 |
Revista Latinoamericana de Derechos Humanos Número monográfico extraordinario 2016. Tendencias de las migraciones (EISSN: 2215-4221) URL: http://www.revistas.una.ac.cr/derechoshumanos Doi: http://dx.doi.org/10.15359/rldh.extraordinario2016.6 Páginas de la 169 a la 193 del documento impreso Recibido: 25/2/2016 • Aceptado: 15/9/2016 |
La reforma migratoria en Estados Unidos: Perspectivas de cambio y continuidad1
Migration Reform in the United States: Perspectives of Change and Continuity
A reforma da imigração nos Estados Unidos: Perspectivas de mudança e continuidade
Marco Vinicio Méndez Coto2
Resumen
El artículo plantea un análisis de la migración desde la óptica de la seguridad, tal como ha sido abordada por países como Estados Unidos, receptores, principalmente, de migración internacional y en el marco del terrorismo y la prevención en el que se encuentra inmersa la comunidad internacional. La complejidad del fenómeno migratorio impacta con cambios en la política interna estadounidense y genera transformaciones del sistema migratorio que se evidencias en algunos aspectos como los contemplados en el proyecto de ley S 744 “Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización de la Inmigración” impulsado por Presidente Barack Obama. Este apartado explica el proceso de cambio en el panorama político electoral estadounidense a partir de las elecciones del año 2008; el papel que ha tenido América Latina en la política exterior de las administraciones Obama; el peso electoral creciente de la población de origen hispano en Estados Unidos; la situación actual de la población inmigrante en situación administrativa irregular y el contexto en que se encuentra el proyecto en el marco del sistema político norteamericano.
Palabras clave: migración, Estados Unidos, transformaciones políticas, política migratoria.
Abstract
The article proposes an analysis of migration from the perspective of security (as it has been addressed by countries such as the United States mainly receiving international immigrants), and within the terrorism and the prevention context in which the international community is. The complexity of the migration issue has an impact on changes in the United States internal policy and generates transformations in the immigration system. These transformations appear in certain aspects like those contemplated in the Border Security, Economic Opportunity, and Immigration Modernization Bill (S.744) which was promoted by the President Obama. This section explains the process of change in the American political and electoral panorama since 2008 elections, the Latin America role in the foreign policy of Obama’s administration, the growing electoral power of Hispanic descendant population in the United States, the current situation of the immigrant population in an irregular administrative situation, and the current context of the bill within the American political system.
Keywords: migration, United States, political transformations, migration policy.
Resumo
Este artigo apresenta uma análise da imigração do ponto de vista da segurança, da mesma forma que foi abordada por países como os Estados Unidos, receptores, principalmente, a imigração internacional e no contexto do terrorismo e prevenção na qual a comunidade internacional está envolvida. A complexidade do fenómeno da imigração impacta e provoca mudancas na política dos Estados Unidos, gerando mudanças no sistema de imigração que se torna evidente em alguns aspectos, como por exemplo, os que estão contemplados projeto de lei S 744 “Segurança de fronteiras, oportunidade econômica e Modernização da imigração” impulsionado pelo presidente Barack Obama. Esta sessão explica o processo de mudança no cenário político eleitoral americano a partir das eleições de 2008, o papel desempenhado pela América Latina na política externa da administraçao Obama, a crescente influência eleitoral da população de origem hispânica nos Estados Unidos, a situação atual de imigrantes em uma situação irregular e o contexto no qual o projeto está localizado dentro do sistema político americano.
Palavras-chave: imigração, Estados Unidos, mudanças políticas, política de imigração.
La agenda política entre Estados Unidos y América Latina continúa siendo definida por tres grandes temas: el comercio, la seguridad y las migraciones. Si bien no resulta difícil hablar de la existencia de una “política de Estado” sobre el abordaje que cada administración estadounidense imprime a estos tópicos (Domínguez, 2010), hay suficiente consenso en la región para comprender que la dinámica histórica, los valores y las preocupaciones comunes continúan gravitando sobre ellos.
A partir del 11 de setiembre de 2001 la balanza con la que se equilibraba dicha agenda cambió, el terrorismo internacional, como fenómeno político y como amenaza concreta, se posicionó en el núcleo de la política exterior estadounidense, relegando los temas comerciales y migratorios a un segundo plano. Lo mismo ocurrió con América Latina.
Este punto de inflexión es fundamental para conocer la nueva política belicista que se ensayará durante las Administraciones de George W. Bush mediante la Guerra Global contra el Terrorismo, además definió la mirada con la que se examinará la agenda regional: el fenómeno migratorio se enmarcará en la lógica de la seguridad nacional y, consecuentemente, a la persona migrante se le verá como una amenaza en potencia (Tuirán, 2006).
Esta definición del sujeto migrante como amenaza se edificará sobre una serie de leyes y reglamentos, que se sustentan en el Acta Patriota de 2001 y la estrategia de seguridad nacional y defensa derivadas (González, 2009), lo que, azuzado por un creciente temor hacia la otredad, se plasmará en procesos de exclusión y de discriminación (Verea, 2012), muchos de ellos legitimados por autoridades políticas (Herrera, González & Rocha, 2009 y Hasting, 2013) e incluso en investigaciones sociales: la “amenaza hispana” sostenida por Huntington (2004).
La agenda migratoria regional naturalmente se ve encauzada por el rol que históricamente ha tenido Estados Unidos como país receptor de migrantes. Ello ha presionado en distintos momentos a la revisión de la arquitectura legal e institucional en la temática, con el sentido de generar mayores garantías a sectores de la población que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad como las personas migrantes en condición irregular y menores de edad; además de buscar la promoción del orden en el flujo migratorio, cumplir con estándares de derechos humanos y tener reglas más claras que beneficien la economía.
Uno de esos momentos consistió precisamente en el año 2001, cuando en el nivel bilateral México-Estados Unidos se preveían discusiones de alto nivel para mejorar la coordinación y la cooperación en materia migratoria, incluida una posible reforma, la cual quedó relegada después de los atentados terroristas (Hasting, 2013; Li & Ordaz, 2003; Tuirán, 2006). A partir de ese momento se hablará de que, por el contrario, “durante las dos administraciones de George W. Bush, prácticamente no hubo ningún avance” siendo más bien que “la mayor parte de las leyes aprobadas en esos ocho años relativas a fronteras y migración han sido de carácter restrictivo” (Herrera, González & Rocha, 2009, p. 376).
Como se palpa, el fenómeno migratorio es complejo, tal como lo es la transformación y el cambio en la política interna estadounidense, particularmente en temas de carácter “interméstico”, es decir, aquellos que por su interdependencia tienen consecuencias de política doméstica y exterior, y viceversa, tal como ocurre con lo referido a la legislación sobre drogas, el uso de armas convencionales y, en este caso, las migraciones.
