Resumen

El propósito del presente artículo es visibilizar los derechos de las comunidades campesinas víctimas en el marco del conflicto armado en la subregión de Urabá (Colombia). En ese sentido, se propone desde la academia y desde la prevención y protección de los derechos humanos a escala regional levantar la voz, reconociendo y destacando el valioso papel de las comunidades campesinas en el marco del conflicto armado, en particular la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la cual se encuentra de modo persistente en un escenario de riesgo de vulneraciones a los derechos humanos, esta también aporta en forma paralela un legado de paz y resistencia no violenta. Convertida en un símbolo de esperanza, dicha comunidad ha demostrado que se puede resistir de forma pacífica a pesar de las circunstancias, subrayando su valentía y determinación por encontrar una solución pacífica a este conflicto.

Palabras clave: comunidad de paz de San José de Apartadó, conflicto armado, derechos humanos, prevención y protección, violencia

Abstract

The purpose of this article is to make visible the rights of peasant communities victimized by the armed conflict in the Urabá subregion of Colombia. From both an academic perspective and within the framework of human rights prevention and protection at the regional level, the article seeks to raise awareness of the valuable role played by these communities throughout the conflict. In particular, it highlights the Community of Peace of San José de Apartadó, which continues to face persistent risks of human rights violations while simultaneously contributing a legacy of peace and nonviolent resistance. As a symbol of hope, this community has demonstrated that peaceful resistance is possible even amid adverse circumstances, underscoring its courage and determination to pursue a peaceful resolution to the conflict.

Keywords: Community of Peace of San José de Apartadó, armed conflict, human rights, prevention and protection, violence

Resumo

O objetivo deste artigo é dar visibilidade aos direitos das comunidades camponesas vítimas do conflito armado na sub-região de Urabá, na Colômbia. Nesse sentido, propõe-se, a partir da academia e do enfoque da prevenção e proteção dos direitos humanos em âmbito regional, erguer a voz em reconhecimento e destaque ao valioso papel desempenhado por essas comunidades no contexto do conflito armado — em especial, pela Comunidade de Paz de San José de Apartadó, que se encontra persistentemente em situação de risco de violações de direitos humanos, mas que, paralelamente, tem contribuído com um legado de paz e resistência não violenta. Transformada em um símbolo de esperança, essa comunidade demonstrou ser possível resistir de forma pacífica, apesar das circunstâncias adversas, evidenciando sua coragem e determinação em buscar uma solução pacífica para o conflito.

Palavras-chave: Comunidade de Paz de San José de Apartadó, conflito armado, direitos humanos, prevenção e proteção, violência

El hombre moderno tiene la pretensión de pensar despierto. Pero este despierto pensamiento nos ha llevado por los corredores de una sinuosa pesadilla, en donde los espejos de la razón multiplican las cámaras de tortura. Al salir, acaso, descubriremos que habíamos soñado con los ojos abiertos y que los sueños de la razón son atroces. Quizá, entonces, empezaremos a sonar otra vez con los ojos cerrados.

Octavio Paz (1998, p. 89)

Introducción

Urabá es una región de Colombia de gran importancia geoestratégica para los grupos armados ilegales. Su ubicación geoestratégica y diversidad biológica le convierten en un punto clave para el tráfico de mercancías, armas, drogas e insumos químicos. Por esta condición es un corredor estratégico y zona de refugio que conecta el suroeste y el Bajo Cauca antioqueño, el valle del río Sinú y el nudo de Paramillo, con lo cual lo convierte, desde hace más de tres décadas, en uno de los epicentros de la confrontación armada, extendida a regiones cercanas, especialmente al Chocó (CIDH, 2013).

A lo largo de la historia, Urabá ha sido considerada una región muy importante por la riqueza natural de sus suelos, sus recursos naturales, su posición estratégica y el desarrollo de la agroindustria bananera durante las últimas décadas. En 1976, empezaron a aparecer en la región los grupos subversivos como las FARC y el EPL, los cuales encontraron un clima propicio para su accionar político y militar, se arraigó en los grupos campesinos y sindicales de la región. Es un hecho que los grupos armados ilegales han aprovechado esta región como corredor de movilidad, que las riberas de sus ríos son utilizadas por las organizaciones armadas ilegales para delinquir, y que el Darién es usado por estos grupos para tráfico de armas y drogas ilícitas (Defensoría del Pueblo, 2002).

En la década de los 60, la guerrilla inició su actividad en la región con la llegada de las FARC, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por otra parte, los grupos paramilitares comenzaron a operar en Urabá a partir de 1988, y se volvieron protagonistas de la vida pública a partir de 1994 con la creación de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) (Neumann Hernández, R. F., 2018). Estos grupos, en un fuerte confrontamiento, han buscado mantener su control en el territorio, adaptando su expansión según las condiciones del conflicto armado, en función de las alianzas, rivalidades y el manejo de actividades ilícitas como la extorsión, el narcotráfico y la minería, junto con sus objetivos estratégicos (CIDH, 2013).

