Introducción

La historiografía agraria y social ha logrado demostrar cómo las transformaciones institucionales en la esfera laboral encauzaron y deslindaron el radio de acción de los antagonismos de clases existentes en el campo chileno y, en particular, en la provincia de Curicó.3 A partir del Código del Trabajo, el campesinado chileno tuvo acceso a instrumentos legales para organizar las demandas en contra de los propietarios rurales y el Estado. Esta politización visible y pública ha acaparado la atención de los historiadores, pues tanto estadística como cualitativamente, ha dejado un mayor número de fuentes documentales.4

En el presente artículo se argumenta que, antes de que estos antagonismos se manifestaran a través de los mediáticos procesos de sindicalización y eventos huelguísticos, el campesinado de la provincia buscó otros medios para legitimar sus demandas sociales y económicas, y, al mismo tiempo, les dieron una orientación institucional a sus formas cotidianas de rebeldía y desacato. Nos referimos a la judicialización del conflicto social y económico, la cual permitió hacer visible socialmente no solo las condiciones laborales y de vida de los campesinos de la zona, sino también las recursos para aminorar y enfrentar la explotación.5

En su conjunto, estas formas no-institucionales de resistencia configuraron una cultura laboral particular y encontraron en la judicialización una oportunidad para deslindar un espacio colectivo de subjetivación política; es decir, de desenvolvimiento de las experiencias cotidianas de insubordinación y subalternización.6 Este proceso, que inició con la redefinición política de las prerrogativas estatales de fiscalización y sanción, sustrayendo del ámbito privado las relaciones entre patrones y campesinos, explicaría en gran medida la rápida expansión de la sindicalización durante el primer año de gobierno frente populista.7 Y, de igual modo, la recepción del discurso del Partido Comunista y Partido Socialista a favor de la organización del campesinado.

El éxito de dicha «campaña» se debió, precisamente, a que la construcción de la subjetividad política se encontraba consolidada en términos de experiencias y conciencia antagonizadora.8 Solo faltaba una nueva oportunidad política que proporcionara nuevas herramientas y alternativas para que la conflictividad se tornara aún más visible. Mientras tanto, el campesinado continuó haciendo uso de sus instrumentos históricamente probados, pues estos aún les permitían cuestionar y desobedecer la disciplina patronal que determinaba el lugar social que le correspondían a inquilinos, medieros, jornaleros, arrendatarios y pequeños propietarios.9

Resulta metodológicamente necesario estudiar el fenómeno de la politización campesina al didferenciar una vía formal —orgánica— y otra informal —inorgánica—,10 para comprender la relevancia histórica de los discursos ocultos de la politización. Estos nutrieron y complementaron los nuevos repertorios de acción colectiva que con el Frente Popular se iban a expandir rápidamente a lo largo de los territorios agrícolas de la provincia. Y en esta expansión hubo un hecho sorprendente: la sindicalización y las huelgas campesinas siguieron las huellas, los rastros dejados por las formas cotidianas de politización, de tal manera que la cartografía de la huelga y el sindicato terminó solapándose con la cartografía de la judicialización (y, por tanto, de la resistencia cotidiana). Esto determinó la importancia política de la comuna de Curicó como el principal reducto de politización campesina y, al interior de esta, las localidades de Los Niches, Sarmiento y Tutuquén como las áreas de mayor conflicto rural. Romeral, Teno y Rauco concentraron mucha menos actividad sindical y huelguística, sin embargo, su dinámica replicó geográficamente la de la judicialización.

El objetivo general de esta investigación, por tanto, será analizar el fenómeno de la politización inorgánica campesina —politización oculta—11 a través de los juicios laborales ventilados en el Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó,12 durante la primera gran ola de movilización campesina. Estas fuentes, en su mayoría inéditas, dan cuenta de los patrones de conflictividad al interior de los predios rurales, pero, sobre todo, la latencia de un sustrato esencialmente agrario en los derechos que ha solicitado el campesinado.

Estos derechos, a juicios nuestro, daban forma a la totalidad del proceso subjetivo de politización, y, por ende, al antagonismo cotidiano con el poder hacendal. Metodológicamente, los juicios son fuentes relevantes porque guardan los discursos, gestos, silencios y reacciones que gobernaron las relaciones de poder en los fundos de la provincia, haciendo visible un proceso hegemónico que se encontraba, por lo general, velado, al considerar que el discurso político del campesinado curicano no siempre se expresaba públicamente de forma organizada.13

En relación con la delimitación contextual, resulta importante destacar que, independiente de si los fenómenos de modernización económica al interior de los grandes predios agrícolas desencadenaron la politización formal en los principales valles agrícolas del país,14 los procesos inorgánicos de politización demuestran que la movilización campesina en Curicó tuvo como variables explicativas acontecimientos de naturaleza política antes que económica. Como veremos más adelante, el proceso de reconversión productiva dentro de los fundos no tuvo la capacidad de transformar de manera radical las relaciones productivas ni las estratificaciones laborales, de modo que la proletarización de la mano de obra se concentró en zonas específicas de la heterogénea actividad productiva de los fundos. Por esta razón, en una misma unidad productiva, coexistieron formas tradicionales de producción con otras que transitaban hacia la incorporación de tecnología y fuerza de trabajo asalariada.15 Sin embargo, esta transición involucraba un número menor de cultivos con potencial de transformación industrial o comercial —por cierto, a un ritmo demasiado lento para lograr impactar decisivamente en el régimen de explotación y producción—, y, a fortiori, en la estructura social y cultural de la hacienda.

Por consiguiente, el proceso de politización no se originó mayoritariamente en los sectores proletarizados de la población campesina, es decir, de peones y afuerinos, o de la población residente en vías de proletarización —como lo eran los familiares de inquilinos o inquilinos medieros—. En cambio, provino de la mano de obra cuya relación con el fundo no dependía estrictamente del pago de salarios —inquilinos, aparceros y, en menor medida, arrendatarios—.16 Si no fueron únicamente elementos económicos los que determinaron el proceso de sindicalización y organización campesina, cabe preguntarse qué otros fenómenos incidieron en el ascenso de la movilización sindical y huelguística.

Figura 1

Ubicación de la provincia de Curicó en Chile central

Fuente: Servicio Nacional de Estadísticas y Censos.

Contexto socioproductivo, conflictividad y juicios laborales: el otro rostro de la politización campesina

El tamaño de las haciendas, los paradigmas agronómicos, los sistemas de explotación y las vías de comunicación17 delimitaron la acción litigiosa de los campesinos y, en consecuencia, todo el proceso global de la subjetivación política. La ecuación virtuosa de estos factores ambientales, ecológicos, históricos y sociales constituyó el terreno fértil para que los inquilinos, medieros y peones voluntarios tuvieran la alternativa de confrontar el sistema de explotación laboral, fuese a través de estrategias discretas o formales de politización. La relevancia del período, en este sentido, está en que, por primera vez, se destrabaron alternativas viables para que los antagonismos de clases se encauzaran a través de canales legítimos de politización, como la acción contenciosa.

Por su parte, la articulación de las formas de politización vino a confirmar lo que la judicialización venía advirtiendo desde los primeros años de la década de 1930: la cercanía con el centro urbano y la facilidad en el acceso a los servicios estatales determinaban, finalmente, las posibilidades reales de la resistencia campesina. Sin estas vías de acceso, la hacienda podía seguir garantizando su inveterada impermeabilidad social.