Para dar cuenta de la dinámica que determina las posibles transformaciones del sistema migratorio estadounidense, actualmente mediante el proyecto de ley S 744 “Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización de la Inmigración” impulsado por Presidente Barack Obama, este apartado explica el proceso de cambio en el panorama político electoral estadounidense a partir de las elecciones del año 2008; el papel que ha tenido América Latina en la política exterior de las administraciones Obama; el peso electoral creciente de la población de origen hispano en Estados Unidos; la situación actual de la población inmigrante en situación administrativa irregular y el contexto en que se encuentra el proyecto en el marco del sistema político norteamericano.
I. Bush y el “cambio” en la política estadounidense
La política exterior estadounidense durante las dos administraciones Bush (2001-2009) se caracterizó por el énfasis puesto en el sector militar y la seguridad nacional. Los ataques terroristas del 11 de setiembre hicieron sucumbir toda la agenda de política exterior a la prevención de un nuevo ataque, ello no solamente se tradujo en amplias restricciones a la inmigración a nivel doméstico, sino que a nivel externo fue acicate para la política belicista implementada por Estados Unidos durante esos años, incluyendo la ilegal invasión a Irak, con el pretexto de la existencia de armas de destrucción masiva, y la invasión de Afganistán.
Este auge de las políticas intervencionistas estadounidenses se dio en el marco de una transición del poder mundial, de la cual estimaban Estados Unidos como primera superpotencia tendría capacidad para resolver escenarios bélicos en regiones distantes sin mayores desafíos. Este error de juicio, motivado además por el creciente peso que tomaban los sectores neoconservadores, llevo al país a invasiones desgastantes que se prolongaron por una década y socavaron la imagen internacional norteamericana.
Frente a las invasiones y las injusticias denunciadas por activistas así como diversas filtraciones en redes sociales, se generó lo que se denominaría como el “sentimiento global antiestadounidense”, es decir, a nivel internacional, principalmente en el Medio Oriente pero también en Occidente, se reconocía la política exterior estadounidense como ilegitima y, en consecuencia, su prestigio y su arsenal político diplomático se veía limitado por la desaprobación de importantes socios estratégicos, así como de las sociedades nacionales que crecientemente influyen en la política exterior (Goldsmith & Horiuchi, 2012 y Hayden, 2012).
La tesis estadounidense de que el terrorismo se iba a prevenir mediante la promoción del libre mercado y la democracia plebiscitaria resultó contraproducente; por el contrario, se demostró que el terrorismo no es un producto de políticas y sistemas económicos “anti-liberales”, sino más bien se vincula con “la población, la estabilidad política y factores demográficos y religiosos” (Piazza, 2008, p. 13). En esa lógica, Krueger & Maleckova encontraron “gran incidencia de terrorismo internacional cuando las personas de un país desaprueban el liderazgo de otro país” (2009, p. 1534), por lo que las acciones llevadas a cabo, ejemplificado en el Centro de Detenciones de Guantánamo, más bien empezaron a constituir una amenaza para Estados Unidos, al incrementar la disidencia y oposición (Méndez, 2012).
Desde el punto de vista de las migraciones, esta política exterior ilegítima se complementó con la persecución y acoso a las personas migrantes, de las cuales un porcentaje significativo son latinoamericanas. En palabras de Hasting, los gobiernos de Bush intensificaron “programas federales de colaboración con gobiernos estatales que alimentaron una maquinaria de deportaciones que [sumaron] más de un millón y medio de personas” (Hasting, 2013, p. 9).
Desde el punto de vista de los gobiernos estatales, como señalaron Herrera, González & Rocha, el colapso del debate en el Congreso después del 11-S no fue razón para que dejaran de adoptar medidas y se diera un aumento progresivo en las leyes y resoluciones aprobadas a nivel estatal que trataban sobre el tema migratorio. Para 2009 los autores consideraban que “la mayor parte de estas leyes era de carácter restrictivo” (2009, p. 388).
Como refleja la figura 1, entre 2005 a 2008 se aprobaron 562 leyes y resoluciones (II administración Bush); entre 2009 y 2012 se aprobaron 1252 (I administración Obama), y entre 2013 y 2014 se aprobaron 666. La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales considera que, desde 2007, en promedio 1.300 iniciativas son introducidas cada año y 200 leyes [en materia migratoria] son aprobadas” (2013).
Figura 1.
Leyes y resoluciones aprobadas a nivel estatal, 2005-2014.
Elaboración propia a partir de National Conference of State Legislatures, 2013.
Dentro de estas leyes estatales se encuentran desde penalizaciones a entes empleadores de inmigrantes en condición irregular, hasta la construcción de barreras fronterizas, así como la permisión para detener y solicitar documentos a personas “sospechosas” de ser inmigrantes en condición administrativa irregular. Evidentemente, el acoso que se deriva de las legislaturas locales motivó sentimientos xenofóbicos (Verea, 2012), además de amenazar la calidad de vida de las personas inmigrantes que sí se encontraban con permisos de residencia o de trabajo, o bien, a las nacionales hijos o hijas de inmigrantes (Li & Ordaz, 2013).
La creciente disconformidad nacional e internacional con las políticas doméstica y exterior implementadas en la era Bush dieron la oportunidad para buscar un “cambio” en los comicios de 2008. En ese momento ambos contendientes, tanto McCain como Obama, señalaban su interés por transformar la política estadounidense. En términos de los asuntos exteriores, ambos buscaban limitar la participación y cerrar los frentes bélicos abiertos en Medio Oriente; respecto de la agenda doméstica y el tema migratorio, a pesar de las desavenencias entre ambos, Obama “había ofrecido… gestionar una reforma migratoria que regularizara a un número significativo de inmigrantes indocumentados” (Novelo, 2014, p. 4), lo que movió apoyos y una esperanza de nuevas oportunidades.
Ese tipo de promesas presidenciales, el contexto nacional e internacional, así como el deseo de mejorar las condiciones de las personas inmigrantes en Estados Unidos hicieron que en el extranjero la confianza que se tenía en el presidente dieran un salto cualitativo. Al consultarse a personas en México y Argentina sobre: ¿cuánto confía usted en el presidente de Estados Unidos? Se evidencia cómo la confianza en Bush (2007 y 2008) se ubicaba entre los 5 y 28 puntos, un año después, con la reciente elección de Obama, aumentó entre 55 y 61 para el año del primer mandato, como refleja la figura 2.
Figura 2.
Confianza en el Presidente de Estados Unidos, 2007-2014.
Elaboración propia a partir de Pew Global Research, 2014.
Como concluye Prado, “no hay duda que la expectativa de cambio fue fundamental en el triunfo del candidato Demócrata. Las críticas sobre la gestión de su antecesor contribuyeron a este apetito de reformas domésticas y en política internacional” (2014, p. 14).