Es una labor de la academia y de las autoridades concernidas que divulgan y promueven los derechos humanos en los territorios visibilizar los derechos de las comunidades campesinas víctimas en el marco del conflicto armado en la subregión de Urabá (Colombia). En ese sentido, se propone desde la prevención y protección de los derechos humanos levantar la voz, reconociendo y destacando el valioso papel de las comunidades campesinas en el marco del conflicto armado, en particular la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la cual se encuentra de modo persistente en un escenario de riesgo de vulneraciones a los derechos humanos (De Carvalho, E. F., 2018). Al dejar una referencia de alternativas para la construcción de la paz y la resistencia pacífica durante el conflicto armado, se convierte en un símbolo de esperanza en medio de unas circunstancias complejas en un entorno de violencia. Esto demuestra que es factible enfrentar este tipo de situaciones de manera pacífica y constructiva. Aunque no participen en los enfrentamientos armados, la comunidad soporta las consecuencias más graves del conflicto, lo que resalta su valentía y su voluntad de encontrar una solución mediante métodos pacíficos (Castilla y Nossa, 2017).

Comunidades campesinas víctimas en el marco del conflicto armado en Urabá (Colombia)

En 1996 y 1997, los grupos armados ilegales que delinquían en Urabá eran grupos de autodefensa (o paramilitares) conformados en “bloques” o “grupos” de las ACCU y guerrilleros, en especial del frente 57 de las FARC. Es también a partir de esa fecha que se habría “extendido” y agudizado el conflicto en la región, entre otros motivos, “con operativos militares de grandes proporciones que incluyeron bombardeos y que estuvieron orientados contra los frentes 57 y 34, sobre todo en el norte del departamento en los municipios de Riosucio, Unguía y Acandí” y con “la fuerte y cruenta incursión armada” y posterior consolidación de los grupos paramilitares (CIDH, 2013).

Restrepo, N. (2022) plantea que la presencia histórica de la guerrilla en el Bajo Atrato fue contrarrestada y disputada por los grupos paramilitares, provenientes en su gran mayoría del Urabá. A mediados de los 90, iniciaron sus primeras operaciones en un proceso de “pacificación” que permanece en la memoria de la población por la ola de terror y la destrucción del tejido social que lo acompañó y sus efectos en la organización comunitaria. A partir de 1996, las AUC lanzaron una ofensiva para tomar el control del Atrato, avanzando río arriba y generando un fuerte proceso de desplazamiento a partir de amenazas, intimidaciones, persecuciones, bloqueos económicos y asesinatos que impactaron a diversas comunidades en Riosucio, el río Cacarica y Curvaradó. Además, las “lealtades” emergieron como la condición necesaria para la permanencia de los habitantes en la zona, sin espacio para la neutralidad (CIDH, 2013).

Ante esta situación, la presencia de los actores armados ilegales, sumados “a la ausencia histórica del Estado en ciertas partes de la región”, permitió que el grupo armado dominante pretendería imponer a su antojo líneas de conducta en la población. Conforme a lo expuesto, la población afrocolombiana de la región tuvo que soportar en su territorio la presencia de diversos grupos armados al margen de la ley, acompañada de amenazas, asesinatos y desapariciones, que originaron su desplazamiento (CIDH, 2013).

La región fue el escenario de desplazamientos forzados a gran escala durante la segunda mitad de los años 1990. En 1997, más de quince mil personas fueron desplazadas de la región del Bajo Atrato. Para 2002, el desplazamiento masivo se intensificó, y en el Bajo Atrato, se generó una crisis humanitaria sostenida, sin precedentes en el país. Además de las continuas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de los grupos armados, las acciones violentas han impedido los procesos de retorno de las comunidades desplazadas del Bajo Atrato a sus territorios (CIDH, 2013).

El corregimiento de San José de Apartadó está situado en las proximidades de la Serranía de Abibe, limita al sur con el municipio de Carepa, al este con Tierralta (Córdoba), al norte con Turbo y al oeste con el municipio de Apartadó (incluyendo la zona urbana, la vía Panamericana y los corregimientos de Churidó y Puerto Girón). En esta área se encuentra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, una organización comunitaria fundada en marzo de 1997, integrada por varias familias ubicadas en las veredas Arenas Altas, La Unión, La Linda, La Cristalina, Mulatos Medio, La Esperanza, La Resbalosa y Alto Joaquín, esta última perteneciente al municipio de Tierralta, Córdoba (CIDH, 2013).

El territorio del corregimiento se caracteriza por su relieve montañoso y pequeños núcleos poblacionales dedicados a la agropecuaria de subsistencia y a la venta de excedentes de productos como cacao, maíz, ganadería y aprovechamiento forestal. En San José de Apartadó predominan los minifundios administrados por pequeños propietarios o poseedores, varios de los cuales impulsan una producción comunitaria promovida por la Comunidad de Paz, que busca fomentar modelos de autogestión como una forma de resistencia civil ante la violencia recurrente en la región (CIDH, 2013; Rivera García, J. L. 2020).

