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Revista de Teología / Estudios Sociorreligiosos
Vol. 19 N° 1, Enero-Junio 2026
ISSN 2215-227X • EISSN: 2215-2482
Recibido: 04/01/2026 - Corregido: 10/04/2026 - Aceptado: 24/04/2026
Doi: https://doi.org/10.15359/siwo.19-1.8

URL: https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/siwo
Licencia (CC BY-NC 4.0)

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Laicidad ambivalente: Religión,
opinión pública y límites a la politización de la fe en Costa Rica

Ambivalent Secularism: Religion, Public Opinion, and the Limits of the Politicization of Faith in Costa Rica

Laicidade ambivalente: Religião, opinião pública e limites à politização da fé na Costa Rica

José Andrés Díaz-González**

* Universidad Nacional
Heredia, Costa Rica

jose.diaz.gonzalez@una.ac.cr
https://orcid.org/0000-0002-6063-086X

Resumen

Este artículo analiza la relación entre práctica religiosa, opinión pública y actitudes hacia la laicidad del Estado en Costa Rica. A partir de datos de una encuesta nacional aplicada en 2024 (n=1,302), se examina cómo la afiliación religiosa y variables sociodemográficas inciden en las percepciones sobre el rol de la religión en la política y el espacio público. Los modelos de regresión logística muestran que la religiosidad institucionalizada se asocia con menor apoyo al Estado laico y mayor aceptación de la presencia religiosa en instituciones públicas, mientras que la educación superior refuerza orientaciones seculares. No obstante, el amplio rechazo a la instrumentalización electoral de la religión evidencia una laicidad ambivalente y normativamente acotada.

Palabras clave: Costa Rica, laicidad, opinión pública, práctica religiosa, religión y política

Abstract

This article examines the relationship between religious practice, public opinion, and attitudes toward state secularism in Costa Rica. Using data from a nationally representative survey conducted in 2024 (n=1,302), it analyzes how religious affiliation and sociodemographic factors shape views on the role of religion in politics and the public sphere. Logistic regression models show that institutionalized religiosity is associated with lower support for state secularism and greater acceptance of religious presence in public institutions, while higher education reinforces secular orientations. However, broad rejection of the electoral instrumentalization of religion reveals an ambivalent and bounded form of secularism.

Keywords: Costa Rica, Secularism,
Public opinion, Religious practice,
Religion and politics

Resumo

Este artigo analisa a relação entre prática religiosa, opinião pública e atitudes em relação à laicidade do Estado na Costa Rica. A partir de dados de uma pesquisa nacional aplicada em 2024 (n=1,302), examina-se como a afiliação religiosa e variáveis sociodemográficas influenciam as percepções sobre o papel da religião na política e no espaço público. Os modelos de regressão logística mostram que a religiosidade institucionalizada está associada a menor apoio ao Estado laico e maior aceitação da presença religiosa em instituições públicas, enquanto a educação superior reforça orientações seculares. No entanto, a ampla rejeição à instrumentalização eleitoral da religião evidencia uma laicidade ambivalente e normativamente delimitada.

Palavras chave: Costa Rica, Laicidade, Opinião pública, Prática religiosa,
Religião e política

1. Introducción

Costa Rica, junto al Estado del Vaticano, es el único Estado confesional católico del mundo. A pesar de esta característica, desde finales del siglo XX, el número de personas que se identifican como católicas ha ido disminuyendo paulatinamente, y para el 2024 solo cerca del 50 % de la población costarricense se identifica como católica. En contraste, las personas que se identifican con prácticas evangélicas protestantes han aumentado en el mismo periodo, hasta alcanzar casi el 30 % para el 2024. Asimismo, el 16 % de la población creyente indica que no posee una religión definida, mientras que el porcentaje restante (cerca de 4 %) indica tener otra práctica religiosa (EECR-IDESPO, 2025).

El cambio en la matriz religiosa de la sociedad también ha tenido repercusiones en el ámbito político. Históricamente la Iglesia católica ha sido un actor político clave en el país, participando en procesos relevantes, como la reforma social de la década de 1940 (Molina Jiménez, 2007), o sirviendo como mediadora en conflictos y protestas sociales (Artavia Araya, 2004; Mora Solano, 2016). No obstante, su posición también le ha permitido tener acceso a recursos públicos y espacios de poder, a los cuales otras agrupaciones religiosas no han tenido acceso (Carballo Villagra, 2019).

