Resumen La violencia contra las mujeres en Costa Rica es un fenómeno complejo que se manifiesta en diversas formas, incluyendo violencia física, sexual, psicológica y económica. Este problema no solo afecta a las mujeres individualmente, sino que también perpetúa estructuras de desigualdad de género en la sociedad costarricense. A pesar de los avances legislativos, como la inclusión del femicidio en el marco penal, persisten desafíos significativos debido a la falta de estudios que aborden la violencia desde un enfoque de género y los recortes presupuestarios que limitan las iniciativas de prevención y atención. El análisis metodológico de este estudio se basa en un enfoque cualitativo y descriptivo, utilizando estadísticas del Poder Judicial y legislación vinculada. Se destaca la importancia de recolectar datos detallados sobre los casos de femicidio, lo cual es crucial para la formulación de políticas efectivas. Además, se propone que la educación en Derechos Humanos y género es fundamental para construir una sociedad más equitativa. Las propuestas preventivas incluyen programas de capacitación y políticas de tolerancia cero hacia la violencia, con el objetivo de mitigar la violencia femicida y promover un cambio de paradigma en la percepción y tratamiento de este problema social. Palabras clave: violencia, femicidio, feminismo, criminología y género Abstract Violence against women in Costa Rica is a complex phenomenon that manifests itself in various forms, including physical, sexual, psychological, and economic violence. This problem not only affects women individually, but also perpetuates structures of gender inequality in Costa Rican society. Despite legislative advances, such as the inclusion of femicide in the criminal framework, significant challenges persist due to the lack of studies that address violence from a gender perspective and budget cuts that limit prevention and care initiatives. The methodological analysis of this study is based on a qualitative and descriptive approach, using statistics from the Judiciary and related legislation. The importance of collecting detailed data on femicide cases is highlighted, which is crucial for effective policy formulation. Furthermore, it is proposed that education in Human Rights and gender is essential to build a more equitable society. Preventive proposals include training programs and zero tolerance policies towards violence, with the aim of mitigating femicidal violence and promoting a paradigm shift in the perception and treatment of this social problem. Keywords: violence, femicide, feminism, criminology and gender

Introducción

La violencia contra las mujeres en Costa Rica es un fenómeno complejo y multicausal que se manifiesta de diversas formas, desde la violencia física y sexual hasta la violencia psicológica y económica. Además, en los últimos años se han incrementado los femicidios, la más contundente expresión machista, pero el asunto no concluye ahí: la manera cada vez más violenta en la que se perpetran las muertes y que son mujeres más jóvenes las víctimas dejan ver la gravedad del problema. Por otra parte, esto no solo afecta la vida de las mujeres de manera individual, sino que también refleja y perpetúa estructuras de desigualdad de género profundamente arraigadas en la sociedad costarricense.

A pesar de los avances legislativos, como la reciente inclusión del femicidio en el marco penal, la violencia de género sigue siendo un desafío significativo que requiere atención urgente y un enfoque integral. Asimismo, el contexto socioeconómico de Costa Rica, caracterizado por altos índices de pobreza, agrava la situación de muchas mujeres y las deja vulnerables a diversas formas de violencia, a la falta de acceso a recursos básicos como educación, salud y empleo que limitan sus oportunidades, lo que las pone en situaciones de riesgo. En este sentido, la violencia estructural se convierte en una causa determinante, dado que les niega a las mujeres los derechos esenciales y las expone a condiciones de más vulnerabilidad.

El artículo examina la categorización del femicidio como delito y sus efectos en la percepción y tratamiento de la violencia de género en el país. También, expone que, a pesar de los esfuerzos por visibilizar y sancionar este tipo de crímenes, persisten narrativas misóginas que invisibilizan las experiencias de las víctimas y perpetúan la cultura de la violencia hacia las mujeres. En este orden de ideas, se debe considerar la retórica utilizada por el presidente de la República y algunos medios de comunicación que pueden influir en la normalización de la violencia, lo que dificulta que se pueda propiciar un cambio de paradigma para abordar este problema de manera efectiva.

Además, se destaca la importancia de fortalecer redes de apoyo para las víctimas, así como la necesidad de capacitación en temas de género para personas que ejercen puestos públicos y en medios de comunicación. La promoción de líderes femeninas y la implementación de campañas mediáticas contra la misoginia son cruciales para transformar la narrativa social y fomentar un entorno más seguro y equitativo para las mujeres.

En conclusión, la violencia contra las mujeres en Costa Rica es un problema que requiere un enfoque multidimensional, que no solo aborde las consecuencias inmediatas de la violencia, sino que también desafíe las estructuras de poder y desigualdad que la sustentan. La prevención, la educación y la sensibilización son herramientas clave para lograr un cambio significativo y duradero en la lucha contra la violencia de género.

Metodología

Como estrategia metodológica en la investigación base de este artículo, se partió desde el enfoque cualitativo y el paradigma descriptivo para brindar significación a los temas expuestos; de acuerdo con Roberto Hernández-Sampieri y Christian Paulina Mendoza Torres:

Los estudios descriptivos pretenden especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, miden o recolectan datos y reportan información sobre diversos conceptos, variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o problema a investigar. (Hernández y Mendoza, 2018, p. 107)

El planteamiento metodológico consistió en un análisis documental de estadísticas del Poder Judicial, legislación y estudios referentes al tema, todos ellos situados en Costa Rica como base teórica. Se considera importante resaltar que después de la indagación del estado de la cuestión, fue posible constatar que el fondo no ha sido abordado en el país, es decir, ningún otro estudio ha tomado como referencia la categoría penal femicidio y violencia estructural, así como tampoco se han efectuado investigaciones de tipo criminológico de la temática.