Regímenes de explotación y estructura laboral: el peso de la tradición

Comparado con el período anterior (1934-1938), la estructura laboral del campo curicano no sufrió transformaciones relevantes que pudieran haber influido en la politización campesina. Como puede apreciarse en tabla 1, los inquilinos y medieros mantuvieron prácticamente los mismos valores que alcanzaron en el censo agropecuario de 1936. La cifra de peones y afuerinos al parecer, experimentó un aumento considerable, aunque quizás esto se haya debido a la metodología aplicada en el censo de 1955, que no diferenció entre peones residentes y afuerinos, como sí lo hizo el censo anterior.18 De haberse separado ambos ítems, es muy probable que los valores se hubiesen mantenido igualados, tal como en el caso de los inquilinos y obreros especializados —mayordomos, llaveros, vaqueros, mecánicos, etc.—. Si la reconversión productiva que Roberto Santana identificó para todo el Valle Central hubiese impactado de forma homogénea a todos los fundos de la región, los censos agropecuarios deberían haber arrojado un claro aumento en el número de obreros especializados y voluntarios. Para la provincia de Curicó, sin embargo, la incorporación de cultivos industriales se encontraba aún en ciernes, por esta razón en la década de 1940 la mecanización productiva y la proletarización de la fuerza de trabajo no constituía una tendencia dominante, reduciéndose a algunas zonas específicas de los fundos, según sus características agronómicas —sobre todo, a la calidad de los suelos y el estado de riego—.

Tabla 1

Personal ocupado en las faenas

	Censo de 1936				Censo de 1955
Comunas	Empleados	Inquilinos	Peones m/f	Peones afuerinos	Obreros especializados	Inquilinos e inquilinos medieros	Medieros	Obreros, peones y afuerinos
Curicó	212	793	855	1.194	118	807	265	2.577
Romeral	159	598	624	484	35	447	71	580
Teno	245	941	1.275	784	112	815	309	1.204
Rauco	68	233	164	147	31	285	100	435
Vichuquén	117	346	418	289	4	142	131	188
Hualañé	129	335	418	289	33	184	61	306

Fuente: basado en datos de Dirección General de Estadísticas y Servicio Nacional de Estadísticas y Censos.

El casi nulo aumento de la maquinaria agrícola en las labores productivas corrobora, en gran parte, el estancamiento de la modernización de los fundos curicanos. De acuerdo con las cifras del censo de 1955, la utilización de arados de fierro tradicionales continuaba siendo la principal herramienta de labranza, mientras que cultivadores, cosechadoras y trilladoras mecánicas alcanzaban una cifra estadísticamente irrelevante. Por lo general, este tipo de tecnología se aplicaba en cultivos dirigidos de manera directa por los patrones o administradores de los fundos, pues los inquilinos y medieros se mostraban aún reacios a emplearlos.

Tabla 2

Maquinarias

Comunas	Cosechadoras	Trilladoras fijas	Arados de fierro
Curicó	11	23	1.616
Romeral	11	23	869
Teno	21	41	1.613
Rauco	4	12	503
Vichuquén	-	4	521
Hualañé	2	12	544

Fuente: con base en datos de Servicio Nacional de Estadísticas y Censos.

En cuanto al número de propiedades y la superficie de estas, el censo de 1955 exhibió el mismo patrón de concentración advertido en la década de 1930, excepto de la comuna de Romeral, en donde el latifundio tendió a consolidarse aún más, en detrimento de la mediana y pequeña propiedad rural. En este sentido, solo en la comuna de Curicó, más de la mitad de los propietarios agrícolas (214) poseían predios no superiores a 5 ha, mientras que un número muy reducido de propietarios (17) tenía fundos cuya superficie pasaba de las 500 a las 2.000 ha.

A pesar de esto, un número significativo de propiedades alcanzaba una media de 130 ha, lo cual determinó una cierta diferenciación en el régimen de inquilinaje, comparado con las propiedades de 500 ha o más, pues en estas, los derechos de talajes y raciones seguían siendo la base de la estructura de rentas obtenidas por los inquilinos. En los fundos más pequeños, en cambio, los derechos de talajes sufrieron una clara disminución, compensándose a través de un leve aumento de los salarios.19

Tabla 3

Propiedades y superficie

Comunas	Número de propiedades	Superficie (HA)	Media por propiedad (HA)
Curicó	749	97.629	130
Romeral	261	130.938	501
Teno	437	55.614	127
Rauco	307	19.491	63
Vichuquén	571	39.091	68
Hualañé	276	39.128	141

Fuente: con base en datos de Servicio Nacional de Estadísticas y Censos.

Esta fue la tónica en aquellos predios multifamiliares grandes —según la clasificación realizada en el estudio del Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (1966)—, cuya capacidad productiva les permitía contratar más de doce obreros por año, para una superficie que fluctuaba entre las 200 y las 400 ha; por lo tanto, en fundos de explotación intensiva que habían sido objeto de algún tipo de subdivisión territorial.20 En ellos, la disciplina laboral sobre la población residente o afuerina era más estricta, controlaba con mayor éxito los mecanismos de autorreproducción económica de las familias campesinas. En las explotaciones multifamiliares grandes de 400 ha o más, en cambio, los inquilinos mantuvieron el goce de los derechos tradicionales de pastoreo y chacarería, incluso cuando las regalías se distribuyeran en los suelos de inferior categoría agronómica. Según el censo de 1955, en la provincia de Curicó la media del tamaño de las regalías no logró superar una hectárea de superficie.21 Contractualmente, el tamaño de la regalía variaba de acuerdo con la jerarquía laboral, pero la costumbre de la zona respecto a la distribución de estas establecía que debían ir desde media cuadra a una cuadra y media.

Tabla 4

Número de predios según tamaño

Comunas	Tamaño en hectáreas
	1 a 4,9	5 a 9,9	10 a 19,9	20 a 49,9	50 a 99,9	100 a 199,9	200 a 499,9	500 a 999,9	1.000 a 1.999
Curicó	173	84	60	67	57	32	22	16	1
Romeral	61	28	25	16	11	16	7	3
Teno	108	43	79	38	14	16	25	13	5
Rauco	103	31	31	34	28	10	8	4	4
Vichuquén	66	56	64	87	44	32	24	7	3
Hualañé	53	37	30	56	28	15	12	6	6
Licantén	116	69	50	69	39	26	21	9	5

Fuente: con base en datos de Servicio Nacional de Estadísticas y Censos.

Al contrario de las investigaciones que han insistido en la pérdida de los derechos tradicionales frente al avance de la modernización, el censo agropecuario de 1955 evidenció una realidad totalmente distinta: 4.080 inquilinos y empleados aún gozaban de las raciones de tierras que, por costumbre, les correspondían. Verbal o contractualmente, los patrones continuaron obligándose a distribuir entre sus trabajadores estables, tierras y talajes para las familias residentes.

Vida cotidiana y formas de producción en los fundos curicanos

Una serie de presiones económicas y político-estatales posteriores a la gran crisis comercial de principios de 1930 arrinconaron el tradicional hermetismo de la hacienda curicana. Tras años de dificultades en la producción y comercialización de sus principales productos cultivados —sobre todo, de los cereales—, y ante el ascenso y consolidación de la economía agraria sureña, los dueños de fundos tuvieron la oportunidad de reorganizar su producción, al reconvertir sus cultivos tradicionales. Los árboles de fruta, las viñas y las legumbres fueron, desde entonces, las principales especializaciones productivas en los grandes predios rurales de Chile central.22 Con esto, la aparcería y mediería, así como el arriendo de tierras y el propio inquilinaje comenzaron a experimentar ciertas mutaciones debido a la necesidad de contar con fuerza de trabajo estable al interior de los fundos, según las exigencias productivas de cada una de las especializaciones.

Paralelo a este proceso, y acorde con las necesidades comerciales de la producción, la conectividad de la provincia se fue desarrollando cada vez más, mejorando la calidad de los caminos rurales, de la carretera principal que cruzaba toda la provincia y la unía con Santiago y Valparaíso, y acelerando la construcción del ramal del ferrocarril Curicó-Licantén.

Por ejemplo, en el fundo Las Melosas —ubicado en la comuna de Rauco, con una superficie relativamente pequeña de 303 ha—, los principales cultivos eran la cebada, los frejoles, las papas y el cáñamo.23 Las vías de comunicación aseguraban un tránsito constante a las principales ciudades y pueblos contiguos. El camino a Curicó, ubicado a 8 km del fundo, se mantenía «en buenas condiciones durante todo el año».24 El camino a Teno y Rauco, comunas cercanas al fundo, también se encontraban en buen estado y a solo 4 y 7 km, respectivamente.

