Igualdad de oportunidades y justicia distributiva: Un análisis de los planes de gobierno de los principales candidatos participantes en el proceso electoral costarricense en el año 2018 desde la filosofía política de John Rawls

Equal opportunities and distributive justice: An analysis of the Government Plans of the Main Candidates Participating in the Costa Rican Electoral Process in 2018 from the Political Philosophy of John Rawls

Esteban A. Aguilar Ramírez

Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica

esteban.aguilar.ramirez@una.cr

Recibido: 7 de febrero de 2022 / Aceptado: 11 de febrero de 2022 / Publicado: 24 de mayo de 2022

Resumen

El presente artículo pretende analizar, desde las ideas de igualdad de oportunidades y justicia distributiva presentes en la filosofía política de John Rawls, la manera en que los partidos políticos más votados en las elecciones del año 2018 abordaron el problema de la crisis económica y fiscal en sus planes de gobierno, en términos de una resolución justa para todas las personas habitantes del país. Por ese motivo nos enfocaremos en los segmentos de los planes de gobierno que hagan referencia a temas como el desempleo, la educación o la salud pública (vitales dentro de la idea de la igualdad de oportunidades), así como aquellos que hagan referencia a la reforma fiscal, el sistema tributario y la distribución de la riqueza (justicia distributiva). Teniendo claro que dentro de la teoría rawlsiana la justicia distributiva es imprescindible para garantizar la justa igualdad de oportunidades.

Palabras clave: Filosofía política, justicia social, política fiscal, desigualdad social, igualdad de oportunidades

Abstract

This article aims to analyze, from the political philosophy of John Rawls, the way in which the most voted political parties in the 2018 elections addressed the problem of the economic and fiscal crisis in their government plans. Ideas about distributive justice and equality of opportunity are the aspects of Rawlsian theory that we are most interested in using. For this reason, we will focus on the segments of government plans that refer to issues such as unemployment, education, or public health (vital within the idea of equal opportunities), as well as those that refer to the tax reform, the tax system, and the distribution of wealth (distributive justice). Bearing in mind that within Rawlsian theory, distributive justice is essential to guarantee fair equality of opportunities.

Keywords: political philosophy, social justice, fiscal policy, social inequality, equal opportunities

1. A modo de introducción: La situación fiscal de Costa Rica en el año 2018

A inicios del año 2018 el gobierno de Costa Rica anuncia que el déficit fiscal del año anterior cerró en el 6,2%, lo que implicó que el país enfrentara el peor déficit de los últimos cuarenta años, solamente por debajo del vivido a inicios en la década del ochenta. Sin embargo, esta situación no tomó por sorpresa a las autoridades gubernamentales, ni tampoco a algunos sectores de la población, debido que el déficit fiscal ha presentado un aumento constante desde el año 2011, cuando cerró en un 4%, salvo una leve mejoría presentada en el año 2016. En el 2017 sobrepasó el 6%1.

En un comunicado fechado el 5 de enero del 2018, la presidencia de la República expuso que los esfuerzos de la administración Solís Rivera para mejorar la situación fiscal del país fueron insuficientes. Iniciativas como limitar la creación de plazas, congelar salarios de miembros del ejecutivo, o el recorte de partidas flexibles o superfluas, aunado al mejoramiento de los sistemas informáticos de recaudación, resultaron infructuosas, lo que implicó que se insistiera vehemente en la urgencia de una reforma tributaria. Respecto a esto, el comunicado recoge las declaraciones del entonces ministro de Hacienda, Helio Fallas:

No podemos disimular que la ausencia de acuerdos que permitan contar con leyes más eficaces y eficientes en materia hacendaria ha empeorado la situación. El próximo gobierno también enfrentará estos problemas, los cuales van a empeorar el próximo año ante la ausencia de la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.2

Estas declaraciones, sumadas a todo lo señalado anteriormente, no pasaron por alto durante la campaña electoral del año 2018, y se convirtieron en un aspecto central dentro de la mayoría de los planes de gobierno de los candidatos presidenciales y sus respectivos partidos políticos3. ¿Cómo reducir el déficit y evitar los pronósticos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda? Este era el principal reto que debía enfrentar quien resultara ganador de la contienda electoral, debido a que estas instancias estimaban que “la brecha entre el gasto y la recaudación del Gobierno Central sería de un 8% del producto interno bruto (PIB) para el 2019 con un endeudamiento público que rondaría el 60% del PIB” (Ruiz, 2018).

Este sombrío escenario nos lleva a revisar los planes de los gobierno de los 4 partidos políticos más votados en el 2018 y analizar, desde las ideas de igualdad de oportunidades y justicia distributiva presentes en la teoría de John Rawls, dichas propuestas, teniendo en cuenta que los planes de gobierno suelen ser una exposición de propuestas que no siempre marcan el camino a seguir de los candidatos presidenciales; incluso, a veces se contradicen con sus discursos públicos, y en múltiples ocasiones han tenido una ruta distinta a las acciones concretas que lleva a cabo la persona que resulta ganadora de las elecciones.

Sin embargo, nos parece necesario analizar las propuestas que componen dichos planes de gobierno para, de esta manera, tener una idea más clara respecto a las similitudes y las diferencias reales entre las 4 propuestas mayormente votadas, y principalmente entre las dos propuestas que se enfrentaron en la segunda ronda electoral. En este caso, el Partido Restauración Nacional (RN) y el Partido Acción Ciudadana (PAC).

Para ello, y en primera instancia, vamos a exponer de manera breve lo que entendemos por “justicia distributiva” e “igualdad de oportunidades”, así como los consensos y disensos en torno a la manera en que el filósofo estadounidense John Rawls entiende estos aspectos dentro de su teoría de la justicia. Para proceder a analizar y comparar cómo se reflejan estas ideas en los planes de gobierno de las principales fuerzas políticas del año 2018, iniciando con las dos fuerzas más tradicionales del país: el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y, de manera posterior, los ya mencionados RN y PAC.

2. John Rawls, igualdad de oportunidades y justicia distributiva: Consensos y disensos

El contexto de crisis al que hemos hecho alusión presenta algunos aspectos que debemos señalar y que han sido los principales focos de atención en el espacio público. El cobro de impuestos es posiblemente uno de los aspectos mayormente señalados, principalmente por aquellos que consideran que la carga impositiva del país es excesiva; aunque quienes los defienden argumentan su necesidad, no solamente en la urgencia del Estado de generar recursos, sino también porque son esenciales para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y otras instituciones vitales en la calidad de vida de la población y, a la vez, permitir a los grupos vulnerabilizados mejorar sus condiciones de vida (igualdad de oportunidades).

Este panorama nos lleva a enfrentarnos principalmente a dos posiciones antagónicas, aunque esto no quiere decir que existan dos posturas únicamente. Por un lado, encontramos a quienes consideran necesario pensar en una justa distribución de la riqueza y la necesidad de los impuestos para garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios públicos de calidad, y a quienes, por el contrario, consideran que “los impuestos son un robo” y que el gasto público es excesivo.

La primera postura la podemos relacionar con lo que se conoce comúnmente como “justicia distributiva”, y que se refiere a la manera en que se distribuyen los recursos, los beneficios y las cargas sociales. Tal y como explican Julian Lamont y Christi Favor (2017) en la Enciclopedia de filosofía de Stanford, la argumentación respecto a cuáles marcos políticos, económicos y sociales son los moralmente preferibles para la distribución de las cargas y beneficios entre los miembros de la sociedad es el tema central de la justicia distributiva, y por lo tanto, “es mejor pensar en los principios de la justicia distributiva como una guía moral para los procesos y estructuras políticas que afectan la distribución de beneficios y cargas en las sociedades” (Lamont & Favor, 2017), y que comúnmente se piensa, por lo menos en primera instancia, bajo un principio igualitario estricto, aunque en ocasiones se suele pensar con un mayor grado de flexibilidad, como es el caso del principio de diferencia del filósofo estadounidense John Rawls.

Según expone Rawls, las formas de distribución deben responder a los principios de justicia4 que se han determinado en la posición original5, y que, por lo tanto, garanticen justicia social. Su criterio es que “el objeto primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad o, más exactamente, el modo en que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social” (Rawls, 1995, p. 20). Ahora bien, el susodicho principio de diferencia, contrario a un principio igualitario estricto, entiende que ciertas desigualdades podrían tolerarse siempre y cuando beneficien a los sectores menos afortunados de la población6. En este sentido, el segundo principio de justicia aplica a la distribución del ingreso y la riqueza, y a pesar de que

no necesita ser igual, tiene no obstante que ser ventajosa para todos, y al mismo tiempo los puestos de autoridad y mando tienen que ser accesibles a todos. El segundo principio se aplica haciendo asequibles los puestos y, teniendo en cuenta esta restricción, disponiendo las desigualdades económicas y sociales de modo tal que todos se beneficien (Rawls, 1995, p. 68).