PERSPECTIVA TEÓRICA Y CONTEXTUALIZACIÓN

Violencia contra las mujeres: una cuestión criminológica

La criminología tiene dentro de su objeto de estudio el análisis de las personas víctimas, las personas victimarias y el delito (desde el estudio del control social) con el propósito de prevenir que se produzcan delitos. La prevención es parte esencial del quehacer criminológico; por ese motivo es que se estudian los fenómenos delictivos desde distintas aristas y entre ellas se han de tomar en cuenta causas sociales y biológicas. En el caso específico de la violencia contra las mujeres, priva más lo social; cuestiones biológicas solo producirían casos aislados de violencia que difícilmente tendrían implicaciones de género, es decir, una persona con problemas mentales que la empujen a realizar actos violentos no tendría la capacidad cognitiva para controlar los impulsos y discriminar contra quién desataría la pulsión violenta. Sin embargo, al ser el género una construcción social, esa misma sociedad restringe, permite y valida la violencia.

La violencia en sus diversas manifestaciones se presenta a diario y afecta la vida de las personas sin distinción de edad, género, clase social o cualquier otra categoría; no obstante, persiste una marcada tendencia a que sean las mujeres quienes sufran más los embates violentos cuando se vive en una sociedad patriarcal y machista. Costa Rica se ha caracterizado por ser un país con una amplia tradición pacifista desde la abolición de su ejército el 1º. de diciembre de 1948. Además, también se ha distinguido por mantener procesos electorales en el marco de la legalidad y ser una de las democracias más sólidas de la región, inclusive del orbe. A pesar de esas valiosas características, la realidad social cuenta otra narrativa: cada vez con más frecuencia se presentan situaciones en las que niñas, adolescentes y mujeres son violentadas.

Confiar en la democracia como agente de prerrogativas, garante de paz social y medio para mejores condiciones de vida resulta ser un tanto ingenuo. A este tipo de gobierno desde la sociología se le denomina fascismo social, el cual, de acuerdo con Sagot (2024), se trata de un régimen civilizatorio, no político, que se caracteriza por segregar y excluir mediante la violencia e inseguridad; para la autora, este tipo de fascismo genera sociedades democráticas en términos formales, pero autoritarias en sus relaciones sociales, lo que crea una bioaritmética para desechar los cuerpos que de acuerdo con el régimen no le son útiles. Ante esa lógica, las mujeres son clasificadas como objetos, cosas sin valor, las cuales se pueden desechar; es importante aclarar que cualquier mujer puede llegar a convertirse en desechable una vez que quien ejerce control, poder y violencia contra ella así lo determine.

La cuestión es que más allá de lo que se pueda decir y reconocer, la violencia contra las mujeres es real, como lo demuestran las estadísticas oficiales y las familias de las víctimas y, de acuerdo con McDonald y Rojas (2011), la violencia tiene un impacto en el tejido social. Las autoras señalan que, en los hogares, la violencia lesiona la red de apoyo primario, el cual es esencial para que las y los menores puedan crecer y desarrollarse de forma saludable tanto en lo físico como en lo emocional. Cuando esas redes de apoyo primario fallan, el entorno social se vuelve cada vez más agresivo y las personas menores crecen en un círculo violento, que se mantiene a lo largo de sus vidas y en muchos casos concluye solo con la muerte; esto se da de manera generacional, pues cuanto más violenta sea una generación, la próxima acarreará los efectos negativos replicándolos.

Por otra parte, para empezar a exponer los datos oficiales, según el Poder Judicial, durante 2024 ocurrieron 26 femicidios y 56 homicidios con víctimas mujeres, para un total de 82 muertes violentas contra mujeres (Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, 2025). En un país con poco más de 5 millones de habitantes, estas cifras son alarmantes. Según el mismo observatorio del Poder Judicial, en lo que va del mes de enero (día 27) de 2025, se ha incluido en las estadísticas oficiales un total de 5 femicidios.

Aunado a lo anterior, no hay que olvidar un aspecto intangible imposible de reflejar con números: la violencia previa a la que fueron sometidas estas mujeres, quienes sin lugar a dudas dejan marca en la vida de sus familiares y la sociedad en general. Para reafirmar lo indicado en líneas anteriores, en la siguiente sección se especificará sobre las categorías penales del femicidio y su importancia como medio de seguimiento y clasificación judicial.

El femicidio como categoría penal en Costa Rica

Fueron Jill Radford y Diana Russell quienes en la década de los 70 del siglo pasado acuñaron el término femicidio. En palabras de Karime Salvatierra (2007), “Para Russell y Radford, el hecho de llamar al feminicidio asesinato misógino elimina la ambigüedad de los términos asexuados de homicidio y asesinato”. De esa manera, se introduce la expresión para puntualizar y precisar las muertes de mujeres por razones de género. En el contexto costarricense, fue la antropóloga y socióloga Montserrat Sagot Rodríguez quien se dio a la tarea de retrotraer y ampliar la definición; en sus palabras y las de Ana Carcedo:

El concepto de femicidio es también útil porque nos indica el carácter social y generalizado de la violencia basada en la inequidad de género y nos aleja de planteamientos individualizantes, naturalizados o patologizados que tienden a culpar a las víctimas, a representar a los agresores como “locos”, “fuera de control” o “animales” o a concebir estas muertes como el resultado de “problemas pasionales”. (Carcedo y Sagot, 2000, p. 12)

Contar con una definición que permitiera exponer con claridad y exactitud lo que estaba ocurriendo no solo en el país, sino en otras latitudes, fue lo que dio motivo para investigar más sobre el fenómeno, visibilizar las muertes y sentar las bases para legislar. De esa manera, en las últimas dos décadas se han logrado avances significativos en la persecución penal y la prevención de femicidios. Sin embargo, la falta de interés político y los recortes presupuestarios han provocado un retroceso en la intervención estatal, lo que a su vez hace que esta problemática siga en aumento y las propuestas legales, que con tanto ímpetu se establecieron, se han quedado cortas. Ahora bien, con la intención de exponer cuáles son los parámetros legales en cuanto a la categorización del femicidio en Costa Rica, a partir del siguiente enunciado se detallará al respecto.