Por otra parte, las Iglesias evangélicas protestantes han realizado acciones, desde las últimas décadas del siglo XX, para aumentar su presencia en el espacio político (Ulloa Gómez, 2022), especialmente promoviendo su agenda política en temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos (Arguedas Ramírez, 2010; Díaz-González, 2017b; Fuentes Belgrave, 2019), particularmente, en torno a la educación sexual (Mora Solano, 2022). Además, en ese mismo periodo se han formado partidos políticos, en Costa Rica, vinculados con grupos y creencias evangélicas protestantes. Estas agrupaciones logran obtener representación minoritaria en la Asamblea Legislativa a partir de la primera década del siglo XXI, aumentando su presencia en ese ámbito, desde finales de la segunda década de este (Díaz-González, 2025). A pesar de esta situación, la evidencia del comportamiento electoral no permite afirmar la existencia de un voto religioso en la sociedad costarricense (Díaz-González, 2020, 2022; Díaz-González & Cordero Cordero, 2020).

Ante este contexto, el presente artículo busca responder si las prácticas religiosas de la población costarricense inciden sus opiniones respecto a la política y la laicidad del Estado. Con este trabajo se busca observar si existe una vinculación entre las creencias religiosas de la población y la política, más allá de los procesos electorales, ya que, como se mencionó, otros trabajos muestran que no hay una relación fuerte o decisiva entre la religión y el comportamiento electoral de la población costarricense (Díaz-González, 2022; Díaz-González & Cordero Cordero, 2020). Asimismo, este artículo busca ser una continuación de un trabajo anterior, en el cual se había logrado identificar la existencia de una relación, aunque moderada, entre las prácticas religiosas de la población costarricense y su opinión sobre diversos comportamientos y temas sociales (Díaz-González, 2021). Sin embargo, la mayoría de estos comportamientos y temas se vinculan a acciones que tienden a estar regulados por la moralidad religiosa (aborto, divorcio, prostitución, homosexualidad, entre otros), por lo que, en esta ocasión, se busca establecer si existe influencia de la práctica religiosa de la población con lo ocurrido en actividades ligadas al espacio político y público.

Así, este trabajo se divide en las siguientes secciones: primero, un balance teórico a partir de la revisión de literatura académica, esto permite mostrar los hallazgos empíricos de diversos estudios sobre la relación entre religión y la opinión de las personas en temas sociales y políticos; además, esta revisión permite inferir las hipótesis de trabajo que guían el análisis. Segundo, se explica el procedimiento seguido para analizar los datos tomados de la encuesta “Percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas”, incluyendo la identificación de las variables seleccionadas y la explicación de su codificación para ser procesadas mediante un modelo de regresión logística. Tercero, se realiza una exposición descriptiva de los datos utilizados en el análisis, para conocer así la posición de la población costarricense encuestada sobre temas relacionados con la política y la laicidad del Estado. Cuarto, se exponen y discuten los resultados los modelos de regresión logística obtenidos, también se analizan, se aceptan o rechazan las hipótesis de trabajo. Por último, se exponen las principales conclusiones.

2. Balance teórico

Existe una extensa literatura académica que se ha concentrado en estudiar la relación entre la práctica religiosa de las personas y su opinión sobre diferentes asuntos y problemas sociopolíticos. Para efectos del presente artículo hemos agrupado la revisión de la literatura en tres grupos: 1) los trabajos que estudian cómo las creencias religiosas de la población se vinculan con su posición respecto a temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos (aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, etc.); 2) la literatura que analiza la relación de las creencias religiosas de las personas y su opinión con distintos temas y problemas sociopolíticos (salud, cambio climático, economía, migraciones, etc.) y, 3) los trabajos que se centran en la relación entre religión y laicidad.

En lo que respecta al primer grupo, diversos estudios han mostrado que la religión se encuentra entre los predictores más fuertes para determinar la aceptación de los derechos de las personas sexualmente diversas. Así, estos estudios muestran que las personas que se declaran protestantes evangélicos, al igual que quienes señalan ser muy religiosos o que expresan posiciones teológicamente conservadoras o fundamentalistas, tienden a oponerse fuertemente a los derechos de las personas sexualmente diversas; incluyendo la adopción de niños por parejas de personas del mismo sexo (Adamczyk & Pitt, 2009; Baunach, 2012; Clements, 2015b; Farias Aguilera, 2016; Martini, 2012; Olson et al., 2006; Perry & Whitehead, 2016; Schmidt, 2018).

