Los administradores políticos de Costa Rica al momento de la Independencia:
¿Colonia o modernidad?

The Political Administrators of Costa Rica at the Time of Independence: Colony or Modernity?

Os administradores políticos da Costa Rica na época da Independência: colônia ou modernidade?

Eduardo Madrigal Muñoz*

Resumen: La burocracia es un tema de innegable importancia para la comprensión del Estado moderno y para las discusiones de la agenda política. Sin embargo, la composición social de los burócratas es un tema sumamente poco tratado en la historiografía. Este trabajo se propone llevar a cabo un análisis acerca de la composición social y carrera vital de los individuos que detentaron puestos de jerarquía en las instituciones políticas de Costa Rica al momento de la independencia. Con ello se pretende llegar a una comprensión más profunda de la naturaleza y mecanismos de funcionamiento de las primeras instituciones políticas establecidas en el naciente país después del proceso de Independencia

Palabras claves: historia; burocracia; Estado moderno; época colonial; Independencia; prosopografía; redes sociales; Costa Rica.

Abstract: Bureaucracy is a subject of undeniable importance for the understanding of the modern state and for discussions of the political agenda. However, the social composition of bureaucrats is a subject very little discussed in historiography. This work aims to carry out an analysis of the social composition and life careers of individuals who held positions of hierarchy in the political institutions of Costa Rica at the time of independence. This is intended to achieve a deeper understanding of the nature and mechanisms of operation of the first political institutions established in the nascent country after the process of Independence.

Keywords: history; bureaucracy; modern State; colonial era; Independence; prosopography; social networks; Costa Rica.

Resumo: A burocracia é um tema de inegável importância para a compreensão do Estado moderno e para as discussões da agenda política. No entanto, a composição social dos burocratas é um assunto extremamente pouco tratado na historiografia. Este trabalho se propõe a realizar uma análise sobre a composição social e a carreira vital dos indivíduos que ocupavam cargos de hierarquia nas instituições políticas da Costa Rica na época da independência. Pretende-se com isso aprofundar a compreensão da natureza e dos mecanismos de funcionamento das primeiras instituições políticas estabelecidas no país nascente após o processo de Independência.

Palavras chaves: história; burocracia; Estado moderno; era colonial; Independência; prosopografia; redes sociais; Costa Rica.

Introducción

¿Cuál es la composición social de los empleados públicos? De manera general, cuando se piensa en la historia política de un país, las ideas más básicas que suelen venir a la mente son, ya sea el estudio acontecimental de la vida y obra de los jefes de Estado, militares y otros personajes ligados al ejercicio del poder político, o bien el análisis jurídico-político de las instituciones que conforman el Estado. Sin embargo, un tema casi nunca tocado y que permanece prácticamente desconocido –en las sombras, se diría– en los estudios de historia política es, sin duda alguna, la figura del burócrata, del administrador público, es decir, de aquel grupo de individuos que conforma una zona del aparato administrativo del Estado, intermedio entre las jerarquías más altas y el ciudadano de a pie, y que tiene por objetivo servir de correa de transmisión para comunicar las directrices emanadas «de arriba» a la base de la pirámide social.1 De esta forma, un tema potencialmente de gran interés y de importancia crucial para la constitución y funcionamiento mismos del Estado, como puede ser la sociología del empleado público, no es frecuentemente abordado.

La burocracia, de hecho, es un tema muy estudiado desde el punto de vista de la administración pública, de la sociología y de la ciencia política, las cuales han elaborado ingentes cantidades de bibliografía que teoriza sobre su naturaleza y funciones en los Estados modernos. En esta bibliografía, sin embargo, el énfasis suele estar puesto, fundamentalmente, en la administración de política pública y la toma de decisiones, no en el desarrollo histórico de los cuerpos burocráticos. Caso contrario es el de la sociología, que se ha ocupado más del análisis de la burocracia en los Estados modernos en sí. El autor más destacado en la materia ha sido, sin duda alguna, Max Weber, quien aborda el tema en su libro ¿Qué es la burocracia? En este trabajo, el célebre sociólogo estudia, entre otros temas, las características de la burocracia, la situación del funcionario, sus supuestos económicos y sociales, el desarrollo y transformación de las tareas administrativas, sus ventajas técnicas, su relación con el derecho, su concentración de medios de acción y otros temas.2

Desde el punto de vista propiamente de la historia como disciplina, la burocracia ha sido abordada como tema de estudio por ciertos autores. Por ejemplo, Guy Thuillier y François Monnier han propuesto que la historia de la burocracia es una historia poco reconocida y definida en su metodología, y que tiende a confundirse con la historia política de las instituciones, por lo que suele vérsele desde un punto de vista puramente técnico. Se pasa por alto con ello la vida cotidiana del burócrata, sus ritualismos y su universo simbólico.3 Los mismos autores se han preocupado por definir un enfoque teórico y un acervo metodológico para abordar la materia, reflexionando sobre las fuentes y métodos que permitan abordar al burócrata como actor social histórico y como objeto de estudio de una verdadera historia social, más allá del estudio de las simples leyes y prácticas administrativas institucionales.4 Con ello, afirman: la historia de la burocracia debería ser más una historia de las mentalidades que una historia del Estado y de las ideologías.5 Otros autores también han estudiado el tema de la burocracia en perspectiva histórica, como es el caso de Ruggiero Romano,6 quien asocia su origen con los albores mismos de la modernidad, y Andreas Anter, quien también enfatiza –a partir de Weber– su génesis en el estado moderno.7 Por demás, el tema ha sido estudiado para Alemania,8 Francia,9 Canadá,10 Inglaterra y Estados Unidos.11 La temática ha sido abordada también para la Edad Moderna, por ejemplo, por Dámaso de Lario, quien ha empleado el término para la época de los Habsburgo,12 o por Henry Jacoby, quien ha estudiado la formación de los administradores en el tiempo del absolutismo, principalmente francés.13

En la región hispanoamericana, el tema ha sido tratado por autores como Juan Carlos Garavaglia,14 cuyos discípulos se han ocupado también del tema para países como Chile.15 También Barbara Geddes ha estudiado el papel político de la burocracia en Brasil para el periodo 1930-1964.16 Y William Chapman Quevedo ha analizado a los burócratas de Colombia en el siglo XIX, desde el punto de vista de sus redes socio-familiares de poder, su trayectoria familiar en la misma burocracia y su carrera vital y concluyó que factores como la reciprocidad, las relaciones de poder y las constantes negociaciones entre los poderes locales y los centrales tenían un enorme peso en la formación del aparato burocrático en su periodo de estudio.17 Para la época colonial hispanoamericana, el tema ha sido tratado principalmente por Michel Bertrand, quien estudia a los oficiales del a Real Hacienda de Nueva España en los siglos XVII y XVIIII como un espacio social, reconstruyendo sus prácticas vitales, su recorrido socio profesional, así como sus relaciones familiares, sociales y económicas; con lo que logra visualizar la forma en que funcionaba el aparato colonial de gobierno y las luchas de poder entre las elites locales y la corona, a través de las redes de relación y las estrategias de los actores sociales.18

Para el caso de Costa Rica, el tema ha sido abordado por Juan Haylupo, quien realiza una serie de disquisiciones teóricas sobre la naturaleza y funciones de la burocracia contemporánea y lleva a cabo una propuesta de reforma del Estado.19 En perspectiva histórica, el tema también ha sido tratado en el país, pero solo para el periodo liberal maduro y con un cierto énfasis en el sector educación20 y, más recientemente, por Pablo Rodríguez, quien ha abordado el estudio de la formación de la burocracia en el país, desde una perspectiva enfocada más bien a la construcción de un discurso político acerca de la burocracia, que hacia un estudio social del burócrata en sí y, además, lo realiza para un periodo posterior en varias décadas al primer proceso de formación del Estado en los años de la independencia.21 De esta forma, la composición social de los empleados públicos es un tema que permanece prácticamente en la penumbra en el país. En este sentido, es posible pensar que la metodología de trabajo prosopográfica y del enfoque teórico de las redes sociales pueden aportar mucho al conocimiento y a la comprensión que tenemos sobre la formación del aparato público en Costa Rica. Esto puede hacerse a todo lo largo de su historia independiente; pero, más en particular, puede representar un gran aporte a nuestro conocimiento de la época inmediatamente posterior a la emancipación del coloniaje y previa a la formación de un Estado moderno consolidado. Así pues, ¿qué nos puede mostrar este enfoque acerca de los empleados de las instituciones de gobierno de la época? Más en concreto, ¿quiénes eran los «burócratas» de Costa Rica al despuntar la Independencia?, ¿cuál era su procedencia social?, ¿cómo esto impactó al aparato político de la época?