En el país, el femicidio como figura penal tiene tres categorías. La primera es el Femicidio como tal, definido en el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia Contra las Mujeres (LPVcM), número 8589, del año 2007. Hasta el 9 de junio de 2021, esta ley solo consideraba las muertes de mujeres a manos de sus cónyuges o parejas actuales y, en casos excepcionales, se incluían las muertes a manos de ex parejas, según la interpretación de la jurisprudencia nacional. No obstante, después de una reforma legal, a partir del 10 de junio de 2021, el artículo mencionado abarca también los homicidios de mujeres en diversas situaciones, como relaciones de noviazgo, convivencia, no convivencia, casuales o similares, incluso si hay divorcio, separación o ruptura.

La segunda categoría se denomina Femicidio ampliado, la cual busca visibilizar las muertes de mujeres por razones de género, que no se incluían en el artículo 21 de la LPVcM. Durante muchos años, su única base legal fue el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención de Belém do Pará” de 1994.

Así las cosas, en mayo de 2021, se reforma la LPVcM, mediante la ley número 9975 titulada Reforma Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres y Código Penal, la cual como el mismo nombre lo indica, produjo reformas en el Código Procesal Penal, que incluyeron cambios significativos a favor de la ampliación del delito de femicidio, no solo en el reducido ámbito privado al cual se limitaba la primera ley, sino que se agregaron otras formas de relación entre las víctimas y los victimarios, por lo que dejó de ser requisito para la clasificación la preexistencia de una relación sentimental o vinculación directa previa.

Los datos recopilados por la Sección de Estadísticas del Poder Judicial son fundamentales para el trabajo de la Sub-Comisión Interinstitucional para la Prevención del Femicidio. Esta oficina se encarga de elaborar estadísticas oficiales sobre los casos de femicidio en el país, utilizando información proporcionada por la Policía Judicial, el Ministerio Público y los juzgados, lo que permite visibilizar más casos (al menos en cuanto a estadísticas y un perfil criminal básico como referencia). Estas estadísticas no solo reflejan el número total de muertes por femicidio, sino que también incluyen detalles sobre las características de la víctima y el victimario, el método utilizado, variables sociodemográficas y la relación de parentesco, entre otros aspectos.

Para profundizar en el conocimiento del problema, se ha implementado un sistema de recolección de datos que permite obtener información detallada sobre los casos de femicidio. Esta información es crucial para la elaboración de políticas y estrategias de prevención; sin embargo, los recortes presupuestarios impuestos por el Poder Ejecutivo han minimizado en gran medida esta y otras iniciativas. Por ejemplo, solo en el año 2023, el Ministerio de Hacienda redujo ¢7 838 millones del presupuesto del Poder Judicial, lo que deja en evidencia la falta de voluntad política para mantener y apoyar la inversión en materia judicial.

Por último, la tercera categoría se denomina Femicidio en otros contextos y fue introducida en el artículo 21 bis de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres y se aplica a las muertes ocurridas después del 23 de agosto de 2021. El artículo abarca la mayoría de los escenarios que históricamente se habían considerado como parte del femicidio ampliado. Se establecen penas de hasta 35 años de prisión para aquellos casos en los que el autor se haya beneficiado de una relación de confianza, amistad, parentesco, autoridad o poder con la víctima; o cuando el hecho ocurra dentro de relaciones familiares hasta el tercer grado, independientemente de si vivían juntos o no. Estos escenarios habían quedado excluidos en la reforma del 10 de junio de 2021, lo que hace que su inclusión sea considerada como un avance significativo en la visibilización de las diversas formas de violencia que sufren las mujeres por parte de terceros.

Después de señalar algunos aspectos básicos de la categorización penal del femicidio como delito en Costa Rica, en el siguiente apartado se ahondará sobre la violencia contra las mujeres, puesto que se considera menester conocer esas dinámicas sociales que han convergido hasta hacer de esta un problema generalizado que va en aumento; pero, sobre todo, es esencial dejar ver que no se trata de casos aislados, sino que, en efecto, en el país persiste una marcada tendencia machista que oprime, violenta y apaga la vida de muchas mujeres a lo largo y ancho del territorio.

La violencia contra las mujeres en Costa Rica: un problema generalizado

¿Por qué un problema generalizado? Esto se debe a que no hay una manera simple, fácil, sencilla o rápida de analizarlo y es más complejo aun brindar respuestas para resolverlo; además, es una problemática estructural que se da en todo el territorio nacional y que no repara en clase social ni edad. La violencia contra las mujeres en Costa Rica afecta tanto a niñas como a adultas mayores. Desde ese ángulo, se consideran oportunas y contundentes las palabras de la profesora e investigadora feminista costarricense Sharon López Céspedes al indicar:

Cuando leemos “nos están matando”, en la pancarta que sostiene una joven en una de las muchas manifestaciones realizadas en el país, entendemos el repudio hacia la violencia contra las mujeres, el femicidio, la inacción política y social, así como la reproducción de discursos misóginos de instituciones sociales como los medios de comunicación del mismo poder judicial. “Nos están matando” hace referencia a un grupo específico, el de las mujeres, que están siendo asesinadas. “Nos están matando” es también el grito de dolor, ira y lucha de muchas otras mujeres que se organizan de múltiples formas para hacerle frente a la violencia de género en nuestro país. (López, 2023, p. 13)