La comunidad de Paz de San José de Apartadó nació en 1997 como un esfuerzo para conseguir que los grupos armados respetaran a la población civil. De este modo, declaró de forma pública su neutralidad frente a todos los actores del conflicto, incluyendo a las fuerzas estatales. Esta postura se expresó por medio de una declaración pública respaldada y acompañada por representantes de la Iglesia Católica. Dentro de este grupo se adoptaron principios que buscan fortalecer los vínculos comunitarios y respetar normas internas que fomentan comportamientos y acciones colectivas orientadas a protegerse de los grupos armados. Es de subrayar que una de sus posiciones más polémicas ha sido expresamente su distanciamiento del Estado debido a la pérdida de confianza causada por masacres, atentados, desplazamientos, homicidios selectivos y bloqueos económicos sufridos (Rutas del Conflicto. 2025). Por ello, han rechazado la implementación de programas estatales y han buscado, con sus propios recursos y el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, acceder a servicios sociales básicos, lograr la autosuficiencia alimentaria, crear medios propios de comunicación radial y desarrollar plataformas digitales para difundir y denunciar los ataques que enfrentan como comunidad (Defensoría del Pueblo, 2020).

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, reconocida como un sujeto colectivo, cuenta con una protección especial expresamente establecida por la Corte Constitucional en las Sentencias T-1025 de 2007 y T-1025 de 2012, así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de múltiples resoluciones emitidas entre el año 2000 y 2017. Sus integrantes reciben acompañamiento humanitario de organizaciones internacionales, además del respaldo solidario y humanitario de entidades nacionales y de distintas partes del mundo (Mena Mena, É. J., 2012). No obstante, pese a estas garantías y apoyos, la población civil del corregimiento de San José de Apartadó continúa enfrentando situaciones que ponen en riesgo la violación de sus derechos humanos y la vulneración del derecho internacional humanitario (Defensoría del Pueblo, 2018).

Este escenario de riesgo de inminencia se genera a partir de la presencia militar y al control social y poblacional que ejerce el grupo armado ilegal posdesmovilización de las AUC: Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Por su ubicación geográfica, en uno de los brazos de la serranía de Abibe, que le permite desplazarse desde la serranía de Abibe hacia municipios de los departamentos de Córdoba y Antioquia, este último con el eje bananero y la salida al mar en el Golfo de Urabá, ha generado la disputa de los grupos armados ilegales por su control y así favorecer sus intereses económicos. Estas condiciones geográficas facilitan el tránsito para la comercialización de coca y oro tal como se ha documentado en los informes de riesgo y notas de seguimiento del sistema de alertas tempranas de la defensoría del pueblo (García & Patricia, 2019).

En la alerta temprana de inminencia N.° 048 de 2018, emitida por la Defensoría del Pueblo, se describe la grave situación de riesgo a que está expuesta la población civil que habita en las 32 veredas que conforman el Corregimiento de San José de Apartadó en el municipio de Apartadó (Antioquia), derivada del conflicto armado. En esta se indica que las personas que hacen parte de la Asociación Campesina de San José de Apartadó e integrantes de los partidos Políticos Unión Patriótica y el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, el comité de y para los derechos humanos de San José de Apartadó, así como las juntas de acción comunal y acompañantes humanitarios internacionales de defensoras y defensores de derechos humanos se encuentran en especial nivel de riesgo:

En el marco del análisis de la presencia estatal orientada a mitigar o disuadir el contexto de amenaza descrito, un primer aspecto que salta a la vista son las debilidades en materia de presencia de fuerza pública, la cual ha sido insuficiente para revertir la tendencia de dominio territorial de las AGC. Si bien se reportan capturas y golpes a los liderazgos de este tipo de estructuras a nivel regional, resulta preocupante la persistencia de retenes constantes, restricciones a la movilidad y presencia armada de este grupo, sin que las fuerzas estatales ejerzan un papel de disuasión efectivo (Defensoría del pueblo, 2018, p. 16).

De hecho, quien controle el territorio de San José de Apartadó tiene una ventaja militar comparativa para el dominio de la región. Esta situación hace que la población civil quede expuesta a un conflicto armado constante y a las demandas de la guerra, en medio de la cual, sus ciudadanos pierden capacidad de maniobra social, política y cultural, haciendo que la permanencia en el territorio se convierta en una quimera (Lopera, 2008).