Sin embargo, para poder garantizar lo anterior, es necesario que exista un esquema de tributación justo y equitativo. De acuerdo con Rawls, hay dos aspectos importantes a tomar en cuenta: en primera instancia, uno relativo a los impuestos a la donación y a las restricciones a los derechos de herencia, que tienen como fin “corregir, gradual y continuamente, la distribución de riqueza y prevenir las concentraciones de poder perjudiciales para la equidad de la libertad política y de la justa igualdad de oportunidades” (Rawls, 1995, 259). Esto porque la herencia, según Rawls, podría construir nuevas desigualdades que atentarían contra los principios de justicia; por lo tanto, la herencia es permitida siempre y cuando la desigualdad resultante vaya en ventaja de los menos afortunados y sea compatible con la libertad y la justa igualdad de oportunidades (Rawls, 1995, 260).

Este primer aspecto señalado por Rawls ha sido casi imposible de poner en práctica, no solamente en Costa Rica, sino en la mayoría de los países del mundo, donde se ha normalizado que producto de la herencia se presenten efectivamente altas concentraciones de poder y de riqueza, y que en efecto tengan un impacto negativo en la justa igualdad de oportunidades. Como es bien sabido, a pesar de los esfuerzos que se intentan realizar, las condiciones desiguales engendran posibilidades diferenciadas.

Por otra parte, el segundo aspecto que señala Rawls responde a un esquema de tributación para acceder a los ingresos necesarios que garanticen un mínimo de calidad de vida e igualdad de oportunidades a la población; en este caso “Los recursos sociales han de ser cedidos al gobierno, de manera que pueda proveer bienes públicos y hacer los pagos necesarios para satisfacer el principio de diferencia” y cuya “carga fiscal ha de ser equitativamente compartida y tiende a establecer soluciones justas” (Rawls, 1995, 259), debido a que los grupos más aventajados deberán tener una carga impositiva mayor que los grupos menos favorecidos, y de esta manera corregir (levemente) las desigualdades sociales presentes. Aquí encontramos cómo una desigualdad, en términos de carga impositiva, iría en beneficio de los menos aventajados, y dirigida a cumplir con los principios morales planteados por la justicia distributiva, al menos desde la teoría propuesta por John Rawls7.

Sin embargo, y como era de esperar, esta idea de distribución de la riqueza es objetada por algunos sectores de la sociedad, principalmente asociados a las ideas del libertarismo, y el ya mencionado Robert Nozick, para quien la idea de un Estado amplio que necesite cobrar impuestos para generar mecanismos de distribución de la riqueza es inaceptable. Este filósofo estadounidense es tajante al afirmar que “El Estado mínimo es el Estado más extenso que se puede justificar” (Nozick, 1988, p. 153), y cualquier Estado más extenso tendría que violentar los derechos de las personas debido a la necesidad de cobrar impuestos para poder solventar las funciones que le corresponden. En este caso, al imponer un sistema tributario coercitivo, el Estado, según Nozick, violentaría la libertad de los ciudadanos, ya que las personas no tendrían otra opción que otorgar al Estado parte de las riquezas obtenidas a través de su trabajo, mediante la figura de un impuesto (o grupo de impuestos).

La postura de Nozick, entonces, es que el pago de impuestos debería responder a la voluntad particular de los individuos, debido a que un régimen coercitivo lleva al Estado a apropiarse de manera ilegítima de un porcentaje del ingreso que acumulan los ciudadanos fruto de su trabajo, con el fin de redistribuirlo y beneficiar a otro segmento de la población que, desde esta postura, no se habría esforzado lo suficiente para poder acumular el suficiente capital que le permita hacer frente a sus necesidades sin tener que recurrir al Estado8. Para Nozick, mejorar las condiciones de vida de un grupo quitándole riqueza a otro y, por lo tanto, desmejorando la calidad de vida de este último es un acto inmoral, y no es la ruta para alcanzar la igualdad de oportunidades. Plantea el filósofo estadounidense:

Hay dos caminos para intentar proporcionar esta igualdad: empeorar directamente la situación de los más favorecidos por la oportunidad, o mejorar la situación de los menos favorecidos. La última necesita del uso de recursos y, así, presupone también empeorar la situación de algunos: aquellos a quienes se quitan pertenencias para mejorar la situación de otros. Pero las pertenencias sobre las cuales estas personas tienen derechos no se pueden tomar, aun cuando sea para proporcionar igualdad de oportunidad para otros. A falta de varitas mágicas, el medio que queda hacia la igualdad de oportunidad es convencer a las personas para que cada una decida destinar algunas de sus pertenencias para lograrla (Nozick, 1988, p. 230).

Esta posición de Nozick acepta que los sectores económicamente más poderosos se encuentran obligados moralmente a colaborar con el bienestar de los grupos menos favorecidos, ya sea a través de programas de asistencia social u otros medios, que deben surgir como iniciativas voluntarias y sin la interferencia del Estado. Por lo tanto, el autor de Anarquía, Estado y Utopía se opone a “una filantropía obligada, tener que aportar dinero al bienestar de los demás por medio de un sistema establecido por el Estado” (Cohen, 2014, p. 41).

Sin embargo, esta propuesta se encuentra con un problema inicial, y es que no toma en cuenta los efectos que puede tener dicho régimen de filantropía voluntaria y la ausencia de participación del Estado en el cobro de impuestos. Principalmente porque, debido a su carácter no obligatorio, los ciudadanos podrían evitar comprometerse con estos mecanismos y la desigualdad social se podría ver ampliada. Como explica John Rawls, “Es razonable suponer que, incluso en una sociedad bien ordenada, los poderes coercitivos del gobierno son, de algún modo, necesarios para mantener la estabilidad de la cooperación social” (Rawls, 1995, p. 226). Así, una forma de recaudación tributaria centrada en la voluntad de los individuos y bajo una obligatoriedad moral mas no legal es inestable. Esto porque las personas podrían presentar distintos argumentos para deslindarse de esta forma de recaudación. Uno de los argumentos que presenta Rawls se concentra en la pérdida de confianza en que los otros cumplan con su parte del acuerdo, lo que a la vez provoca que quienes dudan sucumban a la tentación de incumplir también dicho acuerdo voluntario. Lo que lleva a la necesidad de que exista un sistema de sanaciones tal que las personas no evadan participar de los mecanismos, en pro de la cooperación social (Rawls, 1995, p. 226).

Ante esto, es importante señalar que la recaudación de impuestos no solamente debe ser entendida como un mecanismo para la asistencia social, sino como una herramienta mediante la cual es posible para el Estado brindar “igualdad de oportunidades” a la población, por ejemplo, por medio del acceso a la educación o a la salud pública. En relación con esto, “el sistema escolar sea público o privado, debería ser planeado para derribar las barreras de clase” (Rawls, 1995, p. 79) e intentar igualar la balanza distributiva o, al menos, beneficiar a quienes se encuentran en una posición menos favorecida. Y el sistema de salud debería garantizar que sus pacientes, a pesar de haber sufrido una enfermedad o un accidente, no se enfrenten a resultados que vayan en detrimento de sus condiciones de vida (por ejemplo, podríamos pensar en deudas económicas gigantescas producto de algún préstamo para sufragar gastos médicos, o lesiones que le imposibiliten trabajar y de paso no tener acceso a algún mecanismo de asistencia social que le ayude a llevar una vida digna).

A propósito de esto, el filósofo canadiense Gerald Cohen afirma que “el Estado que socializa no está vulnerando derechos, ni siquiera ignorándolos, en pro de algo más importante, sino que está corrigiendo ilícitos: rectificando violaciones de derechos” (Cohen, 2014, p. 41), que durante décadas han ido ensanchando la brecha económica entre quienes se benefician de las prácticas de libre mercado y quienes se ven perjudicados por ellas o excluidos de las mismas. Sin embargo, esta posición de Cohen no debe confundirse con que él esté de acuerdo con el principio de diferencia de Rawls. Según Cohen, las excepciones que hace Rawls con el principio de diferencia son muy amplias, y dicho principio no es suficiente para consolidar una sociedad igualitaria.

Una de las principales razones que esgrime el filósofo canadiense es que Rawls otorga una serie de incentivos a las personas que ya han sido beneficiadas por la lotería de la naturaleza para que realicen sus tareas, y esto implica un doble beneficio que da como resultado un aumento en la brecha de desigualdad. Además, insiste Cohen, si todas las personas estuvieran comprometidas con los principios de justicia, no condicionarían dar su mayor esfuerzo y usar el pleno de sus capacidades naturales, en pos de una sociedad más justa, al otorgamiento de una serie de incentivos que les distingan de los demás. Según señalan el jurista argentino Roberto Gargarella y la filósofa española Jahel Queralt Lange (2014),

A juicio de Cohen, la mayoría de las desigualdades que se dan en el mercado dejarían de ser necesarias para mejorar la condición de los más desventajados si quienes exigen salarios altos actuasen motivados por los valores de igualdad y comunidad, antes que por el autointerés más egoísta (p.16).