Burócratas y burocracia: ¿Conceptos pertinentes?

Antes de empezar a desarrollar el tema, sin duda son necesarias algunas precisiones de concepto relacionadas con este, como: ¿qué tipo de organización política existía en el momento de la Independencia?, ¿puede aplicarse el término «burócrata» a los administradores del aparato político que existía en este tiempo? En primerísimo lugar, es indispensable tener en cuenta que no existía en la Costa Rica de esta época un «sector público» como el que conocemos actualmente, pues es claro que se estuvo todavía en presencia de un aparato administrativo heredado de la colonia, no de un Estado moderno como el actual.22

De hecho, según ha señalado Pablo Rodríguez, Weber propone que el concepto de «burocracia» está ligado exclusivamente al Estado moderno como formación político-jurídica. Es por ello un fruto y creación directa de la modernidad política. Esto es así debido a que el Estado moderno construyó, para su funcionamiento, todo un cuerpo de funcionarios, que está regido por la lógica legal racionalista del aparato estatal moderno, la cual está basada en la predictibilidad, cosa que, a su vez, se halla muy en conjunción con la formación del capitalismo como sistema productivo. Además, Weber señala una serie de características que están ligadas a la «burocracia», tales como una conducta centrada en la normativa, la división de esferas de competencia, una cadena jerárquica establecida, la experticia técnica, la previsibilidad y la separación del burócrata de la participación privada en la economía. Por todas estas razones, apunta Rodríguez, el concepto de «burócrata» moderno debe ser distinguido del de los oficiales o empleados existentes en los sistemas políticos precedentes.23

Así pues, siempre siguiendo a este autor, el «burócrata» moderno debe ser entendido como aquel individuo nombrado por las instancias superiores para dedicarse a tareas administrativas estatales, regladas racionalmente. En consecuencia, de acuerdo con este marco de pensamiento, «los funcionarios eran engranajes en una maquinaria perfecta que permitía la regularidad del movimiento necesario para alcanzar el anhelado progreso». Así, en el Estado moderno, el «burócrata» se desempeña como elemento articulador de la sociedad con el gobierno.24

En el caso de Costa Rica, sin embargo, como lo señala Rodríguez, no se siente plenamente la presencia de estas características entre el cuerpo de individuos que desempeñaron trabajos administrativos en el aparato de gobierno, sino hasta la década de 1840 o 1850 y, aun entonces, sin todas las características definidas por Weber. Con ello, Rodríguez señala que el término «empleados públicos» solo es válido a partir de 1839 y con más claridad a partir de 1850.25 Además, para el caso de la Costa Rica anterior a la década de 1840 y siempre según este autor, la «burocracia» se encontraba aún muy mediatizada por el marco de la costumbre y no se hallaba todavía situada dentro un enmarcamiento lógico-racional de la administración –propio del Estado de la modernidad–, para cuya aparición habría que esperar hasta las décadas posteriores.26

Por las razones anteriores, en este trabajo hemos preferido no usar expresiones como «funcionarios», «burócratas» o incluso o «empleados públicos» para referirnos a los individuos que desempeñaban tareas en este aparato administrativo de Costa Rica en los albores de la Independencia. En su lugar, nos hemos decantado por acuñar el término de «administradores políticos», pues consideramos que es el más apropiado para referirse a estos personajes. Asumimos este término, en primer lugar, debido al hecho de que estos individuos eran, ciertamente, administradores de unas instituciones y, en segundo, porque estas instituciones eran definitivamente de carácter político. Por supuesto, en el periodo colonial tardío, dichas instituciones eran aún monárquicas –no modernas– y todos sus administradores sentían deber su fidelidad a una monarquía, es decir, a la persona de un rey, más que a un «aparato público» moderno del carácter que ha sido analizado por Rodríguez.27 Por ende, al acercarse el fin de la colonia, estos personajes, sin duda alguna, administraban las instituciones a su cargo, pero no de la manera ni con la mentalidad con que lo harían posteriormente los servidores públicos modernos.

Para efectos de este estudio, nos vamos a circunscribir a los años inmediatamente posteriores a la Independencia y anteriores a la adhesión de Costa Rica a la Federación Centroamericana, con el fin de observar, detenidamente, los cambios o continuidades que la Independencia trajo para el aparato administrativo heredado de la colonia.

La Costa Rica de la Independencia

Resulta, pues, fundamental preguntarse: ¿quiénes fueron los primeros administradores políticos que conoció Costa Rica en el periodo de su Independencia de España? Desde los propios orígenes del sistema colonial, la provincia -y futuro país- conoció la existencia de empleados de gobierno que trabajaban para administrar los asuntos políticos. Ejemplo de ello son los oficiales o tenientes de la Real Hacienda –encargados de la colecta, contabilización y canalización de los impuestos hacia las manos de la monarquía– y los escribanos –notarios que trabajaban adscritos al cabildo o a la gobernación–. Aparte de ellos, toda una plétora de gobernadores, corregidores, tenientes de gobernador, oficiales de cabildo y milicianos se encargaban del sostenimiento del orden político en la provincia, y de canalizar las órdenes superiores hacia la población, pero no cumplían con las cualidades modernas –según lo analizado anteriormente– de lo que hoy por hoy consideraríamos un «burócrata». Por lo demás, la provincia dependía de instancias políticas que, por lo general, estaban situadas en las capitales del reino: la Audiencia, que se encontraba en Guatemala y la Caja Real que estaba en León de Nicaragua desde el XVII –siglo a partir del cual en Costa Rica solo existió un tenientazgo de la Hacienda Real–. Por lo tanto, personajes del régimen colonial más cercanos –quizá– al concepto moderno de «burócratas», como los oidores, secretarios, amanuenses y abogados de la Audiencia, o los contadores y tesoreros reales, no se encontraban en la provincia. Para el siglo XVIII, la situación continuó, pues instituciones como la Intendencia y la Real Renta del Tabaco también tenían sus instancias superiores en León y Guatemala. Por si esto fuera poco, la debilidad del aparato administrativo de la provincia fue tal que, a partir de esta época y hasta inicios del siglo XIX, se vuelve aparente una cierta tendencia de las autoridades borbónicas a intentar fusionar las autoridades de Costa Rica con las de Nicaragua, lo cual se manifestó en el hecho de que, tanto la Intendencia –creada en 1786–, como la Diputación Provincial –creada por las Cortes de Cádiz en 1812– a las que perteneció Costa Rica estuvieron situadas en la ciudad de León. De esta manera, es posible constatar que el aparato político de la provincia durante los tiempos del coloniaje fue, sin duda, sumamente tenue, por no decir raquítico, debido al hecho de que Costa Rica no era una capital colonial. Con todo, las reformas ilustradas de la dinastía borbónica crearon nuevas instituciones en la provincia, tales como la Factoría de Tabacos –creada en 1784– y la Casa de Enseñanza de Santo Tomás –creada en 1814–, las cuales fueron dotadas de un grupo de individuos encargados de su administración. Esto hizo nacer algunas figuras individuales y jurídicas que constituyeron los primeros visos de una administración política que se hallaría en la provincia al sorprenderla los sucesos de la Independencia.

Así pues, a partir de la documentación existente para el periodo, lo primero que salta a la vista es que, en los primeros años posteriores a la Independencia en 1821, hubo muy pocos de estos que hemos llamado «administradores políticos» en la provincia de Costa Rica. Perduraron, eso sí, los oficiales de gobierno coloniales, así como los oficiales milicianos. De hecho, al asumir el poder en la provincia como sustituto de la Diputación Provincial, la primera Junta Superior Gubernativa provisional decidió mantener en su puesto a los mismos individuos que habían desempeñado la administración de las instituciones coloniales hasta la firma de la Independencia, el 29 de octubre de 1821.