II. El tema migratorio durante las administraciones Obama
Para comprender los cambios en la legislación y la coyuntura migratoria en Estado Unidos, diversos estudios sociales proponen una periodización de cinco fases a partir de 1900, con una duración aproximada entre 20 a 22 años para cada una de ellas. Según Novelo, la primera consistió en la fase del enganche (1900-1920); la segunda fue la fase de las deportaciones (1924-1939); la tercera fase se enmarcó en el programa braceros (1940-1967), la cuarta se denominó la era de los indocumentados (1965-1986), y la última se ha llamado la fase de los clandestinos, a partir de la última reforma migratoria de 1987 (Inmigration Reform and Control Act) (2014, pp. 10-11). Las dos últimas fases se caracterizan por la institucionalización de la frontera y la aplicación de sanciones a los entes empleadores.
El punto de inflexión que marca el paso entre la cuarta y la quinta fase consiste en la última reforma migratoria realizada en Estados Unidos. Este hito conllevó una readecuación de la arquitectura institucional, así como la regularización de una importante cantidad de personas (aproximadamente tres millones). En esa lógica, se esperaba una reforma migratoria durante la administración Bush, la cual tuvo dos intentos fallidos tanto en 2001 como entre 2005 y 2007 (Grossman, 2014), en el marco de las políticas de seguridad nacional.
Para las presidenciales del 2008, Obama tuvo una propuesta concreta en el tema migratorio compuesta por cinco ejes, a saber:
A partir de la promesa de Obama por realizar una reforma migratoria, las comunidades “minoritarias” -incluyendo las latinas- dieron gran soporte a su causa. Tal es así que autores como Marco & Rubio (2013) plantean la idea de que está ocurriendo una transición del enfoque de seguridad (con Bush) hacia la diversidad cultural (con Obama).
Debe destacarse que la propuesta de Obama para su primer mandato fue una combinación de medidas pro-inmigrante, pero también de medidas restrictivas, por ende, se comparte la afirmación de Whitehead & Nolte, en el sentido de que “las esperanzas iniciales fueron demasiado altas” (2012, p. 2); sin embargo, también ha demostrado cierta capacidad para compatibilizar visiones enfrentadas sobre el tema migratorio (Grossman, 2013, p. 228) mediante acciones ejecutivas, que en 2015, con la pérdida de ambas cámaras del Congreso, son crecientemente cuestionadas.
Para evidenciar que las expectativas de cambio entre las administraciones Bush y Obama no han sido tan profundas como se esperaba, sino que, por el contrario, persisten importantes continuidades, la figura 1 reflejó el aumento progresivo de las leyes y resoluciones estatales en materia migratoria, entre las cuales se incluye la Ley SB 1070 del Estado de Arizona -impulsada por sectores conservadores e impugnada en Tribunales Federales-, caracterizada por la persecución y conculcación de derechos para la comunidad migrante y la ola de temor promovida desde su promulgación.
En esta misma línea de las continuidades en la política migratoria se tiene la figura 3. En Estados Unidos se utiliza una terminología diferente a la costarricense, de esta forma las “remociones” incluyen las deportaciones y las expulsiones, cuyas características consisten en provenir mediante una orden de un juez o jueza y responder a una sanción administrativa (en caso de violentar los procedimientos para estar legalmente en el país) o de una sanción penal, ante la comisión de un delito. Por su parte, los “retornos” se asemejan a los rechazos, en la medida de que estos carecen de la orden judicial e implican la devolución de una persona considerada inadmisible.
Figura 3.
Aprehensiones, deportaciones y expulsiones y rechazos en Estados Unidos, 2001-2013
Elaboración propia a partir de U.S. Department of Homeland Security, 2014.
A partir de lo anterior se encuentra que, entre las administraciones Bush (2001-2008) y Obama, ha habido una merma significativa de las aprehensiones y los rechazos, no obstante, en lo que compete a las deportaciones y expulsiones (removals) se encuentra que estas han continuado creciendo de forma progresiva. Por ejemplo, entre 2008 y 2009 se dio un incremento del 10%.
Al contabilizar las deportaciones y las expulsiones se socava una imagen que pareciera persistir en la opinión pública internacional, pues comparativamente, la primera administración Obama expelió más personas que la segunda administración Bush, caracterizada como una de las más agresivas en contra de la población migrante. Como refleja la figura 4 (pág. 178), durante la primera administración Bush se “removieron” aproximadamente 806.000 personas, en la segunda administración Bush fueron 1.207.000, mientras que en la primera gestión de Barack Obama la cifra fue de 1.579.000 personas.
Sumando las personas expulsadas y deportadas por cada presidente, se encuentra que en las dos gestiones de Clinton la suma fue de 869.000 personas, durante los dos períodos de Bush la cifra fue de 2.012.000 de personas, duplicando a su predecesor; mientras que Obama sumando su primer período y el primer año del segundo (2013) alcanza la cifra de 2.018.000 personas. Si la tendencia continua es posible que Obama para el 2017 duplique a su predecesor.
Figura 4.
Personas expulsadas y deportadas (removals) y rechazos (returns) por períodos presidenciales en Estados Unidos, 1993-2013.
Elaboración propia a partir de U.S. Department of Homeland Security, 2014.
Obama, en las postrimerías de las presidenciales de 2012, renovó su compromiso con la reforma migratoria y tomó medidas administrativas para, por una parte, liberar presión sobre el sistema migratorio y su agenda, y por otra, recuperar terreno en el favorecimiento del voto latino a su causa (CNBC, 2012; Schmidt, 2009), pues se consideró que existían grandes decepciones en la comunidad vistos los resultados migratorios (NPR, 2012).
Debe afirmarse que la administración demócrata no prestó gran relevancia a la agenda latinoamericana durante ese primer mandato (2009-2013), incluyendo el tema de las migraciones. Siguiendo a Whitehead & Nolte, resulta verdad que la región claramente se ubicó en la parte más baja de las prioridades políticas, pues “los retos domésticos y económicos sin duda tuvieron más peso que las preocupaciones de política exterior” (2012, p. 5). Para Domínguez, de igual forma el tema migratorio “ha sido un asunto secundario al rescate del sistema financiero, la reactivación económica y la adopción de una política de salud” (2010, p. 256), por lo que para el segundo mandato tampoco se han hallado “aspectos particulares o sustantivos para la región” (Prado, 2014, p. 40), menos aún con el Congreso bajo dominio republicano.
Una explicación a este desinterés en la agenda latinoamericana se debió a las “enormes dificultades que ha tenido con la reforma de salud y la pérdida de capital político” (Schmidt, 2009), pues “el Presidente se enfrentó a una oposición feroz contra sus reformas al sistema de salud, y a un clima interno profundamente polarizado que redujo su espacio de maniobra en temas periféricos” (Whitehead & Nolte, 2012, p. 2), frente al cual el migratorio “ha mostrado ser uno de los más complejos al momento de legislar, por la diversidad de actores involucrados y por ser un tema que requiere mucho capital político pero genera pocos votos” (Herrera, González & Rocha, 2009, p. 372).