Estos hechos se describen en la Alerta Temprana N.° 051-20 del 14 de diciembre de 2020 emitida por la Defensoría del Pueblo:

La región de Urabá como un escenario de luchas sociales históricas, gestadas en medio de un contexto de bajo acompañamiento institucional. Diversos grupos armados ilegales han buscado legitimar su existencia a partir de discursos, algunos amparados en la reivindicación de derechos sociales y otros justificando la defensa de la propiedad y la seguridad ciudadana. Sin embargo, más allá de los fines expresados por cada uno de ellos, su accionar armado ha significado para la población civil, la vulneración de sus derechos. Asimismo, su presencia en esta zona generó uno de los escenarios emblemáticos del conflicto armado colombiano, en lo que a graves atentados contra la población civil se refiere: las masacres fueron una parte importante del repertorio de violencia de los grupos ilegales parte del conflicto desde mediados de la década de los años 90 (Defensoría del Pueblo, 2018, pp. 7-8).

A principio de los años 70, esta zona fue dominada por las FARC-EP, quienes impusieron su autoridad armada sobre la población local. Posteriormente, el área se convirtió en una base operativa crucial para el Frente Quinto, que utilizó San José de Apartadó como retaguardia. En la mitad de los años 90 aparece el grupo armado Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), que empezó su labor de intimidación estigmatizando a la población civil, acusándola de tener vínculos con las FARC-EP y de estar apoyándolos, lo que sirvió de pretexto para generar un control territorial marcado por asesinatos selectivos, bloqueos de suministros básicos y confrontaciones armadas con la guerrilla, lo cual afectó la tranquilidad y calidad de vida de las comunidades rurales (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2023).

Frente a esta realidad, un grupo de campesinos se organizó para defender la comunidad de esta oleada de violencia y decidió adoptar una postura de neutralidad frente a todos los actores armados, incluido al Estado colombiano. Por consiguiente, en 1997, nace la Comunidad de Paz de San José de Apartadó como una respuesta a la crisis humanitaria que ya estaba enfrentando los problemas generados por desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y persecuciones (Comisión de la Verdad, 2019). Esta Comunidad se formaliza como una asociación campesina que buscaba la cohesión social y la defensa colectiva frente a la violencia, con lo cual rechazó de manera explícita la presencia de cualquier grupo armado en el territorio (International Nonviolence Institute, 2004).

A pesar de estos esfuerzos, la realidad de violencia siguió afectando a la Comunidad de Paz. En 2005, las veredas de Mulatos Medio y La Resbalosa registran masacres que dejaron múltiples víctimas de la Comunidad de Paz, incluyendo niños, con hechos atribuibles a miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en colaboración con la Brigada XVII del Ejército Nacional (Musol, 2023). Luego de la desmovilización de las AUC en 2005, en lugar de desaparecer, las tensiones territoriales continuaron entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las FARC-EP. Con la entrega de armas de las FARC-EP, las AGC aumentaron su control territorial, y obstaculizaron los procesos de atención humanitaria en la región y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz (Defensoría del Pueblo, 2020). De hecho, las AGC alcanzaron mayor presencia en la región y adquirieron una posición hegemónica que ha tenido efectos nocivos para el proceso de atención humanitaria en la región (Muñoz, 2017).

El contexto actual de la amenaza se caracteriza por la presencia permanente y marcado control territorial de miembros de las AGC, quienes a través de su accionar vienen generando atentados contra la vida, libertad, integridad y seguridad de la población del corregimiento de San José de Apartadó (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 9).

Es en este escenario donde el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos sirve de motivación para que los Estados adopten e implementen todas las medidas y definen los recursos necesarios para garantizar el ejercicio eficiente de los derechos constitucionales, en el mismo sentido en que son entendidos en el sistema regional de protección de derechos humanos, con lo cual se adoptan las medidas urgentes de prevención y protección para los habitantes en articulación con las entidades locales (Ventura-Robles, 2014).

Actualmente, la población civil de San José de Apartadó enfrenta un contexto de amenaza constante por parte de las AGC, quienes implementan una estrategia de guerra para controlar este territorio como corredor para el tráfico de drogas y armas. Si a esto se suma la desarticulación de los procesos asociativos y de resistencia civil creados por la comunidad como estrategia de supervivencia y autogestión ante estos escenarios generalizados de violencia; reclutamiento forzado de adolescentes y la vinculación de jóvenes y personas excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC-EP la continuidad de su neutralidad y por ello de la paz en la región se está afectando (Defensoría del Pueblo, 2020). La estigmatización y amenazas para los liderazgos sociales y las personas que ejercen funciones públicas generan riesgos para la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de miembros de organismos humanitarios y de derechos humanos que acompañan a las comunidades (Pérez, 2021).

Es necesario destacar y reconocer el rol como gestoras de paz de las comunidades campesinas en medio del conflicto armado, en especial en la Comunidad de Paz San José de Apartadó con su aporte valioso en la construcción de la región y del país del postacuerdo. Luego de 24 años de resistencia no violenta al desplazamiento forzado, a la guerra, es un ejemplo de cómo la afirmación de los mecanismos de organización cultural y social genera transformaciones positivas para la paz. El comprender cómo han hecho para organizarse como comunidad de paz y lograr su sostenimiento durante varios años, se constituyen una lección de vida que Urabá y Colombia tienen que conocer para seguir caminando en esa posibilidad de construir esa esperanza dentro de nuestra sociedad que está enmarcada por el postacuerdo.