Costa Rica experimenta un creciente cometimiento de homicidios de manera general. En 2024, los índices han superado por mucho los números históricos; de acuerdo con las estadísticas del Poder Judicial, en ese año se registraron 880 homicidios, lo cual -para un Estado con un territorio de apenas 51 100 km²- es preocupante. Además, si se toma en cuenta que se trata de un país sin ejército y sin conflictos armados internos1, lo es aún más. También, existe una estrecha relación entre el aumento de crímenes violentos y una réplica contra las mujeres, tanto así que en situaciones y escenarios habituales (que en teoría nada tendrían que ver con acciones violentas) como partidos de fútbol y periodos de vacaciones, se da un incremento de las agresiones contra las mujeres; esto deja ver que una situación como el aumento en el índice de homicidios general tiende a incrementar también la cantidad de femicidios.

Ante tal situación, surge la pregunta: ¿Qué está haciendo el Gobierno al respecto? El actual presidente de la República Rodrigo Chaves Robles (2022-2026) ha puesto en marcha una serie de recortes presupuestarios en áreas clave para prevenir y atender la violencia en el país, no solo en instituciones de primera respuesta sino también en educación. Para 2025, el Ministerio de Educación Pública tendrá una reducción de ₡65 000 millones en comparación con 2024 (Cordero, 2024, p. 3). Menos recursos para educación y seguridad social y una notoria desatención a la situación de las mujeres en el país traen como resultado no solo el aumento de femicidios, sino que el ensañamiento y crueldad con que se comete este tipo de delito son notorios; sobre este tema se ampliará más adelante.

En relación con el debilitamiento de los programas estatales, resulta valiosa la afirmación: “Un tercer factor es la falta de acción estatal y el debilitamiento de los programas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres” (Pomadera, 2024, p. 4). Un Estado reducido y un Gobierno autoritario menoscaban la dignidad humana día con día. Según lo anterior y la realidad social, se puede afirmar que Costa Rica ha dejado de ser la nación solidaria y democrática, referente de paz en el centro de América que fue en décadas anteriores. Con respecto a la situación, la doctora Mariana Mora señala:

A nivel de política social y económica, el gobierno de Chaves se ha caracterizado por desestabilizar las instituciones públicas del país. Esto se manifiesta en el alto recorte a la inversión social, pasando de un 12% del PIB en el 2020, a un 9,7% en el 2024 según datos de la Controlaría General de la República. Estos recortes afectan a diversas instituciones del Estado que tienen entre sus responsabilidades la prevención y atención a mujeres víctimas de violencia, así como instituciones relacionadas con el acceso a la justicia. Las consecuencias de desfinanciar las instituciones entes en la materia, no sólo recrudecen las condiciones que deben de enfrentar las mujeres; sino que se traduce en violencia institucional en tanto hay un incumplimiento en el deber del Estado. (Mora, 2024, párr. 5)

La falta de atención del Estado se convierte en violencia estructural tal y como lo señala la Dra. Mora; la omisión perjudica por igual. Por otra parte, la educación universitaria del país también está siendo afectada por las medidas autoritarias del presidente de la República, quien además mantiene un discurso y una narrativa insultantes, por ejemplo: “El presidente Rodrigo Chaves insultó a los estudiantes que acudieron para protestar contra los recortes a los presupuestos a la educación: “tontos útiles”, les dijo porque según él están defendiendo los privilegios de los profesores”. (Murillo, 2024, p. 1) La Constitución Política de Costa Rica, en el artículo 78, establece los parámetros presupuestarios mínimos para la educación estatal; sin embargo, las protestas que aduce la noticia hacen referencia a que, por primera vez en la historia del país, el Gobierno se negó a dar los recursos y delegó en el Poder Legislativo la responsabilidad de atender las peticiones.

Las diversas formas de violencia y los arrebatos misóginos del mandatario costarricense, todos los días, damnifican los pilares de la verdadera democracia de un país que se caracterizó por el respeto de los Derechos Humanos y el bienestar social, lo que a su vez genera desatención en áreas clave para el desarrollo general. Asimismo, este tipo de mensajes valida la violencia contra ciertos grupos, entre ellos las mujeres. Para conocer más sobre este tema, en el próximo apartado se explicará al respecto.

Discurso misógino del presidente de la República

Si algo se puede comprobar con frecuencia en la historia, es que se dan avances y retrocesos en el reconocimiento de derechos, calidad de vida y bienestar en general; los cambios de gobierno, las guerras, los conflictos armados y diversas circunstancias afectan la vida de las personas. En Costa Rica, en los dos anteriores gobiernos, el de Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018) y el de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), se tomaron medidas de recorte, modificaciones fiscales agresivas y se dieron a conocer varios casos de corrupción; sin embargo, el garantismo, el reconocimiento de derechos y la firma de acuerdos internacionales vinculados al bienestar social fueron parte de las agendas políticas, por lo que a pesar del menoscabo que sufrió la democracia, al menos prevalecieron y se impulsaron proyectos coherentes con Derechos Humanos.