En esta misma línea, Cohen considera que la idea de igualdad de oportunidades es insuficiente, debido a que, dentro de la propuesta de Rawls, el principio de diferencia se encuentra relacionado con la misma, y por lo tanto formula lo que denomina como “igualdad socialista de oportunidades”, que “busca corregir todas las desventajas no elegidas” (Cohen, 2014, p. 186), o sea, aquellas desventajas que no son fruto de las elecciones racionales de los individuos. Y tal y como explican Gargarella & Queralt, “Cohen considera que solo son justas las desigualdades que reflejan diferencias de gusto o elección” (Gargarella & Queralt, 2014, p. 17).

En el análisis de Cohen, la igualdad socialista de oportunidades presenta tres tipos de desigualdad, que cataloga como: “no problemática”, “poco problemática” y “muy problemática”. La primera se concentra en una desigualdad de elección, donde quienes tienen más bienes de un tipo tienen menos de otro, y viceversa. La poco problemática se concentra en las diferencias del esfuerzo que se decide realizar y las diferencias fruto de la opción escogida. Y finalmente, la tercera forma de desigualdad, que Cohen considera como “verdaderamente problemática”, es la que “refleja las diferencias que Dworkin denomina «suerte de la opción»” (Cohen, 2014, p. 190).

Sin embargo, las perturbaciones que puedan generar estas desigualdades a la igualdad socialista de oportunidades “deben ser atemperadas por un principio de comunidad” (Cohen, 2014, p. 191). Este principio tiene como sustento la preocupación de unos por los otros, y por la comunidad misma, lo que podría derivar en una reducción de la desigualdad en tanto quienes ostentan mayor riqueza –y dentro de lo que Cohen llama “límites razonables del autosacrificio” (Cohen, 2014, p. 192)– colaboren con las personas menos afortunadas.

Finalmente, Gargarella explica que, en Cohen, para que una sociedad sea realmente justa, las elecciones personales de los individuos que la conforman deben ser mediadas por una ética que responda a un verdadero ideal de justicia, y no solamente por las leyes impuestas por el Estado. Según Cohen “se puede distinguir entre una sociedad justa y un gobierno justo, es decir, que aplica principios justos a una sociedad cuyos miembros tal vez no los acepten ellos mismos” (Cohen, 2008, p. 121). Esto quiere decir que “las exigencias de una sociedad justa no se terminan con la presencia de un Estado que fija reglas justas, procurando mejorar en todo lo posible la situación de los individuos más desafortunados” (Gargarella, 1999, p. 84), sino que cada uno de los individuos debería cumplir con las exigencias de la justicia, tanto en su vida privada como en su vida pública. Y, por ende, pensar solamente las exigencias de la justicia con respecto de la “estructura básica de la sociedad” resulta insuficiente, debido a que los individuos no tendrían una exigencia directa para apegarse a estos principios. Como interpreta Jahel Queralt Lange (1999), “En el ámbito de la justicia social, Cohen tiene la firme convicción de que una sociedad justa es aquella en la que existe plena igualdad y en la que sus miembros están totalmente dedicados al logro de ese ideal” (Queralt, 1999).

Como hemos visto en los párrafos anteriores, existen distintas maneras de entender la igualdad de oportunidades y la justicia distributiva, incluso quienes consideran que algunas de las posturas al respecto no son realmente justas9. Sin embargo, podemos pensar que en su mayoría se encuentran enfocadas en discernir los principios más justos para la conformación de una sociedad, y a partir de ello pretendemos dar un vistazo a los programas de gobierno de los principales contendores en las elecciones presidenciales del año 2018 y determinar cuáles propuestas guardan alguna relación con las posturas reseñadas en el presente apartado.

3. Planes de gobierno: Las propuestas frente a la crisis

Nuestra intención a la hora de hablar de crisis económica, y no reducir el análisis solamente a la crisis fiscal, implica poder incorporar en nuestro trabajo otros elementos más allá de los netamente fiscales. Por ello, nuestro interés se concentra en analizar dentro de los planes de gobierno de los principales actores políticos del 2018 lo relativo a estos temas, y que pueda ser sujeto de análisis desde dos aspectos centrales dentro de las teorías de la justicia: la igualdad de oportunidades y la justicia distributiva. Debido a esto, nos enfocaremos en las secciones relativas al empleo, pobreza, desigualdad, reforma fiscal, educación y seguridad social, que se expresan en sus planes de gobierno y en los mensajes sobre estos temas emitidos en su campaña electoral.

3.1. Dos fuerzas históricas fuera de la contienda en segunda ronda: Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana

Para iniciar este segmento nos enfocaremos en los planes de gobierno del PLN y el PUSC. El primero de ellos, denominado “El momento es ahora”, giró sobre seis ejes que denominaron como “el círculo virtuoso del desarrollo nacional”, donde se destacan dos elementos fácilmente identificables con la igualdad de oportunidades y la justicia distributiva: 1) el crecimiento del empleo y 2) salud y educación para todos. Sin embargo, es importante destacar que en todo el documento se evita hablar concretamente de igualdad de oportunidades como tal, y en su lugar se hace referencia a la idea de “oportunidades para todos”, o “más oportunidades para todas las personas”. El único momento en que se hace referencia a la igualdad de oportunidades se hace en relación con el acceso a la cultura, al afirmar que: “sabemos que es imperativo invertir en el fortalecimiento de la democracia cultural en Costa Rica para garantizar igualdad de oportunidades para que la ciudadanía goce de la cultura como un derecho humano” (PLN, 2018, p. 68). Empero, esta reducción conceptual nos lleva interpretar que, o bien se confunde la “igualdad de oportunidades” con la idea de “mejores oportunidades para todos y todas”, o se evita hacer referencia a este aspecto, ya sea por la imposibilidad de garantizar su cumplimiento o porque simplemente no es un aspecto que sea relevante para esta agrupación política.

Debemos recordar que la idea de igualdad de oportunidades, entendida desde la filosofía rawlsiana y el principio de diferencia, debe ser ventajosa para todos y todas, y los puestos de autoridad y mando deben ser accesibles para la generalidad de las personas, además de que las desigualdades que se produzcan deben ser siempre en beneficio de los menos afortunados. Estos aspectos no son posibles de cumplir con una idea de “más oportunidades para todos y todas” tal como se presenta en el plan del PLN, debido a que no contempla los contextos particulares ni las desigualdades ya existentes; esto a pesar de que se insiste en que es posible atacar la desigualdad y la pobreza a través de mecanismos como la educación y la salud “para todos y todas” (vitales para la justa igualdad de oportunidades), y mediante la activación de estrategias que produzcan nuevos y mejores puestos de trabajo y el respeto al pago de salarios mínimos10.

Sin embargo, pensar en mejores oportunidades para todas las personas, sin hacer diferencia de contexto (como ya hemos señalado), conduce a situaciones en las cuales alguien que ya de por sí goza de excelentes oportunidades –dada una condición económica favorable– se vea nuevamente en ventaja frente a otro desprovisto de las mismas condiciones iniciales. Si bien sus condiciones podrían mejorar en una proporción idéntica, la brecha de desigualdad seguiría intacta, y en este caso la desigualdad producto de estas mejores y mayores oportunidades “para todos y todas” realmente no implicaría una mejora en las condiciones de vida de las personas menos favorecidas, aunque quisiera pensarse lo contrario. El argumento aquí no es que las condiciones de vida de la primera persona se vean desmejoradas en beneficio de la segunda, sino que las de la segunda se puedan ver mejoradas en relación con la primera y que la brecha de desigualdad pueda reducirse. No se puede garantizar que con la idea de “mejores oportunidades para todas y todas” las condiciones de vida de las personas menos favorecidas mejoren, debido a que no está enfocada directamente en eso; por lo tanto, tampoco es posible cumplir con lo propuesto con un principio de diferencia, ni mucho menos con la igualdad de oportunidades.

Situación similar se presenta en el plan de gobierno del PUSC, denominado “Aquí sí hay algo por qué votar”, principalmente en el cuarto punto de su plan: “Más oportunidades, menos desigualdad”, donde el tema de la igualdad de oportunidades como tal solamente se presenta en relación con las personas con discapacidad y el acceso a la tecnología de esta población, así como en temas de equidad de género. Esa reducción de la igualdad de oportunidades a estos dos aspectos deja por fuera otra serie de elementos que son fundamentales en la reproducción de la desigualdad social, y de manera similar a lo que se presenta en el plan de gobierno de PLN, la propuesta del PUSC no puede ser comprendida dentro de una implementación real de la igualdad de oportunidades. Debido a que cuando hace referencia a “más oportunidades” no contempla los aspectos particulares, y, como ya lo mencionamos, referirse de manera general a este tema no permite abordar los contextos particulares en los que se reproduce la desigualdad.