De la misma forma, otros estudios han mostrado que existe una fuerte relación entre las creencias religiosas de las personas y su postura hacia el aborto, la fecundación in vitro (FIV) y la investigación con células madre. Tal como lo mencionado antes, las personas que se identifican como protestantes evangélicos, o que manifiestan seguir posiciones teológicas fundamentalistas, son más propensas a oponerse a esos temas (Allum et al., 2017; Clements, 2015a; Schmidt, 2018; Simon, 2017). Para el caso específico de América Latina, la afiliación a iglesias protestantes evangélicas resulta un mejor predictor que la afiliación católica, para determinar la oposición de las personas con temas que involucren los derechos sexuales y reproductivos. Esta diferencia se ha explicado en el hecho que los miembros de las iglesias protestantes evangélicas están inmersos en procesos de socialización más fuertes que las personas católicas, lo que facilita que asimilen y adopten como guía de sus opiniones los valores e ideas manifestadas por sus grupos religiosos en estos temas (Jelen et al., 2017).

En lo que respecta al segundo grupo de investigaciones, estos tratan de identificar cómo las creencias religiosas de la población inciden en la opinión sobre distintos problemas sociales. Al respecto, un caso interesante es lo que opina la población respecto al cambio climático; estudios de opinión realizados en diversos países han mostrado que los protestantes evangélicos tienen menor probabilidad de aceptar que el cambio climático es producto de las acciones del ser humano (antropogénico), en comparación con las personas de otras creencias religiosas (Hand & Crowe, 2012; Kilburn, 2014; Pepper & Leonard, 2016).

Otras investigaciones se han concentrado en determinar cómo las creencias religiosas de las personas se relacionan con temas vinculadas a la salud pública (Rozier, 2017), la educación (Jelen, 2009), la solución de conflictos sociales (Creel, 2018; Díaz López & de Miguel Negredo, 2016) y las relaciones internacionales (Baumgartner et al., 2008; Guth, 2009). Aunque con diversos resultados, estos estudios tienden a señalar que la religión es una variable predictiva de la opinión de la población sobre esos temas; especialmente en los casos en que las personas manifiestan asistir a una iglesia protestante evangélica, o bien, cuando indican tener posturas religiosas fundamentalistas. Adicionalmente, otros estudios han señalado que las personas que indican tener alta religiosidad tienden a defender la participación de las iglesias y los grupos religiosos en la discusión sobre diversos asuntos públicos (Buckley, 2019; Freeman & Houston, 2018; Pieterse, 2014; Walhof, 2013).

Para el caso de Costa Rica, diversos estudios han señalado que la opinión pública tiende a oponerse al aborto y a la legalización de las uniones de personas del mismo sexo (IDESPO, 2015, 2017). Sin embargo, en el caso de la FIV los estudios han mostrado que existe un cambio en la población costarricense; a inicios del siglo XX la mayoría de la población se manifestaba en contra de esta técnica de reproducción asistida, pero, para la segunda década del siglo XXI, la mayoría de los costarricenses apoyaban la implementación de la FIV en el país (IDESPO, 2017; Sáenz Leandro, 2019). También, es posible encontrar investigaciones que señalan la existencia de una relación entre las políticas públicas impulsadas por los partidos políticos, especialmente en temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos, y su postura ideológica-religiosa (Arguedas Ramírez, 2010; Díaz-González, 2017a, 2017b; Fuentes Belgrave, 2014, 2015, 2019); así como la existencia de una estrategia, por parte de los grupos religiosos-conservadores, para posicionar y promover en la agenda pública su oposición hacia estos temas (Mora Solano, 2022). No obstante, análisis empíricos han mostrado que no existe una relación significativa entre las creencias religiosas de la población costarricense y su postura respecto a los problemas sociopolíticos como la desigualdad, la corrupción o la violencia doméstica; aunque, al mismo tiempo, encuentran que la afiliación protestante evangélica y los altos niveles de práctica religiosa se asocian, de forma consistente, con actitudes más restrictivas hacia los derechos sexuales y reproductivos, tales como la aceptación de la homosexualidad, el aborto, el divorcio y las relaciones sexuales antes del matrimonio (Díaz-González, 2021).

