculturales e históricas que hagan del mundo un espacio para la convivialidad; en razón de lograr estos propósitos, formar al sujeto en convivencia requiere guiarlo hacia el establecimiento de acuerdos sucesivos que, ligados a la reflexión individual permanente sobre los conflictos humanos, refuercen la actuación en el marco de la libertad positiva.
Según Olmedo (2018), el fortalecimiento de la responsabilidad individual como eje articulador de una vida comunitaria, involucra la adhesión de todos a la búsqueda del bien común, lo cual refiere a parte de los cometidos de la educación en ciudadanía global, que procura no solo el ejercicio de una vida fundada en la autonomía y en la superación de las restricciones, sino además la consolidación de ideales asociados con el alcance de nuevos niveles de entendimiento que redunden en cambios actitudinales que giren en torno a la adopción de premisas fundamentales para la coexistencia, entre las que se precisan: el trato justo para todos y entre todos, el reconocimiento que estima al otro desde y en la misma posición de conciudadano, la supresión de las diferencias y la exaltación de las semejanzas, así como la disposición de los recursos éticos y morales para aceptar formas de vida en ocasiones contrapuestas.
En estos términos, la educación en ciudadanía global se entiende como un proceso transformador que viene a superponer la necesidad de un nuevo relacionamiento reivindicativo de los derechos fundamentales, consistente entre otros aspectos en la creación de oportunidades que, por estar mediadas por la igualdad en el plano jurídico y social, procuran reducir los efectos de la discriminación, la exclusión y la intolerancia, lo cual conduzca a la humanidad hacia un nuevo esquema de coexistencia global motivado por el sentido de la corresponsabilidad en la tarea de disponer de forma voluntaria su capacidad racional para organizar de manera inclusiva el mundo, lo cual le permitiría a quienes ostentan pertenencias diversas hallar un espacio seguro que los cobije.
Esto supone vehiculizar esfuerzos en razón de consolidar una coexistencia democrática que, fundada en los principios de la justicia social, posibilite el involucramiento del otro, del diferente, en los asuntos públicos, en los privilegios ciudadanos, así como en el goce de garantías y derechos que reiteren el compromiso con el buen vivir, la calidad de vida y la dignificación plena. En otras palabras, reforzar la defensa y efectividad de los derechos humanos como cometidos universales precisa en la educación en ciudadanía global una alternativa para construir otras solidaridades que reiteren la vocación cívica de defender, proteger, resguardar y garantizar el acceso inclusivo y equitativo a posibilidades de vida que orquesten las condiciones de convivialidad en la sociedad del futuro (Morales, 2024c).
Esto refiere a un proceso sensibilizador global que conmina a la humanidad hacia la praxis de una moral universal cimentada en el reconocimiento de la dignidad social, como imperativo categórico que procura conducir a las personas hacia el diálogo significativo entre cosmovisiones y culturas diversas (Cortina, 2013), lo cual conduce la disposición actitudinal hacia la reducción del sentimiento de superioridad y la supresión del individualismo que, por ser responsables históricos del distanciamiento humano, han incrementado la trascendencia de comportamientos egoístas. Este elevado nivel de conciencia humana se entiende como la fuerza revitalizadora del diálogo intersubjetivo que entraña como cometidos el establecimiento de acuerdos de convivialidad en razón de alcanzar el operar autónomo recíproco, la búsqueda de la semejanza en las diferencias y el compromiso humano como patrimonio común que redunde en el alcance de la unidad en la diversidad (Morales, 2024a; Morín, 2015).
Lograr la cohesión humana en torno a principios de la moral universal, aunado a garantizar la unidad de las pertenencias del mundo, también procura poner en diálogo los rasgos identitarios, culturales y sociales con la finalidad de ampliar las posibilidades de coexistencia de las particularidades, pero además la manifestación plena de las autonomías individuales como requerimientos que, por estar asociados con el reconocimiento de los derechos fundamentales que le asisten a la humanidad, reiteran el compromiso común de tratarnos desde la fraternidad (Morín, 1999); estos cometidos como parte de una relación amplia y mediada por la comprensión profunda de las particularidades socioculturales conminan a la sociedad a ajustar su repertorio actitudinal a ideas más amplias, a valores universales (Camps, 2000) y a la valoración crítica de la identidad humana como eslabones de un coexistencia de los que depende la trascendencia hacia la unidad plena.
Por su parte, Markus (2021) propone que la educación en ciudadanía global, además de constituir un proceso revitalizador de la democracia en el mundo, también constituye un modo de reducir los efectos de la agitación que sufren los cimientos de la convivialidad de los pueblos; frente a este desafío la lucha por el reconocimiento de los derechos fundamentales ha constituido la fuerza para resguardar la integridad humana a toda escala, y posibilita que la preservación de las particularidades socioculturales e históricas se erija como un elemento sustancial de las actuaciones institucionales que procuran recuperar el tejido social a través de la instauración de una vida fundada en la superación de los prejuicios, la discriminación, la intolerancia y la exclusión.
En razón de lo expuesto, el énfasis en el reconocimiento de la diversidad como cometido generalizado supone el esfuerzo por la construcción de espacios en los que prime el ejercicio pleno de la coexistencia libre y dignificante, en la que el sujeto, percibiéndose en posición de horizontalidad con respecto al otro, sea capaz de manejar los estereotipos y los prejuicios a través de la adopción de una visión compartida del mundo, que permita, entre otros procesos, la edificación de lazos de unión e interdependencia positiva que haga de la convivialidad una oportunidad para configurar actitudes trascendentales, las cuales ubiquen como criterio común el trato mediado por la comprensión profunda del otro como sujeto merecedor de respeto, a quien se debe honrar desde el trato fraterno que potencie, no solo la confianza recíproca, sino el derecho a ser y expresar las particularidades que le diferencian (Ferrajoli, 2016; Morales, 2023; Olmedo, 2018).
Estos cometidos como propósitos globales procuran robustecer la convivialidad social, proceso que en la práctica exige la construcción de estrategias en función de las cuales se logre sortear las tormentas mundial que, como parte del proyecto común de la humanidad, reiteran el compromiso con la supervivencia digna, como el bien trascendental del que depende la modificación de las relaciones sociales mediante la supresión de los racismos, las discriminaciones y las posiciones fundamentalistas, con la finalidad de fortalecer las competencias personales y colectivas para actuar en un mundo que exige con urgencia mayores dosis de empatía, altruismo e inclusión solidaria; en palabras de Cordera (2017), esto refiere a la edificación de los cimientos de una sociedad en la que sus miembros alcancen a articular intereses derivados de un proceso reflexivo, del cual, a su vez, se desprenda la generación de una visión de futuro validada de modo democrático que conmine a la humanidad a la recuperación de la fraternidad, como valor universal que da paso sólido al fortalecimiento del tejido social y a la integración mundial.