Frente al costo de priorizar un tema complejo en una agenda doméstica claramente adversada, y la posibilidad de socavar apoyos para el segundo y último período, se encuentra el contexto para la escasa relevancia brindada al fenómeno migratorio, que sin embargo continuó signado por las medidas restrictivas enarboladas desde las normativas estatales y locales precedentes. Dentro de esas medidas restrictivas se continuó el reforzamiento de fronteras por medios físicos y policiales que “ha tenido como efectos inmediatos el incremento del costo de los cruces, aumento de las muertes en la frontera, el incremento del número de deportados y disminución de la intensidad de los cruces” (Moreno, 2013, p. 7), que se traduce en un efecto perverso, pues “…al desviar el flujo indocumentado hacia rutas remotas y peligrosas” (Tuirán, 2006, p. 167) se provocan muertes, aumento del coyotaje, de la inseguridad y de la corrupción.
En el contexto de las presidenciales del año 2012, Obama se enfrentó a Mitt Romney. Desde el punto de vista de las agendas, como se indicó, Obama retomó la postura prorreforma migratoria, la toma de acciones ejecutivas para evitar la deportación de personas menores de edad (dreamers), además de su aval para la legalización y eventual ciudadanía de las personas migrantes que cumplieran ciertos requisitos establecidos por ley (CNBC, 2012), adversadas desde el Congreso por los grupos republicanos con más fuerza desde 2015.
Por su parte, el Partido Republicano, representado por Romney, prometió hacer de la estadía del migrante en suelo estadounidense tan miserables que deseen “auto-deportarse” (Pelberg, 2012), vetar legislación que dé garantías a “ilegales” y luchar contra una eventual “amnistía” (calificación dada por los sectores conservadores a la última reforma de 1987 y a cualquier intento de regularizar a personas migrantes); con esa propuesta los Republicanos sumaron adeptos al bando Demócrata en 2012, particularmente en el contexto de la creciente influencia latina en el sistema político; sin embargo, parece que esa agenda continúa marcando los derroteros republicanos de cara al 2016.
III. El peso latino en las elecciones presidenciales
Estados Unidos es un país que se ha construido a partir de múltiples procesos migratorios, desde sus comunidades aborígenes hasta la llegada de los primeros colonizadores europeos. En la actualidad, un porcentaje significativo de su población es de origen migrante, no obstante, la predominancia de sectores “blancos, anglosajones y protestantes” (los WASP según Huntington) han limitado su participación y les han encasillado como “minorías”.
Con la elección de Obama en 2008, el primer presidente afrodescendiente, se dio un viraje desde el punto de vista identitario al señalarse un nuevo auge de la diversidad que definió un “nuevo mapa social”, uno en el que adquirieron nuevos pesos y roles “determinados grupos demográficos como los jóvenes, los hispanos o las mujeres solteras... que resultan determinantes al cobrar relevancia una nueva agenda” (Marco & Rubio, 2013, p. 93).
No es posible afirmar que desde el punto de vista cultural en Estados Unidos se haya dada realmente tal transformación, y mucho menos que esta sea homogénea. En diversos Estados las políticas xenofóbicas y raciales continúan a la orden, a la vez que se adversa cualquier medida que brinde protección y oportunidades a la población inmigrante; en tanto otros Estados han tomado medidas en la generación de mayor apertura y una variedad de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Frente a esta heterogeneidad, lo que sí resulta claro es que los cambios demográficos en el país son procesos en marcha, que no se pueden detener y que van transformando la dinámica social y política. Por ello Novelo afirma que dichos cambios en la demografía estadounidense “han convertido en un asunto ineludible la incorporación de los habitantes de origen latinoamericano en el cálculo político electoral” (2014, p. 4).
Como se destaca de la Tabla 1, la población estadounidense está cambiando y en ello las comunidades migrantes tienen un rol central. Las estimaciones del Pew Research Center indicaban que, en 2005, la población nacida en el extranjero era de un 12%, pero la proyección para el 2050 les ubicará en un 19%. Es decir, la quinta parte de la población habrá nacido fuera de la unión americana.
Tabla 1
Población de Estados Unidos, actual y proyectada: 2005 y 2050
|
2005 |
2050 |
|
|
Población (en millones) |
296 |
438 |
|
Como parte del total |
||
|
Nacida en el extranjero |
12% |
19% |
|
Por grupos raciales / étnicos |
||
|
Blanca |
67% |
47% |
|
Hispana |
14% |
29% |
|
Negra |
13% |
13% |
|
Asiática |
5% |
9% |
|
Por grupos de edades |
||
|
Niños/as (17 o menos) |
25% |
23% |
|
Edad para trabajar (18-64) |
63% |
58% |
|
Personas adultas mayores (65 y más) |
12% |
19% |
Nota: Pew Research Center, 2008.
Este proceso de cambio demográfico, visto desde los grupos raciales o étnicos resalta el crecimiento de la población “hispana” (nacida tanto dentro como fuera de los Estados Unidos), quienes en 2005 constituían el 14% de la población y en 2050 se calcula representarán el 29%, es decir, se duplicará; mientras que la población “blanca” dejará del representar el 67% de 2005 y será del 47% en el 2050; de allí la férrea oposición de quienes temen el fin “de la hegemonía WASP (White, anglo, saxon, protestant), y que ha generado una respuesta visceral a la morenización de Estados Unidos” (Schmidt, 2009).
El otro grupo étnico o racial que va en aumento es la población asiática que pasará del 5% de 2005 al 9% en 2050. Además de estas transformaciones, la Tabla 1 plantea cómo la población en edad para trabajar (18 a 64 años de edad) va mermando, pasando del 63% en 2005 hacia un 58% en 2050, generando fuertes presiones desde la lógica de las tasas de dependencia, pues la población adulta mayor (65 y más años) pasará del 12% de 2005 al 19% en 2050. Una de cada cinco personas estadounidenses será adulta mayor, lo que requerirá importantes atenciones sanitarias y de cuido, roles asumidos las más de las veces por las personas migrantes.
Además de estos escenarios demográficos, se ha afirmado que la población latina y afroamericana, mediante su fuerte apoyo a Obama, se constituyeron en catalizadores de las victorias electorales recientes (Whitehead & Nolte, 2012), tal es así que el 2012 “los hispanos votaron en un 71% a favor del presidente (más que el 67% de 2008) y los afroamericanos en un 93% (un par de puntos menos que en 2008)” (Marco & Rubio, 2013, p. 94).
Desde el punto vista de las tendencias electorales, la figura 5 (pág. 182) recoge la composición del electorado en las elecciones presidenciales de 1996, 2000, 2004, 2008 y 2012. Una primera tendencia notable es que la población “blanca” ha dominado el escenario político electoral estadounidense durante las últimas décadas; sin embargo, es palpable el crecimiento progresivo de diversos grupos étnicos, donde los hispanos llaman particularmente la atención.
Figura 5.
Electorado y población por raza y etnicidad, 1996-2060. Blancos, afroamericanos (negros) y asiáticos incluye solo sin hispanos. Los nativo-americanos y grupos raciales mixtos no se muestran.