La alimentación de los trabajadores —inquilinos, medieros y afuerinos— constaba de lo siguiente: una galleta de 460 gr. en la mañana, un plato de porotos al mediodía, un jarro de harina tostada en la tarde y dos galletas al cierre de la jornada. Lamentablemente, los niños del fundo no tenían acceso a la leche porque los inquilinos no poseían talajes para animales —la totalidad del fundo, debido a la excelente calidad de sus suelos y a su extensión, se destinaba a la producción agrícola—, tampoco existía una lechería.25

El dueño del fundo Las Melosas organizaba personalmente el trabajo agrícola, mientras que la distribución de los trabajadores para las diversas actividades se realizaba con la ayuda de un mayordomo. Un campero llevaba el cuidado y control de los animales, y auxiliaba al mayordomo en la vigilancia de las faenas. El llavero, a cargo de la bodega, recibía y entregaba los implementos de trabajo, además de distribuir las raciones, «tanto en forma de galletas, o bien los porotos previamente pesados para el almuerzo»,26 al igual que el jarro de harina tostada. Todo el personal se reunía al amanecer en la llavería, donde se pasaba lista y se recibían las instrucciones, además de repartir los útiles de trabajo y raciones. Los inquilinos-medieros y voluntarios ejecutaban los trabajos: los primeros tenían la obligación de poner los trabajadores en reemplazo suyo, en caso de no laborar. Los inquilinos-medieros, generalmente, se desempeñaban en la explotación de chacras, a través de un contrato de aparcería según la capacidad de trabajo y las condiciones económicas del inquilino. El mediero se obligaba a realizar todos los trabajos, desde la preparación del terreno hasta la cosecha, sin pago de salarios; además, a aportar la semilla de porotos, la mitad de la semilla de papas, su trabajo personal y la contratación de obreros ayudantes. Junto con esto, debía poner dos trabajadores obligados al día. Se le proporcionaba el terreno, la mitad de las semillas de papas, animales, enseres y herramientas. Tenía derecho a una vivienda con un cuarto de cuadra de «ración» y a leña para su consumo doméstico proporcionada por los sauces apostados en la orilla del río.27 La ausencia de talaje quizás se debía al tamaño de la hacienda y a sus inmejorables suelos completamente regados, más que a un proceso incipiente de proletarización de los inquilinos-medieros. Los voluntarios o afuerinos, por su parte, recibían de 6 a 9 pesos diarios con comida, sin tener derecho a usufructuar de los recursos del fundo; es decir, sin derecho a regalía ni a talajes. En ciertos casos, podían pernoctar en las viviendas construidas para los obreros, aunque, lo normal, era que residieran fuera del fundo.

La explotación del fundo se efectuaba mediante rotaciones culturales, alternando temporalmente los cultivos con el fin de evitar el agotamiento natural de los suelos, sobre todo, considerando el prácticamente nulo manejo de abonos artificiales. Debido a esta situación, el agrónomo Juan Neumann observó una tendencia a la pérdida de productividad de los cultivos, a pesar de practicar una agricultura intensiva favorecida por el tamaño relativamente pequeño del predio.

Según el estudio de Neumann, el nivel cultural y el estándar de vida de los trabajadores agrícolas del fundo eran igual de deficientes que en el resto del país. Tanto los inquilinos como los afuerinos vivían en «condiciones francamente insalubres». La escuela primaria más cercana se encontraba a 2 km de distancia, en el camino a Curicó. Esta escuela contó con cuatro cursos preparatorios, lo cual ayudó a que la mayoría de los jóvenes del fundo supieran leer y escribir, a diferencia de los adultos.28 Un dato que ilustra bien el desigual nivel cultural en el campo curicano, es la estadística realizada por el administrador del fundo Santa Elena de la localidad de Los Niches, el cual arrojó que de sesenta y cuatro peones, un mayordomo y un vaquero, solo dos de ellos sabían leer y escribir.29

Como constantemente se denunció en las páginas de la prensa local, la escuela rural seguía siendo un privilegio al cual lograban acceder muy pocos niños.30 Su futuro se encontraba acotado a las dinámicas sociales y productivas de los fundos y los pueblos rurales. Ayudar a las familias e incorporarse tempranamente a las labores agrícolas, cuando la madurez física lo capacitaba, era el destino para la gran mayoría de los menores de edad, sin distinción de género.31 Migrar a la ciudad podía ser una alternativa viable, considerando los salarios que en ese entonces se pagaban en las industrias,32 en términos comparativos. No obstante, las estadísticas de la época denotaban una realidad distinta, con planteles familiares numerosamente nutridos, en un contexto rural en donde la necesidad de «brazos» en el campo se hacía sentir de forma dramática.33

A grandes rasgos, esta era la cotidianeidad que vivieron miles de campesinos en el campo curicano. Largas jornadas de trabajo que, según la temporada, variaban entre las 12 y las 10 horas, con pequeños descansos destinados a las comidas.34 Este ritmo de vida alimentó el cada vez mayor descontento de los trabajadores hacia sus condiciones de trabajo y hacia la disciplina que imponía el longevo orden patronal. Como lo destacaron las monografías elaboradas por los agrónomos de la Universidad de Chile, el horizonte existencial de los campesinos se reproducía de acuerdo con las pautas monótonas y cíclicas de la vida en el fundo. Los afuerinos, producto de la estacionalidad e inestabilidad de su trabajo, pudieron ampliar sus relaciones sociales, pero la gran masa de población residente, no tuvo mayores opciones que la de transcurrir entre los espacios laborales —que se confundían con sus espacios domésticos— y la vida pueblerina. De allí que los afuerinos cumplieron el rol de transmisores de cultura y de descontento, mucho antes de que los militantes de los partidos de izquierda comenzaran a introducirse en las haciendas para perturbar la supuesta tranquilidad social del campo curicano.35 Como observó el agrónomo Harald Fuchs en la hacienda Comalle, los afuerinos eran «mucho menos dóciles por el simple hecho de que no tienen ninguna clase de obligación para con el patrón y se pueden ir cuando les de la gana con la seguridad de encontrar siempre trabajo en cualquier otro fundo en la época de cosechas». El afuerino «consciente o inconscientemente» persuadía a los «inquilinos en contra del patrón, basándose principalmente en los bajos salarios que los inquilinos reciben en efectivo, pero sin tomar en cuenta las garantías».36

La judicialización y las estadísticas de la politización

Cuando se rastrea la politización campesina a la luz de los juicios laborales, lo primero que llama la atención es la total codeterminación entre las vías formales y organizadas —principalmente, la sindicalización— y las estrategias subjetivas e informales. Desde una perspectiva geográfica, se observa una superposición de la politización formal sobre los rastros que estaba dejando la conflictividad laboral y los procesos judiciales. La constatación de este fenómeno es clave, en el sentido de que revela, en primer lugar, el carácter procesual y subjetivo de la antagonización social que se atestiguó en el campo a partir de la década de 1930; y, en segundo término, que los partidos políticos estuvieron lejos de ser los patrocinadores exclusivos de la participación política del campesinado y de su transformación en actor político.

Temporalmente, pero también desde la complejidad de la experiencia política, el encausamiento judicial contuvo y legitimó las tradicionales prácticas de insubordinación campesina, a partir de las cuales se fue gestando una nueva subjetividad política. Las transformaciones estatales y el nuevo contexto político pudieron ahora ser reflexivamente usados en función de las aspiraciones de justicia laboral y para hacer contrarrestar la hegemonía patronal. Como acabamos de ver, las condiciones objetivas acicateaban la movilización social, pero esto no era suficiente: se requería una apertura institucional para garantizar un piso mínimo para que el campesino se atreviera a tomar el riesgo de denunciar abiertamente a su patrón. Esta garantía al final coordinó las demás variables del problema: la participación electoral, la reconfiguración del bloque agrario en el poder, la infraestructura rural y el acceso a los servicios.