Sin embargo, hay que mencionar que en este plan de gobierno se expresa que el objetivo político de la Unidad Social Cristiana “es garantizar el acceso real de oportunidades para todos los actores sociales, teniendo como prioridad la cobertura de quienes están en desamparo económico y social, con el fin de disminuir la pobreza, las desigualdades y brechas sociales y territoriales” (PUSC, 2018, p. 53), lo que nos podría llevar a pensar que, al menos en los cimientos del Partido Unidad Social Cristiana (debido a que esta referencia es extraída de la “Carta Social Cristiana a Costa Rica”) se encuentra un compromiso con las poblaciones menos favorecidas –situación similar a lo que presenta el Partido Liberación Nacional, al menos en sus documentos fundacionales–. Pero no deja de ser llamativo que, a pesar de que en los planes de gobierno ambos partidos insisten en mencionar el tema de “más oportunidades”, “mejores oportunidades” u “oportunidades para todos y todas”, principalmente en relación con las poblaciones menos favorecidas, con la reproducción de la desigualdad social o el crecimiento de la pobreza, se evita hablar de manera concreta de “igualdad de oportunidades”, salvo las excepciones que ya hemos apuntado.

Ambos programas de gobierno también nos presentan la urgencia de generar más y mejores empleos, y que las condiciones laborales sean dignas en pos de velar una mejor distribución de la riqueza. Por un lado, Liberación Nacional plantea que el empleo debe ser “decente, digno, con seguridad social, pago de salarios mínimos, y formalización” (PLN, 2018, p. 10); además añade que si en Costa Rica se cumpliera con lo establecido respecto al pago de salarios mínimos “se reduciría la pobreza en un 6,6%, y la pobreza extrema en un 2%” (PLN, 2018, p. 30), aspecto que incide directamente en la posibilidad de que los grupos menos favorecidos mejoren sus condiciones de vida. Esa mejora de ingreso en un porcentaje significativo de la población, a pesar de que no implica una solución al problema de la desigualdad, sí reflejaría al menos una disminución.

Por su parte, el partido Unidad Social Cristiana presenta una línea similar en su plan de gobierno, donde expone que el punto de partida de cualquier política económica debe ser el “empleo digno y el trabajo decente, estable y bien remunerado” (PUSC, 2018, p. 32). A diferencia del PLN, no hay referencias al salario mínimo en su propuesta, lo que no deja de ser llamativo, debido a que el no cumplimiento del pago de los salarios mínimos y el aumento en la precarización laboral son una constante en nuestro país. Sin embargo, aunque no se hace mención directa al salario mínimo, sí hace énfasis en los derechos laborales de las personas así como incentivar el teletrabajo, que permitiría mejorar la productividad, la participación laboral y la calidad de vida de quienes puedan sumarse a esta modalidad.

Adicionalmente, debemos referirnos a otros dos aspectos fundamentales en lo relativo a la igualdad de oportunidades y la justicia distributiva, como lo son la educación y la salud, aspectos fundamentales en el desarrollo del individuo y el acceso a oportunidades que le permitan mejorar sus condiciones de vida. En lo que respecta a educación, encontramos puntos en común en ambos planes de gobierno; por ejemplo, plantean la necesidad de coordinar acciones entre el MEP y el INA para brindar la educación técnica, y la necesidad de orientar la oferta de los programas del INA a las necesidades del mercado laboral. En adición a esto, el PLN identifica la necesidad de una prospección que defina cuáles líneas debe seguir la educación con respecto al mercado laboral; y, por su parte, el PUSC se refiere a la necesidad de crear “Mesas de trabajo sectoriales junto a las universidades públicas y privadas para “concientizar” sobre la importancia de reformar los planes de estudio y la oferta de carreras universitarias de manera constante” (PUSC, 2018, p. 33).

Asimismo, ambos partidos muestran preocupación por el dominio de un segundo idioma, aunque la diferencia entre sus propuestas es que el PUSC se apega a la necesidad de un plan de enseñanza masiva del inglés, mientras que el PLN hace referencia al multilingüismo surgido de los procesos de globalización y las oportunidades que puedan brindarse en distintas latitudes, “por lo que será importante contar con un recurso humano que se sienta cómodo trabajando en diferentes lenguas o que pueda aprender rápidamente algún nuevo idioma y ajustarse a los requerimientos de la oportunidad laboral o empresarial que se le presente” (PLN, 2018, p. 30).

Otro aspecto importante en el ámbito educativo es la aspiración a un “un sistema educativo que fomente la igualdad y la inclusión” (PLN, 2018, p. 64), como lo expone el Partido Liberación Nacional, o “Una educación para la paz, la tolerancia, el entendimiento” (PUSC, 2018, p. 55), ideal que manifiesta el Partido Unidad Social Cristiana y que refleja, en ambos casos, al menos en sus planes de gobierno, la preocupación por un modelo educativo que no reproduzca espacios de discriminación. En relación con esto, el del PUSC también manifiesta la necesidad de un modelo de “educación integral comprometida con una mejor distribución de la riqueza, inclusión, una sociedad amplia en oportunidades, pluralismo, respeto, libertad de conciencia, tolerancia, derecho a disentir, responsabilidad ética y trabajo, como medio para la promoción y el bienestar social” (PUSC, 2018, p. 55).

Finalmente, ambos partidos coinciden en la urgencia de invertir recursos en nuevas tecnologías para la información y la comunicación en los procesos educativos, que permita a los estudiantes de zonas marginalizadas contar con el acceso a estas tecnologías y no partan en desventaja con relación a los colegios con mejores posibilidades. Adicionalmente, ambas propuestas también muestran preocupación por mantener a los estudiantes en las aulas, principalmente en las zonas de mayor vulnerabilidad social. Otro aspecto importante respecto a la idea de una educación que integre a todos los sectores es la propuesta del PLN de una educación multicultural, que incluya a la población indígena, afro costarricense y migrante; propuesta que podría guardar alguna relación con la iniciativa del PUSC de diferenciación regional en los sistemas de educación técnica y académica. Sin embargo, esta propuesta del PUSC responde directamente a “necesidades del parque empresarial, los nuevos programas de atracción de inversiones y las vocaciones productivas de cada región” (PUSC, 2018, p. 34), lo que parece no dar la relevancia necesaria a los elementos culturales y sus particularidades.

Por otro lado, en materia de salud ambas propuestas son muy similares: se concentran en la reducción de las listas de espera, ampliar el horario de atención, llevando a cabo una “apertura gradual del segundo turno en hospitales” (PUSC, 2018, p. 61), fortalecer el modelo de salud brindado por la Caja Costarricense de Seguro Social o promover buenos hábitos de salud y estilos de vida saludable. Adicionalmente, el PLN propone emplear nuevas modalidades de contratación a través de la “contratación de médicos especialistas privados o médicos pensionados” (PLN, 2018, p. 59). A su vez el PUSC plantea el fortalecimiento de los servicios de salud tanto en el primero como en el segundo nivel de atención, así como enfocarse en “elaborar un plan de formación de recursos humanos en salud con participación de sector educación (Ministerio de Educación y universidades públicas y privadas), la CCSS, sindicatos, gremios y colegios profesionales, que permita satisfacer las necesidades de la población en cuanto a cobertura y calidad” (PUSC, 2018, p. 60). En esta misma línea, el PLN contempla la ampliación de la cobertura de los servicios de salud principalmente dentro de los territorios indígenas, en especial los que se encuentran más alejados.

Otro aspecto interesante en cuanto a la coincidencia de ambas propuestas es la preocupación por la salud mental. En ambos casos encontramos la necesidad de fortalecer la rectoría de dicho rubro y elaborar una política al respecto, así como la creación de una secretaría de la salud mental.

Finalmente, es importante señalar que solamente el plan de gobierno del PUSC presenta alguna preocupación por la sostenibilidad financiera de la CCSS y de los programas de pensiones, así como “control de la morosidad estatal y patronal en el seguro de IVM de la CCSS” (PUSC, 2018, 67). Este aspecto nos parece sumamente relevante debido a que en algún momento se ha puesto en cuestión el carácter solidario de la CCSS, e incluso desde algunas aristas se ha propuesto que cada persona elija el seguro médico que le plazca y, por lo tanto, la obligatoriedad del pago de las cuotas obrero-patronales no aplicaría (propuesta que se acerca a la que postula Ronald Dworkin y el mercado hipotético de seguros). Por lo que la preocupación por la sostenibilidad económica de la CCSS, y de echar mano a la morosidad de algunas empresas y del mismo Estado, podría garantizar, al menos en el papel, la intención de fomentar y fortalecer el carácter solidario de nuestra seguridad social.

Para finalizar este segmento, en torno a la crisis económica el tema de los impuestos no ha pasado desapercibido en ambas propuestas. El PUSC proponía en su plan de gobierno la transformación del “el impuesto sobre las ventas a un impuesto sobre el valor agregado” (PUSC, 2018, 31), transformación que finalmente se materializó en el gobierno de Carlos Alvarado y que no es de sorprender, dada la participación de figuras relevantes del PUSC en el gobierno del presidente Alvarado. Además, el PUSC hizo especial énfasis en la necesidad de disminuir la evasión fiscal y revisar las políticas y recursos disponibles para este fin. Por su parte, el PLN insistió en la necesidad de hacer crecer el empleo y la producción, confiando en que esto mejoraría los ingresos tributarios: “mayores ingresos nos permitirán tener mayor y mejor gasto público, lo que debe traducirse en mejoras en las vidas de los habitantes” (PLN, 2018, p. 82), aspecto fundamental dentro de la idea de la justicia distributiva. Adicionalmente, el PLN presenta la posibilidad de una reforma fiscal en los primeros meses de gobierno, que se enfoca principalmente en el control del gasto público y en la necesidad de un cobro eficiente de impuestos, junto a la modernización del sistema tributario para evitar la elusión y la evasión fiscal. Asimismo, plantea la incorporación de un impuesto al valor agregado (IVA), tal como sucede en la propuesta del PUSC, quien también propone controlar el gasto y reducir el déficit a través de una regla fiscal constitucional.