Elaboración propia a partir de Pew Research Center (2013).
En la elección de 1996 representaron el 4,7% del electorado, en 2000 el 5,4%; en 2004 el 6%; para 2008 el 7,4% culminando en 2012 con el 8,4%. El crecimiento en término de la composición del electorado junto y de su peso demográfico proyecta que, para el año 2060, los grupos hispanos representarán el 31%, mientras que la población “blanca” apenas un 43%, lo que implica una drástica reducción en comparación con los escenarios actuales.
Sin lugar a dudas estas tendencias a futuro cuestionan el llamado a las políticas nativistas que se probaron infructuosas en la campaña presidencial de 2012, más bien deberían llamar a políticas de mayor apertura, interculturalidad y diversidad, incluyendo cada vez más en la agenda doméstica temas que afectan a estos grupos de población, quienes empiezan a determinar los rumbos de la política estadounidense. Marco y Rubio estiman que “hoy en día nacen más niños hispanos que blancos, y todos los meses 67.000 hispanos se convierten en votantes” (2013, p. 96).
De allí que se considere que “uno de los puntos centrales de la política norteamericana en los próximos meses [debería ser] la legalización de los once millones de inmigrantes [irregulares] que pueblan Estados Unidos, en su mayoría de origen latinoamericano, en nombre de la justicia y de la equidad” (Marco & Rubio, 2013, p. 99), pues su creciente participación “encierra una promesa: la transformación de la población latina inmigrante en una importante fuerza político-electoral” (Tuirán, 2006, pp. 163).
IV. Las dimensiones de la inmigración irregular en Estados Unidos
El tema de la reforma migratoria tiene como catalizador la alta cantidad de personas migrantes en condición administrativa irregular en suelo estadounidense. Como refleja la figura 6, en realidad desde el año 2005 se puede apreciar una estabilidad en cuanto a sus dimensiones, pues en la última década ha oscilado entre los 11.1 millones (2005) hasta los 12.2 millones (2007), con un saldo actual de 11.3 millones de personas (2013) en esa condición.
Figura 6.
Población inmigrante no autorizada en Estados Unidos (miles), 2005-2013
(Pew Research Center, 2014).
Tomando como referencia los datos de BBVA Research, se calcula que la población estadounidense es de 311 millones de personas al año 2013, por lo tanto, las personas migrantes en condición administrativa irregular representan el 3.63% del total, así como el 26.52% de la población inmigrante, estimada en 42.6 millones de personas. Es decir, una de cada cuatro personas inmigrantes se encuentra en esta condición. Desde la perspectiva de las edades, para 2013 había 10.4 millones de personas mayores de 18 años, lo que representa el 92.8%, y el restante 7.2% corresponde a personas menores de esa edad.
Desde la óptica de una eventual reforma migratoria se prevé que esta beneficie a todas aquellas personas que se encontraban en suelo estadounidense antes del 31 de diciembre de 2011, quienes podrán acceder al estatus de inmigrantes provisionales registrados (RPI) con visa válida por 6 años y prorrogable (Moreno, 2013), al menos según lo establecido en el proyecto de ley S. 744.
Tabla 2
Posibles beneficiarios de la reforma migratoria estadounidense (proyecto de ley S. 744), 2013
|
País / Región |
Migrantes irregulares que podrían obtener el estatus RPI |
||
|
Total |
Dreamers* |
Trab. agrícolas* |
|
|
México |
5.4 a 6.8 millones |
760.000 a 825.000 |
160.000 |
|
Asia |
2.255.000 |
245.000 |
< 5.000 |
|
Centroamérica |
955.000 |
105.000 |
< 10.000 |
|
Europa |
655.000 |
90.000 |
n.d. |
|
Sudamérica |
695.000 |
90.000 |
n.d. |
|
El Caribe |
525.000 |
90.000 |
< 10.000 |
|
África |
410.000 |
35.000 |
n.d. |
|
Oceanía |
50.000 |
10.000 |
n.d. |
|
Canadá |
140.000 |
30.000 |
n.d. |
|
Total |
11.1 a 11.5 millones |
1.43 a 1.58 millones |
180.000 |
Nota: * Los dreamers y los trabajadores agrícolas están incluidos dentro del total de los RPI. Las sumas pueden no coincidir por los redondeos (BBVA Research, 2013).
Del total de personas beneficiarias se estima que entre 5.4 a 6.8 millones serían originarias de México, pues entre 50% y 60% del total de migrantes sin autorización nacieron en ese país. En el caso centroamericano, se prevé el beneficio para unas 955 mil personas, la mayoría proveniente de El Salvador, Guatemala y Honduras, tres de los cinco países de origen de la mayoría de inmigrantes en condición administrativa irregular, complementados por la India y México (Pew Research Center, 2014).
Debido a la poca significancia estadística de la población costarricense en condición administrativa irregular, no se lograron cifras aproximadas de su dimensión; no obstante, en relación con los rechazos (returned) y las deportaciones y expulsiones (removed) se cuenta con los datos de U.S. Department of Homeland Security.
Tabla 3
Personas extranjeras rechazadas, deportadas y expulsadas, y estatus criminal en Estados Unidos. Años fiscales 2011-2013
|
Rechazadas |
Deportadas y expulsadas |
||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
Criminal |
2012 |
Criminal |
|
|
Belice |
39 |
38 |
36 |
217 |
71.4% |
204 |
71.5% |
|
Costa Rica |
132 |
94 |
55 |
378 |
41.5% |
387 |
33% |
|
El Salvador |
1.021 |
921 |
619 |
17.381 |
48.9% |
18.677 |
46.2% |
|
Guatemala |
3.026 |
2.332 |
1.347 |
30.343 |
38.6% |
38.677 |
34.8% |
|
Honduras |
1.553 |
1.282 |
912 |
22.028 |
49.1% |
31.515 |
43.7% |
|
Nicaragua |
217 |
172 |
122 |
1.502 |
46.3% |
1.373 |
52.8% |
|
Panamá |
98 |
53 |
53 |
149 |
66.4% |
116 |
77.5% |
|
Total región |
6.086 |
4.892 |
3.144 |
460.407 |
48% |
510.333 |
46.3% |
|
Total global |
322.124 |
230.386 |
178.371 |
388.409 |
48.6% |
419.384 |
47.5% |
Nota: Elaboración propia a partir de U.S. Department of Homeland Security, ENFORCE Alien Removal Module (EARM), February 2013, Enforcement Integrated Database (EID), November 2012.
Se estima que entre 2011 y 2013 fueron rechazadas 14.122 personas provenientes de América Central, de las cuales 281 eran costarricenses, el 0.02% del total. En términos de las personas deportadas y expulsadas, entre 2011 y 2012 se encontraron 511.440, de las cuales 765 fueron costarricenses, lo que representa el 0.001% del total, como refleja la tabla 3.