Respecto a la relación entre práctica religiosa y laicidad, la literatura académica parece coincidir en una misma idea: la relación entre religiosidad y apoyo al Estado laico no es lineal ni unidimensional; por lo tanto, no puede explicarse únicamente por niveles de religiosidad o práctica religiosa. Diversos estudios coinciden en que las actitudes hacia la laicidad y la intervención religiosa en la política dependen de mediaciones culturales, históricas, institucionales y socioeconómicas. Así, investigaciones realizadas en el contexto del norte y sur global, muestran que moderados y altos niveles de religiosidad pueden coexistir con el apoyo al secularismo (Bibeau et al., 2023; Fox & Breslawski, 2023), e incluso reforzarlo cuando la intervención estatal, en asuntos religiosos, es percibida como ilegítima o instrumental (Hichy et al., 2020). Estos hallazgos cuestionan las versiones más rígidas de la teoría clásica de la secularización y refuerza enfoques que entienden la laicidad como una preferencia sociopolítica contingente, más que como un reflejo automático del declive religioso (Weisz, 2017).

En el caso costarricense, Fuentes Belgrave propone una lectura que trasciende las interpretaciones lineales de la secularización; ya que parte de la idea de que esta no debe entenderse como un estadio alcanzado o no alcanzado, sino como un proceso histórico dinámico, caracterizado por la coexistencia y tensión entre “umbrales de laicización” y “umbrales de confesionalización”, los cuales reflejan avances y retrocesos en la diferenciación entre lo religioso y lo político (Fuentes Belgrave, 2022).

Otros estudios muestran importantes desacuerdos y controversias en torno al carácter normativo del secularismo y sus efectos democráticos. Fox (2023) advierte que muchos Estados autodenominados seculares combinan separación formal Iglesia-Estado con altos niveles de regulación, apoyo o discriminación religiosa (especialmente hacia minorías) (Fox, 2023), en cambio, otros autores señalan que el secularismo puede operar como un marco emancipador cuando limita la captura religiosa del poder político (Fox & Breslawski, 2023; Jadán-Heredia, 2025).

Para el caso de América Latina esta tensión se expresa con particular fuerza en el crecimiento del evangelicalismo y del neopentecostalismo como actores políticos, donde algunos autores enfatizan los riesgos para la democracia laica, derivados de alianzas entre líderes religiosos y proyectos conservadores (Gonzalez-Cedillo, 2019), mientras otros muestran un campo evangélico internamente plural, con disposiciones políticas heterogéneas y fronteras difusas entre lo religioso y lo secular (Tec-López, 2022). En Costa Rica, Ulloa Gómez (2022) ha identificado cómo grupos pentecostales y neopentecostales han ido posicionándose en diversos espacios políticos, incluso, a nivel electoral (Ulloa Gómez, 2022), pero también se ha mostrado que su avance político es débil, dependiendo más de elementos coyunturales que a una instrumentalización de la religión para promover su oferta política (Aguilar Vásquez, 2022; Cervantes Umaña, 2024; Díaz-González, 2025).

Por último, la literatura académica identifica distintos mecanismos explicativos que median la relación entre religión y actitudes sociopolíticas, entre los cuales se destacan: (a la orientación religiosa (intrínseca, extrínseca o reflexiva) es más influyente que la religiosidad para explicar posturas sobre políticas públicas y laicidad (Bognár, 2021; Hichy et al., 2020); (b) las condiciones estructurales, especialmente la desigualdad socioeconómica, tiende a debilitar el apoyo al secularismo al reforzar el rol social y político de las organizaciones religiosas (Karakoc & Baskan, 2012); y (c) las trayectorias históricas y culturales de secularización producen configuraciones diferenciadas del apoyo al Estado laico incluso dentro de un mismo país (Bibeau et al., 2023).

A partir del balance teórico expuesto, este artículo plantea que la relación entre práctica religiosa y actitudes sociopolíticas no puede entenderse como un efecto homogéneo ni automático, sino como un fenómeno mediado por las prácticas religiosas, las características sociodemográficas de la población y los ámbitos específicos de la acción pública sobre la que se consulta. Así, la literatura revisada sugiere que la religiosidad institucionalizada tiende a estructurar, con mayor fuerza, las posiciones normativas relacionadas con el orden moral, la presencia de la religión en el espacio público y la definición de los límites entre religión y Estado, mientras que su influencia es más limitada o selectiva en otros dominios de la política (Bognár, 2021; Díaz-González, 2021; Fox, 2023).