El primer acto, en este sentido, ocurrió el 14 de noviembre de ese año cuando, al poco de asumir el mando de la provincia, la Junta conoció la renuncia del último gobernador colonial efectivo, el español Juan Manuel de Cañas, a sus mandos militar, político y de hacienda, por lo que se vio compelida a asumir estas funciones ella misma:

La junta provicional guvernativa desta provincia, instalada el día 12 del corriente, en su primera sesión del mismo día y la del día de ayer, acordó los siguientes artículos que, uno en pos de otro, a la letra dice así: en concecuencia y uso de las facultades que competen a su señoría, se procedió a abrir un pliego del muy noble y leal ayuntamiento desta ciudad [Cartago, la capital colonial]. Leído por mí el secretario, e impuestos los señores de la junta de la renuncia que contiene y hase de los empleos militar, político y de hacienda el señor coronel de exército don Juan Manuel de Cañas, se resolvió que la junta reasumen los dichos empleos, ínterin se establece el gobierno superior que ha de permanecer.28

De seguido, probablemente con la intención de asumir el control y de pasar revista de los recursos económicos y de poder con que contaba, la Junta acordó comunicar la decisión a los individuos encargados de las distintas instituciones de administración coloniales que había en la provincia, para que estos le informaran acerca del estado de los ramos a su cargo. La Junta dispuso:

Que el citado artículo quinto con el presente, se comunique igualmente al theniente coronel don Félix Fernández para que lo haga notorio al cuerpo [militar] de su mando, y al factor de tabacos don Mariano Montealegre, [al] receptor de alcabalas don Manuel Alvarado y [al] ministro de la caja nacional don Manuel García Escalante, para que a la mayor brevedad presenten a este gobierno un estado circunstanciado de las existencias de sus respectivos ramos.29

Es decir que, en lugar de nombrar administradores nuevos o crear instancias políticas más modernas, la Junta optó por mantener en todo el aparato administrativo colonial, tal como había quedado luego de la firma de la Independencia –incluyendo a los mismísimos individuos que estaban situados en él–. En otras palabras, se abocó simplemente a asumir el control de las viejas instituciones y a ponerlas al servicio de los intereses de la naciente entidad política independiente.

Para los pueblos o localidades menores, la Junta dispuso que permanecieran en su puesto las autoridades capitulares y militares que ya existían, ordenando:

que inter se forma el plan indicado [emitir un Pacto de Concordia y estructurar un gobierno], reasuma interinamente el mando político subalterno y subdelegación de hacienda los respectivos alcaldes primeros, y la comandancia de armas el oficial de mayor graduación, con sugeción y responsabilidad a la Junta de Gobierno que se ba a instalar e, ínterin, a esta ylustre legación.30

En relación con los papeles del archivo de gobierno, la manera de proceder no fue para nada distinta, pues la Junta continuó confiando en los cabildos, ya que resolvió entregarlos al alcalde ordinario primero de Cartago, don Santiago de Bonilla y al secretario de su cabildo don Joaquín Carazo, para que se hicieran cargo de ellos.31

Así pues, en pocas palabras, al despuntar la Independencia no se nombró una burocracia especializada para asumir el control del gobierno, sino que, antes bien, se entregaron todos los menesteres de este mismo a las instancias ya existentes, e incluso a los mismísimos individuos que ya estaban situados en ellas. Habiéndose producido un proceso de emancipación política respecto a la potencia colonial, podría esperarse que fuese este el momento de sepultar todo lo que quedaba de ella, que se eliminasen todos los vestigios de colonialidad y que se sustituyesen por una nueva institucionalidad donde «el pueblo» se rebelase y empezase a ejercer autoridad sobre sus propios destinos. Sin embargo, nada de esto ocurrió, y las potestades de gobierno permanecieron en las manos en las que siempre habían estado. De hecho, Pablo Rodríguez ha señalado que, debido a la falta de una confrontación armada con la metrópoli colonizadora en el momento de la independencia, la construcción de instituciones y de sus cuerpos de administradores no requirió de la total reestructuración del aparato político, sino que consistió en la adaptación y transformación de la institucionalidad colonial, así como de su orden legal, ampliamente basado en la costumbre.32 Por ello no apareció automáticamente una burocracia en el sentido moderno de la palabra.

La opción a favor de mantener las viejas instituciones y a los viejos responsables en sus puestos antes que realizar innovaciones importantes en esa época, sin duda, tiene explicaciones múltiples. Un primer factor probablemente fue que la Independencia se produjo de manera sorpresiva para Costa Rica, por lo que quizá se optó más por la estabilidad que por el cambio, en un momento de crisis. También, luego de firmada la emancipación, el poder fue asumido en Costa Rica por varias Juntas de Gobierno –de hecho 3 y un triunvirato, hasta 1824–, por lo que es dable pensar que la prioridad, más que reestructurar las instituciones subalternas, acaso habría sido integrar estas Juntas y emitir documentos proto-constitucionales como el Pacto de Concordia y los Estatutos Políticos de 1823, en lugar de preocuparse por las instituciones menores. Es decir, fue la prioridad establecer las condiciones mínimas para mantener la estabilidad de la provincia y el orden interno.

Además, en una coyuntura tan crítica y de cambios tan acelerados, probablemente no hubo tiempo de estructurar un aparato administrativo complejo a partir de cero, de manera que fue más práctico acudir a las viejas instituciones que ya existían y cumplían sus funciones de manera aceptable para las instancias superiores. En vista de ello, para hacer llegar sus disposiciones a la población, las Juntas decidieron seguir dependiendo de las instituciones que habían sido estructurantes en los tiempos del régimen colonial. Esto fue particularmente evidente para el caso de los cabildos. Para todos los menesteres administrativos que tenían que ver con el gobierno de las localidades, y para hacer llegar las órdenes de las Juntas a la población de ellas, se siguió dependiendo de los ayuntamientos, tal como puede leerse en las codificaciones legales de la época, anteriormente citadas. Esto fue así, con toda probabilidad, en virtud de la doctrina del pactismo, vigente en la época, la cual establecía que, en ausencia de rey o de un gobierno superior, la soberanía regresaba al pueblo, que era su depositario original y la cedía al monarca debido a un «pacto» político. Por lo tanto, la soberanía debía ser ejercida, en primera instancia, por los ayuntamientos, que eran los representantes legítimos del populus.33

Otra razón por la que no se nombró en la Costa Rica del periodo fue, a no dudarlo, la inestabilidad e inseguridad jurídica reinante en este tiempo. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que, en este momento, no se tenía aún claro, si Costa Rica se iba a unir a una entidad política mayor como el Imperio Mexicano o la Gran Colombia, y tal entidad, cualquiera que fuese, con toda probabilidad, iba a querer crear una institucionalidad y un personal administrativo propio, según sus criterios. Esto desestimulaba cualquier interés de estructurar un aparato de gobierno propio para la provincia. Como resultado, las Juntas de Gobierno quizá optaron por mantener las instituciones coloniales tal como existían –y a sus administradores en ellas–, para organizar y tomar control de los recursos con que se contaba, amén de para impedir cualquier probabilidad de desorden, a la espera de ver lo que haría la instancia política mayor a la que Costa Rica se adhiriera.

Con todo, esta misma inestabilidad fue un acicate para que las autoridades de Costa Rica pronto se decidieran a lanzar un gobierno propio, asumiendo el control autónomo de las instituciones administrativas presentes en la provincia, aunque sin nombrar burócratas nuevos. Muchas de las viejas instituciones coloniales vigentes en todo el reino –y a las que estaban subordinadas las de Costa Rica– siguieron funcionando, lo que generó innumerables dudas y vacilaciones en cuanto a cómo gestionar la administración de las instancias locales y su relación con las instituciones coloniales de mayor jerarquía. De hecho, esto generó un verdadero impasse de soberanía con muchas de ellas, pues hubo serias dudas acerca de su continuidad. Por ejemplo, después de la Independencia, la Caja Real de Costa Rica, que había funcionado durante la colonia, ciertamente pasó a ser denominada «Caja Nacional» –aunque claramente faltaba mucho para que pudiera realmente considerarse tal–, pero su encargado, don Manuel García Escalante, siguió recibiendo por algún tiempo –por lo menos hasta diciembre de 1821– oficios de los tesoreros y contadores de León, que le encargaban cobrar los tributos a los pueblos de indios, así como las bulas e indultos.34 Por supuesto, este tipo de problemas se resolvió pronto, porque esos vínculos entre instituciones no tardaron, de facto, en dejar de tener sentido, pues se volvieron claramente impracticables.