Operar en esta dirección implica generar actuaciones institucionales que aborden la complejidad social y la valoración crítica de la diversidad cultural e ideológica, como asuntos centrales de los que depende la trascendencia a una sociedad inclusiva, en la que el establecimiento de un nuevo orden democrático se erija como el proyecto de transformación social capaz de robustecer la visión de coexistencia fundada en el bien común, en el que una vez puestas en diálogo las historias personales y los contextos estructurales pluridiversos, se permita la configuración de una ciudadanía activa, capaz de conducir iniciativas y fijar objetivos sustentados en el interés colectivo, en el trato equitativo e inclusivo, así como en los parámetros de la justicia social, como ejes garantes de un relacionamiento estable y funcional.
En tal sentido, la educación en ciudadanía global como proceso al servicio de la reivindicación de los derechos humanos, procura conducir a la sociedad hacia la resignificación de los conceptos de diversidad y pluralismo, con la finalidad de incentivar la valoración de las diferencias desde el plano crítico-reflexivo que permita deconstruir tanto los prejuicios como los estereotipos hasta lograr nuevos niveles de razonamiento colectivo en torno a las bondades de la vida en comunidad, pacífica y tolerante, aspiración mundial que exige el reforzamiento de valores democráticos que orienten el proceder humano hacia fines entretejidos por la praxis comprometida de la libertad positiva, la igualdad y la búsqueda enfática del bien común.
Dimensiones y estrategias para un política pública educativa reivindicativa de la inclusión
Enfrentar la crisis de convivencia global por la que atraviesa la humanidad entera refiere a un desafío de amplias dimensiones que requiere un cambio significativo en las actitudes y posiciones, individuales y colectivas, en torno a la participación de la vida en sociedad con apego a criterios éticos y morales que reivindiquen la coexistencia en condiciones dignas; estas exigencias como parte de un nuevo proceso de relacionamiento global, implican también saber estar, saber actuar y saber comprender como operaciones en las que la educación en ciudadanía global enfatiza sus esfuerzos con la intencionalidad de propiciar la mayor suma de felicidad e inclusión, que le permita a la humanidad aportar por la praxis de una nueva racionalidad motivadora de relaciones encauzadas hacia el bien común, el reconocimiento de los derechos fundamentales y el trato paritario, como ejes de los que depende redimensionar la vida en sociedad.
Este proceder asociado con la reivindicación de la existencia humana a escala global, involucra la consolidación de un elevado nivel de satisfacción individual y colectiva, en la que todos los miembros del género humano (Morín, 1999), logren deslastrarse de las ataduras propiciadas por los prejuicios socio-históricos, ideológicos y culturales y, en su lugar, apostar por una vida plena en la que el desempeño virtuoso y al alcance de la autonomía afloren como ideales comunes que garanticen la lucha por la concreción de las libertades individuales (Sen, 2000), en las que el proceder ciudadano se superponga haciendo posible la construcción de nexos de solidaridad auténtica que reitere el compromiso recíproco relacionado con el resguardo de todos.
Estas condiciones refieren a la educación en ciudadanía global como un proceso cimentado en el reconocimiento de los derechos fundamentales, en los cuales subyace como cometido tangencial el cultivo de personas con la convicción de dialogar de modo asertivo, disponiendo los recursos actitudinales necesarios que, además de dar lugar a la emergencia de la auténtica libertad para expresar posiciones, manifestar desencuentros y estimar posibilidades asociadas con el buen vivir y el proceder pacífico, también amplíen la brecha de un encuentro fundado en la espontaneidad para actuar con apego a valores universales (Morales, 2024c; Savater, 2000), que junto a la sentido crítico-reflexivo garanticen el reforzamiento de una vida en común.
En tal sentido, una política pública educativa reivindicativa de la existencia humana enmarcada en condiciones de inclusión social efectiva sugiere superar los fundamentalismos extremos y propiciar la libre manifestación de voluntades y de creencias; lo cual posibilita que el sujeto con pertenencias diversas participe de la vida pública como un conciudadano al que le asisten los derechos fundamentales, condición que de forma implícita le exige reconocimiento pleno en términos de garantizar el libre desenvolvimiento de las dimensiones que conforman su supra-complejidad, y de las que depende el desarrollo integral y coherente de su personalidad como sujeto socio-funcional.
En estos términos, la educación en ciudadanía global como garante del cumplimiento operativo de los derechos humanos, procura el enriquecimiento de los vínculos sociales a través de la praxis del civismo crítico que insta a quien se forma a asumir actitudes lícitas cuyo fundamento directo se encuentra en el cumplimiento de garantías universales, de deberes y responsabilidades a las cuales comprender como parte de un esquema mundial de coexistencia que, al ser insertado de forma estratégica dentro de los programas curriculares, pretende construir en el individuo una visión compartida sobre la convivencia humana sostenible.
Estos cometidos tangenciales de una nueva posibilidad de entendimiento humano refieren también a la sensibilidad para reconocer el lugar que ocupamos en el mundo, pero también el que ocupa el otro, en un intento por precisar puntos de coincidencia que nos conminen a la unidad en la diversidad, en la que cada uno, estimando el sentido paritario que le une al otro, se convierta en sujeto activo, corresponsable y abierto a permitir la manifestación plena de la capacidad de agencia que debe entretejer la coexistencia que pretende la dignificación humana (Sen, 2000); esto debe entenderse como una fuerza cohesionadora de voluntades que entraña como objetivo tangencial que la humanidad acoja la diversidad como parte de sí, sin que ello implique la supresión de formas de vida, prácticas culturales y estilos de relacionamiento intergrupal.
Lo hasta ahora planteado entraña como idea subyacente la superposición de la valía humana por encima de las posturas extremas derivadas de los prejuicios socio-históricos, a los cuales aplicar como antídoto la obligación moral de abandonar el individualismo excluyente (Savater, 2021), que condicione el proceder individual y colectivo hacia el resguardo de la autonomía como valor garante de la trascendencia humana; la cual involucra la consolidación de la capacidad de elección, de decisión y actuación como elementos sustanciadores de un clima democrático que privilegie la participación de todos en condiciones justas, incluyentes y equitativas. Con base en lo expuesto se proponen las dimensiones de una política pública educativa sustentada en los cometidos de la educación en ciudadanía global y los derechos humanos, a decir:
Formación cívica. La preocupación por el proceder cívico como resultado de una educación integral transformadora ha tomado especial importancia en la actualidad por su estrecha vinculación con el ejercicio pleno de la ciudadanía global, es decir, la disposición del sujeto para pensar lo colectivo y reflexionar sobre los asuntos de todos; mediante la búsqueda de un estado virtuoso en el que el sentido de comunidad aflore como una preocupación sobre la cual trabajar de manera enfática. En tal sentido, la praxis del civismo como elemento cohesionador de la vida en la sociedad global (Cortina, 2009) inicia con la vocación sensible de actuar superando los individualismos y asumiendo como parte del quehacer cotidiano el compromiso activo con los asuntos públicos (Camps, 1999).