Las consecuencias de las decisiones negativas de los gobiernos mencionados no se hicieron esperar y dieron espacio para que Rodrigo Chaves Robles (2022-2026), el actual gobernante, aprovechara a su favor la coyuntura política y el descontento de las personas votantes. Desde su candidatura dejó claro que sus intereses políticos y económicos poco tenían que ver con salvaguardar prerrogativas. Además, Chaves al momento de su candidatura enfrentaba denuncias e incluso ya había sido sancionado por acoso sexual cuando laboraba para el Banco Mundial; con respecto a esta situación:

Fue degradado de un alto cargo a uno menor en el Banco Mundial por acoso sexual. Ahora, el economista Rodrigo Chaves quien ha hecho campaña como un populista al margen del sistema político en unas elecciones empañadas por la ira contra los políticos tradicionales lidera las encuestas para convertirse en el próximo presidente de Costa Rica el domingo. (Bolaños, 2022, párr. 1)

Se puede decir que el autoritarismo venció en las urnas electorales, puesto que el otro candidato mayoritario era el ex presidente de la República José María Figueres Olsen (1994-1998), quien incluso había huido al extranjero para evadir acusaciones de corrupción; este y otros factores políticos en el momento sumados al descontento popular propiciaron que Rodrigo Chaves resultara electo como presidente en 2022. A partir de entonces, la violencia verbal y la misoginia del discurso presidencial están a la orden del día, resguardado por la investidura e inmunidad presidenciales. Chaves arremete sin reparos; a manera de ejemplo, a continuación se presentan dos declaraciones del mandatario costarricense en las cuales se deja ver la forma despectiva y violenta con la que se dirige hacia las mujeres, de manera general y también específica contra una diputada:

Conferencia de prensa del presidente de la República, 10 de julio de 2024

Rodrigo Chaves Robles: “Hay gente que utiliza su condición de mujer para victimizarse y asociar el debate de ideas con violencia de género, de manera que demerita a la misma mujer. Esa es mi opinión”. (https://www.youtube.com/watch?v=uYOBGDulYbw de 1:03:40 a 1:04: 01)

Sin lugar a dudas, las declaraciones son fuertes y caen como un balde de agua fría en momentos en los que el país es asolado por una serie de femicidios, los cuales se caracterizan por ser ejecutados cada vez con más violencia. El 25 de abril de 2024, después de una semana de labores de búsqueda, las autoridades judiciales localizaron el cuerpo sin vida de Kimberly Araya Granados, quién tenía 21 años y era madre de tres niños pequeños; lo más siniestro del femicidio de Kimberly fue que su esposo no solo acabó con su vida, sino que además mantuvo a la familia con la zozobra de no dar con su paradero y deshacerse de su cuerpo en una zona alejada, utilizada comúnmente para tirar basura. Esto ejemplariza de manera literal lo expuesto por Montserrat Sagot en líneas anteriores, respecto a cómo los cuerpos de las mujeres son clasificados como cosas sin valor, los cuales pueden ser desechados. Sobre el suceso, Luis Monge afirmó: “…Pérez en apariencia asesinó a su esposa, subió el cuerpo en un carro y la lanzó en las inmediaciones del túnel Zurquí”. (2024, párr. 6)

Otro hecho fatídico se dio a conocer el 17 de mayo de 2024 cuando trascendió la noticia de que los restos de Nadia Peraza Espinoza de 23 años, madre de dos niñas de 2 y 8 años, quien estaba desaparecida desde el mes de febrero, fueron encontrados en un refrigerador propiedad de su pareja sentimental, un hombre de apellido Buzano; en palabras del periodista José Adelio Murillo: “Previo a ser asesinada, Nadia Peraza estuvo inmersa en un círculo de violencia que tuvo el desenlace fatal”. (2024, párr. 1)

La manera irresponsable y grosera con la que Chaves se refirió al tema de la violencia de género agravia la memoria, la dignidad y el derecho a la justicia de Kimberly Granados y Nadia Peraza, así como de tantas niñas y mujeres que sufren violencia, dado que ese tipo de declaraciones pueden legitimar que las personas consideren que “algunas mujeres” utilizan su condición de género para “victimizarse”. Claro está que no son afirmaciones a la ligera; el mandatario sacó a colación el tema de manera intencionada (o malintencionada) para dejar clara su opinión al respecto como él mismo sostuvo.

Conferencia de prensa del presidente de la República, 7 de junio de 2023

Rodrigo Chaves Robles: “Pocos días después, la pareja de Cuadra, que es la diputada Monserrat Ruiz, agarra (sic) y hace uno de los actos más violentos de violencia política que hemos visto, le dice a la diputada Pilar Cisneros, casi que, con odio visceral, usted no me mira a los ojos… y no quiero remedarla, porque es desagradable…”. Acto seguido la remeda, con gesticulaciones. (https://www.youtube.com/watch?v=JTw2_A16dGk de 51:28 a 52:02)

Los gestos y las mofas con las que el presidente de la República imita a la diputada de apellido Ruiz son indignantes; nunca en el país había ocurrido una situación similar. Las personas que anteriormente habían asumido la presidencia se dirigían con respeto hacia las y los miembros de los otros poderes (Legislativo y Judicial). Discrepancias y choques de opinión en el quehacer político resultan habituales, pero con respeto y tolerancia. Además, sacar a colación asuntos de la vida privada para tratar de ridiculizar a una mujer es antiético; hacer mención de que se tratara de una mujer en ese contexto es valioso, dado que el mandatario costarricense no disimula su ensañamiento contra las mujeres, principalmente con aquellas que tienen cargos importantes.

Las reacciones por la manifestación de Chaves no se hicieron esperar; el irrespeto con el que se dirigió a la diputada Monserrat Ruiz Guevara resonó en el Poder Legislativo:

La Asamblea Legislativa aprobó una moción para llamar la atención al presidente Rodrigo Chaves por los comentarios que realizó sobre una diputada, por considerar que constituyó una agresión y una intromisión en su vida privada, que legitima prácticas machistas de violencia contra la mujer y específicamente contra las legisladoras (…) “Ya es suficiente de la violencia machista que debemos enfrentar las mujeres, para venir a enfrentar violencia machista del presidente, y que sistemáticamente, en las conferencias vemos como ataca o agrede a las mujeres; en este caso, vemos como ataca la vida privada de una diputada”, manifestó Katia Cambronero, del Partido Liberal Progresista. (Bermúdez, 2023, párr. 1-8)

La aprobación de la moción por parte de la Asamblea Legislativa refleja una creciente preocupación por el machismo y la violencia de género en la política. Los comentarios del presidente Rodrigo Chaves hacia una diputada no solo se consideran un ataque personal, sino que también son vistos como un refuerzo de prácticas que normalizan la agresión hacia las mujeres en espacios de poder. Este incidente subraya la importancia de abordar la violencia de género en todos los ámbitos, especialmente en el político, donde se deben establecer estándares de respeto y dignidad.