La población costarricense rechazada, expulsada y deportada es ínfima comparativamente, aun así, es notable cómo, vistos los porcentajes de expulsión y deportación por razones criminales, los costarricenses se ubican muy por debajo de la media regional (46-48%) y mundial (47-48%) con tasas entre 33-41%, lo que señala que en su mayoría se debe más bien a sanciones administrativas en materia migratoria.
V. La reforma migratoria y su proceso institucional
La transformación del sistema migratorio estadounidense es un proceso complejo además de disputado social y políticamente. En ello converge una diversidad de posiciones e intereses que oscilan entre el apoyo a medidas restrictivas (quienes estiman que en su sociedad ya tienen suficientes migrantes y que es necesario limitarla) y quienes propenden por medidas expansivas (quienes apoyan el ingreso de cuantiosos flujos migratorios) (Suárez, 2014; Verea, 2012).
Adicionalmente debe tenerse en cuenta que las migraciones internacionales “están minando los dos pilares fundamentales del sistema internacional: la soberanía representada por el Estado, y la ciudadanía, representada por la nación” (Wihtol, 2013, p.13), de allí la tensión permanente sobre la legitimidad o no de las políticas migratorias y la defensa de los derechos humanos como ejes articuladores del pensamiento desde una escala más amplia (Méndez, 2013).
Para problematizar las tensiones y las perspectivas de cambio normativo en materia migratoria resulta pertinente reflexionar desde dos ejes concretos: el balance de fuerzas en el Congreso (tanto en la Cámara de Representantes como el Senado); y las medidas adoptadas desde la administración de Obama para atender compromisos frente a la ciudadanía en ausencia de consensos legislativos.
En relación con el balance de fuerzas en el Congreso estadounidense, primeramente, debe señalarse que el procedimiento para la aprobación de una ley en Estados Unidos empieza con su introducción como proyecto en alguna de las Cámaras. En el caso concreto, la reforma migratoria tiene precedentes de la última década en la cual se intentó valorar su viabilidad política, iniciativa tomada, en relación con el proyecto S. 744, por el Senado.
Según Suárez (2014, p 284), desde la lógica de la discusión política y legislativa llevada a cabo por actores gubernamentales y no gubernamentales en el marco de la reforma migratoria, es posible identificar cuatro bloques de interés que pugnan los alcances de esta misma:
Una vez que se realizan la elección presidencial de 2012 y que el tema migratorio se torna central como factor explicativo del triunfo demócrata, los senadores y senadoras, y representantes se dan por avisados sobre la necesidad de atender un tema que Obama catalogó de alta prioridad para su segunda administración (Min, 2012). Debe reseñarse que Obama nunca contó con mayoría en ambas Cámaras del Congreso, sin embargo, para el período en cuestión continuaba controlando el Senado y tuvo un nuevo impulso en la Cámara de Representantes. Para 2015 la composición del Congreso cambió y está bajo control republicano en ambas Cámaras.
Para responder a este escenario político electoral, entre 2012 y principios de 2013 se conformó el Grupo de los Ocho (Gang of Eight), un bloque de senadores de ambos partidos que se encargó de la redacción del Proyecto de Ley S. 744. Este bloque estaba compuesto por senadores experimentados en la temática migratoria, que habían encabezado en administraciones anteriores su discusión o bien redactado leyes estatales y federales en la materia. Los senadores fueron, del bando demócrata: Chuck Schumer, Michael Bennet, Richard Durbin y Bob Menéndez así como del bando republicano: Marco Rubio, John McCain, Jeff Flake y Lindsey Graham (Li & Ordaz, 2013; Min, 2012).
El Proyecto de Ley S.744 de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización Migratoria fue introducido al Senado en el mes abril de 2013, luego de pasar por el Comité Judicial en donde fue aprobado por 13 votos a favor y 5 en contra, se trasladó al pleno del Senado. En este se aprobó por 68 a favor y 32 en contra, pasando en consecuencia a la consideración de la Cámara de Representantes, dominada por republicanos.
Cabe recordar que el proyecto de la reforma migratoria promueve una combinación de políticas restrictivas y expansivas. Para Li & Ordaz (2013, p. 3) este se puede enmarcar en cuatro grandes ejes: a) Mayor reforzamiento y seguridad en la frontera; b) Regularización de los más de 11 millones de migrantes en condición administrativa irregular y una vía para obtener la ciudadanía; c) Mejor control y verificación migratoria al interior de territorio estadounidense, y d) Facilidades para la expedición de visas temporales de trabajo para personas con alto nivel educativo y en actividades donde exista escasez de fuerza laboral (Centro de Estudios Internacionales, 2013; Suárez, 2014).
A pesar de la presión social y mediática para la votación del proyecto de reforma migratoria en la Cámara de Representantes, esta, al estar controlada por los sectores republicanos, ha enfrentado obstáculos desde la aprobación realizada por los senadores en 2013, a tal punto que no se ha puesto en la agenda legislativa y la percepción dominante es que en caso de votarse, completa o por secciones, sus aspectos sustantivos, incluyendo la regulación de los once millones de personas en condición administrativa irregular, se vería amenazada.
En el marco del proceso de aprobación de la reforma se han llevado a cabo una serie de investigaciones para justificar su relevancia, en esa lógica se destaca que la iniciativa tendría impactos positivos a nivel financiero y fiscal, incluyendo 200.000 millones de dólares en diez años en recaudaciones y facilita la reducción del déficit fiscal hasta en 250.000 millones de dólares, incluyendo el impacto positivo en la renta per cápita que “aumentaría en más de 1.500 dólares por habitante”; no obstante, quienes la adversan argumentan que “una regularización masiva provocará un efecto llamada” entre aquellos inmigrantes que quieran cruzar la frontera de forma irregular (Pareja, 2013, pp. 3-7).
Este escenario de balances de poder político en el legislativo ha llevado a la opinión pública a afirmar que la reforma migratoria ha sido “enterrada”, así como a denuncias mutuas sobre la instrumentalización de los grupos migrantes para fines electorales (caso de Obama) o bien en la carencia de iniciativas y compromisos legislativos para remediar el sistema migratorio (caso republicano).
Frente a esta ausencia de acuerdos bipartidistas, se empieza a señalar cómo la administración Obama ha ido implementando la agenda migratoria de manera encubierta o discreta, esto por medio de “una serie de memorandos, documentos de orientación, declaraciones políticas, reglamentaciones, y las decisiones de asignación de recursos” que han ido reformado radicalmente “las instituciones de seguridad fronteriza y de inmigración del gobierno federal” (Grossman, 2014, p. 196).
En el marco de estas transformaciones, mediante acciones del Ejecutivo, así como la revisión normativa, se ha tratado de restar protagonismo a las entidades locales y estatales en materia de aplicación de la legislación migratoria, buscando frenar las medidas arbitrarias como la “sospecha” de ser inmigrante en condición irregular o las sanciones menores relativas al tránsito como justificaciones para la apertura de procesos de deportación. Además de ello se aprobaron medidas, disputadas por los grupos republicanos, para facilitar la permanencia de las personas menores de edad que entraron al país en condición irregular y se encuentren estudiando o en el servicio militar, así como la detención del proceso de deportación para categorías específicas de migrantes.