Lo planteado refiere a un giro actitudinal transcendental que persigue en quien se forma para la praxis de la ciudadanía plena motivar esfuerzos sinérgicos en torno a la construcción de una sociedad abierta a la aceptación de las múltiples pertenencias, cosmovisiones y pluralismos, como la condición sine qua non para lograr la consolidación de una vida democrática en la que el énfasis de todos esté puesto en el bien común, como el valor universal del que depende el redimensionamiento del sentido de pertenencia a una comunidad permeada por la diversidad de posiciones.
En tal sentido, formar para el quehacer cívico dentro de cualquier contexto mundial debe involucrar la promoción de la libre adhesión del ciudadano a la tarea de impulsar la cohesión social, como el proceso que demanda el despliegue de voluntades asistidas por la virtud moral de actuar de modo coherente; para Cortina (2009), el proceder cívico es el resultado de colocar en sintonía al sujeto con la sociedad, en el marco de una convicción compartida que gira en torno a mantener el equilibrio, mejorar los vínculos humanos y alcanzar una organización cimentada en valores compartidos de manera común.
Valores universales. Lograr una coexistencia en la que todos apuesten por los mismos principios de relacionamiento implica guiar al sujeto en formación hacia la precisión del verdadero sentido de la vida en sociedad, pero también, sobre la exigencia de hacer énfasis en el plano generacional el compromiso de incluir las bondades del proceder ético, como el eslabón cohesionador que conmine a la humanidad en torno al logro sinérgico de los cometidos del bien común, de la justicia, la equidad y la libertad positiva. Este reconocimiento explícito de los principios rectores de una vida en comunidad que funcione en el ámbito operativo, se entiende como el camino a la comprensión profunda y auténtica de las particularidades que permean la supra-complejidad humana, dando lugar de este modo a los ideales de la cohesión social (Cortina, 2000).
Según propone Savater (2000), la formación del ciudadano del futuro debe involucrar de modo indefectible el fortalecimiento del juicio ético sobre la importancia del respeto fundado en la reciprocidad, como la actitud positiva que redimensiona las posibilidades de actuación, decisión y conciencia crítica; rasgos definitorios de un estado de plenitud humana en la que todos se encuentran adheridos al compromiso de llevar adelante una vida en común de la que depende la trascendencia del género humano. Esto refiere de manera implícita a la tarea de la educación en ciudadanía global en lo referente a la promoción de una vida deslastrada del individualismo y sí, sujeta a la vocación colectiva de desplegar esfuerzos que orquestados den lugar a la capacidad de agencia que debe primar en el presente siglo (Sen, 2000).
Por consiguiente, formar en valores universales supone el abandono de actitudes contrarias a la cohesión humana y a la recuperación del tejido social, por el cultivo espontáneo del sentido de comunidad, en el que cada sujeto consciente de la interdependencia y la complementariedad que le unen al otro sea capaz de relacionarse en términos de semejanza, de encuentro y reconciliación, logrando la consolidación efectiva de una visión de ciudadanía que operativice la “capacidad para poner en común su forma de ser, su forma de pensar con los demás” (Savater, 2000, p.23). Esto implica acondicionar el mundo para que cada sujeto alcance a coexistir de modo pleno, estimando desde una postura consciente las particularidades que permean su propia humanidad, cualidad, compartida de igual manera por quienes gozan de pertenencias diversas.
Al respecto Cortina, Escámez y Pérez (1993) proponen que la vida humana en el futuro debe girar en torno a la potenciación de cualidades personales que, fundadas en el fortalecimiento de la dimensión axiológica, permitan la construcción de sociedades abiertamente comprometidas con la democracia como condición para la manifestación libre de los pluralismos. Lo cual reitera el compromiso de la educación con el cultivo de actitudes bondadosas que propicien el ajuste a los requerimientos mínimos de la habitabilidad respetuosa; de allí, en el énfasis en operativizar valores universales que cohesionen a la humanidad, vehiculizando con esto la concreción de ideales mundiales como “la libertad, la igualdad, la solidaridad, la disposición al diálogo” (p. 10).
Por su parte, Camps (2000) reitera que la formación en valores como recurso al servicio de un mundo mejor y más civilizado, se entiende como un modo de garantizar y otorgarles viabilidad a los vínculos al instar al comportamiento ético que requiere la sociedad para hilvanar esfuerzos e intereses en torno al camino común de practicar una vida sustentada en principios universales como “la libertad, la igualdad, la vida y la paz, como ejes de un relacionamiento positivo que obligue a la humanidad a proceder de manera más justa, más solidaria, más tolerante, más responsable” (p. 25). De modo implícito, esto refiere a elementos sustanciadores de la educación en ciudadanía global, que conminan a la humanidad a renunciar a posiciones contrarias a la convivencia por completo funcional, de la cual solo es posible participar desde un cambio de actitud que superponga la valía personal y el reconocimiento de la dignidad humana por encima de cualquier condicionamiento particular.
En estos términos, se trata entonces de acercar al individuo al compromiso recíproco de construir el proyecto común de coexistencia digna, en el que el diálogo conciliador se erija como el mecanismo orientador de diversas posibilidades para lograr la inclusión justa, en la que se procure como cometidos el fortalecimiento de la idea de ciudadanía enmarcada en la premisa: iguales pero diferentes (Camps, 2000); la cual reitera el sentido de corresponsabilidad en torno a la edificación de un mundo vivible y adherido al compromiso de alcanzar la unidad en la diversidad, la integración con énfasis en el respeto por la libertad y la autonomía personal, así como la promoción de una actuación social consciente enmarcada en acuerdos mutuos que revitalicen el tejido social de manera sostenible.
Para Olmedo (2018), fomentar el civismo como resultado de la adherencia a principios éticos universales, constituye un paso gigantesco hacia la consolidación de los ideales del proceder civilizado que involucra, entre otros aspectos, la concreción de una actitud comprometida con la recuperación de la credibilidad y la confianza grupal e intergrupal, en un intento por transformar la realidad global en un escenario para la interacción fecunda de las pertenencias que conminen a la edificación de vínculos deseables que permeen de funcionalidad a la vida en comunidad.
Operar en dirección al logro de un estado de convivialidad mediado por la justicia, la equidad y el bien común, sugiere la participación sinérgica del Estado y los sistemas educativos en la tarea de desplegar actuaciones enfocadas en la concreción de al menos dos vértices tangenciales para potenciar la coexistencia; por un lado, el desarrollo de la convicción sobre la construcción de una sociedad ceñida al pluralismo en el plano moral, que le permita a los grupos humanos establecer relaciones respetuosas y dignificantes; y, por el otro, definir criterios de convivencia comunes que no solo involucren el alcance de una sana coexistencia sino la trascendencia hacia el establecimiento de acuerdos que, transformados en proyectos compartidos, den paso al afrontamiento de los desafíos propios de una realidad cambiante de manera dinámica.