Aumento de los discursos de odio contra las mujeres y discriminación

Sí desde la máxima autoridad del país se emiten ataques, burlas y violencia machista, la tarea de mitigar y reducir la violencia contra las mujeres se vuelve titánica. De acuerdo con el tercer informe de las Naciones Unidas sobre discursos de odio y discriminación en Costa Rica, el cual utiliza como base de análisis las redes sociales disponibles en el país, durante el año 2023 los comentarios con lenguaje discriminatorio de género aumentaron en un 72% en comparación con el año 2022; de forma específica indica: “Son más atacadas por su imagen en función de valoraciones físicas, por su forma de vestir, expresiones y acciones, o incluso por el simple hecho de ser mujeres” (ONU, 2023, p. 25). Además, el informe detalla que desde 2022 (año en el que Chaves asume la presidencia) este tipo de violencia empezó a aumentar de manera significativa.

Elaboración propia (2024) con base en el informe de las Naciones Unidas

Como es bien conocido, los datos pueden estar sujetos a interpretaciones según las subjetividades humanas y se pueden dar ligeras variaciones en el tiempo; no obstante, la relación entre la cantidad de comentarios de índole violenta contra las mujeres de 2021 en comparación con 2023 es profunda, supera el 100%. No parece coincidencia que justo en el año en el que Rodrigo Chaves inicia con los recortes presupuestarios en sectores básicos para reducir las brechas de género y comienza con sus declaraciones misóginas, los comentarios de la población (en su mayoría hombres) sean ofensivos hacia las mujeres. Claro está que la violencia verbal legitima la violencia física, puesto que no solo los comentarios machistas aumentaron; también lo han hecho los femicidios.

Otro asunto que no debe ser tomado a la ligera es que este tipo de situaciones no es excepcional ni reciente; los problemas sociales resultan de diversos factores y el de la violencia contra las mujeres no es algo nuevo. Que Rodrigo Chaves resultara electo presidente de la República a pesar de su historial de acoso sexual y su discurso misógino, se debe a que la mayoría de las personas votantes consensuan o toleran ese tipo de violencias.

Otro tema de influencia con respecto a lo anterior es el papel que asumen los medios de comunicación; de acuerdo con un artículo del Programa Estado de la Nación, en Costa Rica no todos los femicidios son comunicados en la prensa y los que sí lo son se enfocan en pormenores que rayan en el morbo. Por otra parte, hay una marcada tendencia a revictimizar o culpabilizar a las víctimas:

Se ha logrado observar que un 15,1% de las noticias estudiadas en este aporte contribuyen a la revictimización de la mujer asesinada producto del tratamiento inadecuado de sus titulares. De las cuales un 57,1% de las noticias culpabilizan a las víctimas; es decir, se centran en las acciones de las mujeres víctimas que pudieran haber provocado la reacción del femicida. (Programa Estado de la Nación, 2024, párr. 10)

Fue el sociólogo Johan Galtung quien acuñó el término violencia estructural y lo hizo para referirse a fuerzas que impiden, limitan o dañan la satisfacción de necesidades básicas tales como la supervivencia y el bienestar. Sin embargo, la violencia estructural puede ser más específica, puede darse contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. El poder mediático puede influir en la opinión y hasta en la cultura; así, revictimizar y culpabilizar resulta una macabra forma de tratar la información; con ello se aprueba y legitima hasta el femicidio; por lo tanto, la supervivencia y el bienestar de muchas mujeres pasan a un segundo plano.

En ese orden de ideas, según Maira Beatriz Recinos Monge, cuando se toma como base la propuesta epistemológica de violencia estructural propuesta por Galtung desde un enfoque de género, “se hace referencia al conjunto de acciones y omisiones articuladas por una institucionalidad o estructura social, que colocan en riesgo la supervivencia, bienestar, identidad y/o libertad de las personas, que ponen de manifiesto las relaciones desiguales” (Recinos, 2022, p. 5). Esto permite reflexionar sobre un punto que no se ha discutido, pero de cierta manera ha atravesado la discusión: las relaciones desiguales.

La desigualdad como reflejo de la injusticia social

Así las cosas, se considera necesario analizar otros aspectos conexos con la violencia contra las mujeres que tienen que ver con la desigualdad, como la precarización de las condiciones laborales, la educación, la pobreza y la salud. Antes de desarrollar los puntos mencionados, es importante enfatizar que con la palabra “mujeres” se hace referencia a todas las mujeres en general, sin importar edad, clase social o cualquier otra condición biológica o social que pueda generar distinción. Desde lo interseccional se ha de tomar en cuenta que cada mujer experimenta la discriminación de diversas maneras; si bien hay un colectivo de mujeres en el mundo, cada situación y cada experiencia son diferentes; o sea, no hay dos casos de violencia iguales porque ninguna persona es igual a otra.