Con el aumento de la movilización campesina luego del triunfo electoral del Frente Popular, la Dirección del Trabajo acrecentó la fiscalización sobre los fundos de la región, en un oficio o a petición de los afectados, para sancionar las faltas cometidas por los patrones en contra del Código del Trabajo. Como se aprecia en tabla 5, de un total de 209 expediente judiciales, las infracciones al Código fue una de las materias más abordadas por los tribunales laborales. El cobro de la indemnización por despido y el cobro de salarios fueron otras materias sobre las cuales los campesinos litigaron en contra de sus patrones.

Tabla 5

Materias contenciosas

Materia	Porcentaje
Cobro de trabajos	5,88
Cobro de salarios	14,21
Infracción al Código del Trabajo	14,21
Cobro de cosechas	4,41
Desalojamiento de posesión	8,82
Cobro de indemnización	5,88
Cobro de desahucio	18,13
Cumplimiento de contrato	3,43

Fuente: con base en los expedientes del JLT.

A partir de 1939 se aprecia un mayor antagonismo y conflictividad alrededor de algunos recursos de los fundos, principalmente, las viviendas y las chacras. Un porcentaje no menor de materias, se abocaron en tramitar denuncias que buscaban el desalojamiento de las posesiones, que tanto inquilinos como medieros se negaban a deshabitar. En un contexto de violenta represión en contra del campesinado movilizado, fundamentalmente, por medio de la desposesión y el lanzamiento forzoso, asombra notar cómo el campesino resistió a esta política patronal.

Como veremos más adelante, el campesinado curicano fue cada vez más consciente de los derechos consuetudinarios que legitimaban su campesinidad y, por tanto, el usufructo de los recursos de los predios rurales. Muchos de estos campesinos concebían como legítimo permanecer en las posesiones, aun cuando los patrones hubieran rescindido de los contratos de trabajo; situación que podía prolongarse incluso durante meses. Esta conciencia, posteriormente, habilitará a este campesinado a ensanchar los límites de sus regalías, en una suerte de «reconquista» de las tierras que se encontraban bajo administración directa de los dueños.

No sorprende, por tanto, que los inquilinos, medieros y, en general, la mano de obra residente, hayan sido los principales demandantes o demandados en los litigios desarrollados durante esta etapa de politización.

Tabla 6

Tipo de fuerza de trabajo

Tipo de contrato	Porcentaje
Jornalero/Obrero	24,58
Mediero	29,05
Inquilino mediero	2,79
Inquilino	26,25
Tratero de viña	7,82
Mayordomo	5,02

Fuente: con base en los expedientes del JLT.

Aunque estadísticamente, los censos agropecuarios de 1936 y 1955 cifraban en un alto porcentaje la presencia de obreros asalariados en las comunas de la provincia —comparada con los inquilinos y medieros—, a nivel de politización, la resistencia en contra de la disciplina laboral imperante en los fundos provino más de la fuerza de trabajo «tradicional» que de los sectores proletarizados. Quizás la alternativa de abandonar las faenas agrícolas haya incidido en el porcentaje relativamente menor de los obreros. Medieros e inquilinos, en cambio, carecían de esta posibilidad, por lo que sus opciones se limitaban a padecer de forma silenciosa la dominación, o enfrentarla judicial u organizativamente. La oferta laboral, por otro lado, también pudo haber influido en esta menor presencia de las masas asalariadas, pues, como lo observaron los agrónomos y la prensa de la época, a los afuerinos no les era difícil encontrar trabajo durante las temporadas de cosecha, pudiendo deambular de fundo en fundo, sin comprometerse en ninguno. Sin embargo, los medieros y, sobre todo, los inquilinos, poseían intereses familiares y económicos en los predios en donde residían, desarrollando un cierto arraigo, además de la conciencia de poseer derechos sobre sus recursos. Por lo mismo, la desposesión forzosa podía llegar a ser una situación extremadamente dramática, ya que no solo atacaba el soporte material de la reproducción campesina, sino, además, una parte esencial de su subjetividad.

Otro elemento revelador de los juicios laborales era las localidades en donde tendieron a concentrarse. Como hemos insistido a lo largo de estas páginas, la judicialización de las relaciones productivas siguió la ruta de los caminos que recorrían el centro de la provincia. De esta manera, las «zonas rojas» del conflicto laboral se localizaron más o menos cerca del Ferrocarril del Sur. Sarmiento y Tutuquén, en la comuna de Curicó —Los Niches se encontraba más alejado, pero su camino principal se conectaba con la carretera y el ferrocarril—, y los territorios de Teno y Romeral estaban contiguos a las principales vías de acceso y, en muchos casos, acogían estaciones del tren al sur. Rauco, por otra parte, presentaba la singularidad de ser la comuna que atravesaba el ramal Curicó-Hualañe —luego, Curicó-Licantén—, por lo cual su conectividad se vio beneficiada por este medio de transporte.

Tabla 7

Localidades

Localidad	Porcentaje
Sarmiento	9,46
Tutuquén	7,69
Teno	11,24
Los Niches	17,75
Rauco	12,42
Romeral	13,01

Fuente: con base en los expedientes del JLT.

Figura 2

Subdivisión administrativa de la provincia de Curicó

Fuente: mapa tomado de la Biblioteca Nacional del Congreso de Chile.

Como ya adelantamos, el estallido de politización campesina producido entre 1939 y 1947, y que implicó la formación de sindicatos, la presentación de pliegos de peticiones y la organización de huelgas, no puede explicarse sin dar cuenta antes de los procesos de politización inorgánica que asumieron la forma de litigios jurídicos. Este tipo de conflictividad venía dejando su huella desde los primeros años de vigencia del Código del Trabajo, la cual fue seguida con sorprendente exactitud por la asociatividad formal. Basándonos en la investigación de Brian Loveman,37 se puede observar cómo la sindicalización se consolidó en aquellas comunas que habían experimentado conflictos laborales; y tal como los juicios laborales, mayoritariamente en Curicó —en Sarmiento, con siete sindicatos, y Los Niches, con cinco—.

Figura 3

Sindicatos

Fuente: con base en Loveman, Antecedentes…

Los pliegos de peticiones replican esta misma figura, dando por resultado, 15 pliegos presentados en los fundos ubicados en Los Niches, 13 en Sarmiento y 8 en Tutuquén.

Figura 4

Pliego de peticiones

Fuente: con base en Loveman, Antecedentes…

Esto demuestra que la judicialización de las relaciones socioproductivas entre campesinos y patrones, y la formación de sindicatos y la presentación de pliegos de peticiones, se convirtieron en parte de un mismo proceso de politización. Este adquirió en un inicio un carácter más subjetivo, cotidiano y menos visible que la subsecuente revuelta sindical y huelguística. Sin embargo, en los hechos, hubo una total conexión y reciprocidad entre ambas formas. En cierto modo, la exteriorización del conflicto obedeció a contextos político-institucionales distintos, pero, en el fondo, correspondían a una misma conciencia antagonizadora y a un mismo proceso de subjetivación política. La movilización campesina y el gran ciclo de protesta de la década de 1940 no fue otra cosa que la politización por otros medios.

La lucha campesina como economía moral: la defensa de la tradición y de la autorreproducción familiar

Durante el ciclo de protesta y movilización campesina, la indisciplina, la improductividad y la cultura del desacato, como prácticas cotidianas, siguieron siendo un aspecto constitutivo de las relaciones entre patrones y campesinos.38 Estos, por más que ahora existieran otras vías de politización, no escatimaron esfuerzos para continuar en la senda de la insubordinación y el resquebrajamiento de la hegemonía hacendal. Solo de esta forma podían asegurar que, cuando la organización sindical y la protesta no fueran viable, la antagonización siguiera vigente. No fue extraño que, ante el incumplimiento de los acuerdos logrados luego de la presentación de un pliego de peticiones o la formación de un sindicato, los trabajadores decidieran acudir a las dependencias de la Inspección del Trabajo y del Juzgado de Letras para demandar a sus patrones.39 En este sentido, la politización podía mutar en sus medios, pero, en rigor, seguía siendo el mismo movimiento social que impugnaba la explotación y la dominación de los grandes propietarios agrícolas.