Otro ejemplo de estas situaciones en las que las instancias político-administrativas de Costa Rica siguieron dependiendo por un breve tiempo de sus superiores situadas en otras localidades del reino –ya desintegradas entre sí por el proceso de emancipación, con las consecuentes confusiones y problemas a ello asociados–, fue el tema del tabaco. Esta era, de hecho, una de las preocupaciones que la Junta Gubernativa de la provincia externaba a la Diputación Provincial de León –todavía en funciones–, en vista de la situación del momento. La Junta expresaba que la administración de tabacos de Costa Rica había quedado separada de la de León –su superior jerárquica–, lo que definitivamente iba a ser causa de una gran perturbación en la producción, el suministro y el comercio del producto en todo el antiguo reino. De manera sumamente interesante, parece notarse en la documentación que la Junta de Gobierno de Costa Rica buscaba que las autoridades de León no impidieran que se siguiese sembrando tabaco en la provincia, pero que tampoco resintieran que Costa Rica quería insubordinarse totalmente frente a ellas y desconocerlas completamente. De hecho, en el borrador de un oficio de la Junta, sin fecha ni destinatario, pero dirigido muy probablemente a las autoridades de Guatemala, muy sutilmente se daba a entender que, al romperse los vínculos entre provincias como resultado de la Independencia, cada una debía quedar en libertad de gestionar sus sementeras de acuerdo con sus intereses y como le resultara más provechoso, cosa que insinuaba que las autoridades del tabaco de Nicaragua no debían tener más injerencias en Costa Rica. Las autoridades costarricenses agradecieron a sus superiores, a las que se dirigían por interponer sus buenos oficios a favor de la provincia y eludieron cualquier referencia crítica a las autoridades nicaragüenses, pero se declararon en libertad de ver por sus intereses. Decía la Junta:

No es de inferir que León, en su estado de libertad, sin otro objeto que el de beneficiarnos, quiera que seamos sus dependientes ni mucho menos que, conciviendo más útil y ventajosa la sementera de tabaco en la Segobia que en esta provincia, quiera por la misma razón que se haga en esta y no en aquella, pues en este estado cada provincia naturalmente tiende sus miras asia sus aumentos. En esta birtud puede (sic) ustedes, si nos hacen el honor de darnos crédito, que a semejante procedimiento no [entrerrenglonado: solamente] dio lugar la bariedad de noticias sino [entrerrenglonado: muy bien] la necesidad en que la provincia de hallaba de una autoridad superior que la rigiese [se refiere a la integración de las Juntas Gubernativas de Costa Rica]. Esta corporación, en vista de los oficios practicados por ustedes hasta aquí a favor de la provincia, les da las correspondientes gracias, quedando perpetuamente reconocida, llena de la más debida gratitud por la buena intención con que ustedes han deseado obrar en cumplimiento de sus deberes.35

En efecto, el hecho de que las autoridades del tabaco de Costa Rica aún se sentían depender de la Intendencia de León y se mostraban confusas en cuanto a cómo proceder en ciertos casos, fue visible también en otros documentos. En un libro de actas de la Junta Superior Gubernativa consta que las autoridades costarricenses le pedían aún dineros a las de León, para financiar la lucha contra el contrabando. La Junta proponía:

Que se pase oficio al yntendente de León, a fin de que facilite tanto el embío de tabaco yxtepeque, como la remesa de dineros para la sementera de tabacos de esta provincia, haciéndole presente el grande demérito que sufrirán las rentas por la precente copia de contrabando que en una y otra provincia se introducirá.36

Sin embargo, debido a la desintegración en que habían entrado las provincias del reino como resultado de la emancipación de España, las autoridades del tabaco de Guatemala se declararon incapaces de exigir a las de León que llevaran a cabo lo que la Junta de Costa Rica pedía:

Como la provincia de León está independiente de esta capital y no reconoce ya a sus autoridades, no puedo comunicar las órdenes para la remición del tabaco yxtepeque que usted me pide en su oficio de 2 del próximo pasado. Dios guarde a usted muchos años, Guatemala, diciembre 4 de 1821, José Velasco.

De esta forma, en posible concluir que, al producirse la emancipación del dominio colonial, en la provincia de Costa Rica reinaba la confusión y los resabios de Antiguo Régimen se hallaban por doquier. Por ende, las Juntas Gubernativas de los primeros años independientes tuvieron que trabajar con la institucionalidad que existía en el momento de la emancipación en Costa Rica, la cual, como hemos dicho, era muy pobre, debido a la falta de instituciones de capital colonial.37

Como consecuencia de lo anterior, instituciones coloniales como el mando central de las milicias, la Factoría de Tabacos, la Receptoría de Alcabalas y la Real Hacienda fueron las primeras instituciones que conformaron el aparato político de la Costa Rica independiente y constituyeron, pues, el germen de lo que sería más tarde el aparato público burocrático del país. Por supuesto, en esto debe incluirse también necesariamente el aspecto militar. La Constitución de Cádiz incluyó un apartado –el Título VIII– acerca de la fuerza militar nacional que debía existir en las colonias. Por su parte, los documentos proto-constitucionales de Costa Rica en este período también se preocuparon por legislar sobre asuntos militares. Por ejemplo, el artículo 39 del Pacto de Concordia hablaba de que debía haber un jefe de armas de la provincia y el artículo 40 encargaba la comandancia militar de cada localidad al oficial de mayor graduación presente en ella.38 Por su parte, el artículo 27 del Primer Estatuto Político y el 32 del Segundo Estatuto de 1823 establecían que la Junta debía fijar la base de la fuerza armada y la milicia nacional.39 Además, la organización de las milicias fue un tema clave desde la firma de la Independencia para el naciente Estado –como lo atestigua la documentación y la historiografía–, por lo que claramente este es también un tema a estudiar, relativo al aparato político, que no puede ser disociado del relativo a los otros administradores políticos de la época.

Son estas, pues, las instituciones que vamos a estudiar. Y veremos que sus encargados salieron casi por entero de las viejas elites coloniales.

Los administradores de las instituciones políticas

Así las cosas, los jerarcas a estudiar en este período son: el teniente coronel don Félix Fernández –jefe del ejército–, el factor de tabacos don Mariano Montealegre, el receptor de alcabalas don Manuel de Alvarado y el ministro de la Caja Real, que pasó prácticamente ipso facto a ser «Caja Nacional», don Manuel García Escalante.40 Otros personajes que estaban situados también en las instituciones –particularmente en la Factoría de Tabacos– también permanecieron en sus puestos y, por lo tanto, serán incluidos en el estudio.

Poco después de asumir el poder en la provincia, en vista de su preponderancia como mando supremo, la Junta pidió informes a todas estas instancias acerca de su estado y caudales.41 En sus respuestas, todos estos individuos manifestaron su adhesión al proceso de Independencia y su sujeción a la autoridad de la Junta Superior Gubernativa. Por ejemplo, un oficio de la Junta –en el que informaba de la Independencia y de su ascenso al poder y pedía cuentas de sus caudales a la Factoría de Tabacos– fue recibido por el factor don Mariano Montealegre, el interventor don Baltasar Echavarría y el fiel de almacenes don Gregorio Castro, quienes dijeron adherirse en todo a la Independencia y a lo dispuesto por la Junta.42

En vista de ello, los responsables de la Factoría procedieron a enviar a la Junta un estado con los caudales administrados por ellos.43 En este tiempo, la administración del tabaco se hacía también cargo de los ramos de pólvora, correos y papel sellado, de manera que se rindió informe de todos ellos. De esta forma, informes sobre los estados de tabacos y caudales, de pólvora y salitre y del ramo de correos, fueron emitidos por la Factoría para los años de 1821 y 1822.44 Todos ellos fueron firmados en conjunto por personajes como Mariano Montealegre, José Rafael de Gallegos, Baltasar de Echavarría, Gregorio Castro y Pedro Fernández. Montealegre remitió también un estado de la administración de correos, de la cual también estaba a cargo, en noviembre de 1821 y otro en febrero de 1822. Hubo también un informe de la Caja Nacional de Cartago, de noviembre de 1821, firmado por don Manuel García Escalante.45

En este mismo documento, el receptor de alcabalas, don Manuel Alvarado, que se encargaba también del aguardiente y de «otros ramos de mar», también rindió cuentas a la Junta sobre los ramos a su cargo y, de manera muy significativa, manifestó su sumisión a la Junta de la siguiente forma:

Por el oficio de usted de 14 del corriente, quedo impuesto que en virtud de dimición que hiso del gobierno que obtenía de esta provincia el señor coronel de exército don Juan Manuel de Cañas, reasumió la Junta Provisional Guvernativa en si el mando militar, político y de hacienda, de cuyo glorioso acontecimiento felicito a su señoría del modo más respetuoso y plausible y esperando sea usted el órgano que le manifieste mis más afectuosas y más rendidas espresiones.

Cumpliendo pues con lo que en el citado oficio se me ordena, remito a usted un estado del ramo de aguardiente, otro de los ramos de mar, y otro de las renta de alcavalas pues, aunque esta ya sesó, aún caen algunas cantidades de lo que de antemano se adelantaba.

Dios guarde a vsted muchos años, San José, noviembre 17 de 1821, 1º de nuestra libertad,

Manuel Alvarado.46

Alvarado envió, asimismo, un estado del ramo del aguardiente, el cual fechó «en la ciudad libre e independiente del señor San José», añadiendo más abajo « viva la Independencia»,47 así como otros dos informes sobre los rezagos de las alcabalas y los caudales de los ramos de mar.48 Ahora bien, ¿quiénes eran estos personajes? Veamos su composición social.