Frente a este desafío, fomentar la vocación ética exige el establecimiento de mínimos compartidos a través de los cuales lograr que la sociedad alcance a definir actitudes de apertura hacia la diversidad, así como la aceptación plena del otro, como fundamentos mediante los cuales adherir las pertenencias múltiples al compromiso universal de entretejer la cotidianidad con vínculos que privilegien la configuración de un nuevo perfil ciudadano permeado por el interés común y la solidaridad plena; esta vocación ética se entiende, además, como la fuerza cohesionadora que, cimentada en convicciones morales, le permite al sujeto renunciar a su posición individualista para trascender a una actitud flexible, abierta a las valoraciones diversas y consciente de la existencia de ideales que, al ser reconocidos en el marco del respeto recíproco, bosquejan posibilidades de encuentro fraterno.
Desde la perspectiva de Cortina (2013), es a través del desarrollo del juicio moral que se logran no solo justificar la existencia de diferencias en todos los ámbitos, sino además, el reforzamiento de la convicción en torno a la estimación de las heterogeneidades, sino el derecho a la existencia que le asiste a la diversidad en sus múltiples manifestaciones, como principio base de una nueva cultura universal que le otorga sustento al imperativo categórico: reconocimiento de la dignidad del ser humano por encima de los condicionamientos que en ocasiones entrañan discriminación, exclusión e intolerancia.
Por su parte, Markus (2021) propone que el fortalecimiento de la dimensión axiológica como parte de la formación integral del ciudadano del futuro, depende en gran medida de la recuperación de la confianza mutua como el valor articulador de nuevos vínculos asociados con la consolidación de la autonomía personal que, aunado a contribuir con la superación de las fragilidades, también constituye el antídoto para manejar las debilidades sistémicas por las que atraviesa la sociedad al vehiculizar la disposición actitudinal hacia la praxis de una solidaridad plena que, junto al sentido de la cooperación comprometida, configuren las condiciones para una coexistencia funcional cuya validez universal garantice mayores niveles de inclusión social efectiva y la corresponsabilidad con la dignificación humana.
Calidad de vida, bienestar integral y desarrollo humano. Promover la esperanza de vida y las posibilidades para alcanzar la felicidad plena constituyen aspectos sustanciadores de la denominada coexistencia digna (Russo, 2001), que involucra, entre otros aspectos, el abordaje de las desigualdades a través del acercamiento equitativo de todos a las mismas oportunidades para consolidar su realización plena. Esto como parte de los cometidos de la educación en ciudadanía global, espera elevar las alternativas para acceder a los recursos económicos, financieros, educativos y tecnológicos que le permitan al individuo gestionar sus necesidades, alcanzar la autonomía operativa y funcional, así como participar de la vida productiva mediante el despliegue de su capacidad de agencia, de su innovación e inventiva.
En estos términos, lograr la inclusión efectiva como parte de los propósitos de la justicia social implica crear los mecanismos jurídicos que garanticen a quien goza de una pertenencia diferente acceder a bienes y servicios sin ninguna limitación, con la finalidad de concretar cambios profundos y sostenibles (Sabino, 2004), que ayuden a la sociedad a superar las desigualdades existentes por medio del ofrecimiento de nuevas condiciones de seguridad, manejo suficiente del poder adquisitivo y el ejercicio pleno de las libertades individuales para impulsar actividades económicas que refuercen la dimensión productiva del país de origen (Sen, 2000).
Esto se relaciona con el despliegue de la disposición del potencial personal para sumar a la construcción de bienestar humano, gracias al impulso creativo e innovador de las diversas dimensiones de la vida cotidiana (Zimmermann, 2010), lo cual supone un cambio de concepción sobre el rol que el sujeto debe adoptar en el proceso de integrarse, participar y cooperar como agente transformador; en quien recae el compromiso de mantener en condiciones oportunas la operatividad de las actividades ya consolidadas por su país de destino, situando su capacidad de agencia como un recurso al servicio del establecimiento de metas sostenibles que sustancien las oportunidades para reconducir propósitos hacia fines más colectivos y sumar en la búsqueda de la calidad de vida que permita la autorrealización de quienes conforman su espacio de coexistencia.
Este sentido de pertenencia con el espacio de acogida se entiende como uno de los cometidos de la educación en ciudadanía global, que persigue, entre otros aspectos, el fortalecimiento de actitudes positivas en torno a la actuación recíproca, a la responsabilidad mutua y a la participación sinérgica, las cuales, como estrategias que redimensionan la convivialidad, también se asumen como formas de enriquecer las oportunidades para alcanzar el desarrollo humano; este énfasis en el consolidación de una ciudadanía comprometida con la realización humana plena, integral y sostenible implica la suma de varios factores que, orquestados de manera coherente propician un modelo de vida dignificante de la existencia colectiva y catalizador de cambios trascendentales, entre los que se precisan: la consolidación de la satisfacción personal y social, la concreción de condiciones inclusivas y objetivas de vida, maximización y ampliación de posibilidades de confort (Sachs, 2015).
Inclusión social efectiva. La operativización de los derechos sociales como fundamento de la verdadera inclusión social efectiva plantea como desafío la superación de las desigualdades y la reivindicación de la solidaridad entre los seres humanos, que permita, entre otros factores, el involucramiento y la integración de los más desfavorecidos en los asuntos benéficos para todos (Camps, 1999; Cordera, 2017). Esto como parte de dignificación de la existencia humana supone la organización de mecanismos de participación en los que se privilegie la aceptación del otro como un sujeto con la capacidad de agencia para aportar a la consolidación de una vida colectiva que funcione de manera consistente.
Desde esta perspectiva, la inclusión como parte de los cometidos de la educación para el ejercicio de la ciudadanía global supone la creación de escenarios políticos y sociales, en los que sujetos con pertenencias diversas logren alcanzar tanto visibilidad como representatividad, mediante el goce de las libertades individuales y democráticas que le permitan a quien se forma actuar con estabilidad en el mundo. En este sentido, la superación de las restricciones y las discriminaciones refiere a un objetivo medular que inicia con la sensibilización de la humanidad en torno a la necesidad de adherirse a los criterios de complementariedad e interdependencia, como elementos en función de los cuales conminar a la sociedad a desplegar sus disposición actitudinal para configurar los ideales de la cohesión real (Sen, 2000).
Con respecto al criterio de complementariedad, es preciso indicar que su intencionalidad no es más que la unión de voluntades, esfuerzos e intereses individuales en función de aportar desde la reciprocidad las capacidades, competencias y destrezas que pudieran capitalizar las posibilidades de coexistencia plena; mientras que el criterio de interdependencia entraña como propósito reforzar los vínculos sociales en función de los cuales entretejer, desde la empatía y la solidaridad crítica-mutua, un nuevo orden de convivialidad que favorezca la inclusión real como parte de los derechos humanos que asisten a todo ciudadano independientemente de su procedencia.
En estos términos, la vida social inclusiva como parte de la dignificación humana supone orquestar actuaciones institucionales con esfuerzos colectivos que permitan instaurar la denominada cultura de la satisfacción (Cordera, 2017), la cual supone modular actitudes y voluntades en razón de lograr transformaciones medulares en conjunto que involucren la redistribución de oportunidades para alcanzar el desenvolvimiento individual pleno y libre, redimensionar las posibilidades de cooperación estabilizadora y fortalecer las bases de la racionalidad que hagan de la vida colectiva un espacio para el despliegue del potencial humano, en un intento estratégico por reforzar el alcance de propósitos mayores asociados con la igualdad y la equidad, como valores sobre los que se sustenta la construcción de ciudadanía.
