Normas ambientales voluntarias, acciones de mitigación nacionalmente apropiadas y Pacto Verde: Elementos para la discusión en el caso del sector caficultor

1. Introducción

Durante las últimas décadas se ha producido un incremento sustancial de las normas voluntarias en materia ambiental. Primero como elemento de diferenciación de productos, pero también como un componente de aplicación de políticas de sostenibilidad por parte de grandes compradores internacionales. Su aplicación en el sector caficultor en indudable, y existe la aplicación de un número considerable de normas con diferentes especificidades (Barreto et al., 2023; Elliott, 2018).

Más recientemente dos factores adicionales entran en escena: por un lado, la aplicación de las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA, por sus siglas en inglés), amparadas a los compromisos del Acuerdo de París relacionadas con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para hacer frente al cambio climático; por otro lado, el Pacto Verde de la Unión Europea (UE) que busca garantizar el cumplimiento de ciertos requisitos de carácter ambiental para productos que se comercializan hacia los países miembros, de forma tal que se equiparen con las normativas internas aprobadas por la UE.

De forma paralela a lo anterior, desde la perspectiva comercial, a pesar de la existencia de un Comité de Comercio y Ambiente establecido en la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el año 1995, el avance ha sido escaso, particularmente porque no se ha conciliado la definición en torno a los bienes y servicios ambientales, pero también porque en el centro de configuración normativa de la OMC se establece que las regulaciones de dicha organización se aplican para productos y no para procesos productivos, según lo normado en los artículos 2.2 y 2.4 del Acuerdo Sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Morin et al., 2020).

A continuación, se plantea un conjunto de elementos de análisis sobre las temáticas aludidas, con el objetivo de potenciar la discusión académica en torno a las interrelaciones existentes, así como generar los espacios de acción para potenciar un beneficio efectivo para los productores, particularmente aquellos con condiciones económicas más restringidas. En última instancia, debemos recordar que los actores al inicio de la cadena, tales como los productores de café, son los que ejecutan directamente los estándares voluntarios y las NAMA, y tendrán que cumplir con los requerimientos del Pacto Verde; pero la visión integral de la sostenibilidad comprende no solamente el reforzamiento de las condiciones ambientales, sino también el impacto en la rentabilidad económica de la producción frente a los nuevos requerimientos que se están cumpliendo. En este último aspecto, quedan aún espacios de acción desde las políticas públicas.

2. Las medidas voluntarias de carácter ambiental

Los estándares ambientales voluntarios establecen un conjunto de lineamientos para el desarrollo de la producción y potenciar de esta manera productos con una connotación de sostenibilidad, lo que en primera instancia debería ayudar no solamente a la mejora ambiental, sino también a incrementos en la calidad de vida. La expresión más directa de este conjunto de estándares ambientales –y también sociales– es mediante procesos de certificación, dentro de los cuales el componente de trazabilidad de la producción es uno de los requisitos fundamentales por parte de los grandes compradores y minoristas, bajo el entendido de que les permite contar con información y transparencia sobre el origen del producto y sus condiciones de producción. Lo anterior ha llevado a que las empresas líderes de las cadenas globales de valor tiendan a implementar cada vez más este conjunto estándares como uno de los requisitos de compra de productos en mercados internacionales. Desde la perspectiva de los países en desarrollo, la aplicación de normas ambientales voluntarias les permite reportar el cumplimiento de metas amparadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el acuerdo de París.

La adopción de normas voluntarias de carácter ambiental tiene un conjunto de impulsores que, sin ánimo de ser extensivo, pueden categorizarse según se muestra en la siguiente figura 1, y nos permiten dimensionar que la decisión de adoptar dichas normas no es necesariamente por motivación exclusiva de los productores primarios, sino fundamentalmente por factores externos.

En primer lugar, resalta un nicho de mercado con una creciente demanda de café y otros productos básicos producidos de manera sostenible, que ha impulsado la adopción de estándares voluntarios de sostenibilidad (EVS). Lo anterior implica, igualmente, que los consumidores están dispuestos a pagar diferenciales por productos certificados, lo que incentiva a los productores a adoptar estos estándares (DeFries et al.,2017; Silva et al., 2021). Asimismo, las certificaciones pueden proporcionar una ventaja competitiva en el mercado al diferenciar los productos en función de sus aportes a la sostenibilidad, lo que puede atraer a consumidores conscientes del medio ambiente (Soler et al., 2017). En este contexto, los diferenciales de precios, así como otros beneficios por adherirse a criterios de sostenibilidad definidos por las entidades certificadoras, son cruciales para impulsar a los productores a adoptar y mantener estándares de certificación (DeFries et al., 2017).