Tal como vemos, algunas de las propuestas que se encuentran en dichos planes de gobierno presentan similitudes, y de alguna manera se relacionan con las ideas de justicia distributiva e igualdad de oportunidades, aunque –como también señalamos– este último aspecto no se encuentra presente tal y como lo entendemos en las propuestas de estos dos partidos políticos. Todo esto lo ampliaremos más adelante a la hora de considerar los planes de gobierno de los dos partidos que se disputaron en segunda ronda la presidencia de la República en el año 2018.

3.2. Los contendientes de la segunda ronda: Acción Ciudadana y Restauración Nacional

La primera ronda electoral del 2018 arrojó resultados sorpresivos posicionando en la segunda ronda electoral a dos candidatos que prácticamente nadie veía con posibilidades reales de alzarse con la victoria. Por un lado, el candidato neopentecostal Fabricio Alvarado alcanzó un 24,91% (505.214 votos) y, por el otro, el candidato del partido de gobierno, Carlos Alvarado, obtuvo un 21,66% (439.388 votos). Ambas propuestas parecían posicionarse como fuerzas antagónicas, principalmente por su posición respecto al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario; pese a todo, en algunos aspectos sus planes de gobierno eran bastante coincidentes, motivo por el cual decidimos comparar las propuestas de ambos partidos en aspectos específicos, más allá de los temas en que claramente se contraponían, y que finalmente llevaron a polarizar al electorado. De manera similar al segmento anterior, nuestro principal interés se enfoca en el tema de la igualdad de oportunidades y la justicia distributiva; por consiguiente, aspectos como empleo, educación o salud nos resultan primordiales, así como aquellos relativos a la crisis fiscal (cobro de impuestos, evasión fiscal, el papel del Estado), que fue otro de los temas que lideraron la discusión durante esa campaña electoral.

El Partido Restauración Nacional (PRN), que fue ampliamente criticado por no tener un plan de gobierno diseñado antes de los resultados de la primera ronda, presentó una propuesta denominada “Costa Rica, ¡hagámoslo juntos!”, con su eje central puesto en el cristianismo social como “una ideología para todos”. Por otro lado, el Partido Acción Ciudadana (PAC), partido de gobierno y que atravesaba una crisis de credibilidad –en especial por el caso popularmente conocido como “Cementazo”– presentó una propuesta a la que denominó “Creer y crear la Costa Rica del Siglo XXI”, la cual, según sus expositores, representaba una visión integral, solidaria y respetuosa de los derechos humanos.

Para iniciar nos enfocaremos en el tema de la igualdad de oportunidades, y la forma en que se presenta en el plan de gobierno de Acción Ciudadana que, a pesar de que no define lo que entienden por “igualdad de oportunidades”, se refiere a ella dentro de los principios del partido, englobada bajo la etiqueta “Cultura de bien público” (PAC, 2018, p. 12). Esta se fundamentaría principalmente en aspectos como la solidaridad social, el respeto a los derechos humanos, la defensa del medio ambiente y, sí, la igualdad de oportunidades, así como en lo relacionado a la igualdad de género, y en especial respecto a la participación política dentro del partido. Adicionalmente, considera la igualdad de oportunidades como un elemento esencial en materia de seguridad, a raíz de que se deben de entender “las causas estructurales de la criminalidad” (PAC, 2018, p. 131), y la desigualdad y la exclusión son factores que no pueden quedar de lado a la hora de hablar de inseguridad. Por lo cual afirman que “un país con igualdad de oportunidades es la vía adecuada para un desarrollo pleno de las personas” (PAC, 2018, p. 131).

En esta misma línea, y entendiendo que la distribución de la riqueza es un elemento crucial dentro de la igualdad de oportunidades, el Partido Acción Ciudadana describe un perfil de sociedad que “promueva la distribución de la riqueza para alcanzar el bienestar individual y colectivo, siempre pensando en las generaciones futuras” (PAC, 2018, p. 7), que sea capaz de generar riqueza sin necesidad de pasarles por encima a los derechos laborales de la ciudadanía.

Por su parte, el plan de gobierno de Restauración Nacional no hace referencia a la idea de igualdad de oportunidades en ninguna de sus páginas o apartados. Sin embargo, su propuesta parece acercarse en algo a los elementos centrales de la igualdad de oportunidades, sobre todo mediante los guiños que hace a la justicia tributaria, principalmente respecto a la idea de la redistribución de la riqueza. En su plan se propone un gobierno que sea “gestor de transformación en el desarrollo y la producción, con la premisa y el objetivo de una adecuada distribución de la riqueza” (PRN, 2018, p. 8), a lo que añaden que “la restauración tributaria del país debe basarse en una estructura impositiva progresiva que permita una mejor redistribución de la riqueza nacional, lo cual implica que los que más tienen deben soportar el mayor peso impositivo del Estado” (PRN, 2018, p. 20). Aspecto similar al que plantea el Partido Acción Ciudadana, cuando hace mención a un “sistema tributario progresivo” que consiste en “Aprobar reformas al impuesto de renta con el componente de renta global y renta mundial, para generar un sistema más progresivo –que contribuya más quien más tiene” (PAC, 2018, p. 37), además de un “impuesto de valor agregado con devolución a los deciles más pobres” (PAC, 2018, p. 5).

Sobre este aspecto de cargas impositivas, el Partido Restauración Nacional añade que los impuestos deben entenderse como “positivos para un país, cuando se recaudan con criterios de justicia y se invierten con patrones de solidaridad, eficiencia y sin un atisbo de corrupción” (PRN, 2018, p. 20), y condena enérgicamente la evasión fiscal, la cual considera no solamente “un mal financiero, sino también una patología moral” (PRN, 2018, p. 20) debido a las consecuencias que acarrea. De manera similar a lo que expresaba su contrincante político, el PRN abogaba por luchar contra la evasión fiscal y mejorar la recaudación de impuesto. A esto hay que agregar que el PAC mencionaba como un aspecto relevante el adoptar las “buenas prácticas” de países miembros de la OCDE11, con el fin de que Costa Rica fuera aceptada en esta organización internacional, como finalmente terminó por ocurrir, no sin su cuota de controversia.

En materia de educación, posiblemente uno de los aspectos medulares de la propuesta del PAC, que no aparecía en ninguna otra propuesta, es el compromiso “con el financiamiento de la educación en un 8% del PIB, así como un compromiso para que su uso sea eficiente y apoye decididamente el desarrollo del país” (PAC, 2018, p. 15). Si bien es cierto la mayoría de planes de gobierno apuntaba al mejoramiento de la calidad educativa y desarrollar iniciativas de inclusión, ninguno hacía referencia a garantizar el financiamiento a la educación, aspecto que no deja de ser llamativo a la hora de revisar cada propuesta.

En esta materia, el Partido Restauración Nacional, de manera similar a lo que vimos en los planes de gobierno del PLN y el PUSC, menciona la necesidad de “replantear el rol funcional del Instituto Nacional de Aprendizaje y de los colegios técnico-profesionales con el fin de vincularlos más fuertemente con las necesidades reales del sector productivo” (PRN, 2018, p. 28), así como la necesidad de transformar “la educación diversificada con el fin de promover un modelo de formación técnica orientada hacia el mercado de trabajo” (PRN, 2018, p. 28). En esos dos rubros coincide con la propuesta del Partido Acción Ciudadana, aunque con algunas diferencias, principalmente en cuanto la formación educativa de cara al mercado laboral, pues este aspecto se concibe asociado al fortalecimiento de la educación técnica (PAC, 2018, p. 23). De igual manera considera unificar las instancias que tiene relación con la educación técnica (MEP-INA), readecuar los requisitos de ingreso al INA, además de que esta institución “deberá volcar sus esfuerzos a facilitar de becas, cuido, cuido nocturno, horarios nocturnos o de fines de semana, adecuación” (PAC, 2018, p. 23), y fortalecer el modelo de educación dual.