Esto refiere de modo implícito a la praxis de una ética mínima y reitera en compromiso institucional con la ampliación de las posibilidades para ensanchar los círculos de relacionamiento positivo, en los que cada sujeto asuma como desafío renunciar a posiciones individualistas e irracionales, dándose de este modo cabida al diálogo al que se asume como un instrumento articulador de vínculos funcionales sobre los cuales cimentar la confianza como valor absoluto capaz de revitalizar las posibilidades de coexistencia inclusiva (Cortina, 2000). Lo afirmado como parte de la educación en ciudadanía global involucra como cometido el establecimiento de una nueva racionalidad fundamentada en la moral universal, a través de la cual se potencie en el ser humano su disposición para promover reflexiones sobre las bondades de vivir juntos mediante mediaciones justas que redunden en la configuración de una comunidad armónica futura, en la que el compromiso con el cuidado del otro, con su bienestar y desempeño autónomo aseguren las condiciones para una existencia dignificante de la condición humana.
Derechos humanos. Lograr el compromiso de la humanidad en torno al reconocimiento de los derechos fundamentales que le asisten a todo sujeto en razón de su pertenencia al género humano, parte en modo significativo de la enseñanza de dispositivos jurídicos asociados con la defensa, protección y resguardo de la integridad de la supra-complejidad humana (Ferrajoli, 2016; Morín, 2015); operar en esta dirección supone el debate permanente sobre las libertades individuales y colectivas implicadas en las dimensiones: civil, cultural, social, político y económico, a las que se comprenden de manera universal como aristas asociadas con la consolidación del proyecto de vida universal dignificante y la realización plena de la persona humana.
En este sentido, educar para el ejercicio pleno de la ciudadanía global en su dimensión jurídica debe entenderse como el proceso que procura la promoción de una vida social mundial funcional e inclusiva, en la que todo individuo acceda a participar de manera activa dentro de la vida pública en otros contextos sin ninguna discriminación; lo cual supone la manifestación de su opinión y su posición particular sobre los asuntos colectivos, a los cuales adherirse desde el compromiso de ofrecer aportes que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar integral de todos (Russo, 2001). Esto refiere a la libertad para manifestar los rasgos identitarios característicos del lugar de procedencia, las prácticas inherentes a su cosmovisión y la expresión de su pluralismo ideológico sin menoscabo de los derechos del otro, es decir, sin que ello implique su imposición, el reforzamiento de la intolerancia y la discriminación contra terceros.
Lo expuesto se considera también como parte de la formación del ciudadano del futuro, a quien adherir al reconocimiento de los derechos colectivos que, como parte de los denominados derechos de tercera generación, involucran la valoración crítica y la aceptación solidaria de agrupaciones socioculturales a las cuales asumir desde el sentido igualitario, como principio universal que exige el respeto por su libre determinación, por sus estilos de vida y por los elementos socio-históricos y culturales que les particulariza (Rey, 2021). Educar en esta dirección implica fortalecer de forma reiterada el respeto por las identidades singulares, a las cuales estimar plenamente a través del diálogo inter y multicultural que posibilite no solo la superación de la discriminación en sus diversas manifestaciones, sino la precisión de los aspectos que nos asemejan y los colocan en un plano común.
En consecuencia, la relevancia de reconocernos en el otro refiere a un ejercicio que exige la adopción de una premisa sobre la que se sustenta la coexistencia humana: iguales pero diferentes, condición que insta a la reflexionar sobre los efectos perniciosos de la exclusión destructiva a la que ha sido sometida la sociedad a escala mundial, lastre histórico sobre el cual es requerimiento sine qua non motivar la problematización y el quehacer reflexivo permanente (Morales, 2023), que ubique a la humanidad en la necesidad de aceptar las particularidades individuales y colectivas hasta trascender a una convivialidad sin condicionamientos más que las establecidas en los parámetros contenidos en la moral universal, en el civismo y en los valores universales.
A lo anterior se agregan dos aspectos regulados dentro de los derechos colectivos, que por su incidencia directa en la supervivencia humana requieren ser incluidos dentro de los programas curriculares, se trata del resguardo del medio ambiente, de los sistemas ecológicos y de la naturaleza como patrimonio común que exige la promoción de interacciones sostenibles y sustentables que, como parte de la conciencia ciudadana, permitan el aprovechamiento mesurado y equilibrado de los recursos naturales, con la finalidad de garantizar que las generaciones futuras accedan en igualdad de condiciones a estos (Zimmermann, 2013).
Por ende, la formación en derechos humanos constituye una invitación a la apropiación de conocimientos teórico-prácticos asociados con las garantías que el Estado deberá reiterar en la ciudadanía, con la finalidad de motivar no solo el ejercicio pleno de facultades y libertades individuales y colectivas, sino la interrelación existente entre estas, así como el carácter indivisible e inalienable que entrañan, y que además procuran el desenvolvimiento humano pleno, es decir, sin restricciones que vulneren cualquier posibilidad para actuar, expresar opiniones, tomar decisiones, participar de los asuntos públicos y gozar de condiciones dignas de justicia social e inclusión equitativa.
Cultura de paz. Atemperar la conflictividad generalizada por la que atraviesa la sociedad supone uno de los desafíos a los que se enfrentan los sistemas políticos y educativos a escala mundial, en su afán por lograr los ideales de la paz como valor universal. En tal sentido, el alcance de la convivialidad en términos pacíficos refiere a un compromiso con la búsqueda permanente de la armonía y la construcción constante de una tolerancia crítica capaz de aceptar al otro como un sujeto depositario del derecho a gozar de una vida digna, respetuosa y adherida a la convicción de superar la violencia cultural e histórica mediante la adopción de una conciencia abierta a la conciliación, al acuerdo y al diálogo, como recursos en favor de la gestión de conflictos (Galtung, 2009).
Por consiguiente, motivar el goce de una vida plena fundada en el proceder pacífico de todos, plantea la praxis de una convivencia justa, equitativa y libre en la que todos accedan a las mismas posibilidades de trato digno, en el que el cometido común gire en torno a la reivindicación del ejercicio pleno del civismo como elemento impulsor de actitudes responsables y comprometidas con el futuro de las nuevas generaciones. Desde esta perspectiva, la educación en ciudadanía global como proceso asociado con la reconciliación humana pretende fortalecer las posibilidades de escucha activa, la interacción respetuosa, la comunicación simétrica y edificante que involucre a quien se forma en la tarea de desplegar mecanismos diversos en torno a la edificación de una sociedad pacífica.