Figura 1. Resumen de impulsores para la adopción de estándares ambientales voluntarios

Fuente: Elaboración propia.

No puede dejarse de lado que las empresas están adoptando cada vez más certificaciones de sostenibilidad como parte de sus estrategias de responsabilidad social corporativa para garantizar que sus cadenas de suministro sean ambiental y socialmente responsables (Barreto et al., 2023. 2022), y su cumplimiento es de carácter obligatorio para aquellos proveedores de productos primarios que deseen mantenerse vigentes.

De manera complementaria, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las entidades del sector privado de los países desarrollados han desempeñado un papel determinante en la promoción de EVS para abordar la sostenibilidad en las cadenas de valor, especialmente en regiones donde la gobernanza a nivel estatal es débil o ineficaz (DeFries et al., 2017). De hecho, los pequeños productores más pobres y vulnerables a menudo requieren ayuda externa sustancial para cumplir con los estándares de sostenibilidad. Este apoyo proviene por lo general de ONG, gobiernos y otras organizaciones (Elliott 2018).

Los programas de certificación tienen como objetivo promover la conservación de los hábitats del medio ambiente y fomentar el uso de fertilizantes orgánicos. Asimismo, se trazan objetivos sociales como mejorar los medios de vida y las condiciones laborales de los pequeños agricultores (Barreto et al. 2023;DeFries et al., 2017)..

3. Acciones de mitigación nacionalmente apropiadas.

Desde la perspectiva de los países en desarrollo, la aplicación de medidas ambientales voluntarias para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, bajo la denominación de NAMA, les permite reportar el cumplimiento de metas amparadas en los ODS y el acuerdo de París. En el caso del sector caficultor costarricense, dichas metas se enfocan fundamentalmente en la implementación de mejoras en la eficiencia energética y tecnológica, así como la implementación de buenas prácticas agrícolas (GIZ, 2019).

Lo anterior se complementa mediante la implementación de un sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV), que permite no solamente documentar sino también verificar el cumplimiento de los diferentes indicadores planteados, transparentando los flujos de información derivada de la aplicación de las NAMA. En el caso costarricense, el país implementó la primer NAMA agrícola del mundo en el año 2013, y fue precisamente en el sector caficultor. Una característica que ha potenciado el desarrollo de la NAMA café Costa Rica es que, por lo novedoso de la iniciativa y lo temprano de su planteamiento, pudo obtener financiamiento internacional de parte de entes cooperantes, situación que no ha sido igual para otros países de la región.

4. El Pacto Verde europeo.

Europa aprobó desde el año 2019 un conjunto de medidas complementarias que, de una u otra forma, tendrán un impacto sobre la capacidad de los países de continuar comercializando sus productos hacia en el mercado europeo. Para el caso del café, podemos señalar en primer lugar el Reglamento de Productos Libres de Deforestación, mediante el cual los exportadores deben generar los instrumentos necesarios para evidenciar el origen de sus productos, garantizando que hayan sido elaborador en terrenos no sujetos a deforestación desde el año 2020. Estas medidas entrarán a regir a partir del 1 de enero de 2025.

Adicionalmente, la estrategia “De la granja a la mesa”, que promueve sistemas agroalimentarios más sostenibles mediante reducir el uso de plaguicidas en un 50% para el año 2030, obligará a los productores a utilizar productos sustitutos para el control de plagas, que a su vez faciliten el cumplimiento de los nuevos límites de residuos de plaguicidas establecidos por la UE. Por último, el Plan de Acción de Economía Circular también tendrá impactos sobre el sector cafetalero, dado que la meta es que para el 2030 todos los empaques del sector sean reutilizables o reciclables, como requisito para acceder al mercado europeo. Para una descripción más profunda puede revisarse Sanahuja (2021).

5. Impacto de los estándares voluntarios de sostenibilidad (EVS).

A pesar de que existen análisis que muestran impactos positivos para los caficultores certificados, existe una amplia discusión sobre cuál es su nivel de eficacia desde una perspectiva integral, ya que otras investigaciones muestran que los beneficios económicos para los productores más pobres han sido reducidos (DeFries et al., 2017; Dietz et al., 2019; Dietz & Grabs, 2021; Elliott, 2018).

A este último aspecto ha contribuido el hecho de que el aumento en la cantidad de EVS ha tenido como consecuencia mayores niveles de competencia en esos nichos de mercado y, consecuentemente, una reducción en los sobreprecios (Dietz & Grabs, 2021), lo que indudablemente termina afectando la rentabilidad esperada de parte de los productores.