Continuando con el panorama educativo, el PRN –de manera similar a lo propuesto por el PUSC– propone incentivar el estudio del idioma inglés, mediante la gestión de “un agresivo programa de reestructuración de la enseñanza del inglés para que en el mediano plazo” (unos 10 años) todos los estudiantes de colegios públicas egresen 100% bilingües (PRN, 2018, p. 28). Sobre esto mismo, el PAC propone una línea similar a lo que vimos en el plan de gobierno del PLN: incentivar el multilingüismo “como herramienta educativa” a través de impulso de una “Estrategia Nacional de Educación Multilingüistica con el objetivo final de lograr una ciudadanía multilingüe y pluricultural y que además se conserve el patrimonio lingüístico de nuestros pueblos ancestrales” (PAC, 2018, p. 23); este último detalle lo diferencia de la propuesta del PLN, cuya idea de multilingüismo no incluía de manera explícita los idiomas indígenas de Costa Rica. Y en relación estrecha con esto, se propone “elaborar, aprobar e implementar una política de flexibilización curricular para los territorios indígenas, escuelas laboratorio y educación de personas jóvenes y adultas” (PAC, 2018, p. 23), lo que desde una perspectiva de igualdad de oportunidades sería una medida oportuna, ya que busca igualar las posibilidades reales de las personas que forman parte de este segmento de la población.

Finalmente, otro punto importante a señalar en el plan de gobierno del PRN es la idea de “evolucionar hacia una estructura pedagógica que fortalezca la creatividad y la investigación, en vez de la memoria” (PRN, 2018, p. 28). Esto resulta clave en tanto muchos centros de educación privada han migrado a formas de educación que no privilegian la memoria, sino que proveen de mejores herramientas de formación a sus estudiantes; por lo que pensar en que el sistema de educación pública pueda llevarse en esa misma dirección iría de la mano de una mejora en los procesos de formación. Y en ese sentido podría relacionarse con la propuesta del PAC, que insiste a lo largo del capítulo 1 en la mejora de cada una de las etapas del modelo educativo (primaria, secundaria, técnica, etc.), y que sea capaz de ampliar su cobertura hasta reducir la exclusión educativa e incentivar la cobertura desde la primera infancia; que “cada infante acceda a la misma calidad de servicio con independencia de a cuál servicio asista” (PAC, 2018, p. 17), y que se apoye el proceso educativo desde el hogar, además de “mejorar la implementación de los programas de apoyo al estudiante en materia de transporte, alimentación y becas” (PAC, 2018, p. 21). Así como invertir en un mejor acceso a las nuevas tecnologías en el aula, optimizar la infraestructura, y priorizar la inversión en zonas de mayor vulnerabilidad.

Para terminar de referirnos al tema de la educación, es digno de rescatarse que el plan de gobierno del Partido Acción Ciudadana insiste en la importancia de garantizar el financiamiento a las universidades públicas por medio del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y de respetar la autonomía universitaria, asuntos que se encuentran ausentes en los otros planes de gobierno a los que hemos hecho referencia.

En relación con el tema de la salud, el PAC propone una serie de ideas dirigidas al mejoramiento del sistema nacional de salud y su estabilidad financiera. Sus propuestas inician con la idea de un enfoque preventivo que estimule los estilos de vida saludable, similar a lo que vimos en el plan de gobierno del PLN y que coincide también con la propuesta del PRN. Además se enfoca en la protección del medio ambiente como la calidad del agua residual, emisiones a la atmósfera, agua de consumo humano, consciente de la relación intrínseca entre el medio ambiente y la calidad de la salud de las personas; a lo que debemos aunar la propuesta de garantizar “seguridad alimentaria como un mecanismo del mejoramiento de la salud y la acción ciudadana” (PAC, 2018, p. 151).

Por otra parte, se hace mención a la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención, aumentar la cobertura de los servicios de atención directa y, muy importante en aras de que todas las personas puedan tener acceso a la salud, la creación de nuevos mecanismos y modelos de aseguramiento que permitan “atender a las personas en situación de empleo estacional, ingresos variables, entre otros, con el propósito de disminuir la desigualdad en el acceso servicios de salud de la población más vulnerable” (PAC, 2018, p. 150). En esa misma línea se propone “generar estrategias de reducción del costo de los medicamentos, facilitando la producción y distribución de medicamentos elaborados localmente, así como la formulación de un programa de control de calidad de aquellos medicamentos que se importen” (PAC, 2018, p. 149). Esta es otra propuesta estratégica en vista del sector de la población que no tiene acceso a medicamentos, ya sea por carencia de un seguro o por sus precios inasequibles.

Otros aspectos que dentro de la propuesta del PAC demuestran coincidencia con las propuestas del PRN son la implementación de políticas para reducir las listas de espera, así como la necesidad de “un régimen de pensiones justas, sostenible y solidario” (PAC, 2018, p. 151), y en ambos casos se menciona la necesidad de valorar o implementar un sistema único de pensiones. Adicionalmente, la propuesta del PRN señala que se debería “aplicar disciplinadamente la política de topes legales a todas las pensiones de lujo, y valorar nuevas restricciones a aquellas superiores al salario de un diputado de la República, mediante un impuesto solidario” (PRN, 2018, p. 31).

Finalmente, ambas propuestas hacen referencia a la situación financiera del sistema de salud. Restauración Nacional habla de “gestionar recursos internacionales –préstamo blando– con el fin de que el gobierno de la República cancele sus deudas pendientes con la Caja” (PRN, 2018, p. 31). Por su parte, Acción Ciudadana plantea una política que permita fortalecer la gestión presupuestaria del Ministerio de Salud, y “coordinar entre diversas organizaciones del sector salud la realización de un diagnóstico de la situación financiera de la CCSS y sus causas, y definir de acuerdo con los resultados obtenidos: medidas y mecanismos de corrección, mejoramiento y estabilización tanto en materia de pensiones como en materia de seguro de salud” (PAC, 2018, p. 149). En relación con lo anterior, y con lo propuesto por el PRN, también el PAC se propone no permitir la prescripción de las deudas con la CCSS y “facilitar el establecimiento de acuerdos de pago” (PAC, 2018, p. 150), siendo este uno de los principales problemas que acarrean las finanzas de la CCSS debido a las sumas millonarias que se le adeudan, y el Estado, uno de sus mayores deudores.

Por último, sobre la problemática del desempleo y la informalidad, en ambas propuestas se muestra una preocupación importante sobre este tema y su impacto en el crecimiento de la desigualdad, y, por lo tanto, en la justa igualdad de oportunidades. La propuesta del PAC inicia con la idea de “generación de empleo con enfoque regional” (PAC, 2018, p. 40), debido al abandono en que se encuentran diversas zonas del país, principalmente aquellas alejadas de la gran área metropolitana. En un segundo punto aboga por el fortalecimiento del sistema nacional de empleo, que permita conectar a las personas con los procesos de formación y las necesidades del mercado laboral; aspecto que se relaciona con las propuestas en materia de educación, tanto en la formación del alumnado en el dominio del idioma inglés y otros idiomas, como en la ampliación de la oferta del INA y desarrollar iniciativas para incluir a la población que se encuentra fuera del sistema educativo, y que se pueda preparar para conseguir un empleo.

En dicha búsqueda de mejorar las oportunidades de las personas en la consecución de empleos, se presenta la urgencia de reducir la informalidad y “ampliar la capacidad del MTSS para la inspección laboral mediante recursos tecnológicos y más cantidad de personas inspectoras con la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la legislación laboral en cuanto a los salarios mínimos, los derechos laborales y la formalidad” (PAC, 2018, p. 40). Comparte esa inquietud con la propuesta del PRN, que en su plan de gobierno deja en manifiesto que es necesario “aumentar el número de inspectores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que garanticen el cumplimiento de la legislación laboral” (PRN, 2018, p. 23). La propuesta no es menor si contemplamos el escenario costarricense, donde no todas las personas trabajadoras gozan de todos sus derechos laborales, y a pesar de tener un empleo, no cuentan con seguro social, no cotizan para sus pensiones y ganan menos del mínimo de ley, aun cuando su empleo, en teoría, sea “formal”.

Por su parte, el PRN propone el mejoramiento de “las políticas de promoción de encadenamientos productivos” (PRN, 2018, p. 22), así como la idea de promover la creación de zonas francas a lo interno del país, y estimular el emprendimiento mediante diversas formas de capacitación en mercadeo, administración financiera o banca para el desarrollo, especialmente en el caso de mujeres jefas de hogar. También trae a colación la necesidad de apoyar a las pequeñas empresas relacionadas con el turismo, el desarrollo de políticas que favorezcan la contratación de servicios a mipymes por parte de las instituciones del Estado, continuar con la atracción de empresas extranjeras, diversificar los mercados de exportaciones, continuar con los estímulos al llamado “turismo verde” y “gestionar un desarrollo del mercado financiero más orientado hacia la colocación de créditos en la inversión productiva” (PRN, 2018, p. 23).

3.2.1. El papel del Estado: Gasto público y crisis económica

Uno de los aspectos más controvertidos respecto a los temas que hemos venido tratando es el papel que juega el Estado en tanto la justa igualdad de oportunidades, la justicia distributiva y la crisis económica que atraviesa el país. Algunas posturas apuntan a la necesidad de fortalecer al Estado, e incluso reestructurarlo, para que sea posible una mejor gestión de los recursos y un cobro adecuado de los impuestos que garantice, a través de la educación pública, la seguridad social u otros mecanismos, una adecuada distribución de la riqueza que permita realmente una disminución de la desigualdad y la implementación de la justa igualdad de oportunidades, cercana a la propuesta de John Rawls o incluso a la de Gerald Cohen.

