(untitled) (Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, 2021)
Los derechos humanos en México, a la luz de su incursión en el sistema constitucional en el 2011, desdoblan su aplicación en todos los ámbitos normativos, como aspecto que mejora las condiciones de vida de los mexicanos, al igual que el educativo, el cual, simultáneamente, se configura como instrumento que garantiza su cumplimiento. Dichas prerrogativas establecen un paradigma, a modo de nuevo orden jurídico, que impone a las autoridades el deber de acatarlas en sus respectivas funciones. En este contexto, la educación como garantía se analiza con base en las fuentes de financiamiento otorgadas por los entes públicos, que encaran periódicamente, en sus competencias gubernamentales, la determinación del presupuesto que solvente y garantice su puesta en práctica en territorio nacional. Subyacen, al mismo tiempo, los límites impuestos a las partidas, fundamentados en la justificación del interés colectivo, ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este orden de ideas, señalamos como objetivo de la investigación precisar la solvencia presupuestal otorgada a la educación como un derecho humano.