En la actualidad, el corregimiento de San José de Apartadó y sus 32 veredas constituyentes de la Comunidad de Paz conviven con la persistencia de las situaciones de riesgo. Lo anterior, debido al contexto de amenaza derivado del accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, cuyas dinámicas de control territorial suponen una alta afectación individual y colectiva manifiesta en violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Este nivel de riesgo es mayor sobre los hombres adolescentes y jóvenes entre 14 y 29 años a causa del interés de los grupos armados ilegales para reclutarlos o utilizarlos en actividades ilícitas.

Echar una mirada de conjunto a esta historia lleva a descubrir los parámetros de una “democracia genocida” y a asistir a un proceso desagregado de genocidio, donde, a pesar de haberse identificado los responsables evidentes de los crímenes, bien sea por omisión o por dispersión de intereses, la impunidad ante estos crímenes permanece (Llanos, 2019).

Tampoco se puede desconocer que nuevos retos han ido naciendo en la comunidad, algunos de los cuales surgen de viejas deudas no saldadas por el Estado. Aunque aún es frágil la seguridad de la región por los múltiples intereses existentes, los distintos grupos humanos y organizaciones existentes se proponen nuevos objetivos, por un desarrollo social más equitativo (Parra & Gómez, 2018).

El propósito de derechos humanos para todos dispone de los mecanismos del sistema interamericano para alcanzar este objetivo. La experiencia regional y en particular la evidencia recogida sobre el caso de San José de Apartadó, requieren un mayor engranaje entre el discurso sobre los derechos humanos y su ejercicio a lo largo de la región, propiciando nuevos escenarios y no limitarse a los logros brindados hasta ahora (Organización de los Estados Americanos, 2024).

Las Comunidades de Paz son un esfuerzo por plantearse el tema de los derechos humanos desde relaciones objetivas, subjetivas y sociales. Son un espacio donde la dimensión ética es dominante y esencial. El enfoque ético está marcado por el valor de la justicia, es decir, que el accionar de la Comunidad de Paz está configurado desde una visión que abarca diversos aspectos, pero desde un sentido fuerte de justicia, que impregna lo político y lo jurídico. Antes que nada, este proceso ético de la justicia incide en la construcción simétrica de interlocución donde los que son afectados, desde su realidad concreta, entran a argumentar sobre y para esta realidad, y porque:

González et al., (2024) afirman que una ética fundada en la justicia es un recurso esencial para validar universalmente las normas que garantizan a cada individuo y a las comunidades el derecho igualitario a vivir una vida digna y auténtica. De igual forma, enfatizan en la necesidad de integrar estos valores éticos a las normas legales para fortalecer la cohesión social y garantizar una justicia efectiva.

La comunidad de Paz, como experiencia de resistencia civil, en procura de lograr ser reconocidos con dignidad por todas aquellas personas en medio del conflicto armado, subrayando que ellos, como comunidad, no participan de manera directa de las hostilidades, y en el cual son las principales víctimas.

Insistimos en que la academia, a escala regional, debe levantar su voz y reconocer el rol de las comunidades campesinas en medio del conflicto armado en San José de Apartadó, en especial la Comunidad de Paz San José de Apartadó en su aporte en la construcción de la paz en región y del país. Se hace necesario escuchar las verdades profundas y dolorosas realidades que describe la comunidad y valorar su aporte en la organización social de una sociedad en torno de un proyecto de paz. Es necesario valorar su capacidad como campesinos de organizarse como comunidad de paz y lograr su sostenimiento durante varios años de su autonomía en el territorio y de haber llegado a convertirse en esa voz que se ha levantado para demandar libertad y reivindicación de los campesinos frente a las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario de las cuales han sido y son objeto.

Es sumamente preocupante el escenario de riesgo descrito en el Informe de Seguimiento a 014-23 a la Alerta Temprana 051-20 por la Defensoría del Pueblo de Colombia para el corregimiento de San José de Apartadó, Apartadó, Antioquia y en específico de los miembros de la Comunidad de Paz, máxime cuando:

El 14 de diciembre del año 2020, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana n.º 051-20 para el corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia, debido a los riesgos de violaciones a los DD. HH y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que supone el dominio hegemónico y expansión territorial del grupo ilegal autodenominado AGC. Conforme lo dicho en la AT, tal control se ha reflejado en regulaciones a la libre movilidad, imposición de normas y conductas de comportamiento, instrumentalización de niños, niñas y adolescentes (NNA), homicidios selectivos, cooptación de los procesos organizativos y liderazgos comunitarios, entre otros (Defensoría del Pueblo, 2023, p. 2).