En este contexto, la primera hipótesis se orienta a evaluar el peso de la práctica religiosa como eje explicativo de las actitudes hacia la laicidad y la presencia de la religión en la esfera pública:

H1. Las personas con práctica religiosa institucionalizada presentan una menor probabilidad de apoyar el principio del Estado laico y una mayor probabilidad de respaldar la presencia de la religión en la esfera pública, en comparación con las personas creyentes sin afiliación religiosa.

Esta hipótesis se desprende de la revisión de la literatura académica que señala que la religiosidad organizada se asocia con una menor diferenciación entre las esferas religiosa y política; así como con una mayor legitimación de la traducción de valores religiosos en políticas públicas y decisiones estatales (Fox, 2023; Gonzalez-Cedillo, 2019; Ulloa Gómez, 2022). Al mismo tiempo, los estudios sobre laicidad señalan que el apoyo o rechazo al Estado laico no depende del nivel de religiosidad de las personas, sino de la forma en que la religión se articula como identidad colectiva y marco normativo en contextos históricos y culturales específicos (Bibeau et al., 2023; Weisz, 2017).

La segunda hipótesis que se plantea se centra en el rol de la escolaridad como una variable que modera la relación entre religión y actitudes sociopolíticas, particularmente en lo que respecta a la defensa de la neutralidad estatal:

H2. Las personas con mayor nivel educativo, especialmente aquellas con educación universitaria, presentan una mayor probabilidad de respaldar el principio del Estado laico y una menor probabilidad de apoyar la intervención de la religión en la política y en el espacio público, independientemente de su afiliación religiosa.

Esta hipótesis se apoya en estudios que muestran que la educación formal se asocia con una mayor internalización de principios de pluralismo, autonomía del Estado y diferenciación funcional entre religión y política, aun en contextos de alta religiosidad social (Fox, 2023; Hichy et al., 2020; Karakoc & Baskan, 2012). Por lo tanto, un mayor nivel de escolaridad no elimina, necesariamente, la religiosidad en las personas, pero sí introduce marcos normativos alternativos que pueden mitigar o incidir en la forma en que comprenden como debería ser la relación entre la religión y el Estado (Bibeau et al., 2023).

Por último, la tercera hipótesis se centra en carácter selectivo y condicionado de la influencia religiosa sobre la opinión pública, atendiendo a los límites normativos que la propia ciudadanía establece frente a la politización de la religión:

H3. La influencia de la práctica religiosa sobre las actitudes sociopolíticas es selectiva: es más intensa en los temas vinculados con el orden moral y la presencia simbólica de la religión en el espacio público, que en la legitimación del uso electoral de la religión o en la justificación de prácticas políticas abiertamente contrarias a principios democráticos, como la corrupción.

Esta hipótesis retoma los hallazgos encontrados en la literatura revisada, los cuales indican que, incluso en contextos de alta religiosidad social, amplios sectores de la población (incluidas personas creyentes) tienden a rechazar la instrumentalización partidaria de la religión y a mantener criterios éticos seculares mínimos en la evaluación de los actores políticos (Fox & Breslawski, 2023; Freeman & Houston, 2018; Tec-López, 2022). Así, se espera encontrar una configuración ambivalente de la laicidad, en la cual el respaldo a la religión como sistema de valores puede coexistir con límites claros a su uso político directo (Bibeau et al., 2023; Jadán-Heredia, 2025).

3. Metodología

Para analizar la relación entre prácticas religiosas con las posturas y opiniones políticas de la población costarricense, se analizan datos provenientes de la encuesta “Percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas”, cuyos datos fueron recolectados del 18 al 31 de octubre del 2024. La encuesta se realizó vía telefónica, a personas costarricenses con 18 años o más, que tuvieran un servicio de telefonía celular, brindado por las empresas Kölbi, Claro y Liberty. La forma de selección de los números fue aleatoria, se generaron al azar, a partir de las secuencias de los números asignados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) a cada una de las empresas indicadas. La encuesta se aplicó a una muestra de 1302 personas, con las características antes mencionadas. Los resultados cuentan con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de +/- 2,8 %.