En esta sección, intentaremos elucidar de qué manera la judicialización ocultaba —o encubría— una disputa en torno a los recursos de los fundos. En los expedientes existe un trasfondo social que ni la sindicalización ni las huelgas —ni los partidos políticos— lograron interpretar de forma adecuada: nos referimos a la legitimación y defensa de derechos tradicionales.

La economía moral campesina, es decir, el «tejido de costumbres y usos» que informaba respecto de la legitimidad de determinadas relaciones económicas,40 orientó el antagonismo campesino hacia aquellas disputas que garantizaban un mayor margen de autonomía reproductiva de las familias inquilinas.41 Las regalías de tierras, los materiales y las herramientas, necesarios para los cultivos y las viviendas, se convirtieron en objeto de una soterrada lucha por la conservación de su control. No fueron pocos los trabajadores que, ante la oposición de los patrones a distribuir las chacras, dar las raciones y facilitar las herramientas, decidieron demandarlos, al exigir su cumplimiento, incluso, cuando no había contrato escrito.

Este fue el caso de los inquilinos del fundo El Rincón —Los Niches—, Carlos Alcaíno y Juan Herrera, quienes denunciaron que no se les habían proporcionado «los útiles necesarios para el cultivo de las raciones de chacras que son ½ cuadra de cada uno que se avalúa en la suma de $2000». Urbano Urzúa, dueño del fundo, en un oficio enviado a la oficina de la Inspección del Trabajo, se defendió al indicar que había entregado los útiles solicitados por los inquilinos, sin embargo, «los reclamantes se negaron a trabajarlas por no haberles agradado el terreno que se les dio». Ante la réplica de los denunciantes, los antecedentes del caso fueron derivados al Juzgado del Trabajo.42 En el comparendo realizado en las dependencias del juzgado, los demandantes, además de ratificar su demanda, agregaron que la media chacra de ración no se les había entregado, adeudándosele a Alcaíno cinco raciones de comida y setenta raciones de pan, mientras que Herrera reclamaba que la «media cuadra de ración que le dieron se la cambiaron sin el gusto de él, y esa fue la causa de no haberla sembrado».43 Urzúa, por su parte, expuso lo siguiente:

le dio cuadra y media de terreno para sembrarlo de chacras el primero de agosto de este año, como a todos los inquilinos del fundo; la cual no hizo mención hasta hoy de ella, porque no le gustaba el terreno que se le dio y por esa causa no la ha trabajado; agrega que tiene todos los elementos necesarios para el cultivo del terreno, y en su oportunidad los puso a disposición de los demandantes para el cultivo de la cuadra y media de terreno.44

La diferenciación agronómica en la calidad de los suelos determinó, en muchas ocasiones, que los trabajadores residentes presionaran por conseguir aquellos terrenos con mayor potencial productivo y que, por cuestiones comerciales y de rentabilidad, los patrones o administradores normalmente monopolizaban para sus propios fines económicos. Por lo tanto, cuando los inquilinos gozaban todavía de los derechos a regalías de chacras, estos tendieron a disputar las categorías más altas de suelos.

En otro juicio, el campesino Orlando Gutiérrez denunció ante la Inspección del Trabajo a Domingo Mancilla, dueño del fundo Bella-Vista, luego de ser despedido sin causa justificada. Reclamaba en su escrito por una chacra y talajes para animales que les correspondían de acuerdo con el trato convenido con el patrón.45 En el comparendo decretado por el juez, el demandado reconoció el sueldo del trabajador, la cuadra de chacra y el talaje para los cuatro animales: «la chacra la sembró y la cosechó y los talajes fueron ocupados cuando él lo estimó conveniente». El despido, según el patrón, se debió, principalmente, a los malos servicios brindados por el trabajador. En su réplica, el demandante indicó que no había cosechado las siembras que tenía en la cuadra de ración dada por Mancilla.Sin embargo, luego rectificó al señalar que había cosechado una carretada y media de porotos que llevó a la era:

ahí obtuve en la trilla cinco quintales y medio de porotos que el reclamante retiró; y el resto, quedó en la era, junto con la paja; calculo que ha quedado en la era unos veinte quintales de porotos más; estas especies se han perdido, y posteriormente la paja de porotos la retiró el demandado; también coseché diez y ocho quintales de maíz de los cuales retiré dos quintales; el resto quedó en la chacra, y posiblemente estas especies se perdieron, pues he tenido noticias que se las robaron de a poco, agrega que dichas especies no las puedo retirar porque el patrón no le prestó los medios de transporte.46

Mancilla, en cambio, expuso que no era efectivo haberle negado los medios para realizar la cosecha, «y que lo que ha pasado es que el demandante y su mediero que según ha declarado era su suegro, descuidaron las cosechas y a eso se debe que se hubiera perdido el maíz». En el examen de los testigos del demandante, Benito Montecinos declaró que el trabajador había sido despedido por el patrón, y que los resultados de su cosecha de porotos no fue la esperada porque «el demandado no le proporcionó los medios de labranza, y además porque no le dio el agua de regadío suficiente». Calculaba en seis sacos las pérdidas de porotos en el rastrojo y en la era, a raíz de «la falta de elementos a tiempo». El testigo Juan León Méndez, sostuvo que la pérdida de porotos alcanzó los veinticinco quintales y diez y ocho quintales de maíz, debido a que «el demandado no dejó trillar al reclamante y le mandó quitar los caballos».47

Si bien la preservación de los derechos de regalías, raciones, talajes y enseres les daba autonomía productiva a los campesinos de la provincia, los patrones, por su parte, conservaban la facultad de obstaculizar la producción, incluso cuando el reparto de chacras se haya verificado, pues de ellos dependía que los campesinos tuvieran acceso al agua y a los instrumentos de labranza. Por esa razón, el usufructo de cada uno de estos factores se convertía en una necesidad imperiosa, que legitimaba las presiones jurídicas ejercidas en contra de los patrones para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones consuetudinarias. Para el campesinado residente en los fundos, además de suelos fértiles, era indispensable poder contar con el riego suficiente.

En el fundo San Pedro de Romeral, los inquilinos Rosalindo Cabrera, Guillermo Inostroza y Francisco Gómez, interpusieron una denuncia «por cuanto no se les ha proporcionado el agua necesaria para el riego de las chacras que tienen por ración, habiendo sufrido por esto grandes perjuicios, por lo que cobran el pago de éstas».48 En el comparendo de avenimiento convocado por el inspector del Trabajo, el demandado respondió que había autorizado un día de riego, «lo que no fue aceptado por los reclamantes que pedían se les diera tres días». La disputa por los recursos agrícolas, era, a su vez, una lucha por el control de la propia producción. En marzo de 1940, en el fundo La Huerta, se producía un conflicto entre el inquilino Florín Díaz Galaz y su patrón Donatilo Melo, por una chacra de media cuadra de superficie que le correspondía cosechar. Durante la conciliación efectuada en la Inspección del Trabajo, el dueño afirmó que no era «verdad que le adeuda salarios ni ha puesto obstáculos para que coseche su ración de chacra»; «el reclamante le pidió agua para regar sus chacras que es de… porotos sembrados, en circunstancias que los porotos estaban ya granados y secándose por lo cual no necesitaban más riego».49 El demandante objetó que, debido a la falta de riego, perdió cinco cuadras de chacra.