Es importante reiterar que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, por el solo hecho de ser reconocida como un sujeto colectivo, debe recibir una protección especial, tanto por parte de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencias T-1025 de 2007 y 2012), como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha emitido diversas resoluciones desde el año 2000 hasta 2017 que respaldan esta protección. De hecho, los integrantes de esta comunidad cuentan con el acompañamiento humanitario de organizaciones internacionales y el respaldo solidario y humanitario de entidades nacionales e internacionales (Bedoya Bedoya, M. R., 2025).

Se hace necesario que el Estado Colombiano impulse e implemente medidas de prevención, seguridad y protección para las personas defensoras de DD. HH., líderes y lideresas sociales, Miembros de la Comunidad de Paz y población general, sus organizaciones y colectivos. La coordinación en la respuesta estatal favorece la investigación efectiva y oportuna de los hechos y la activación de mecanismos de protección a favor de los miembros de la Comunidad de Paz y los demás habitantes del corregimiento de San José de Apartadó, enfatizando en los líderes, defensores de derechos humanos (de las 32 veredas), de modo que se garantice la presencia y acción oportuna de la fuerza pública en su tarea de impedir el accionar de grupos armados en contra de la población civil.

La obligación de investigar graves violaciones a los derechos humanos es uno de los deberes elementales del Estado para garantizar la tutela de los derechos fundamentales. La investigación judicial permite esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que generan responsabilidad estatal, lo cual constituye un paso necesario para el reconocimiento de la verdad por parte de los familiares de las víctimas y la sociedad, como el castigo de los responsables y el establecimiento de medidas que prevengan la repetición de las violaciones a los derechos humanos (Londoño, 2019).

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha logrado un reconocimiento por su acompañamiento a los campesinos de Urabá, subraya su respuesta al sufrimiento y al dolor humano que los actos violentos generan e invita a la autonomía de los territorios, a la materialización de los derechos y al respeto de la vida. Igualmente se han afirmado en su defensa del derecho al agua, a la salud, a la educación, a tener acceso a una reforma agraria y en esencia al respeto como seres humanos. Su esfuerzo por la custodia de la memoria, homenaje a sus mártires y muertos en los hechos atroces acaecidos en su comunidad, ha llevado al fortalecimiento de su voluntad como ciudadanía y comunidad a pesar del contexto del conflicto armado y a la presencia de actores armados que pretenden su debilitamiento (Burnyeat, 2022).

El estudio de los códigos territoriales y su evolución constituye un recurso de incalculable valor para analizar la realidad de Urabá y Colombia. Este conocimiento ha sido indispensable para impulsar la construcción de alternativas generadoras de esperanza y tejido social, en particular bajo los requerimientos del postacuerdo. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) se erige como soporte esencial para la gestión social y política de la región. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos ‒conocida como Pacto de San José‒contribuye a conformar “un régimen de libertades personales y justicia social”, y crea órganos dedicados a velar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados signatarios (Organización de los Estados Americanos, 1969, art. 33).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, responsable de la protección de los derechos fundamentales, actúa como mecanismo complementario para reforzar las jurisdicciones nacionales de los Estados asociados (Organización de los Estados Americanos, 1969, art. 62). La jurisprudencia de la corte ha sido fundamental para determinar el contenido y el alcance de las obligaciones estatales. Las comunidades afectadas por el conflicto armado, como la de San José de Apartadó, encuentran en el SIDH una herramienta vital de la defensa de sus derechos. Junto a esto, el mecanismo de peticiones individuales ante la Corte les permite a las víctimas el acceso a justicia y reparación a escala regional, tan pronto sean agotadas las vías internas y se examinen criterios como la admisibilidad, los plazos y la fundamentación jurídica de cada caso (CIDH, 2019).

Este sistema regional solo protege a las comunidades afectadas al mismo tiempo que impulsa la conformación de un orden jurídico continental orientado a consolidar la paz, la seguridad y el fortalecimiento de los derechos humanos fundamentales (CIDH, 1988, párr. 2), lo cual se constituye en un esfuerzo de esperanza para quienes se esfuerzan por la justicia y dignidad.

La obligación de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos es el eje central de la Convención Americana. En el artículo 1.1 se establece que los Estados Parte se comprometen a respetar los derechos reconocidos asegurando su ejercicio pleno y libre para toda persona bajo su jurisdicción. La CIDH ha aclarado que este deber de respetar los derechos le implica abstenerse de interferir en el goce de los derechos y se suma al deber de garantizar una acción positiva del aparato estatal para asegurar en el plano jurídico el pleno ejercicio de los derechos humanos que incluye prevención, investigación y sanción de las violaciones y reparación de sus efectos (CIDH, 1986).

La Constitución Política de 1991, al incorporar estas obligaciones, reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5) y establece la responsabilidad del Estado en casos de violación de derechos y libertades constitucionales (art. 90). Esto plantea la necesidad de proponer una actuación estatal efectiva, vigilada desde el ámbito nacional e internacional (Llopis, C., 2001).