A principios de 2015 la bandera de lucha de los sectores, en el Congreso, que se oponen a la reforma migratoria consiste en considerar que la administración se ha excedido en el uso de sus facultades, al legislar de facto mediante las acciones ejecutivas; en consecuencia, se ha iniciado una campaña para revertirlas mediante los tribunales de justicia o bien desfinanciando o aprobando nuevas iniciativas en el Congreso que dejen sin efecto lo actuado por el Ejecutivo.
El ejemplo más reciente consiste en una serie de enmiendas aprobadas por la Cámara de Representantes al Presupuesto Federal de 2015 que busca desfinanciar las iniciativas de Obama, y en caso de que estas sean vetadas por el presidente, la seguridad fronteriza se quedaría sin fondo para operar, obligando a sopesar entre los compromisos migratorios frente a los imperativos de la seguridad nacional. Si bien se anunció que cualquier intento por mermar los avances migratorios (en opinión demócrata) sería vetado, lo cierto del caso es que se empieza a trasladar la discusión de la reforma a la defensa de medidas endebles como las realizadas por el Ejecutivo.
Conclusiones
La reforma migratoria en Estados Unidos es un proceso que responde a dinámicas propias de la política doméstica y de la agenda del Ejecutivo. Los enfoques sobre sus posibilidades ha oscilado entre la seguridad nacional y la diversidad cultural (Marco & Rubio, 2013) o entre las medidas restrictivas y expansivas (Verea, 2012).
Durante la era Bush, la agenda migratoria se vio disminuida por el temor y recelo a las personas inmigrantes, quienes se concebían como amenazas potenciales. En las administraciones Obama, si bien se empieza a reconocer el papel de los sectores latinos y su contribución a la sociedad, los avances apenas son parciales y continúan enfrentando amenazas derivadas de las leyes a niveles estatales y locales, las que aumentan progresivamente.
La administración Obama no podría catalogarse como proinmigrante. Aun cuando la opinión pública ha reconocido su compromiso con la reforma, esta encuentra medidas restrictivas como el aumento del control fronterizo, inversiones en tecnología para verificar el estatus de las personas trabajadoras y costos elevados para el eventual proceso de regularización; por su parte, hay un claro interés por generar mayores certezas y garantías para las personas que se encuentran en esta condición. Debe decirse que una continuidad entre Bush y Obama ha sido el aumento constante de las deportaciones, de allí la necesidad de mesura cuando se valora su gestión.
Las personas migrantes en condición irregular en Estados Unidos representan menos de 4% de la población total del país y la cuarta parte del total de personas inmigrantes. La mayoría de ellas proviene de México, India, Guatemala, El Salvador y Honduras y ha contribuido a la influencia de la comunidad “hispana”, la cual se proyecta representará el 29% de la población para 2050 frente al 43% de la población “blanca”.
Estos cambios demográficos y estructurales de la sociedad estadounidense pasaron la factura al partido republicano en las elecciones de 2012, al constituirse una base social de “minorías” que apoyaron las aspiraciones demócratas y trajeron a la palestra pública la responsabilidad de resolver la reforma migratoria esperada durante la última década.
El contexto poselectoral generó un ambiente de consensos bipartidistas que se reflejaron en el proyecto de ley S. 744, que fue sometido a consideración y aprobación del Senado en 2013. Posteriormente, al trasladarse a la Cámara de Representantes, dominada por el grupo republicano, se vio su obstaculización y cuestionamiento, lo que hace que diversos sectores sociales consideren que ha sido “enterrada”.
Para los dos últimos años de la administración Obama se prevé un escenario de pugnas entre el Congreso y la Casa Blanca para aminorar o reforzar las medidas que han desarrollado la agenda migratoria de forma discreta, además de trasladarse el discurso de la reforma a los excesos en que pudo incurrir del presidente en materia legislativa.
El reconocimiento de la diversidad cultural estadounidense debería haber movido y flexibilizado las posiciones conservadoras persistentes en el bando republicano, tomando en cuenta la importancia político electoral de la población hispana; sin embargo, pareciera que después de las elecciones del 2014, en las cuales obtuvieron la mayoría del Senado, prevén que el desgaste de Obama y el incumplimiento de compromisos con los sectores que le apoyaron puedan ser una base electoral que les permita continuar con su agenda migratoria y reducir costos en términos de la imagen y la opinión pública.
Referencias
Anguiano, M. (2010). La Ley SB-1070 y la complejidad de la reforma migratoria. Agendas.
BBVA Research. (2013). Situación migración México. Disponible en https://www.fundacionbbvabancomer.org/imagenes/docs/SitMigPres_2013Jul.pdf
Centro de Estudios Internacionales - Gilberto Bosques. (2013). La Reforma Migratoria Integral S744. (Documento de Información y Análisis). México D.F.: Autor.
Centro de los Derechos del Migrante. (2013). Prioridades para la reforma migratoria. Análisis del Proyecto de Ley “Seguridad fronteriza, oportunidad económica y modernización de la inmigración”.
CNBC. (2012). Obama-Romney: Where They Stand on Immigration. Disponible en http://www.cnbc.com/id/49694507#
Domínguez, J. (2010). La política exterior del presidente Barack Obama hacia América Latina. Foro Internacional, 50(2), 243-268.
Freeman, G. (2010). Can Comprehensive Immigration Reform Be Both Liberal and Democratic? Society, 47(3). Disponible en http://dx.doi.org/10.1007/s12115-009-9297-3
Goldsmith, B. & Horiuchi, Y. (2012). In Search of Soft Power: Does Foreign Public Opinion Matter for US Foreign Policy? World Politics, 64(03). Disponible en http://dx.doi.org/10.1017/s0043887112000123
González, B. (2009). Más allá del comercio: Seguridad Esencial. CIDCSO, Universidad Nacional de Costa Rica.
Grossman, J. (2014). Hidden in Plain Sight: Examining the Obama Administration’s Discreet Implementation of a Scaled-Down Version of Comprehensive Immigration Reform. Harvard Law & Policy Review, 8, 195- 230
Hastings, M. (2013). Una carrera de obstáculos. Foreign Affairs Latinoamérica, 13(3). Disponible en http://revistafal.com//wp-content/uploads/2014/09/7_Hastings.pdf
Hayden, C. (2012). The rethoric of soft power. Public Diplomacy in global contexts. United Kingdom: Lexington Books.
Hernández, D. (2008). Política migratoria y de control fronterizo de Estados Unidos hacia México y Centroamérica. Revista Enfoques, 8, 193-214.
Hernández, J. & Lizano, A. (Editores). (2008). América Latina y la segunda administración Bush: Un debate sobre migraciones. San José: FLACSO.