Sin embargo, también existen posturas que se han encargado de achacar al Estado la responsabilidad de la creciente crisis económica y que “defienden la tesis de que para ponerle coto a la crisis fiscal es necesario12 revisar el sistema de beneficios salariales que otorga el Gobierno Central a sus empleados, por el rápido crecimiento de los pluses con respecto a los salarios” (Ruiz, 2018) y encuentran en el gasto público el mayor problema respecto a esto. Incluso insisten en que las “altas remuneraciones” del sector público son uno de los mayores causantes de la desigualdad social, por la brecha que se presenta con la media de los salarios del sector privado.

Por estos motivos, hemos decidido separar este aspecto de los apartados anteriores, y trabajar en él de forma independiente, enfocándonos únicamente en la postura de los partidos contendientes en la segunda ronda electoral del año 2018.

Para llevar a cabo este segmento de nuestro trabajo, hemos decidido dividir en algunas secciones lo que se presenta en los planes de gobierno respecto al papel del Estado. Temas como el empleo público, el gasto estatal o el carácter del estado son tres categorías que hemos identificado en ambos planes de gobierno; otras como la integración a la OCDE, o los procesos de diálogo con la sociedad civil, empresarios, sindicatos y demás actores de la sociedad costarricense, solamente se encuentran en el plan de gobierno del PAC.

Respecto al carácter del Estado, Acción Ciudadana pone el énfasis en “un Estado más eficiente que permita una mejor toma de decisiones para la ciudadanía” (PAC, 2018, p. 123), que garantice un gobierno paritario, con la misma cantidad de hombres y mujeres en puestos jerárquicos, y que además “requiere como condición fundamental la participación ciudadana en la mejora de los servicios públicos, en la discusión de todos temas nacionales y en la fiscalización del uso de los recursos públicos” (PAC, 2018, p. 121). Por su parte, Restauración Nacional nos presenta su creencia en un Estado solidario, “que regule la vida social bajo una óptica de justicia social fraternal” (PRN, 2018, p. 12), e insiste en que dicho Estado no se debe entender como grande o pequeño, sino que depende de su funcionalidad: debe ser un Estado eficiente, transparente y al servicio de la ciudadanía, “de tal manera que el tamaño del Estado, en sí mismo, no es la base de la discusión para su reforma democrática, sino sus funciones y el papel que cumple para el desarrollo humano de la sociedad” (PRN, 2018, p. 15).

En relación con esto, también nos presenta una visión particular respecto a la relación del aparato productivo con el ser humano, dejando claro que el primero se encuentra al servicio del segundo y no viceversa. Por lo cual considera que el mercado “es el mecanismo más idóneo para organizar, en la base, la vida económica de las sociedades” (PRN, 2018, p. 19). Aun así, argumenta que es lícita la intervención del Estado en el mercado “para promover una mayor eficiencia y para rectificar los yerros socio ambientales que su lógica utilitarista pueda generar” (PRN, 2018, p. 19). Si a esto le sumamos sus posturas sobre el control del gasto estatal y el empleo público, podemos interpretar fácilmente que su posición se inclina hacia la reducción del tamaño del Estado, principalmente porque se plantea el congelamiento de plazas cuando se pensione o se dé la salida de alguna persona funcionaria del poder ejecutivo, la implementación de esquemas de movilidad laboral entre y dentro de las instituciones, además de “revisar los sistemas de pagos de pluses, incentivos, prohibición y otros, y verificar, bajo pena de destitución, que los funcionarios que los reciban estén legitimados para hacerlo” (PRN, 2018, p. 21), esto en lo que respecta al empleo público.

Sobre el gasto estatal, afirma que “El primer paso para construir una política pública que permita catapultar el desarrollo humano de nuestro país implica meter el bisturí sobre las capacidades administrativas y funcionales del Estado, que tanto cuestionamos todos en las actuales circunstancias” (PRN, 2018, p. 13), lo que reafirma su orientación hacia el achique del Estado. Más aún, se propone aplicar una política fiscal que permita congelar gastos no esenciales por dos años y gastos superfluos por los cuatro años del período gubernamental, “redirigir los superávits presupuestarios hacia el pago de deuda pública” (PRN, 2018, p. 21), mantener una sana relación entre gastos e ingresos, “y utilizar el recurso del endeudamiento público como mecanismo de excepción y no como regla general” (PRN, 2018, p. 20), aspectos que parecen fundamentales para sostener las arcas del Estado, a lo que hay que sumar el control de la evasión fiscal y la implementación de mecanismos tributarios eficientes, como ya se analizó.

Por su parte, las propuestas del PAC en relación con estos dos últimos aspectos se movían en la dirección de implementar una reforma del empleo público y “un sistema de remuneraciones para compensar de forma justa la relaciones entre cargas de trabajo-remuneraciones que existen en la Administración Pública” (PAC, 2018, p. 123), situación que aún al día de hoy sigue siendo discutida en la Asamblea Legislativa por las múltiples inconstitucionalidades que ha presentado el borrador elaborado por el gobierno de Carlos Alvarado. Ahora, con relación al gasto estatal, la propuesta de Acción Ciudadana se concentra en llevar a cabo mecanismo que permitan poner límites al crecimiento del gasto, sin que esto “implique recortes sustantivos” (PAC, 2018, p. 37), y revisar las pensiones de lujo “para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y reducir las desigualdades” (PAC, 2018, p. 38).

Para finalizar, nos parece importante señalar dos aspectos que se encuentran presentes en el plan de gobierno del PAC que incluso son relevantes en la evaluación de sus cuatro años de gobierno. En primera instancia, la propuesta de crear el Consejo Económico y Social “como un espacio de diálogo social e intersectorial entre los diferentes actores políticos (empresarios, sindicatos, partidos políticos, etc.), apalancando el diálogo social como una forma permanente de abordar las problemáticas del país y generar confianza para construir acuerdos en democracia” (PAC, 2018, p .128). Tal discurso nos parece relevante porque durante este gobierno lo que menos existió fue diálogo; por ejemplo, durante las protestas sociales del 2018 respecto a la aprobación del denominado “plan fiscal”, los grupos manifestantes mostraron su molestia ante las negativas de negociación del gobierno, a pesar de llamar a distintas mesas de diálogo donde no se puedo llegar a ningún tipo de consenso.

Y en segunda instancia, los planteamientos sobre implementar las “buenas prácticas” de los países de la OCDE, respecto al fortalecimiento de la administración tributaria, “reducir la fragmentación de los regímenes de servicio civil” (PAC, 2018, p. 123) y llevar a cabo transformaciones en el aparato estatal. La incorporación finalmente de Costa Rica a la OCDE demuestra la firme convicción del Partido Acción Ciudadana de lograr este cometido, que expuso desde su plan de gobierno, a pesar de las críticas por los altos costos que esto representa y que para muchas personas no era una prioridad. Sin embargo, el presidente Carlos Alvarado siempre defendió la urgencia de dicha incorporación bajo el argumento de que esto iba a abrirle múltiples posibilidades al país13.

4. Consideraciones finales

Nos ha parecido importante la revisión de estos planes de gobierno no solamente para cerciorarnos de la forma en que se abordan las categorías de igualdad de oportunidades y justicia distributiva, que son el eje de este trabajo, sino también para valorar las formas de trabajo del gobierno saliente y de los diputados electos respecto a lo planteado en sus planes de gobierno, por lo que en este apartado de consideraciones finales trataremos de esbozar algunas de estas valoraciones.

Como pudimos observar, la manera de entender la igualdad de oportunidades que presentó el Partido Acción Ciudadana parece ser la que más se acerca a la teoría de Rawls, aunque distante de la de Cohen; a pesar de que la idea de una “cultura de bien público” parece ir en la línea planteada por el filósofo canadiense cuando hacía mención a que una sociedad justa no puede depender exclusivamente del carácter coercitivo del Estado (aplicación de las leyes) sino del compromiso de las personas ciudadanas con los principios de justicia que la conforman. Por su parte, como examinamos con antelación, la propuesta de “mejores oportunidades para todos y todas” del Partido Liberación Nacional no representa realmente la igualdad de oportunidades, al no tomar en cuenta los contextos particulares de las distintas poblaciones. Paralelamente, la forma de entender este aspecto por el Partido Unidad Social Cristiana es sumamente reduccionista, y en el caso del Partido Restauración Nacional, no aparece en su propuesta de gobierno, al menos bajo concepto concreto de igualdad de oportunidades.

Respecto a la distribución de la riqueza, encontramos cómo el Partido Restauración es quien más insiste sobre este tema en su plan de gobierno, junto con el Partido Acción Ciudadana; ambos se enfocan en el sistema de impuestos y haciendo referencia a la formula popular de “quien tiene o gana más, que pague más”. En cambio, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana limitan la distribución de la riqueza o la distribución al ingreso al tema del empleo, y a mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras –aunque, en el caso de la Unidad Social Cristiana, no se da referencia al aumento del salario mínimo–.