A través de la resistencia no violenta y la búsqueda de protección internacional, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha demostrado una resistencia y compromiso para enfrentar las dificultades y ha mantenido desde su fundación en 1997, manteniendo una postura de neutralidad frente al conflicto y promoviendo un modelo alternativo de convivencia basado en la paz y la autodeterminación (Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 2005). Este proceso ha permitido la visibilización de su crítica situación y ha obtenido medidas provisionales que ordenan al Estado colombiano, en aras de que adopte acciones concretas para proteger la vida e integridad de sus miembros (CIDH, 2023).

La historia política y social de San José de Apartadó está marcada por décadas de conflicto armado, durante los que la población civil ha padecido desplazamientos forzados, masacres y violaciones masivas de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (CNMH, 2018). Sin embargo, aunque varias organizaciones internacionales han documentado la ineficacia en la implementación de las medidas de protección, continúa la estigmatización constante por parte de actores estatales y no estatales, y episodios recurrentes de violencia que amenazan su supervivencia (Amnistía Internacional, 2022).

A pesar de los avances del proceso de paz, la presencia de grupos armados en la región, tales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), siguen siendo una amenaza grave para la tranquilidad de la población civil, en especial para líderes sociales, defensores de derechos humanos y jóvenes en riesgo de reclutamiento (Indepaz, 2023). La necesidad de solidaridad con el respeto a los derechos humanos y la implementación de soluciones integrales son fundamentales para superar los desafíos y avanzar hacia un futuro más seguro y justo (ACNUR, 1990). Esta situación hace imperativo que el Estado colombiano y la sociedad en general reconozcan la urgencia de apoyar y proteger de modo efectico a la Comunidad de San José de Apartadó como ejemplo de su lucha pacífica por la justicia y la dignidad que se constituye un legado invaluable para la construcción de paz en el país.

A pesar de lo anterior, persisten amenazas graves que exigen una atención constante y reforzada por parte del Estado colombiano y la comunidad internacional. Esto hace indispensable el mantenimiento de medidas ya adoptadas e implementar aquellas que sean necesarias y culturalmente pertinentes para garantizar en efecto la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad (CIDH, 2023). Se requiere investigar los hechos recientes ocurridos en el territorio para que se proceda a la adopción de medidas orientadas a identificar a los responsables e imponer las sanciones correspondientes.

En este escenario, resulta crucial que la academia regional alce su voz para promover el reconocimiento del papel de las comunidades campesinas ‒en particular, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó‒ como actores esenciales para la construcción de la paz en la región y fortalecer la resistencia no violenta (Oliveros, et al., 2023). Sus experiencias y aprendizajes son referentes para la búsqueda de la reconciliación, la justicia y la edificación de un futuro en paz en la región y el país.

Para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral es necesario insistir en el cumplimiento de la obligación internacional de investigar en el plano judicial las violaciones de derechos humanos para esclarecer la verdad, sancionar a los responsables, reparar de modo íntegro a las víctimas e implementar medidas que eviten la repetición de estos crímenes CID (2021).

Albert Camus afirma que nuestra justificación radica en hablar por quienes no pueden hacerlo (Camus, 2021, p. 32). La historia de San José de Apartadó subraya la necesidad de amplificar las voces de quienes han sufrido en silencio y han resistido con valentía. En medio del conflicto, esta comunidad nos indica el camino de la esperanza, la resistencia pacífica y la transformación económica y social hacia una paz auténtica (Fernández, F. V., 2018).

Estas comunidades son la expresión del esfuerzo de las personas por establecer relaciones orientadas por principios éticos y morales donde la justicia surge del reconocimiento de los horrores de la guerra, de la destrucción del tejido social y de la obligación de evitar futuros atentados y lograr la convivencia pacífica. Desde una perspectiva comunitaria, la protección y seguridad de esta Comunidad de Paz es fundamental como propuesta para construir una realidad basada en la coexistencia armoniosa, la memoria colectiva, la acción política desde el respeto, el orden jurídico alternativo y un sentido de comunidad comprometido con la acción solidaria (Oliveros, et al., 2023). La afirmación de la memoria se convierte en un componente esencial de la reconstrucción colectiva de la historia y de rechazo a la normalización de los crímenes cometidos. Su preservación es vital para impedir la repetición de la violencia y proteger la dignidad humana (Uprimny & Lasso, 2006).

Conclusión

En el ámbito político, la comunidad requiere asumir la autorregulación y representación de sus miembros, yendo más allá de las estructuras tradicionales de poder, mediante la promoción de una participación inclusiva y deliberativa (Comunidad de Paz, 2005). El rechazo a la corrupción, el diálogo entre diferentes y la concertación de las decisiones es el eje que garantiza la credibilidad del proceso.