Esta cultura de paz como valor universal esperanzador inicia con la protección y el reconocimiento de la vida, la superación del imperio de la fuerza y la praxis de una coexistencia libre de injusticias sociales, lo cual debe comprenderse como el esfuerzo sinérgico del aparato institucional en torno a la construcción de nuevas relaciones de entendimiento recíproco, en las que todos los sujetos aprendan a manejar los conflictos, las divergencias y la potenciales confrontaciones desde el proceder abierto a la negociación que, por estar mediado por la fuerza del interés colectivo, garantice la concreción de acuerdos trascendentales que le sirvan de referentes a la sociedad para futuras situaciones emergentes (Barragán et al., 2020).
Esto sugiere motivar cambios transcendentales en el curso de la vida de acuerdo con la actuación estratégica desde el campo curricular, insertando de este modo al sujeto en experiencias asociadas con el manejo de la negociación en situaciones hipotéticas, la organización analítica de acciones en pro de resolver problemas comunes desde el abocamiento sinérgico de voluntades pacificadoras, armónicas y dispuestas a consensuar posibilidades de encuentro, así como la promoción de una actitud sentipensante que unifique la racionalidad, la empatía y la solidaridad al momento de asumir posición frente a los problemas comunes.
En consecuencia, la instauración de un clima de paz social funcional requiere de recursos y estrategias asociadas con la organización de una nueva sociedad democrática, justa y equitativa, que inicie con la instauración de un aprendizaje cooperativo en torno a la gestión de situaciones cotidianas, la construcción de un perfil ciudadano fundado en acuerdos de coexistencia, en la integración de posiciones que privilegien el interés colectivo, así como el diseño de normas de actuación social enmarcadas en la edificación de relaciones sociales justas que mejoren las condiciones de vida de todos, con lo cual se aporten beneficios individuales y colectivos que conduzcan a la realización plena.
Por su parte, Cordera (2017) propone que instaurar la cultura de paz como proceso al servicio de una vida socialmente pacífica, supone impulsar un nuevo orden fundado en la democracia, como el modo de lograr la articulación de voluntades en razón de consolidar la superación de las disputas, las confrontaciones destructivas de la vida comunitaria y la transformación de los rencores en actitudes abiertas a la reconciliación, de esta manera se amplía con este accionar consciente las posibilidades para formar una sociedad consciente comprometida con el trato igualitario y con la reflexión permanente sobre los asuntos asociados con la convivialidad y se logra de esta forma la unificación de capacidades y recursos necesarios para construir el mundo del futuro.
Esto refiere en específico a procesos asociados con el entendimiento mutuo, el cual tiene su fundamento en la comprensión profunda del otro, como punto de partida para configurar actuaciones responsables que involucren el espíritu pacífico, la renuncia a la violencia y la adopción de medios asociados con la negociación, el uso diálogo permanente y simétrico como recurso al servicio de una vida cuya apertura y respeto hacia el otro trasciendan en el ámbito generacional hasta convertirse en un compromiso recíproco con el trato digno hacia la cualidad común que nos une: la condición y pertenencia al género humano.
En tal sentido, edificar los cimientos de una sociedad entretejida por la paz constituye un propósito de la educación para la ciudadanía global que busca redimensionar los esquemas de solidaridad, como el proceso universal que favorece la praxis de una convivialidad plena entre posiciones divergentes, entre las múltiples maneras de ver el mundo y de manifestarse la supra-complejidad social, cultural e ideológica que permea a la humanidad. Frente a este desafío, la enseñanza orientada hacia la interacción positiva enmarcada en el trato digno, constructivo y tolerante supone la fuerza sobre la cual establecer una cultura de paz, que potencie en el sujeto que se forma la disposición para valorar desde su posición crítica la gestión de las divergencias hasta trascender hacia la formulación de aportes reivindicadores de la justicia, la equidad, el bien común y los derechos humanos, en un intento por garantizar la materialización del encuentro fraterno y del logro de la paz.
Multiculturalismo e interculturalidad. La puesta en diálogo de las identidades y cosmovisiones que permean el planeta Tierra constituye uno de los ejes estratégicos a partir de los cuales salvaguardar las singularidades humanas; esto como parte de la educación en ciudadanía global plantea la concreción de relaciones interactivas que, aunado a consolidar la comprensión profunda de las pertenencias, también se erige como el proceso articulador de iniciativas enriquecedoras asociadas con la reivindicación de los tesoros más preciados de la humanidad: sus valores, su cultura y las creencias que nos distinguen, que nos hacen diversos (Morín, 1999).
Para Cortina (2009), la educación en ciudadanía global reitera el compromiso con la coexistencia y libre manifestación del multiculturalismo, como un modo de otorgarle trascendencia a las creencias y a los elementos simbólicos que permean a cada a agrupación humana; de allí, que se asuma el diálogo inter e intracultural como una estrategia para motivar el encuentro entre los pluralismos, la diversidad y las cosmovisiones, como la salida oportuna para impulsar la coexistencia en un mismo contexto enmarcando los vínculos humanos en la praxis del respeto, la tolerancia y la inclusión, como valores universales igualmente establecidos en las convenciones de derechos humanos (Rey, 2021; Russo, 2001).
Esto plantea como desafío el acercamiento del sujeto que se forma a la comprensión de referentes culturales, idiosincráticos, prácticas y creencias que coexisten en el mundo, con la finalidad de fomentar el acuerdo implícito o explícito de criterios que definan actitudes de apertura frente a la diversidad; este proceso de acercamiento al conocimiento de otras culturas y sus elementos fundamentales supone un ejercicio asociado con la unificación de los pueblos en torno a la idea de coexistir sin imposición alguna, pero sí desde el compromiso de configurar un mundo de vínculos enriquecedores en los que el diálogo y la interacción permanente permitan acercamientos estrechos, lo cual posibilita de este modo la creación de experiencias en las que todos los sujetos comprometidos con la diversidad y el pluralismo alcancen a convivir en condiciones de respeto recíproco (Bonfil, 1991).
Desde la perspectiva de Maalouf (1999), lograr el encuentro humano fundado en la premisa unidad en la diversidad, supone generar experiencias enriquecedoras cuyo énfasis sea la comprensión profunda que conduzca a la precisión de razones en torno a modos de vida, a prácticas particulares, a cosmovisiones y posiciones sobre el otro. Con esta acción se logra que los factores socio-históricos e ideológicos responsables del distanciamiento humano sean sustituidos por la adopción auténtica del compromiso con la reivindicación de las particularidades humanas y del carácter compuesto de las identidades que habitan el planeta.
Formación de un ciudadano crítico. Edificar los cimientos de una convivialidad funcional y operativamente democrática tiene como elemento subyacente la promoción del sentido crítico-reflexivo, como la forma de consolidar la auténtica comprensión entre quienes, gozando de pertenencias diferentes, se proponen compartir un mismo espacio de coexistencia. En tal sentido, lograr sociedades tanto plurales como sujetas a convicciones democráticas requiere el despliegue de la disposición actitudinal para aceptar, tolerar y practicar la inclusión en el marco de una edificante interacción entretejida por la comprensión profunda del mundo del otro, de su origen, de los aspectos que nos diferencian, pero también de los que nos unen como sujetos con cualidades semejantes, entre las que mayor predominancia tiene la común pertenencia al género humano.