Los datos fueron analizados utilizando el software Static Package for Social Science (SPSS), para lo cual se obtuvieron las estadísticas descriptivas, y también se construyeron modelos de regresión logística binaria, con el propósito de observar la relación entre la opinión de la población encuestada sobre distintas premisas relacionadas con la sociedad, la política y la laicidad (variables dependientes) con sus características sociodemográficas y práctica religiosa (variables independientes). La Tabla 1 muestra una descripción de las variables utilizadas y la forma en que fueron codificadas.

Tabla 1. Descripción de las variables utilizadas en el estudio

Variable

Descripción

Codificación

Premisas sobre la sociedad, política y laicidad

Se le consultó a la población encuestada si estaba de acuerdo o en desacuerdo con premisas sobre la sociedad, la política y la laicidad. Estas son utilizadas como variables dependientes en el modelo de regresión logística. Las premisas consultadas son:

Las creencias religiosas deben guiar la toma de decisiones de los funcionarios públicos.

El Estado debe apoyar económicamente a todos los grupos religiosos.

Prefiere votar por un político honesto, aunque no tenga religión.

Prefiere votar por un político corrupto de su misma religión.

Los partidos políticos utilicen o se apoyen en ideas religiosas para pedir votos.

El Estado deber ser Laico.

0 = En desacuerdo

1 = De acuerdo

Se le consultó a la población encuestada si apoyaba o no apoyaba que:

Se debe impartir educación religiosa en centros educativos públicos.

La presencia de símbolos y actos religiosos en escuelas e instituciones públicas y actos gubernamentales.

0 = No

1 = Sí

Sexo

Se identificó el sexo de la persona encuestada bajo los parámetros de mujer u hombre.

0 = mujer

1= hombre

99 = no responde

Edad

Se recopiló la edad en años cumplidos de las personas encuestadas. Posteriormente, fueron recodificadas en tres grupos: 18 a 34 años, 35 a 49 años, 50 años o más.

1 = 18 a 34 años

2 = 35 a 49 años

3 = 50 años o más

99 = no responde

Escolaridad

Se le consultó a la población encuestada por el último nivel de escolaridad cursado. Después, fueron recodificadas en: primaria completa o menos, secundaria completa, universidad completa.

1 = primaria completa o menos

2 = secundaria completa

3 = universidad completa

99 = no responde

Percepción de nivel económico

Se aplicó una escala que permite determinar el nivel económico de la persona encuestada (Solís Bastos, 2016). La percepción de nivel económico se clasifica en: muy bajo, bajo, medio, alto.

1 = muy bajo

2 = bajo

3 = medio

4 = alto

99 = no responde

Práctica religiosa

Se consultó a la persona encuestada por la religión o creencia con la que se identifica. Los datos obtenidos fueron agrupados en: católica, evangélica protestante, creyente sin religión, no creyente y otros.

1 = católica

2 = evangélica protestante

3 = creyente sin religión

4 = otra práctica religiosa

99 = no responde

Fuente: Elaboración propia.

4. Descripción de los datos

En la encuesta analizada se consultó a las personas encuestadas sobre cuál es su práctica religiosa. La Figura 1 compara los datos obtenidos con la encuesta realizada en el 2018 y 2024. La población que indica tener una práctica religiosa católica continúa siendo la mayoritaria; sin embargo, presenta un descenso del 52,5 % en el 2018, a un 49,8 % en el 2024. La población con práctica evangélica en Costa Rica aumenta del 2018 al 2024, pasando de un 27,1 % a un 30,8 %. Las personas que indican ser creyentes, pero no tener una religión, permanecen en cerca de un 16 % en ambos casos. Por último, las personas con otras prácticas religiosas (budismo, judaísmo, musulmanes, etc.) rondan el 3 % de la población creyente del país.

Figura 1. Porcentaje de la población creyente, según práctica religiosa. Costa Rica, 2018-2024
Figura 1. Porcentaje de la población creyente, según práctica religiosa. Costa Rica, 2018-2024

Fuente: EECR-IDESPO, UNA. Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, Instituto de Estudios Sociales en Población, Universidad Nacional. (2025). Percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas, 2024. Heredia, Costa Rica: UNA.

La Tabla 2 muestra la distribución porcentual del nivel de acuerdo de la población entrevistada frente a un conjunto de premisas vinculadas con la relación entre religión, política y laicidad en Costa Rica. En general, los resultados muestran una resistencia de la población a la instrumentalización religiosa en el ámbito político-electoral, así como una coexistencia de actitudes favorables a la laicidad estatal con expectativas de apoyo público hacia las organizaciones religiosas.