En lo jurídico, la Comunidad de Paz constituye una visión alternativa donde las normas surgen del consenso y el diálogo, y no de la imposición de una autoridad externa a las dinámicas locales. La autorregulación y la búsqueda de justicia restaurativa son esenciales para reparar los crímenes del pasado y ofrecer una reparación integral a las víctimas (Buitrago & Torres, 2025). También, es esencial la protección de esta comunidad en una propuesta ética de justicia que integra la memoria histórica con la realidad, transformando la lógica del conflicto y orientando los esfuerzos en la búsqueda colectiva y activa de una paz fundada en la convivencia, el respeto y la solidaridad (Ayala Corao, C., 2000).

Como lo expresan sus propios integrantes, la Comunidad de Paz es una experiencia de resistencia civil cuyo objetivo central ha sido recuperar la dignidad de las personas que se ven atrapadas en el conflicto armado y que deciden no participar en las hostilidades, incluso bajo la mayor presión, convirtiéndose en un ejemplo de no violencia y valentía frente a la adversidad (Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 2020).

Esta comunidad se distingue por su decisión de no participar en las hostilidades incluso bajo la mayor presión, por lo tanto, es un referente de formas para enfrentar el conflicto armado, demostrando que es posible resistir de manera pacífica y constructiva, gestando formas innovadoras de intercambio social. Esta actitud no solo rompe el ciclo de violencia, sino que reafirma la importancia de la dignidad humana y la preservación de los valores fundamentales, con lo cual se erige como una voz colectiva que rechaza categóricamente la espiral destructiva de la guerra (Cubides Cárdenas, J., Barreto Cifuentes, P. A., Castro Buitrago, C. E., Castro Ortiz, J., Chacón Triana, N., Garay Acevedo, C. P. y Rodríguez Bejarano, C., 2017).

En el plano jurídico, la verdad se constituye en eje fundamental para el reconocimiento y la imputación de responsabilidades frente a conductas despóticas ejercidas contra víctimas de la violencia y su frecuente revictimización. Este enfoque se encuentra en la idea de que, como señaló Foucault (1998), en las manifestaciones más extremas del poder se requiere del acto de la confesión para materializarse plenamente: “La más desarmada ternura, así como el más sangriento de los poderes, necesitan la confesión” (p. 37).

En este sentido, la verdad implica la honestidad, el reconocimiento de la culpa y la manifestación de un arrepentimiento genuino (verdad, justicia, reparación y no repetición). La ausencia de este elemento convierte cualquier intento de reivindicación en un ejercicio vacío y carente de sentido, lo cual desvirtúa su propósito y contraviene el camino hacia la paz. La reparación, supeditada a la verdad, permite la restitución de la dignidad de las víctimas y el reconocimiento de sus esfuerzos por ser alternativas de diálogo y concertación, por esta vía se permite que la memoria de los fallecidos no que quede en la sombra, sino que emerja como referente de transformación social.

La negación de los actos cometidos y la ocultación de la verdad representan, en sí mismas, una forma de violencia continuada, una forma de revictimización. Esta situación impide, entre otras cosas, la elaboración del duelo por parte de los familiares y vulnera el derecho de las víctimas y sus seres queridos a conocer el destino de sus allegados, de este modo se rompen las dinámicas sociales y culturales, y se coarta el respeto a la memoria de la arbitrariedad cometida, con lo cual se perpetúa la opresión a través del silencio y la indiferencia institucional.

La indiferencia estatal configura uno de los grandes dilemas éticos y jurídicos más delicados de la historia de violencia en el país. La inobservancia y omisión de su responsabilidad por parte de las entidades encargadas de proteger a comunidades en situación de vulnerabilidad agrava la desprotección de estas. Esta situación se agrava cuando no hay defensa efectiva de los derechos humanos, cuando no se hace justicia efectiva y cuando se impide honrar la memoria de las víctimas, cuando no se previenen masacres a pesar de las alertas tempranas y cuando se revictimiza mediante el olvido y la estigmatización. La indiferencia y la exclusión representan la negación misma de los principios morales que deberían regir un Estado Social de Derecho.

Frente a este panorama resulta imperativo avanzar en la implementación de estrategias de educación en y para los derechos humanos. El objetivo primordial del Estado debe ser el fortalecimiento de los mecanismos humanitarios en el territorio, promoviendo una colaboración armónica entre los diversos actores sociales e institucionales para garantizar el rol de las autoridades locales y su debida coordinación con las entidades regionales, departamentales y nacionales. Esta línea de acción ha sido priorizada en instrumentos como el Decálogo para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en Colombia que responde a la creciente violencia, enfocado en los territorios más afectados y fortaleciendo las garantías y la protección para líderes sociales, comunidades campesinas y defensores de derechos humanos.

Si no hay verdad, no puede haber justicia. Sin justicia, no se puede aspirar a una paz estable y duradera. La verdad es el fundamento sobre el cual se construye la reparación integral y el acto último de respeto que el victimario puede, y debe, ofrecer a sus víctimas.

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