Por ende, fomentar el sentido crítico como proceso aliado a la formación ciudadana refiere a la posibilidad de transformar la conducta social hacia fines más conscientes asociados con la profundización en las raíces históricas, en los orígenes subyacentes y en los posibles nexos desde los cuales justificar el encuentro de las heterogeneidades en condiciones democratizadoras; esto se relaciona con la posibilidad para operativizar la valoración de las singularidades en un intento por lograr la aceptación que, como resultado de la ruptura con los discursos dominantes, vehiculicen las posibilidades del diálogo fraterno unificador (Cordera, 2017).
Este énfasis en el robustecimiento de las relaciones sociales entre sujetos con pertenencias diversas supone la adopción recíproca de actitudes flexibles, acogedoras de las cosmovisiones, de los pluralismos y arraigos con la finalidad de motivar la configuración de un clima democrático general, en el que todos, sin distinción, logren alcanzar el entendimiento que conduce a la precisión de posiciones factibles de reforzar el vivir bien (Morales, 2023), lo cual se vincula con la puesta en diálogo de diversas ideologías en un intento por crear criterios compartidos que reiteren el compromiso de todos con el resguardo de los derechos humanos, así como de las libertades individuales, de esta manera se logra ampliar las posibilidades de proceder con autonomía y responsabilidad dentro de cualquier contexto del mundo (Cortina, 2021b; Sutcliffe, 1998).
Esta actitud acuciosa para precisar las razones últimas que entrañan las actitudes y creencias del otro, se entiende como un modo de ampliar la comprensión crítica que le permita al sujeto apropiarse de conocimientos adicionales, fundamentales y precisos que coadyuven con el juicio empático que procura, entre otros aspectos, evitar la negación y sí en cambio, ampliar con disposición reflexiva las posibilidades para vehiculizar el reconocimiento que integra, acepta y estima la valía personal por encima de cualquier condicionamiento social.
En consecuencia, la formación crítica como proceso permanente y a lo largo de la vida, intenta ensanchar la dimensión cognitiva hasta lograr que el sujeto supere la resistencia, el rechazo y la controversia con todo lo que le es ajeno a él, modificando y sustituyendo patrones mentales rígidos por la disposición para aceptar con actitud tolerante las diferencias; este énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico supone potenciar en el ciudadano del futuro la capacidad para superar los prejuicios, las posiciones infundadas y el escaso sentido de apertura para dialogar en la búsqueda de un futuro común, en el que el compromiso conmine a la humanidad a la consolidación de una vocación fraternal sostenible que articule cosmovisiones en una relación inextricable con la historia personal y los elementos subyacentes en la dimensión socio-histórica y cultural de cada sujeto con el que se coexiste e interactúa.
Competencias sociales. Lograr la reconciliación como resultado del encuentro entre pertenencias diversas plantea para el aparato institucional político y educativo un compromiso asociado con el fortalecimiento de actitudes, habilidades y competencias individuales y colectivas, asociadas con la recuperación auténtica del tejido social. De allí el énfasis en la promoción del diálogo como la posibilidad real de reconocer al otro en el plano de la justicia y la equidad, pero además, como un modo de concertar criterios adecuados de convivencia civilizada que configuren un sistema virtuoso y confiable, en el que la libertad y el ejercicio de la autonomía se erijan como condiciones tangenciales de una aceptación plena que le otorgue sentido al obrar humano en comunidad.
Este diálogo como parte de las competencias sociales tiene como propósito fundamental el manejo racional de las contradicciones, así como la adquisición de la conciencia universal que le permita al sujeto, con independencia de su cosmovisión y pertenencia, asumir el respeto por la condición humana como razón suficiente para desplegar el repertorio actitudinal necesario que configure las oportunidades para alcanzar fines comunes que redimensionen la felicidad personal, así como la concreción de propósitos comunes a lo largo de la cotidianidad (Cortina, 2000).
En tal sentido, la educación en ciudadanía global propone con especial énfasis la necesidad de promover la adquisición de competencias sociales que redunden en el fortalecimiento de vínculos interpersonales sólidos y funcionales, entre las que precisa: la asertividad, el proceder con responsabilidad, empatía y altruismo, la disposición para integrarse al trabajo en equipo y en red, la flexibilidad para adaptarse a normas grupales, el manejo de la cooperación, del liderazgo transformador e inspirador y la actitud positiva para gestionar conflictos e implicarse en iniciativas (Bisquerra y Pérez, 2007).
Compromiso ético-ecológico sostenible. El ejercicio de la ciudadanía global como proceso transformacional multidimensional involucra la reconciliación humana con los sistemas ecológicos, esperando de este modo la consolidación del bienestar integral mediante la promoción de prácticas de aprovechamiento sostenibles y sustentables de bajo impacto sobre la biosfera; esto supone un ajuste actitudinal que reposicione a la inteligencia ecológica como una capacidad potenciadora del trato sensible a la naturaleza, asumiendo determinados modelos de desarrollo que propicien no solo la satisfacción de necesidades inmediatas sino la conservación de los espacios vitales para la existencia del género humano (Elizalde, 2012).
Este compromiso con el proceder consciente exige de los sistemas educativos a escala mundial un giro drástico y significativo de sus cometidos, a los cuales vehiculizar en función de los parámetros del ecocentrismo, como requerimiento global que busca no solo precisar repercusiones irreversibles sobre el planeta, sino la puesta en riesgo de una vida plena para las futuras generaciones (Goleman, 2009). En tal sentido, abordar la problemática ecológica que atraviesa el mundo entero sugiere reforzar la interacción ser humano-naturaleza con la finalidad de lograr un estado de armonía que revierta los efectos degradantes de una práctica irracional que atenta contra el equilibrio de los sistemas ecológicos.
En estos términos, instar a la humanidad hacia el pensar ecológico sugiere formarle en el ejercicio integral de la ciudadanía, que emplaza a los habitantes del planeta a construir lazos de conectividad racional con el mundo natural, a través de los cuales reducir los efectos de la indiferencia y la frialdad en torno al cuidado de la Tierra y, en su lugar, fomentar una consciencia ecológica global que coadyuve en la tarea de emprender actuaciones racionales reparadoras que resignifiquen los nexos con el ambiente, identifiquen actuaciones perniciosas, inmediatas y futuras, y conduzcan a la consolidación de la armonía vital de la que depende la sostenibilidad y trascendencia del género humano (Sachs, 2015).
Desde la perspectiva de Sabino (2004), educar a la sociedad para el proceder sostenible y sustentable, implica conciliar esfuerzos sinérgicos en torno a dos dimensiones importantes para supervivencia del género humano, es decir: por un lado, el desarrollo enmarcado en una nueva consciencia ciudadana que busca superponer el manejo racionalmente ético de los recursos que nos aporta la naturaleza y los sistemas ecológicos y, por el otro, un cambio trascendental en los patrones de consumo, aprovechamiento y manejo de los beneficios derivados de las actividades productivas, con lo cual se privilegie que la dimensión conservación ambiental y ecológica se superponga sobre la económica, en un intento por garantizar el equilibrio que el planeta requiere para ofrecer las posibilidades dignas de coexistencia para las futuras generaciones.