Precarización de las condiciones laborales y económicas

Uno de los factores que tiende a agravar la difícil problemática de desigualdad es la posibilidad de contar con los recursos económicos necesarios para subsistir; de acuerdo con un artículo del Programa Estado de la Nación en Costa Rica: “Una de las principales limitaciones que tienen las mujeres, especialmente las que son madres, para vincularse al mercado laboral, es que sobre ellas recae la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado” (Un año más sin avances en la equidad del trabajo entre mujeres y hombres, 2024, párr. 10). Las dobles y hasta triples jornadas, más la ocupación en trabajos informales hacen que las mujeres tengan menos ingresos económicos. Por otra parte, entre las denominadas labores domésticas está el cuido de personas menores de edad y adultas mayores, lo que hace aún más compleja la situación.

Según el mismo estudio del Programa Estado de la Nación, “En el tiempo destinado exclusivamente al cuidado de las personas dependientes, las mujeres asumen una mayor responsabilidad, pues dedican en promedio un 60% más que los hombres” (2024, párr. 12). Asimismo, las condiciones materiales hacen que persista la dependencia económica; más allá de profesionalización y acceso a la educación, muchas mujeres no tienen el tiempo suficiente para trabajar fuera del espacio privado, lo que, a su vez, hace que los puestos de trabajo formales y con mejores salarios sean ocupados, en su mayoría, por hombres.

“En Costa Rica, la distribución del empleo asalariado muestra patrones persistentes que acentúan perfiles considerados como “femeninos”, situación que visibiliza una inserción inequitativa y una marcada segregación horizontal en las ocupaciones” (Programa Estado de la Nación, 2024, p.274). En suma, la falta de recursos propicia la dependencia económica, lo que a su vez hace que para algunas víctimas sea más difícil salir del ciclo de violencia. Contar con un trabajo de calidad es un factor protector que no solo permite tener los recursos económicos necesarios para vivir de manera digna, sino que brinda espacios de intercambio que hacen que las mujeres cuenten con redes de apoyo. Es decir, el trabajo formal proporciona medios para que las mujeres puedan empoderarse.

La educación y las brechas de género

A pesar de los avances en el ingreso de las mujeres en las universidades, todavía hay barreras en cuanto a la admisión a carreras consideradas para hombres, como son las denominadas STEM (por el acrónimo en inglés: Science, Technology, Engineering, and Mathematics) relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas; en ese sentido, la siguiente cita explica lo que ocurre en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), por ejemplo:

En el caso del TEC y debido a la naturaleza de sus carreras que tienen históricamente una mayor participación masculina se han identificado áreas específicas que requieren fortalecimiento vocacional desde primaria y secundaria, para que estas profesiones puedan ser seleccionadas por las estudiantes a la hora de elegir. (Jiménez, 2024, párr. 8)

Si se toma en cuenta que las universidades públicas tienden a ser más inclusivas y aun así persisten las brechas de género, es preocupante, puesto que los mitos respecto a las capacidades de las mujeres en las ciencias limitan su participación no solo en el nivel educativo, sino también en el campo laboral, como se indicó líneas atrás. La cuestión de fondo es que ese tipo de desigualdades propicia que se les niegue oportunidades de formación, ingresos, participación y liderazgo que, a su vez, repercuten en el tejido social, de manera que se justifica que estos espacios sean ocupados principalmente por hombres. Una de las consecuencias conexas es la pobreza que sufren las mujeres; sobre este particular se ampliará en el siguiente apartado.

Mujeres y pobreza

Como cualquier problema social que se da por diversos factores, la pobreza no deja de ser algo complejo de abordar; no obstante, en parte por las razones de desigualdad que se mencionaron a lo largo de las líneas anteriores, las condiciones de pobreza tienden a afectar más a las mujeres, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Costa Rica: Autonomía económica. Índice de feminidad de la pobreza 2019 y 2021

Indicador	Año 2019	Año 2021	Descripción
Índice de feminidad de la pobreza	125,9	124,8	Tanto el índice de la feminidad de la pobreza, como el índice de feminidad de la pobreza extrema aumentaron.
Índice de feminidad de la pobreza extrema	120,8	106,5

Fuente: Elaboración propia con base en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

En ese escenario, se complejiza la posibilidad de tener una vida digna, ya que en condiciones de pobreza se adolece de derechos esenciales como educación, salud y empleo, lo que deja a muchas mujeres indefensas ante actos y omisiones violentas. La obligación que tienen los estados de salvaguardar los derechos de las y los habitantes se queda en el papel cuando se observan números como los de la tabla anterior, los que, a su vez, reflejan la violencia estructural que les niega a las mujeres los medios necesarios y las pone en una posición de peligro físico, económico y emocional.

Desde ese ángulo, pocos han sido los aportes de la categorización del femicidio como delito; no se puede esperar que la persecución penal y las penas privativas de libertad resuelvan un problema estructural. Mientras persistan las condiciones desiguales, se va a seguir justificando la violencia contra las mujeres y los femicidios seguirán en aumento como hasta ahora. Si el presidente de la República acude a narrativas misóginas y los medios de comunicación anuncian que las víctimas se buscan los abusos, ¿cómo las y los habitantes del país van a cambiar el paradigma? La cuestión es clara y el escenario complejo, pero no todo está perdido, como se mencionó al inicio; la prevención es parte del quehacer criminológico, por lo que de manera seguida se brindarán algunas reflexiones con el fin propositivo de buscar ese tan necesario cambio de paradigma.

Propuestas preventivas para mitigar la violencia femicida

Desde una propuesta preventiva, la educación en Derechos Humanos y género es fundamental para construir una sociedad más equitativa y respetuosa hacia las mujeres. Las propuestas que se presentan a continuación se centran en acciones preventivas ideadas para mitigar la violencia femicida mediante la implementación de programas de capacitación, las políticas de tolerancia cero contra la violencia de género y el fortalecimiento de redes de apoyo. Estas iniciativas buscan no solo combatir la misoginia, sino también crear un entorno seguro que garantice el respeto y la dignidad de todas las personas.