La economía moral constituía el marco de coordenadas axiológicas que autorizaba o no determinado comportamiento económico. En este sentido, ante la ausencia de contratos escritos según los requerimientos normativos del Código del Trabajo, la economía moral servía de guía imprescindible para legitimar derechos y fortalecer la identidad campesina. Juan Ramírez Contreras, inquilino-mediero del fundo Guaico N.° 2 de Romeral, reclamaba el pago de dos cuadras de roce y cuatro días de trabajo. En la declaración efectuada durante el comparendo, iba a agregar que:

no trabaja al fundo como es obligación, al día más de dos meses a la fecha; agrega que tiene un obligado que le trabaja al fundo, pero dicho obrero llamado Óscar Ramírez estuvo trabajando al fundo y hacen dos meses atrás que desde esa fecha hasta hoy no ha salido a trabajar por estar enfermo y tampoco ha ordenado que trabaje otro obrero en su reemplazo en el fundo. Añade que se ha dedicado al trabajo de su chacra, por eso no le ha trabajado al fundo.50

Pedro Calderón, mediero de la Chacra Santa Adela, de Los Niches, denunció que su patrón no había cumplido el compromiso de dar un «sueldo de $200 mensual y terreno para hortaliza y $40 para su esposa como lechera y lavandera del fundo y, últimamente, se le dio una cuadra de chacras en medias y se le daba trabajo al día en la Chacra». Además, declaraba que había sido despedido y agredido por el patrón, producto de lo cual reclamaba el desahucio e indemnizaciones.51 En el comparendo de rigor, el juez acordó fallar con base al peritaje que debía determinar el valor de los trabajos efectuados por Calderón, además del valor de la huerta. El mediero, por su parte, debía desalojar la posesión que ocupaba, «cinco días después que el Juzgado del Trabajo dicte la sentencia respectiva».52 Tras los resultados del peritaje, Calderón objetó la tasación al señalar:

[…] Como el Tribunal debe fallar en conciencia, yo apelo a esa conciencia de SS. para que tome más interés en mi caso y se convenza que no es posible que a nosotros los trabajadores se nos trate como parias: jamás podremos tener nada, porque nuestros patrones el día menos pensado se les ocurre mandarnos cambiar con o sin razón, y nuestras esperanzas de cosechas para el año venidero se esfuman.53

El mediero, junto con esto, acusaba en su escrito que, luego de interponer el reclamo en contra de su patrón en la Inspección del Trabajo, este le «pegó cachazos con su pistola en diferentes partes del cuerpo». A consecuencia de los golpes, estuvo varios días enfermo, sin poder salir a trabajar.

En un segundo escrito de Calderón para solicitar la inspección del Tribunal, argumentaba con mucha aflicción que era absolutamente inmoral:

que a estas alturas del año se me mande cambiar de mi chacra, junto con mis siete hijos y mi mujer […] me quitan la única esperanza: mi chacra y me lanzan a la calle con toda mi familia sin tener un pedazo de suelo siquiera donde dormir y sin un pedazo de pan para mis hijos. Yo espero que estas observaciones llevaran a SS. al convencimiento de que lo que estoy cobrando es la más estricta justicia, es lo que me pertenece.54

Comentarios finales

Resulta interesante observar de qué forma el fenómeno de politización agraria del primer gran ciclo de movilización campesina, dialoga no solo con un factor causal, sino, por el contrario, con una serie de variables, todas diversas en sus temporalidades y características históricas. Algunos de estos elementos, como pudimos ver, se refieren a las transformaciones, lentas y poco profundas, experimentadas al interior de los grandes fundos de la provincia, lo cual motiva cambios en los sistemas de explotación, en los paradigmas agronómicos y las estructuras laborales.

Una parte importante de la historiografía agraria ha identificado estas transformaciones, a las que acuñan el término modernización, como la causa principal de la movilización campesina. Por consiguiente, la politización respondería, ante todo, a la masiva proletarización de la mano de obra agrícola. Sin embargo, como demuestran nuestros hallazgos, esto se debe relativizar, básicamente, por dos razones: en primer lugar, porque el grueso de la politización campesina, para el caso de Curicó, se manifestó en los sectores más tradicionales —inquilinos y medieros—.En segundo lugar, porque hubo una politización menos visible, pero igual de profunda, cuyas coordenadas de sentido no obedecían a los discursos políticos modernos, sino a derechos consuetudinarios, esto es una economía moral tradicional.

Por lo tanto, como vimos, la modernización constituye una realidad compleja, la cual convive con un sustrato de conciencia y politización campesina que no se moviliza por las presiones ejercidas a su identidad —de clase—. Esto viene a explicar, en gran medida, que la judicialización de las relaciones laborales se mantuviera imbricada, geográfica y temporalmente, con las manifestaciones orgánicas de politización campesina. En otras palabras, la movilización social institucionalizada en sindicatos, partidos políticos, huelgas y pliegos de peticiones, se nutrió de una subjetividad política, cuyo origen podemos rastrear en las relaciones de explotación agrícola y en su entramado de derechos y disputas históricas.

Teóricamente, por tanto, podemos concluir que la legitimación y defensa de derechos tradicionales en favor de la autorreproducción de la economía familiar campesina, que en esta investigación hemos denominado politización oculta, constituyó la base fundamental para conformar su subjetividad política. Esta forma de politización no se expresó de forma inmediata a través de medios organizados y colectivos, pero fue el soporte sobre el cual iba luego a emerger la politización orgánica. En este sentido, la judicialización, como estrategia concreta, permitió que las prácticas consuetudinarias se resignificaran políticamente, al transformarse en vehículos de antagonización frente a la hegemonía patronal. Por consiguiente, la politización campesina puede entenderse como un continuum: desde una resistencia cotidiana y silenciosa hasta expresiones colectivas más organizadas, mediadas por un marco de subjetivación política que cristalizó en formas de lucha sindical y huelguística a partir de 1939.

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1. 1 Chileno. Doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Facultad de Humanidades, Santiago, Chile. Investigador en el Centro de Documentación Patrimonial, Universidad de Talca, Maule, Chile. p.alderete.soto@gmail.com https://orcid.org/0009-0006-6961-5662

2. 2 Chileno. Doctor en Historia por la Universidad de Chile (UCH), Facultad de Filosofía y Humanidades, Santiago, Chile. Profesor Asociado Instituto de Estudios Humanísticos; Centro de Documentación Patrimonial, Universidad de Talca, Maule, Chile. victor.brangier@utalca.cl https://orcid.org/0000-0003-3583-2221