El primero de ellos, Manuel García Escalante, ministro de la Caja Real, devenida «Caja Nacional» en este tiempo, nació en Cartago en 1763, hijo de don Bartolomé García Miranda y de doña María Cecilia Escalante.49 Su padre fue, sin duda, un hombre adinerado e influyente, pues fue uno de los fiadores de residencia del gobernador Juan Fernández de Bobadilla (1771-1778) en 1773,50 dio mil pesos a un hermano suyo que se casaba en 1777,51 y fue propietario de esclavos.52 Además, era nieto por línea materna de José de Casasola y Córdoba, quien fue alférez real regidor del cabildo de Cartago de 1703 hasta su muerte en 1713.53 Su madre, doña María Cecilia era nieta de don José Escalante y Paniagua, quien había sido alcalde ordinario del cabildo de Cartago en 1680 y 81;54 y de doña Manuela de Vida Martell, hija de Juan de Vida Martell, alcalde ordinario, de la Santa Hermandad y procurador síndico del mismo cabildo numerosas veces entre 1649 y 1671. Este personaje era, así pues, descendiente de rancios linajes de la elite política cartaginesa, que estaban situados en ella desde el siglo XVII.

Su esposa, doña Manuela Petronila López del Corral y Nava no era de posición menos encumbrada, pues era hija –aunque natural– de doña Joaquina López del Corral quien, a su vez, era hija de José Antonio López del Corral, teniente general de Cartago, capitán de milicias y oficial real en 1731.55 Además, el padre de doña Joaquina era yerno de Antonio Salmón Pacheco, peninsular inmigrado nacido en 1650,56 quien sería tesorero real en 167357 y alcalde ordinario de Cartago en 1688 y 1692.58 Esta dama cartaginesa era, además, nieta por línea materna de Lorenzo de Arburola Iribarren, guipuzcoano,59 que fue mayordomo de propios de Cartago cinco veces entre 1695 y 1711,60 además de procurador síndico en 1703 y alcalde de la Hermandad en 1700 y 1701.61 Por si esto no bastara, el padre de doña Manuela era el exgobernador español José Joaquín de Nava (1764-1773).62

En cuanto a sus puestos políticos, durante el régimen colonial, García Escalante aparentemente se desempeñó por un cierto lapso como escribano, pues un Manuel José García Escalante fue fiado para el puesto en 1800 por Juan Francisco de Bonilla, Manuel Marchena y Lorenzo Carazo,63 todos personajes poderosos y políticamente destacados, por demás. Fue teniente de tesorero a partir de 1802, puesto para el que, por cierto, fue fiado por otros personajes sumamente influyentes como Manuela Fernández de la Pastora, Ana Jacoba Alvarado y Félix de Bonilla,64 y de nuevo fue fiado para este puesto por Juan Francisco de Bonilla en 1805.65 Todas estas fianzas atestiguan la calidad de sus apoyos y conexiones sociales. Fue teniente de oficiales reales y administrador de correos a partir de 1809,66 así como procurador síndico del ayuntamiento de Cartago en 181367 y 1814.68 A partir de ese último año se le nombró tesorero de la Real Caja de Costa Rica, puesto en el que continuó hasta 1818.69 El mismo año, solicitó que se estableciese en Cartago una Caja Foránea y que se le nombrase tesorero en ella, en premio por sus luengos servicios.70 Probablemente en vista de ello, en 1819 fue subdelegado de hacienda y en 1820 administrador de la caja subalterna de Costa Rica.71 Además, como era típico de las elites coloniales, ostentó un alto grado militar, pues en 1819 era capitán de la sala de armas.72 Con posterioridad a la Independencia, lo encontramos todavía como administrador de la Caja de Costa Rica,73 puesto en el que, como sabemos, continuó tiempo después.74 De hecho, en 1822 se le vuelve a mencionar como ministro de la hacienda pública y capitán de la sala de armas de Cartago.75 Por si esto fuera poco, fue firmante del acta de Cartago del 29 de octubre 1821,76 y diputado constituyente por Cartago en los dos Congresos Constituyentes de 1823, del primero de los cuales fue vicepresidente,77 por lo que participó en la elaboración de los dos Estatutos Políticos emitidos ese año.78 A partir de 1822 se le empezó a denominar «ministro principal».79 Posteriormente, fue tesorero general de la Hacienda Pública en 1824,80 Intendente General de Hacienda en 1825,81 tesorero General del Estado en 182682 y de nuevo en 1827.83 Todavía en 1829 firmó un libro de cargo de tabacos y84 ese mismo año, declinó el cargo de administrador principal de la aduana marítima, según decía, «por causas que le dificultan».85 Murió en San José, el 18 de octubre de 1848. Curiosamente, no es mucha la información que se encuentra en el registro documental sobre su riqueza o actividades económicas, lo que permite suponer que vivió toda su vida de los ingresos que le deparó su profesión.

Por su parte, Manuel Alvarado, receptor de alcabalas al momento de la Independencia, también tuvo una luenga carrera política y antecedentes sociales de elite en el régimen colonial.86 Nació en San José el 5 de enero de 1774 y murió en la misma ciudad el 19 de diciembre de 1852. Sus padres fueron Joaquín Alvarado González –personaje de oscuros orígenes, que no hemos podido ligar con los miembros de la familia Alvarado y Jirón de la provincia, aunque ostentaba el título nobiliario de «don»–87 y Rita Josefa Alvarado Ocampo, nieta de Gil de Alvarado y Vida Martell, quien fue procurador síndico de Cartago en 1709.88 Además, el abuelo de doña Rita Josefa era hijo de Pedro de Alvarado Vera y Sotomayor –quien fue regidor del cabildo de Cartago de 1681 a 170489 y descendiente de la luenga prosapia de Jorge de Alvarado, hermano del Adelantado de Guatemala, afincados en Costa Rica desde mediados del siglo XVII–90 y Josefa González Camino, hija de Juan González Camino, extremeño,91 que fuera alcalde de la Hermandad del cabildo de Cartago en 168092 y alcalde ordinario en 1684.93

Además, Manuel Alvarado se casó en Cartago en 1818, con doña Rosalía Barroeta, hija de don Rafael Barroeta,94 guatemalteco,95 exabogado de la Audiencia, teniente de gobernador de Bagaces y Cartago en numerosas ocasiones a inicios del siglo XIX,96 también alcalde ordinario de San José en 1820,97 diputado por Costa Rica ante la Diputación Provincial de León el mismo año,98 y reiterado miembro de Juntas de Gobierno en 1821, 22 y 23.99

En cuanto a su carrera política, es visible en la documentación que nuestro personaje de marras ocupó numerosos puestos. A partir de 1803, se encuentra como receptor de alcabalas de la provincia,100 puesto en el que seguía en 1809101 y en el que continuó, aparentemente sin interrupciones, durante todo el resto del periodo colonial.102 Se sabe también que ya tenía el cargo de receptor de correos en 1812.103 En lo referente a puestos de cabildo, fue procurador síndico del cabildo de Cartago en 1801,104 y se le encuentra como regidor del ayuntamiento de San José en 1812105 y 1813,106 así como en el cargo de síndico procurador de la misma ciudad en 1814 y 1820.107

Con posterioridad a la emancipación, es posible decir que este personaje fue diputado al Congreso Constituyente de la Provincia por Cartago108 antes y después de la confrontación de Ochomogo de 1823. Además, en 1825 fue nombrado ministro contador de la Tesorería General del Estado, presumiblemente sustituyendo a García Escalante.109 Para este cargo, Alvarado fue fiado por Joaquín Rivas –mayordomo de propios del ayuntamiento de San José, en 1822–, por un monto de mil pesos,110 esto porque en la época el puesto se seguía rematando al mejor postor, a la manera colonial –lo que naturalmente implica que su titular poseía el dinero para comprarlo–. En 1826 seguía siendo ministro contador de la hacienda pública,111 y se le menciona en el mismo puesto en 1829.112

Además de lo anterior, Manuel Alvarado también tuvo participación en el Poder Legislativo, pues ha sido documentado que fue diputado de la Asamblea Constituyente de 1825 y de la de 1843-44.113 Era diputado también en 1827114 y 1828.115 Por lo que presumiblemente dejó su puesto en las alcabalas durante esos dos años.

En cuanto a su participación militar y en otras instituciones, es posible decir que, junto con su hermano Benito, Alvarado fue nombrado teniente coronel de milicias en 1824116 y, que ese mismo año formó parte de la primera Tertulia Patriótica fundada en la provincia,117 también en compañía de su hermano.