Ahora bien, otros elementos fundamentales dentro de la igualdad de oportunidades y la justicia distributiva son la salud y la educación, como ya lo hemos señalado reiteradamente. En cuanto a este último aspecto, encontramos cómo las propuestas de los cuatro partidos insisten en la mejora de las tecnologías de la información y la comunicación para utilizarlas en el sistema educativo, y de esta manera intentar “nivelar” de alguna manera a la educación pública respecto a la privada. De igual manera encontramos una preocupación respecto a la exclusión de poblaciones vulnerabilizadas del sistema educativo, incluyendo indígenas y afrodescendientes, si bien solamente en los planes del PLN y el PAC se hace mención a estas poblaciones en específico. Asimismo, en estos dos planes también se hace referencia al multilingüismo, aunque con enfoques distintos como ya lo señalamos previamente; mientras que en el plan del PUSC y del PRN su enfoque se dirige al dominio del idioma inglés.

Por otro lado, la mayoría de los planes de gobierno advierten la necesidad de adecuar la educación a las necesidades del mercado laboral, ya sea la educación técnica o la académica (o ambas)14. Sin embargo, esta reducción de la educación como una forma de entrenamiento para el trabajo nos parece preocupante, debido a que excluye otros elementos fundamentales de la educación que van más allá del mercado laboral. Si bien es cierto el factor laboral es importante y no negamos esto, pensamos que no se pueden dejar de lado todos los otros elementos que forman parte del proceso educativo y son fundamentales en la formación de seres humanos integrales.

En esta misma dirección, las ideas aquí diseccionadas se extienden también a la educación superior, donde se sugiere que las universidades públicas deberían modificar su oferta de carreras a las necesidades del mercado; lo que permite la interpretación de que aquellas carreras consideradas ajenas a dichas necesidades se cuestionaría si merecen existir o no. Aspecto que, de nuevo, nos parece sumamente preocupante por las limitaciones que representa en la formación de las personas, y en la idea de formar profesionales integrales y no solamente especialistas en diversas áreas o incluso autómatas limitados a cumplir las funciones que requiere su trabajo sin involucrarse en otros aspectos de su vida como persona ciudadana. Respecto a esto, no es gratuito encontrarnos en la Asamblea Legislativa con ataques virulentos contra estas “carreras sin mercado”, así como de las humanidades, y que incluso cuestionan la relevancia de las universidades públicas.

En esta misma línea, tampoco es gratuito encontrar que de los cuatro planes de gobierno analizados solamente uno se comprometió a garantizar el financiamiento de las universidades públicas y respetar su autonomía. Durante los últimos cuatro años la Asamblea Legislativa, en especial las bancadas de Restauración Nacional y Nueva República15, de la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional y alguna parte del PAC, se han encargado de atacar a las universidades públicas, cuestionar su autonomía y aplicar recortes que comprometen su labor. Por este motivo, no nos es de extrañar que, en los planes de gobierno del PRN, PLN y PUSC, el tema de la educación superior pública no tenga mayor presencia.

Respecto a las propuestas en materia de salud, encontramos coincidencias en cuanto a la implementación de programas preventivos en el cuido de la salud y promoción de estilos de vida saludables, así como la necesidad de reducir las listas para que los usuarios en espera de una intervención puedan ser atendidas prontamente y que el tiempo no les afecte en su calidad de vida o de las personas que dependan económicamente de ellos16. Sin embargo, un aspecto que no puede pasarse por el alto es el relativo a las finanzas de la CCSS y la forma de asegurar su debido funcionamiento, así como la intervención respecto a la morosidad, tanto del Estado como de distintas empresas con la Caja. El panorama cuatro o cinco años después de la redacción de estos planes de gobierno parece no ser alentador, no solamente porque, a pesar de lo expuesto, la morosidad con la CCSS sigue rampante y las iniciativas o esfuerzos por parte del ejecutivo o el legislativo parecen no ser suficientes; incluso parecen no pasar de discursos y buenas intenciones. Y en miras a las elecciones 2022, y en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el covid-19, se torna indispensable garantizar el debido funcionamiento del sistema de salud pública y su sostenibilidad financiera.

En materia laboral, podemos ver cómo las cuatro propuestas presentan la necesidad de velar por el respeto a los derechos laborales, mejorar las condiciones laborales y que la generación de empleo se caracterice por su dignidad y calidad que permitan disminuir la informalidad y los empleos precarios. Lamentablemente, estas propuestas quedaron solamente en los planes de gobierno. La situación económica del país, sumada a la pandemia del covid-19, afectó directamente la generación de empleos, y las políticas implementadas durante la pandemia impactaron directamente en las personas trabajadoras, principalmente cuando medidas de carácter temporal se ampliaron (recorte de jornadas, suspensión de contratos), y además no había capacidad para velar que se aplicaran de la manera correcta, lo que provocó múltiples abusos y denuncias al respecto.

También es interesante señalar las similitudes en cuanto a dirigir la oferta educativa (sobre todo técnica y universitaria) a las necesidades del mercado laboral, como ya lo señalamos unos párrafos antes. Además. le brindan un lugar importante en sus planes de trabajo al emprendedurismo como herramienta para la lucha contra el desempleo; situación que se presenta con mayor insistencia en los planes de gobierno del PLN y el PUSC, aunque no se encuentra ausente en los otros dos casos.

En relación con esto, es importante señalar que los acompañamientos que se proponen en estos planes de gobierno son esenciales para el desarrollo de emprendimientos sostenibles en el tiempo, y que no se limiten a lo que podemos denominar “emprendimientos de supervivencia”: los que solamente sirven para disminuir el porcentaje de personas desempleadas porque han dejado de buscar trabajo. O sea, que iniciativas de emprendimiento sin acompañamiento y sin asesoría, además sin posibilidades de acceso a financiamiento, pueden catalogarse como espejismos que ayudan de momento a “poner curitas” sobre un problema que en este momento es de magnitud considerable, no solo por la tasa de desocupación, sino por el crecimiento de la informalidad y el enorme crecimiento de la desigualdad que hoy por hoy ubica a Costa Rica como uno de los países más desiguales del mundo.

Finalmente, respecto a las propuestas sobre el papel del Estado, especialmente en lo relacionado a empleo y gasto público, desde nuestra perspectiva ninguna política de restructuración del aparato estatal puede solamente enfocarse en el control del gasto y la reducción de la planilla estatal y sus salarios, sin volver a ver lo que sucede con la defraudación y las exenciones fiscales, al menos cuando la intención no es implementar políticas recortistas que respondan solamente a criterios ideológicos. Antes bien, es necesario revisar esas políticas recortistas y sus afectaciones sobre los programas sociales y los mecanismos de redistribución de riqueza que permiten, de alguna manera, la reducción de las desigualdades en tanto acceso a mejores oportunidades para las poblaciones desventajadas.

Referencias bibliográficas

Aguiar González, F. (2019). Justicia Distributiva. Eunomía: Revista en cultura de la legalidad, (17), 207-219. https://doi.org/10.20318/eunomia.2019.5025

Cohen, G. (2014). Por una vuelta al socialismo o cómo el capitalismo nos hace menos libres. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Cohen, G. (2008). Rescuing justice and equality. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Gargarella, R. (1999). Las teorías de la justicia después de Rawls. Barcelona: Paidós.

Gargarella, R. & Queralt, J. (2014). Por una vuelta a Cohen. En Gerald Cohen, Por una vuelta al socialismo o cómo el capitalismo nos hace menos libres (págs. 9-24) Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Lamont, J. & Favor, C. (2017). Justicia distributiva. En The Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/justice-distributive/#pagetopright

Nozick, Robert. (1988). Anarquía, Estado y Utopía. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Partido Acción Ciudadana. (2018). Compromiso país: Creer y crear la Costa Rica del Siglo XXI. San José: PAC.

Partido Liberación Nacional. (2018). Programa de gobierno 2018-2022: El momento es ahora. San José: PLN.

Partido Restauración Nacional. (2018). Plan de gobierno 2018-2022: Costa Rica, ¡hagámoslo juntos! San José: PRN.

Partido Unidad Social Cristiana. (2018). Plan de gobierno 2018-2022: Aquí sí hay algo por qué votar. San José: PUSC.

Presidencia de la República .(5 de enero de 2018). Déficit fiscal aumenta pese a esfuerzos por mejorar ingresos y control de gastos. http://www.presidencia.go.cr/comunicados/2018/01/deficit-fiscal-aumenta-pese-a-esfuerzos-por-mejorar-ingresos-y-controlar-gastos/

Queralt, J. (10 de enero de 1999). Justicia ideal en circunstancias no ideales. Revista de Libros. https://www.revistadelibros.com/articulos/la-justicia-distributiva-segun-g-a-cohen

Rawls, John. (1995). Teoría de la Justicia. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Ruiz, Gerardo. (4 de febrero de 2018). ¿Sí o no? Vea las respuestas de los candidatos ante 10 posibles medidas frente a la crisis fiscal. La Nación. https://www.nacion.com/el-pais/politica/candidatos-difieren-en-reformas-a-impuestos-y/4CVVHYAWZZBRJI4PRSDVRWCD3M/story/

---