3. 3 María Angélica Illanes, Movimiento en la tierra. Luchas campesinas, resistencia patronal y política social agraria. Chile, 1927-1947 (Santiago: LOM Ediciones, 2019); Nicolás Acevedo, «La voz del campo. La política Agraria del Partido Comunista de Chile durante el frente Popular (1936-1940)», Revista Izquierdas, núm. 13 (2012), https://www.redalyc.org/pdf/3601/360133454005.pdf; Nicolás Acevedo, «Autonomía y movimientos sociales. La Liga de Campesinos Pobres y la izquierda chilena (1935-1942)», Revista Izquierdas, núm. 23 (2015), https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492015000200003; Nicolás Acevedo, Un fantasma recorre el campo. Comunismo y politización campesina en Chile (1935-1948) (Santiago: Editorial América en Movimiento, 2017); Igor Goicovic, «Surco de sangre, semilla de redención. La revuelta campesina de La Tranquilla (1923)», en Sujetos, mentalidades y movimientos sociales en Chile, Igor Goicovic (Santiago: Ediciones CIDPA, 1998); Brian Loveman, Antecedentes para el estudio del movimiento campesino chileno: pliegos de peticiones, huelgas y sindicatos agrícolas, 1932-1966 (Santiago: ICIRA, 1971); Claudio Robles, «Agrarian Capitalism and Rural Labour: The Hacienda System in Central Chile, 1870-1920», Journal of Latin American Studies, núm. 41 (2009), https://doi.org/10.1017/S0022216X09990162; Claudio Robles, «The agrarian historiography of Chile: foundational interpretations, conventional reiterations, and critical revisionism», Historia Agraria: Revista de agricultura e historia rural, núm. 81 (2020), https://doi.org/10.26882/histagrar.081e04r; Brian Loveman, Struggle in the countryside. Politics and rural labor in Chile, 1919-1973 (Bloomington: Indiana University Press, 1976); Pablo Alderete, «Formas de politización campesina en Chile (Curicó, 1941-1942)», De Raíz Diversa. Revista Especializada en Estudios Latinoamericanos, vol. 5, núm. 9 (2018), https://doi.org/10.22201/ppela.24487988e.2018.9.64762; Pablo Alderete, «Tras las huellas de la politización campesina: conflictividad laboral, antagonismos y resistencia campesina (Curicó, 1934-1938)», Historia 396, vol. 12, núm. 2 (2022), http://dx.doi.org/10.4151/07197969-Vol.12-Iss.2-Art.653 Los estudios sobre la politización campesina en América Latina se han realizado desde diversos enfoques y perspectivas; sin embargo, algunos trabajos, sobre todo de historia social y antropología histórica, han enfatizado en las diversas formas a través de las cuales los campesinos han desafiado el poder del Estado y de los grandes propietarios rurales, disputando la hegemonía y forjando alianzas con diversas organizaciones y actores: Florencia Mallon, The Defense of Community in Peru’s Central Highlands: Peasant Struggle and Capitalist Transition, 1860-1940 (Princeton: Princeton Legacy Library, 1983); Florencia Mallon, Campesino y nación: La construcción de México y Perú poscoloniales (México: CIESAS, El Colegio de San Luis, El Colegio de Michoacán, 2003); Armando Bartra, Los nuevos herederos de Zapata. Un siglo en la resistencia, 1918-2018 (México: FCE, INEHRM, 2019); Cecilia Méndez, «Las paradojas del autoritarismo: ejército, campesinado y etnicidad en el Perú, siglos XIX al XX», Iconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 26 (2006), https://doi.org/10.17141/iconos.26.2006.185; Daniel Nugent, Rural Revolt in Mexico: U.S. Intervention and the Domain of Subaltern Politics (Durham: Duke University Press, 1998); Dolores Trevizo, Rural protest and the making of democracy in Mexico, 1968-2000 (University Park: Pennsylvania State University Press, 2001); Gabriel Torres-Mazuera, «Formas cotidianas de participación política rural: el Procede en Yucatán», Estudios Sociológicos, vol. 32, núm. 95 (2014), https://www.redalyc.org/pdf/598/59840008003.pdf; Gavin Smith, Livelihood and resistance peasants and the politics of land in Peru (California: University of California Press, 1991); Laura Rojas y Susan Deeds, México a la luz de sus revoluciones. Vol. 2 (México: El Colegio de México, 2014); Sergio Zendejas y Peter de Vries, Las disputas por el México rural: transformaciones de prácticas, identidades y proyectos (Michoacán: El Colegio de Michoacán, 1998); Alan Knight, La revolución mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen constitucional (México, FCE, 2010).

4. 4 Almino Affonso, Sergio Gómez, Emilio Klein, Pablo Ramírez, Movimiento campesino en Chile. Tomo. I (Santiago: ICIRA, 1970); José Bengoa, Historia social de la agricultura chilena. El poder y la subordinación (Santiago: Ediciones SUR, 1988), Historia social de la agricultura chilena. Haciendas y campesinos (Santiago: Ediciones SUR, 1990), Historia rural de Chile Central. Crisis y ruptura del poder hacendal. Vol. II (Santiago: LOM Ediciones, 2015).

5. 5 James Scott, «Formas cotidianas de rebelión campesina», Historia Social, 28 (1997), https://www.jstor.org/stable/40340607; James Scott, Los dominados y el arte de la resistencia (México: Ediciones Era, 2000).

6. 6 Jacques Rancière, «Política, identificación, subjetivación», en Política, policía, democracia, Jacques Rancière (Santiago: LOM Ediciones, 2006).

7. 7 Los orígenes del Frente Popular pueden rastrearse a partir de 1935, cuando la izquierda inicia un intenso debate respecto de la articulación orgánica de un frente opositor que fuera capaz de disputar el poder a la derecha tradicional y democratizar las estructuras oligárquicas del Estado. Tomás Moulian, Fracturas. De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973) (Santiago: LOM Ediciones, 2006). De este modo, en el mes de marzo de 1937 la oposición logra constituirse en un Frente Popular antiimperialista y antirreaccionario que, entre varios objetivos, buscaba unir a «los partidos del Block de Izquierda, al Partido Comunista, a las organizaciones de obreros, empleados, campesinos, artesanos, estudiantes, profesionales, intelectuales, a las asociaciones culturales y deportivas y todos los hombres y mujeres honestos y leales del país», para el establecimiento de un «vasto movimiento de todo el pueblo en su irrevocable decisión de luchar por la liberación nacional, por las libertades democráticas y por el mejoramiento y dignificación de las masas trabajadoras» (Pedro Milos, Frente Popular en Chile. Su configuración: 1935-1938 (Santiago: LOM Ediciones, 2008), 71). Esta diversidad de actores al interior del Frente Popular iba a determinar enormes contradicciones en relación con la ejecución de su plan agrario. La persistente discusión sobre la aplicación del Código del Trabajo a los trabajadores rurales fue una consecuencia de los intentos por armonizar una serie de intereses al interior del conglomerado —como lo eran los partidos de izquierda (Socialista y Comunista, principalmente), las fuerzas radicales conservadoras (con importantes intereses agrarios)—, con la conservación del statu quo en el agro (Loveman, Struggle…; Illanes, Movimiento…).

8. 8 E. P. Thompson, La formación de la clase obrera en Inglaterra (Madrid, Capitán Swing Libros, 2012).

9. 9 Rosa Luxemburgo, Huelga de masas, partido y sindicato (Madrid: Fundación Federico Engels, 2003).

10. 10 Maurice Agulhon, «Las chambrées en la Baja Provenza: historia y etnología», en Historia vagabunda. Etnología y política en la Francia contemporánea, Maurice Agulhon (México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1994a); «La sociabilidad como categoría histórica», en Formas de sociabilidad en Chile, 1840-1940, Maurice Agulhon (Santiago: Fundación Mario Góngora, 1994b); El círculo burgués (México: Siglo XXI Editores, 2009); Jean-Louis Guereña, «Espacios y formas de sociabilidad en la España contemporánea», Hispania, vol. 63, núm. 214 (2003), https://doi.org/10.3989/hispania.2003.v63.i214.217; Jordi Canal, «Maurice Agulhon: historia y compromiso republicano», Historia Social, núm. 29 (1997), http://www.jstor.org/stable/40340623; Gilles Pècout, «Cómo se escribe la historia de la politización rural. Reflexiones a partir del estudio del campo francés en el siglo XX», Historia Social, núm. 29 (1997), https://www.jstor.org/stable/40340625

11. 11 Por politización inorgánica u oculta, se hace referencia a aquel proceso subjetivo que surge de las experiencias de antagonización y autonomía; gestoras de subalternidad y de «ámbitos de independencia y emancipación»; véase: Massimo Modonesi, Subalternidad, antagonismo, autonomía. Marxismo y subjetivación política (Buenos Aires, CLACSO, Prometeo Libros, 2010). Como observó Thompson para el caso de la clase obrera inglesa, estas experiencias son clave porque explican la «disposición a actuar como clase» de parte de los sujetos subordinados; véase: Thompson, La formación….

12. 12 Los Juzgados de Letras del Trabajo fueron establecidos con la promulgación del Código del Trabajo en 1931. Estos juzgados unipersonales de primera instancia —31 a nivel nacional—, tenían solo carácter administrativo; será recién en 1955 cuando pasen a formar parte del Poder Judicial, como tribunales especiales; véase: Consuelo Gazmuri, «La justicia del trabajo en Chile: realidad y perspectivas». Cuaderno de Investigación, Dirección del Trabajo, núm. 21 (2004), https://www.dt.gob.cl/portal/1629/w3-article-74725.html

13. 13 En cuanto al método de interpretación de fuentes, en este artículo se siguen las sugerencias de Ranajit Guha, quien probablemente más ha contribuido a diseñar un plan de crítica documental para las fuentes surgidas de procesos de conflicto social; véase: Ranajit Guha, Las voces de la historia y otros estudios subalternos (Barcelona: Editorial Crítica, 2002). En este sentido, destacamos la relevancia del análisis lingüístico y semiótico, y la definición de la cultura popular desde una grilla de lectura gramsciana y thompsoniana. Del mismo modo, seguimos las recomendaciones de Carlo Ginzburg sobre las inferencias indiciales y el microanálisis de casos para identificar el sustrato de derechos invocado por los campesinos de la provincia de Curicó; véase: Carlo Ginzburg, Mitos, emblemas e indicios. Morfología e historia (Barcelona: Gedisa, 1999); Tentativas (México: Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, 2003); Carlo Ginzburg, El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso y lo ficticio (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2010). Para la presente investigación, se revisaron 209 expedientes laborales, cuyo criterio de selección consistió en que las partes del juicio fueran campesinos (inquilinos, medieros, jornaleros, etc.) y dueños o administradores de predios agrícolas.