Como medios de fortuna, es posible señalar que Manuel Alvarado tuvo importantes intereses en labores mineras. Por ejemplo, en 1807 pidió se le midieran unas minas de oro, plata, cobre y plomo en la zona de Aguacaliente de Cartago,118 así como de una mina de plata cerca del río Tiribí junto con su hermano Benito,119 aunque no se sabe a ciencia cierta qué tanto las explotó. En 1824 solicitó a la Junta Gubernativa un asunto referente al beneficio de metales junto con un socio que tenía de nombre Mateo Urandurraga.120 También denunció una mina en Alajuela en 1826.121 De manera interesante, Obregón Quesada señala que también fue diputado del Tribunal de Minería.122

Además, y siempre en el tema de sus actividades económicas, existen evidencias de que este personaje tuvo también importantes intereses comerciales. De hecho, todo apunta a que don Manuel Alvarado fue un rico comerciante, pues en 1813 construyó pailebot para comerciar con América del Sur.123 Otro documento del mismo año aporta más precisión acerca de los bienes que comerciaba: aparentemente mercaba maderas en Panamá, Guayaquil y Paita.124 También, siempre junto a su hermano Benito, Alvarado hizo compaña con un cierto catalán de nombre Juan Aluma, en 1813, para la construcción de un buque, probablemente con fines mercantes.125

Finalmente, este personaje también parece haber participado en el negocio agropecuario. Por ejemplo, se sabe que poseía 100 reses en Bagaces en 1800;126 un solar que compró a su suegra en Cartago en 1809 por 50 pesos;127 así como un terreno en Tres Ríos, que compró a un cierto Francisco Ramírez en 1812,128 y un potrero en Chircagres, en 1821.129 Su esposa también poseía actividades de este tipo y no era menos adinerada que su marido, pues lo fio para uno de sus puestos por 3 000 pesos, hipotecando tres casas, dos potreros, un molino, un solar y unas tierras cercadas, en 1821.130 De hecho, las actividades agropecuarias de la familia de su esposa también quedaron en algún momento bajo su cargo pues, en 1824, reconoció un censo por 1 447 pesos 4 reales, debido a la inhabilidad de su suegro, censo que estaba fundado sobre una hacienda –presumiblemente ganadera– y unas tierras en Río Grande, además de sobre una casa y un solar al frente de la plaza de Alajuela y un potrero.131 Como dato importante, vale la pena acotar que el esclavismo no le fue ajeno a Manuel de Alvarado, pues es posible documentar que también poseía un esclavo –probablemente para su servicio personal– al que liberó en 1821.132

En cuanto a sus conexiones sociales, es posible decir que Manuel Alvarado las entabló con poderosos miembros de las elites políticas de su época. Por ejemplo, fue albacea testamentario del presbítero Rafael Arnesto de Troya,133 influyente miembro del clero, lo que atestigua lo encumbrado de sus relaciones. También contrajo una obligación a favor del gobernador Tomás de Acosta (1797-1810) por un monto de 1 789 pesos, en 1806,134 lo que es otra muestra del nivel de sus relaciones sociales. Así pues, es posible concluir que este personaje fue, sin duda alguna, otro miembro conspicuo de la elite de poder de la provincia.

Otro de nuestros personajes en estudio es el factor de tabacos Mariano Montealegre. Este individuo también manifiesta haber sido parte de añejos linajes dominantes de Costa Rica, cuyo poder se extendió hasta bien entrados los tiempos independientes. Nació en la ciudad de Guatemala el 1 de agosto de 1783 y murió en San José el 12 de noviembre de 1843.135 Como inmigrante que era, no permaneció impávido. Antes bien, llegó y se conectó muy bien en la provincia pues, en 1815, se casó con Jerónima Fernández Chacón, hija de Félix Fernández Tenorio, quien fue mantenido como comandante general de las armas por la Junta Superior Gubernativa de 1821 y es también otro de nuestros personajes en estudio. Con ella, por si fuera poco, procreó al futuro jefe de Estado José María Montealegre (1860-1863), lo cual muestra la prolongación de estos linajes en el tiempo.

En cuanto a su carrera política, Montealegre parece haber tenido un meteórico ascenso y un recorrido a escala centroamericana –principalmente en el ramo del tabaco–, que inició a partir de puestos más bien modestos. Según un documento de 1802,136 ese año sirvió el empleo conocido como «ameritado» en este ramo; en 1804, se desempeñó como oficial escribiente; en 1809 fue contador interventor; luego fue factor interino y a ello se sumó que fue también administrador de correos en 1819. Otro documento cita como «parajes donde ha servido», la factoría de tabacos de León en 1809, la de San Salvador el mismo año, y la de Costa Rica, también el mismo año. A partir de 1812 se le cita en Costa Rica como interventor de tabacos.137 En 1813 era ya factor de tabacos interino138 –aunque luego ese año se le vuelve a mencionar como interventor–,139 pero parece ya consolidarse como factor titular a partir de ese año.140 Para 1815 percibía un salario de 1 000 pesos anuales,141 y continuó en su puesto como factor de tabacos con posterioridad a la Independencia.142 Como testimonio de sus conexiones sociales y, en asocio con el puesto, aparentemente fue fiado para el cargo nada menos que por Camilo Mora y su esposa Ana Benita Porras, padres del futuro presidente Juan Rafael Mora Porras, 1849-1859.143 Por si todo esto no bastara, Mariano Montealegre fue segundo jefe de Estado junto con Juan Mora Fernández –electo primer jefe– desde setiembre de 1824 hasta abril de 1825.144 Con todo, aparentemente seguía siendo factor de tabacos –con los demás ramos a su cargo– hasta bien sobrepasados los límites temporales de este estudio.145

No obstante la trayectoria y abundancia documental anteriores, de manera curiosa, no parece haber gran cantidad de información acerca de sus posesiones o actividades económicas, por lo que parece que vivió de su salario –nada humilde, por cierto– durante toda su vida, aunque sabemos que poseyó una casa en la que dio hospedaje a cierto matemático francés, en 1825.146 Obregón Quesada dice de él que fue «factor de tabacos y cafetalero»,147 lo que añade un dato a su riqueza económica.

De los personajes de menor rango en la administración, particularmente en la Factoría de Tabacos, también es posible acotar varias cosas, todas ellas apuntando a su posición de elite. En primer lugar, tenemos el caso de Baltasar Echavarría. Personaje de poquísima información, Echavarría ostentaba, sin embargo, el título de «don» y fungía como interventor en la Factoría de Tabacos al momento de la Independencia.148 No parece haber información de carácter genealógico acerca de él en la documentación. Pese a ello, es conocido por ser empleado de la Factoría por lo menos desde 1811,149 y se le menciona como fiel de almacenes desde 1813.150 Al producirse la Independencia parece haber sido más bien interventor de tabacos,151 puesto en el que seguía estando en 1822.152 Seguía rindiendo cuentas al gobierno sobre los ramos a su cargo en la Factoría aún en 1825.153

También tenemos a don Gregorio Castro. Un personaje con este nombre aparece mencionado como guarda mayor del tabaco al menos desde 1795154, el cual parece seguir en el puesto en 1801155 y 1802156. Le encontramos de nuevo trabajando en la Factoría de Tabacos en 1808.157 Posteriormente, parece haber ascendido al puesto de fiel de almacenes de la Factoría por lo menos desde 1815,158 y lo seguía siendo en 1821.159 Era fiel de almacenes todavía en 1822.160 Con posterioridad a su trabajo en la Factoría, el cual parece interrumpirse después de 1822, Gregorio Castro parece haberse dedicado a una carrera municipal. Fue mayordomo de propios de San José en 1821 y 1822,161 aunque este último año solicitó que se le exonerase de su cargo.162 Se menciona un individuo con su nombre, al que a veces se añade el apellido Alvarado, como depositario de propios de San José en 1821 y 1822.163 Para 1824 se le consigna como regidor, cuando se menciona que también fungió interinamente como síndico.164 Fue alcalde de San José ese mismo año,165 y también se sabe que fungió allí como juez de policía, puesto al que renunció, en 1827.166

Al igual que en el caso anterior, no parece haber mayor información de carácter familiar sobre él.167 Según una mortual de San José de 1829, un Gregorio Castro estuvo casado con Juana Manuela Velarde,168 hija de Francisco Javier Velarde y Antonia Ifigenia Umaña. La pareja se casó en la década de 1780. De ser este nuestro personaje de marras, este matrimonio lo haría cuñado del presbítero Félix José Velarde.169

En cuanto a sus actividades económicas, vale destacar que en este mismo documento se menciona que este personaje poseía un molino y un «encierro», presumiblemente de ganado y se sabe que era propietario de un terreno, en el que otros vecinos sembraban maíz y frijoles, en 1825.170 Aparentemente, una casa que había sido de su propiedad fue dedicada a cuartel en 1825,171 por lo que se puede pensar que ya habría muerto o dejado la provincia.