La educación en Derechos Humanos y género es esencial para fomentar la comprensión de los derechos de las mujeres y promover la igualdad de género en todos los niveles educativos. Esto se puede lograr a partir de programas de capacitación dirigidos a estudiantes, docentes y personal administrativo, así como mediante campañas de concientización sobre el respeto y la dignidad de las mujeres en las instituciones educativas.

Para combatir la violencia de género, es fundamental establecer políticas de tolerancia cero y un marco legal que condene esta violencia, incluido el discurso misógino. Esto implica proponer y apoyar leyes que penalicen el acoso y la violencia verbal, así como implementar protocolos claros en instituciones gubernamentales para manejar estos casos.

El fortalecimiento de redes de apoyo a víctimas es clave. Se deben crear líneas de atención y servicios de asesoría legal gratuitos, además de establecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil para proporcionar refugios y servicios de acompañamiento.

La capacitación de las y los funcionarios públicos es crucial para garantizar que comprendan la importancia de promover la igualdad de género y evitar el lenguaje misógino. Se recomienda realizar talleres sobre comunicación inclusiva e incluir módulos de género en la formación continua.

Es vital promover líderes femeninas para aumentar su representación en espacios de toma de decisiones. Esto puede incluir programas de mentoría y capacitación en liderazgo, así como el fomento de redes de apoyo.

Las campañas mediáticas contra la misoginia son esenciales para contrarrestar discursos negativos en los medios de comunicación. Se deben desarrollar campañas que expongan y condenen la violencia verbal y promover una cobertura mediática responsable.

El monitoreo y la evaluación de las políticas de género permitirán evaluar su efectividad en la reducción de la violencia y la promoción de la igualdad. Se propone establecer un sistema de monitoreo y realizar informes anuales sobre el estado de los derechos de las mujeres.

Además, es necesario cambiar las narrativas sociales mediante campañas de sensibilización y educación sobre la violencia de género y fortalecer el marco legal para asegurar una protección efectiva.

La capacitación de los medios de comunicación es clave para mejorar la cobertura de temas de violencia de género. Se pueden desarrollar programas que enseñen a informar de manera responsable y evitar la revictimización.

Para mejorar la autonomía económica de las mujeres, se deben implementar programas de microcrédito y capacitación en habilidades laborales. También, es importante fomentar la participación política de mujeres, por medio de programas de mentoría y cuotas de género en los partidos políticos.

Finalmente, el establecimiento de redes de apoyo comunitario y la investigación sobre la violencia de género son fundamentales para generar datos que evalúen el impacto de las políticas. Estas acciones no solo abordan la violencia de género, sino que también promueven un entorno social de igualdad y respeto hacia las mujeres en todos los ámbitos.

Conclusiones

La violencia contra las mujeres en Costa Rica, especialmente manifestada mediante el femicidio, es un problema profundamente arraigado en la estructura social del país. Este fenómeno no solo se traduce en estadísticas alarmantes, sino que representa la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento de familias enteras, los cuales evidencian la necesidad de abordar la violencia de género como una cuestión de Derechos Humanos y justicia social. A lo largo del análisis, se ha demostrado que el femicidio es un reflejo de la desigualdad de género y de una cultura que perpetúa la misoginia, lo que requiere una atención urgente y un enfoque integral.

Es evidente la falta de inversión e intervención política ante la creciente violencia contra las mujeres en Costa Rica; el clamor popular en la frase “Nos están matando” se hace cada vez mayor. Las categorías penales del femicidio han sido producto de la labor judicial y legislativa, pero el Poder Ejecutivo se niega, al menos, a declarar emergencia nacional el creciente aumento de femicidios, lo que deja ver el desinterés por prevenir más decesos, como se explicó la Dra. Monserrat Sagot: “los cuerpos de las mujeres son clasificados como cosas sin valor, los cuales se pueden desechar”; así de inhumana se ha vuelto la situación para las niñas, las jóvenes y las mujeres que habitan en el país.

El estudio ha resaltado la importancia de comprender la violencia contra las mujeres no solo desde una perspectiva cuantitativa, sino también cualitativa, que considere las experiencias de las víctimas y el contexto social en el que se producen estos actos. La falta de investigaciones previas sobre la categoría penal del femicidio y la violencia estructural en Costa Rica subraya la urgencia de profundizar en este tema, para así poder desarrollar estrategias efectivas que aborden las raíces del problema.

Además, el papel de los medios de comunicación es crucial en la construcción de narrativas sobre la violencia de género. La cobertura mediática, a menudo sensacionalista y revictimizante, contribuye a la normalización de la violencia y perpetúa estereotipos dañinos. Es esencial que los medios adopten un enfoque más responsable y ético, que no solo informe sobre los casos de femicidio, sino que también promueva la empatía y la comprensión hacia las víctimas, fomentando así un cambio en la percepción social de la violencia de género.

Por último, es fundamental que se implementen políticas públicas efectivas que aborden la violencia contra las mujeres de manera integral. Esto incluye la prevención, la atención a las víctimas y la sanción a los agresores, así como la promoción de la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad. La lucha contra el femicidio y la violencia de género en Costa Rica requiere un compromiso colectivo que involucre a la sociedad civil, al Estado y las instituciones, así como un cambio cultural que promueva el respeto por los Derechos Humanos. Solo a partir de un esfuerzo conjunto se podrá avanzar hacia un futuro en el que las mujeres vivan libres de violencia y en condiciones de igualdad, garantizando así una sociedad más justa y equitativa para todas las personas.

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1. 1 Con excepción de las luchas por territorios por parte del crimen organizado, que si bien es cierto producen conflicto y desencadenan muertes, no es una cuestión bélica de manera formal.