14. 14 Robles, «Agrarian…»; Santana, Agricultura chilena…; Bengoa, Historia rural…

15. 15 Jorge Olea, La gran propiedad en el valle central, 1900-1950. Una lectura crítica (Santiago, Tesis de Magíster en Historia, Universidad de Chile, 2012).

16. 16 El inquilinaje constituyó una institución laboral propia del sistema de hacienda de Chile central. Sus orígenes datan del siglo XVIII (Mario Góngora, Origen de los «inquilinos» de Chile central (Santiago: Universidad de Chile, 1960), sin embargo, a partir de 1850 y, sobre todo, a lo largo del siglo XX, va a sufrir importantes transformaciones. Para 1940, era posible identificar cuatro categorías de inquilinos: el inquilinaje especializado —mayordomos, vaqueros, capataces, llaveros, etc.—, que propiamente correspondía a la evolución que había tenido el inquilino decimonónico; en segundo lugar, lo que Santana denominó el «inquilinaje modificado», proveniente del proceso de peonización, y cuyo rasgo más sobresaliente era la reducción de su contrato de trabajo en la parte de las regalías, pues se le privaba del derecho de talaje, a condición de que gozara de tierra fija y permanente para su uso familiar o personal; el semiinquilinaje, en el cual «el retazo de tierra para huerto no es fijo y el derecho a pastos ha desaparecido»; y, por último, el «inquilinaje parcial», especie de obrero agrícola que, sin embargo, conserva el derecho a habitación dentro del predio; Santana, Agricultura chilena…, 129.

17. 17 El sistema de hacienda en Chile se consolidó junto con el auge exportador de trigo a partir de 1850. Con él, algunos rasgos típicos de la economía hacendal, como la concentración de la propiedad de la tierra, el sistema de inquilinaje y la baja tecnificación de las fuerzas productivas, se vieron fortalecidos. De esta forma, para 1940, la situación de las haciendas de Chile central no había cambiado en lo sustancial, encontrándose caracterizada por una escasa modernización de sus estructuras productivas, por una concentración de alrededor del 70 por ciento de la superficie cultivable y por la permanencia del inquilinaje; Olea, La gran propiedad…. Claudio Robles matiza esta imagen mediante un análisis de la mecanización de las fuerzas productivas de la hacienda a fines del siglo XIX y principios del XX; Robles, «Agrarian…».

18. 18 Utilizamos el censo de 1955, pues el censo anterior, de 1936, no nos permitía analizar adecuadamente el contexto socioproductivo de la provincia, a la luz del primer gran ciclo de politización campesina.

19. 19 Olea, La gran propiedad…, 101-102; Nora Reyes, «Salarios agrícolas durante la industrialización en Chile: factores económicos e institucionales», Estudios de Economía, vol. 42, núm. 2 (2015), http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52862015000200006

20. 20 Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA), Chile: Tenencia de la tierra y desarrollo socio-económico del sector agrícola (Santiago: CIDA, 1966), 283.

21. 21 Servicio Nacional de Estadísticas y Censos, III censo nacional agrícola y ganadero. Vol. III (Santiago, Ministerio de Economía, 1955), XV.

22. 22 Santana, Agricultura chilena…, 68.

23. 23 Juan Neumann, Monografía cultural económica del fundo «Las Melosas»: provincia y departamento de Curicó, comuna de Rauco (Santiago: Universidad de Chile, 1942), 17-18.

24. 24 Ibíd., 18.

25. 25 Ibíd., 31.

26. 26 Ibíd.

27. 27 Ibíd., 34.

28. 28 Ibíd., 28-29.

29. 29 Octavio Larraín, Monografía económico-cultural del fundo «Santa Elena», Los Niches, Curicó (Santiago: Universidad de Chile, 1938), 33.

30. 30 La Prensa, 12 de octubre de 1939; 21 de mayo de 1941; 12 de junio de 1943; 2 de junio de 1945.

31. 31 Igor Goicovic, «Estructura familiar y trabajo infantil en el siglo XIX», Revista de Historia Social y de las Mentalidades, núm. 5 (2001), https://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/historiasocial/article/view/306; «Sociabilidad de los niños y jóvenes populares en el Chile tradicional», en Historia de la vida privada en Chile. El Chile tradicional. De la Conquista a 1840, Volumen 1, Rafael Sagredo y Cristián Gazmuri (Santiago: Taurus, 2005); Relaciones de solidaridad y estrategia de reproducción social en la familia popular del Chile tradicional (1750-1860) (Madrid: Colección Biblioteca de Historia de América, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 2006).

32. 32 Para 1947, por ejemplo, el salario rural promedio alcanzaba los 8,35 pesos, mientras que en la industria bordeaba los 10 pesos; Reyes, «Salarios agrícolas…, 141.

33. 33 La Prensa, 5 de enero de 1935; 27 de enero de 1937; 17 de enero de 1947.

34. 34 En invierno, el horario normal era de diez horas, mientras que en verano podía superar las doce horas. Durante la época de cosechas las jornadas eran incluso más largas. Santana, Agricultura chilena…, 105.

35. 35 Pablo Alderete, «Castigos, disciplinamiento y desarticulación de la comunidad campesina en la Provincia de Concepción (Chile), 1830-1860», Trashumante. Revista Americana de Historia Social, vol. 7 (2016), https://doi.org/10.17533/udea.trahs.n7a05

36. 36 Harald Fuchs, Monografía cultural y económica de la hacienda Comalle (Santiago: Universidad de Chile, 1948), 49.

37. 37 Loveman, Antecedentes…

38. 38 Alderete, «Tras las huellas…».

39. 39 JLT, 1939, caja 1972, legajo 13; JLT, 1940, caja 2013, legajo 62.

40. 40 E. P. Thompson, Thompson, E. P., Costumbres en común (Barcelona: Crítica, 1995), 383.

41. 41 Armando Bartra, El capital en su laberinto. De la renta de la tierra a la renta de la vida (México: UACM, ITACA, CEDRSSA, 2006); «Campesindios: aproximaciones a los campesinos de un continente colonizado», Boletín de Antropología Americana, núm. 44 (2008), https://www.aacademica.org/armando.bartra/58

42. 42 JLT, 1939, caja 1967, legajo 20, f. 1.

43. 43 JLT, 1939, caja 1967, legajo 20, f. 4.

44. 44 JLT, 1939, caja 1967, legajo 20, f. 4v.

45. 45 JLT, 1939, caja 1972, legajo 37, f. 1.

46. 46 JLT, 1939, caja 1972, legajo 37, ff. 5-5v.

47. 47 JLT, 1939, caja 1972, legajo 37, f. 6v.

48. 48 JLT, 1939, caja 1967, legajo 64, f. 1.

49. 49 JLT, 1940, caja 2019, legajo 8, f. 1.

50. 50 JLT, 1940, caja 2000, legajo 13, f. 6. Énfasis nuestro.

51. 51 JLT, 1939, caja 1967, legajo 66, f. 1.

52. 52 JLT, 1939, caja 1967, legajo 66, f. 5.

53. 53 JLT, 1939, caja 1967, legajo 66, ff. 8-8v.

54. 54 JLT, 1939, caja 1967, legajo 66, f. 11.