Pedro Fernández, otro personaje de la Factoría, también resulta ser un personaje más bien oscuro. Sabemos que participó en puestos municipales, pues fue alcalde constitucional 2º del Ayuntamiento de San José, aparentemente por anulación de la elección anterior.172 También, si hemos de creer que se trata del mismo individuo, un Pedro Fernández fue nombrado teniente de Milicias de San José ese mismo año. Existe alguna información genealógica sobre individuos con el mismo nombre, pero no hay nada en ello que indique que es él, ni que nos hable de uniones matrimoniales socialmente fuertes.173

Para terminar con la Factoría, José Rafael de Gallegos, otro personaje que aparece firmando documentos en esta época, es de sobra conocido en la historia nacional por haber sido segundo jefe de Estado en 1825, 1829, y primer jefe en 1833-1834. Era hijo del zamorano Felipe Gallegos y Lucía Guadalupe de Alvarado.174 Por esta razón, estuvo emparentado con la madre de Manuel Alvarado, personaje que estudiamos. Nació, según un autor, en 1782 y175 según otro, en 1784176 y murió en San José en 1850.177 Como puestos políticos, se puede señalar que fue alcalde ordinario de San José en 1810178 y 1816,179 y alcalde constitucional en 1821, puesto en el que continuó después de la Independencia.180 También fue miembro de la Junta Superior Gubernativa de 1822, la cual llegó a presidir.181 Este personaje tuvo también un involucramiento militar, pues fue oficial de caballería de las milicias nacionales en 1821.182

En lo económico, se ha documentado que Gallegos participó en actividades comerciales y tabacaleras en asocio con su medio hermano José Santos Lombardo y su primo segundo Camilo Mora.183 De hecho, fue uno de los comerciantes que se quejaron en 1813 por las políticas impositivas de la corona.184 También, en asocio con su medio hermano Lombardo, formó una compañía para explotar la mina Sacra Familia, en 1824.185 Asimismo, invirtió en la propiedad urbana, pues se sabe que compró una casa en San José en 1810186 y otra en Cartago en 1824.187 Finalmente, en especial después de la Independencia, Gallegos parece haberse dedicado a invertir en la propiedad fundiaria rural, pues, en 1826 se le remató un terreno en Alajuela,188 otro en San Antonio de Nicoya en 1829189 y otro en Barrahonda el mismo año.190 Siempre en las inmediaciones y en 1829, un cierto José María Díaz le cedió sus derechos sobre otro terreno en Sabana Grande.191 El mismo año recibió títulos de propiedades en Nicoya y Esparza por parte del gobierno.192 Gallegos fue, por tanto, otro miembro distinguido de las elites coloniales.

Finalmente, en cuanto al jefe supremo del Ejército, el teniente coronel don Félix Fernández, también es posible constatar cantidad de elementos interesantes, que lo sitúan dentro del ámbito de las elites del período. A simple vista, podría parecer que un militar no es un administrador político, pero claramente, en este tiempo, los militares fueron un elemento clave que contribuyó a sostener el orden, en una época de caos e inseguridad política y jurídica, así como de debilidad institucional. Ellos constituían los cuerpos de fuerza que apoyaban a las instituciones existentes en la puesta en práctica de sus decisiones.193 Seña de esto es que, por ejemplo, en un libro de actas de la Junta Superior Gubernativa, con fecha de noviembre de 1821, se hablaba de la necesidad de apresurarse a integrar un cuerpo armado nacional en las jurisdicciones donde no lo hubiese, debido a lo difícil de las circunstancias. En el folio 15 del mismo documento, se habla de nuevo de la importancia de las milicias nacionales y, a la vuelta, de la pólvora.194 Por demás, según demuestra Aharón Arguedas en un trabajo reciente, las milicias no se alteraron en su composición al producirse la Independencia,195 los oficiales permanecieron en sus puestos y conservaron sus rangos tal y como estaban, y la mayoría de ellos provino de las elites coloniales, por lo que es claro que se mantuvo al ejército colonial como institución, debido probablemente a esta necesidad de contar con un cuerpo de fuerza para sostener el orden e impedir cualquier viso de alteración de este. Por si esto fuera poco, Arguedas también demuestra que en esta época existió una absoluta imbricación de los cabildos y sus elites en las milicias de la provincia. Por demás, estas circunstancias prueban que el modelo aristocrático de mando tal como había funcionado en tiempos coloniales, aunque con frecuentes matices,196 siguió en vigencia. Por lo tanto, no es de extrañar que el jefe supremo de las milicias fuera alguien salido de la crème de la crème de las elites coloniales. Estudiaremos, pues, a este personaje también, porque fue otro de los jerarcas que la Junta Gubernativa dejó en su puesto al producirse la Independencia y, por lo tanto, contribuyó a sostener la estabilidad del orden político durante el conflictivo proceso.

Así pues, don Félix Fernández de Tenorio –tal era su nombre completo–, nació en San José hacia 1754, hijo de Pedro Nicolás Fernández Acosta y María Cayetana Tenorio Castro, hija del capitán Cristóbal de Tenorio,197 alcalde de la Hermandad del Cabildo de Cartago en 1673.198 Se casó en primeras nupcias, en 1785 con Petronila Chacón Aguilar, hija de José Chacón Matamoros y Micaela Aguilar Solano y, en segundas, de manera bastante tardía en su vida, en 1807, con Josefa Evarista Hidalgo Oreamuno, hija de Tomás Hidalgo Bonilla y Ana Rita Oreamuno Muñoz de la Trinidad.199 De este modo, en esta segunda unión, Fernández estableció una alianza matrimonial con la poderosa familia Oreamuno, pues su segunda esposa era nieta del influyente Joaquín de Oreamuno y Muñoz de la Trinidad, líder del movimiento golpista de 1823. Por si esto no bastara, su hijo Manuel Fernández Chacón ejerció el poder supremo en 1835 y dos de sus nietos fueron presidentes de la república posteriormente: José María Montealegre Fernández200 (1860-1866) y Próspero Fernández Oreamuno (1882-1885). Era así y por todos los ángulos que se mire, miembro de lo más granado de las parentelas coloniales de su época.

En cuanto a su carrera política, para empezar, Fernández resulta ser un personaje interesantísimo. Fue, de hecho, el último gobernador colonial nombrado oficialmente por las autoridades de Guatemala, aunque nunca llegó a ejercer el puesto debido a que las Juntas de Gobierno tomaron el poder y, al producirse la emancipación, todo apunta a que se conformó con ello. Fue nombrado por el último capitán general colonial de Guatemala, don Gabino Gaínza, para ocupar la gobernación en sustitución de Juan Manuel de Cañas, en noviembre de 1821, pues, según se ha documentado, aparentemente las autoridades de Guatemala consideraban que las actuaciones de Cañas eran contrarias a sus acuerdos, aunque desde el 12 de ese mes Cañas había cesado en sus funciones, después de renunciar ante la Junta de Legados de los Pueblos.201 El puesto se le revocó a Fernández Tenorio al asumir el poder la Junta Gubernativa de 1821.202

Por lo que se refiere a sus otros cargos políticos, se puede acotar que se ha documentado que este personaje fue teniente de gobernador de San José en 1787.203 En cuanto a su carrera militar, se le menciona como comandante general de las armas desde 1812.204 Como militar, nuestro personaje de marras fue, además, capitán de la 4ª compañía de milicias disciplinadas de Cartago –con la cual fue a Nicaragua a combatir las revueltas ocurridas allí en 1813–,205 y ascendió al puesto de teniente coronel del batallón de milicias de la provincia hacia 1817.206 Tan meteórico fue su ascenso como miembro del ejército que, para 1819, era teniente de gobernador en lo militar, y hubo de asumir el puesto de comandante accidental de las armas en sustitución del gobernador Juan de Dios de Ayala (1809-1819), que había caído enfermo.207 En 1822, luego de concretada la Independencia, la Junta Superior Gubernativa le asignó de nuevo la comandancia de las armas de la provincia.208 Según se ha documentado, Félix Fernández se retiró de toda actividad pública a partir de 1823 y murió en San José en diciembre de 1834.209 De hecho, se le consigna como coronel retirado en 1824.210 Así las cosas, dados sus antecedentes personales y familiares, era muy natural que Félix Fernández continuara al frente de las milicias en el periodo difícil de la emancipación. De manera interesante, no se le ven mayores medios de riqueza en la documentación, por lo que puede haber vivido de los salarios de su profesión militar.