Herrera, l.; González, D. & Rocha, T. (2009). La política migratoria en el nuevo escenario político en Estados Unidos. En El estado de la migración. Las políticas públicas ante los retos de la migración mexicana a Estados Unidos. México, D. F.: Consejo Nacional de Población.
Hinojosa-Ojeda, R. (2012). The Economic Benefits of Comprehensive Immigration Reform. Cato Journal, 32(1), 175-200
Hopkins, D. J. (2011). Trans-lating into Votes: The Electoral Impacts of Spanish-Language Ballots. American Journal of Political Science, 55(4). Disponible en http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-5907.2011.00534.x
Huntington, S. (2004). El desafío hispano. Revista Letras libres. Disponible en http://www.letraslibres.com/sites/default/files/pdfs_articulos/pdf_art_9492_7368.pdf
King, Mary C., López Salinas, Anabel, Corbett, John G., Reyes Morales, Rafael, Gijón Cruz, Alicia Sylvia, & Williams, Kim M.. (2014). El impacto de la reforma de inmigración estadounidense a nivel estatal en migrantes mexicanos indocumentados: La pérdida de acceso a licencias de manejo en Oregón. Frontera Norte, 26. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13631515003
Krueger, A. & Maleckova, J. (2009). Attitudes and Action: Public Opinion and the Occurrence of International Terrorism. En Science (Vol. 325). Washington: American Association for the Advancement of Science.
Li, J. & Ordaz, J. (2013). ¿A quién beneficiará la reforma migratoria en Estados Unidos? México, D. F.: Observatorio de Migración Internacional. Consejo Nacional de Población.
Marco, M. & Rubios, R. (2013). Obama y la nueva ciudadanía (Cuadernos de Pensamiento Político, No. 38.). FAES, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales.
Méndez, M. (2013). Expulsión y deportación en Costa Rica: Una comparación con la CITM. Documento de Estudio No. 7. Heredia: IDELA.
Mercado, A. & Piña, M. (2010). Migración hacia Estados Unidos y su impacto en la nueva reforma migratoria (Parte I). Espacios Públicos, 13. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67613199013
Mercado, A. & Piña, M. (2010). Migración hacia Estados Unidos y su impacto en la nueva reforma migratoria (Parte II). Espacios Públicos, 13. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67614336012
Min, S. (2012). New ‘Gang of Eight’ on immigration. Politico News. Disponible en http://www.politico.com/story/2012/12/new-gang-of-eight-on-immigration-84772.html
Moreno, S. (2013). La reforma migratoria en los Estados Unidos. Posibilidades y alcances. Documento de Trabajo núm. 161. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, LX Legislatura.
Motomura, H. (2009). What Is “Comprehensive Immigration Reform”? Taking the Long View. Hartman Hotz Lecture at the University of Arkansas, Fayetteville.
National Conference of State Legislatures. (2013). Immigration Report. Disponible en http://www.ncsl.org/research/immigration/2013-immigration-report.aspx
Novelo, F. (2014). La reforma migratoria en Estados Unidos. Algunos efectos sobre la sociedad mexicana. Economía Informa, No. 386.
NPR. (2012). Where They Stand: Obama, Romney On Immigration. Disponible en http://www.npr.org/2012/07/06/156381703/where-they-stand-obama-romney-on-immigration
Obama, B. (2008). The Blueprint for Change. Barack Obama’s Plan for America. Campaign booklet. Disponible en http://www.astrid-online.it/rassegna/Rassegna-26/28-10-2008/OBAMA_BlueprintForChange.pdf
Pareja, E. (2013). El impacto de la reforma migratoria en la economía de los Estados Unidos. Tribuna Norteamericana, No. 13.
Pelberg, S. (2012). Not A Dream: Romney’s Top 5 comments on immigration during the Republican Primary. Disponible en http://thinkprogress.org/election/2012/06/15/500607/mitt%ADromney%ADimmigration%ADprimary/3/7/
Pew Hispanic Center. (2012). An Awakened Giant: The Hispanic Electorate Is Likely to Double by 2030. Report.
Pew Research Center. (2008). U.S. Population Projections: 2005-2050. Disponible en http://www.pewhispanic.org/2008/02/11/us-population-projections-2005-2050/
Pew Research Center. (2013). Politics and race: looking ahead to 2060. Disponible en http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/05/10/politics-and-race-looking-ahead-to-2060/
Pew Research Center. (2014). As Growth Stalls, Unauthorized Immigrant Population Becomes More Settled. Disponible en http://www.pewhispanic.org/2014/09/03/appendix-a-additional-tables-3/
Piazza, J. (2008). Do Democracy and Free Markets Protect Us From Terrorism? International Politics, 45. Palgrave McMillan.
Prado, J. (2014). Obama y el cambio: Política exterior de EE.UU. En La política exterior de Estados Unidos. Colección Cátedra de Coyuntura Internacional, No. 4. Ciudad de Guatemala: Editorial Cara Parens.
Rodríguez, V., Osorio, M. & Domínguez, S. (2010). Reformas migratorias en Estados Unidos. Realidad de una política exterior en el marco de un gobierno por el cambio en El Salvador (Tesis de licenciatura). Universidad de El Salvador, San Salvador.
Schimidt, S. (2004). Las barreras estructurales a la reforma migratoria. Archipiélago, 66. Universidad Autónoma de México. México, núm. 43, año 11, Confluencia, CCyDEL, CEIICH, enero-marzo 2004.
Suárez, P. (2014). Los avances en la discusión de la Reforma Migratoria Integral en una ciudad santuario de los inmigrantes de Estados Unidos. Ra Ximhai, 10. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46129579012
Triadafilopoulos, T. (2010). The Limits of Deliberation: Institutions and American Immigration Policy. Society, 47(3). Disponible en http://dx.doi.org/10.1007/s12115-009-9287-5
Tuirán, R. (2006). La reforma migratoria pendiente. Migraciones Internacionales, 3(4), 161-174
U.S. Census Bureau. (2013). The Diversifying Electorate—Voting Rates by Race and Hispanic Origin in 2012 (and Other Recent Elections). Disponible en http://www.census.gov/prod/2013pubs/p20-568.pdf
Verea, M. (2012). Aproximaciones teóricas para entender las políticas migratorias restrictivas y los sentimientos antiinmigrantes en siglo XXI. En Anti-immigrant sentiments, actions and policies the North American region and the European Union. México: CISAN.
Whitehead, L. & Nolte, D. (2012). The Obama Administration and Latin America: A Disappointing First Term? GIGA Focus, 6. German Institute of Global and Area Studies.
1 El documento es parte de la investigación “Tendencias migratorias actuales en América Latina”, código 0170-13, de la Universidad Nacional de Costa Rica.
2 Doctorando en Estudios Internacionales (FLACSO-Ecuador) y profesor-investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales y el Instituto de Estudios Latinoamericanos (Universidad Nacional de Costa Rica). Se ha desempeñado como consultor especializado en derechos humanos.
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.