Esta nueva relación con los sistemas ecológicos supone un esfuerzo de la educación en ciudadanía global que impulsa a la humanidad a la adopción de valores ambientales capaces de reconducir las prácticas humanas irracionales hacia modos beneficiosos de aprovechamiento y uso de las bondades de los recursos naturales de los que todavía disponemos y de los que, a su vez, depende la gestión de los problemas asociados con desastres naturales por los que atraviesa gran parte de los países que conforman el sistema mundo; este giro actitudinal como eje al servicio de una consciencia sostenible y sustentable en torno a la actividad económica humana involucra la sensibilidad activa a la que se le adjudica el poder para sacrificar los dividendos inmediatos por aportes futuros que mejoren el equilibrio funcional del medio ambiente.
Procurar la construcción de una sociedad adherida a los principios universales, así como respetuosa de los derechos humanos que le asisten a todo sujeto, constituye un ideal ampliamente reconocido como eje articular del proyecto esperanzador que la humanidad requiere para consolidar una convivialidad que funcione de modo sólido, medida por la convicción de coexistir en paz, armonía y sujeta a los cometidos de la justicia social, que pretenden no solo potenciar el desempeño individual sino colectivo que derive en la realización social plena de todos sin discriminación alguna.
En tal sentido, una política educativa con enfoque en la reivindicación de la inclusión social efectiva precisa la cooperación sinérgica de esfuerzos institucionales que logren operativizar la educación en ciudadanía global y la formación en derechos humanos, como ejes de una nueva transformación trascendental y sostenible, que le permita a la sociedad redimensionar la conciencia crítica que amplíe el compromiso común de adherirse al proyecto mundial de vivir en función de resguardar la dignidad humana, las libertades individuales y la capacidad de agencia que coadyuve en la configuración de espacios para la expresión de los pluralismos, las cosmovisiones múltiples y las pertenencias diversas que permean el planeta.
Este énfasis en la consolidación de una convivialidad integradora de la pluridiversidad humana sugiere actuaciones estratégicas que involucren la enseñanza de la moral universal como proceso del que posibilita la configuración del juicio ético, individual y colectivo, en torno a la construcción de condiciones de vida justas y equitativas, en las que todos, unidos por la convicción de habitar en un mundo mejor, alcancen reducir las implicaciones del individualismo, de las posiciones extremas y de los fundamentalismos que socio-histórica, cultural e ideológicamente han imposibilitado la emergencia de un estado de equilibrio funcional inclusivo, en el que todos, con independencia de su origen, alcancen a dialogar en la búsqueda de posibilidades para potenciar la convivencia racional; ideal que vehiculiza la disposición para actuar, pensar y participar de la vida en comunidad procurando beneficios que sumen al bienestar y la calidad de vida.
En tal sentido, la educación en ciudadanía global como programa de intervención en tiempos de incertidumbre e intolerancia, refiere a la oportunidad para materializar la convivencia democrática y la consolidación de la paz positiva, vértices sobre los cuales cimentar la construcción de sociedades plurales, dispuestas a acoger con disposición plena la diversidad, y comprometidas con la formación de vínculos sólidos que amplíen a quien se forma en el repertorio actitudinal para participar de la vida en comunidad, garantizando el desempeño autónomo del otro y alentando el manejo de las divergencias en el plano del pacifismo como el mecanismo que la humanidad requiere para superar las hostilidades, las disputas por razones históricas y culturales, así como los conflictos que han redundado en el distanciamiento pernicioso y excluyente.
Por consiguiente, la búsqueda del encuentro entre individuos y agrupaciones con pertenencias diferentes precisa la formación de actitudes de convivialidad y respeto, en la que predomine el diálogo significativo, constructivo y pacífico con la diversidad, con lo cual se pretenda de este modo encauzar esfuerzos democráticos que, fundados en el reconocimiento de los derechos humanos que le asisten a todo sujeto, supriman los efectos de la intolerancia, ampliando de este modo las posibilidades de reconciliación y participación dentro de la comunidad mundial; en estos términos, la educación en ciudadanía global se erige como una alternativa esperanzadora para reivindicar la vida armoniosa, en la que los multiculturalismos y los pluralismos logren el diálogo que, como parte de la comprensión profunda, permita establecer las directrices, los acuerdos de trato fundados en la reciprocidad y la configuración de una sociedad adherida al compromiso cívico de coexistir, articulando a la vida colectiva la praxis de valores universales que redimensionen las oportunidades de relacionamiento positivo fundado en la empatía, el altruismo y la solidaridad crítica.
Este proceder en función de la praxis de competencias sociales de manera implícita refiere a la praxis de una vida sustentada en el reconocimiento de los derechos humanos que le asisten a todo sujeto y que propician una convivialidad mediada por la convicción de resguardar la dignidad del otro, proceso que involucra la participación voluntaria y la apertura genuina que vehiculice la visión compartida de coexistir desde la interdependencia y la complementariedad, eslabones de los que depende la cohesión real como el estado dinámico que le otorga congruencia a los vínculos humanos, solidez funcional a las interacciones y la acogida incondicional.
En síntesis, la educación en ciudadanía global como proceso al servicio de la reivindicación de la coexistencia pacífica y armónica, y de la dignificación del género humano, se entiende como la manera de reiterar la adherencia de la sociedad a los principios democráticos, así como a valores universales que permitan a cada individuo autopercibirse como sujeto de derecho al que le asisten una serie de garantías que motiven a los Estados y organismos supranacionales a desplegar actuaciones estratégicas que, traducidas en políticas públicas educativas con enfoque inclusivo, refuercen el compromiso mundial de acoger al otro como un conciudadano, que además de gozar de un estatus legal le asiste la moral universal como condiciones fundamentales que justifican el ejercicio de su capacidad de agencia, así como de las libertades individuales de las que depende su desempeño autónomo, pleno y digno de todo ser humano.
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Recibido: 15-1-2024- Aceptado: 24-6-2025
* Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Licenciado en Educación y politólogo (Universidad de Los Andes). Magíster en Educación mención Orientación Educativa (Universidad Pedagógica Experimental Libertador) y Magíster en Educación mención Lectura y Escritura (Universidad de Los Andes). Doctor en Antropología (Universidad de Los Andes). Árbitro nacional e internacional en las áreas de educación, pedagogía crítica, lectura y escritura académicas, orientación y psicología general. Docente de Psicología General y Orientación Educativa, Universidad de Los Andes. Docente de planta del Programa de Actualización de Los Docentes (Universidad de Los Andes). Investigador Emérito reconocido por el Programa de Estímulo a la Investigación (P.E.I) y Programa de Estímulo a la Docencia (P.E.D). Venezuela.
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