Conclusión

La Costa Rica que existía al despuntar el periodo independiente siguió siendo colonial en las bases mismas de su estructura política. Pese a las corrientes de cambio político y de revuelta social que hacían ebullición en toda Hispanoamérica en su época, el grupo dirigente que tomó el poder luego de la firma de la emancipación optó, como un todo, por mantener el orden establecido, con toda probabilidad, para evitar el desorden que podría conducir a una nociva pérdida de control o incluso a un vacío de poder como el que se había presentado en otras regiones del continente. El hecho, sin duda alguna, fue facilitado porque, al ser Costa Rica una provincia marginal, no hubo que luchar contra instituciones coloniales poderosas como una Audiencia o un virrey, por lo que más bien se produjo una conversión de las instituciones de coloniales a independientes, la cual fue relativamente fluida. Las autoridades centrales situadas en las capitales del reino pronto quedaron anuladas por la fuerza misma de las cosas.

Esto hizo posible que los líderes que ya se encontraban en los puestos de las instituciones existentes al momento de la Independencia pudieran continuar en ello, pues fueron la garantía del sostenimiento del orden establecido. Por sus orígenes sociales, resulta claro que todos ellos pertenecían a una verdadera telaraña de familias dominantes coloniales, que se hallaban fuertemente interconectadas entre sí. En cuanto a sus medios de riqueza, es evidente que prácticamente todos se encontraban situados en los ramos productivos más jugosos de la provincia y ligados al comercio exterior, un rasgo que había caracterizado a las elites coloniales y seguiría caracterizando a las elites dominantes de Costa Rica después de la Independencia –la oligarquía cafetalera– y aún hasta nuestros días. Sus conexiones sociales también se hicieron evidentes en las numerosas interacciones que entablaron a lo largo de sus vidas, la mayoría de ellos con otros personajes de su misma estatura social. Por todas estas cosas, estos individuos fueron también poseedores de saberes como la cultura letrada, pero también relativos a las faenas de la administración, los cuales con toda probabilidad deben haber sido acumulados por sus familias luego de generaciones de estar situados en el aparato político y militar en el servicio del rey. Por demás, estos conocimientos y experticias heredados de generaciones anteriores claramente les sirvieron como fuente de riqueza, pues todo parece indicar que muchos vivieron de los jugosos salarios pagados por la administración real a sus fieles servidores. Las armas –elemento definitorio de las elites coloniales–, tampoco les fueron ajenas, pues muchos de ellos ejercieron también puestos militares, lo que añade un elemento de fuerza extra a su poderío político y social. Resulta claro, entonces, que todos los personajes que estuvieron situados en puestos administrativos en el trance de la Independencia –los primeros en aproximarse al actual concepto de administradores públicos del país– definitivamente formaron parte de las elites coloniales de Costa Rica. Este rasgo decididamente impactó el funcionamiento del aparato político vigente en la época, pues mantuvo su carácter elitista. No hubo, pues, ninguna renovación desde el punto de vista de la procedencia social de las jerarquías políticas durante el periodo independentista, respecto al periodo colonial. Ninguna alteración del orden social preexistente se produjo, pues, en este sentido. Los personajes que protagonizaron el proceso, sin embargo, endosaron por completo la emancipación –con su carga de ideales republicanos e ilustrados– y se abocaron a continuar con su trabajo para sostener el orden tal como venía de la colonia y estaba siendo mantenido por las Juntas Gubernativas. La transformación sustancial del aparato político de Costa Rica hacia un Estado moderno –con sus virtudes y defectos– habría de operarse en las décadas siguientes y, como proceso dinámico que es, continúa aún en nuestros días.

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Archivo Nacional de Costa Rica

Serie Complementario Colonial

CC2167

CC4546

CC3247

CC3917

CC0074-1673

CC0120-1683

CC3907-1683

CC3925-1687

CC3918-1688

CC0134-1702-1703

CC7502-1777

CC3240-1795

CC1463-1801

CC2321-1802

CC2676-1802

CC7320-1807

CC7165-1807

CC5356-1808

CC2050- 1809

CC6620-1811

CC5087- 1812

CC6701- 1812

CC3790 f9 1813

CC3669- 1813

CC2476- 1813

CC6947-1813

CC5572-1813

CC6372-1813

CC6373-1813

CC2503- 1814

CC2575-1814

CC3677-1814

CC2676- 1815

CC3658-1816

CC5636-1818

CC3654-1818

CC3084-1819

CC3066-1819

CC3074- 1819

CC3228-1820

CC6014-1821

CC3297- 1821

CC3669- 1821

CC4364-1821-05-02

CC8553-1822-03-30

Serie Cartago

Cart 1078, f262

Cart 1119-1668-1677 y 1690-1701

Cart 1143-1678-1680

Cart 074-1684

Cart 1012- 1812

Serie Guatemala

Guat 1070

Guat 923-1809

Guat 964-1813

Guat 967-1813

Guat 1023- 1814

Guat 1091-1817

Guat 1131-1818

Protocolos

Prot 961- 1773-02-25, ff. 25-26

Prot 966-1777-12-17, ff.108-110

Prot 1014- 1800-08-04, ff 36-37

Prot 1014-1800-08-04 ff36-37

Prot 1019-1802-04-03 ff16v-17v

Prot. 1023- 1803-10-11, ff. 20v-21v

Prot 1019-1805-04-3 f 28 v

Prot 1019 76v-78 1805-11-16

Prot 1033- 1806-07-10, ff. 17v-18v

Prot 1037- 1809-10-10, ff. 110-112

Prot 1038- 1810-05-30, ff 50-53v

Prot 1040-1812-05-13, ff. 47-49v

Prot 1040-1812-11-24, ff. 132-134

Prot 1041-1813-05-13, ff.37-38

Prot 1057-1820-12-01, ff. 28v-29v

Prot 1060-1821-08-09, ff. 13-15v

Prot 1066- 1824-07-21

Prot 1066- 1824-04-21, f 4v

Prot 1066- 1824-12-14, ff 53-54v

Serie Municipal

Municip. Cartago 439

Municip. 485

Municip 483-1705-1717

Municip. 772-1731

Municip. 336-1803-01-01

Municip. Cartago 768-1811

Municip. 775-1812-12-06

Municip. 453-1812

Municip. Cartago 439- 1813

Municip. 453- 1813

Municip. 463- 1820

Municip. 485-1820-1821

Municip. 841-1821

Municip. San José 68 1822

Municip. 475- 1824

Municip 480- 1825-1826

Municip. 328- 1825

Municip. 474- 1827

Serie Provincial Independiente

Prov. Indept., 69-1821

Prov. Indept. 118-1821

Prov. Indept. 106-1821

Prov. Indept. 1314-1821-22

Prov. Indept. 56-1821

Prov. Indept. 106-1821

Prov. Indept. 130-1821

Prov. Indept. 1315-1821-1825

Prov. Indept. 1309-1821

Prov. Indept. 106-1821

Prov. Indept. 23-1821

Prov. Indept. 38-1821

Prov.Indept. 146-1822

Prov. Indept. 287-1822

Prov. Indept. 1325-1822

Prov. Indept. 311-1822

Prov. Indept. 375-1822

Prov. Indept. 1450-1822

Prov. Indept. 382-1822

Prov. Indept. 257-1822

Prov. indept. 1456-1822

Prov. Indept. 546-1823

Prov. Indept. 713-1823

Prov. Indept. 828-1823

Prov. Indept. 1051- 1824

Prov. Indept. Archivo General 159-1825

Prov. Indept. 1435-1826-1829

Hacienda

Hacienda 8466

Hacienda 11348-1815

Hacienda 8400-1821-1822

Hacienda 7309-1824

Hacienda. 7289-1825

Hacienda 8980-1825

Hacienda 8391-1827

Hacienda 7533-1827

Hacienda 7656-1829

Hacienda 7711-1829

Congreso

Congreso 2969

Congreso 628-1827

Congreso 757-1828

Congreso 014-1829

Juzgado de lo contencioso Administrativo

Contencioso 4331-1826

Contencioso 4534- 1826

Contencioso 5381- 1829

Contencioso 5382- 1829

Contencioso 5383- 1829

Otras series

Federal 878-1825

Guerra y Marina 13250-1821

Mortuales Independientes de San José 214-1829

Gobernación 27155-1830

Archivo General de Indias, Audiencia de Guatemala

AGI GUAT 94 N°7-1686

AGI GUAT, N°C6-1707

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