En primer lugar, se observa un marcado rechazo a la idea de privilegiar la afinidad religiosa por encima de consideraciones éticas en la política; así, el 94 % de las personas entrevistadas manifiesta estar en desacuerdo con preferir votar por un político corrupto de su misma religión, mientras que solo un 2 % expresa acuerdo con esta afirmación. De manera consistente, también se registra un amplio desacuerdo (87 %) con que los partidos políticos utilicen o se apoyen en ideas religiosas para solicitar votos, lo que sugiere una fuerte desaprobación ciudadana del uso explícito de lo religioso como recurso de movilización electoral.

No obstante, las actitudes son más ambivalentes cuando se analizan las premisas relativas al papel de la religión en la acción del Estado y de los funcionarios públicos. Aunque una mayoría relativa (56 %) rechaza que las creencias religiosas deban guiar la toma de decisiones de los funcionarios públicos, un porcentaje significativo de la población (38 %) está de acuerdo con esta afirmación, lo que evidencia la persistencia de una visión normativa que concibe la religión como un referente legítimo en el ejercicio del poder público. Esta tensión también ocurre en el ámbito del financiamiento estatal, donde las opiniones están prácticamente divididas: el 49 % considera que el Estado debe apoyar económicamente a todos los grupos religiosos, frente a un 45 % que se manifiesta en desacuerdo.

En cuanto a la organización institucional del Estado, más de la mitad de las personas entrevistadas (56 %) está de acuerdo con que Costa Rica debe ser un Estado laico, mientras que un 34 % expresa desacuerdo, lo que confirma la existencia de un consenso mayoritario, aunque no hegemónico, en favor de la separación formal entre religión y Estado. Finalmente, la premisa que recibe el mayor nivel de acuerdo es aquella que prioriza la honestidad sobre la adscripción religiosa de los candidatos: el 75 % de la población prefiere votar por un político honesto, aunque no tenga religión; lo que refuerza la centralidad de criterios éticos y de integridad personal por encima de identidades religiosas en la evaluación política de los liderazgos.

La Tabla 3 muestra la distribución porcentual del nivel de acuerdo de la población entrevistada respecto a la presencia de actividades y símbolos religiosos en espacios públicos. En primer lugar, se observa un elevado nivel de apoyo a la enseñanza de la religión en centros educativos públicos, así, cerca del 80 % de las personas encuestadas consideran que esta práctica debe mantenerse, frente a un 19,5 % que manifiesta estar en desacuerdo. Este resultado apunta a la persistencia de una concepción ampliamente legitimada del papel formativo de la religión en el sistema educativo público costarricense.

Tabla 2. Distribución porcentual del nivel de acuerdo de las personas entrevistadas ante frases sobre sociedad, política y laicidad. Costa Rica 2024

Premisa

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Ns/Nr

Total

Prefiere votar por un político corrupto de su misma religión.

2 %

1 %

94 %

3 %

100

Los partidos políticos utilicen o se apoyen en ideas religiosas para pedir votos.

10 %

2 %

87 %

1 %

100 %

Las creencias religiosas deben guiar la toma de decisiones de los funcionarios públicos.

38 %

5 %

56 %

1 %

100 %

El Estado debe apoyar económicamente a todos los grupos religiosos.

49 %

5 %

45 %

1 %

100 %

El Estado debe ser laico (no tener religión oficial).

56 %

8 %

34 %

2 %

100 %

Prefiero votar por un político honesto, aunque no tenga religión.

75 %

5 %

18 %

2 %

100 %

Fuente: EECR-IDESPO, UNA. Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, Instituto de Estudios Sociales en Población, Universidad Nacional. (2025). Percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas, 2024. Heredia, Costa Rica: UNA.

Tabla 3. Distribución porcentual del nivel de acuerdo de las personas entrevistadas sobre la presencia de actividades religiosas en espacios públicos. Costa Rica 2024

Premisa

No

Ns/Nr

Se debe impartir educación religiosa en
centros educativos públicos.

79,7 %

19,5 %

0,8 %

Debe haber presencia de símbolos y actos religiosos en escuelas e instituciones públicas y actos gubernamentales.

52 %

45,5 %

2,5 %

Fuente: EECR-IDESPO, UNA. Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, Instituto de Estudios Sociales en Población, Universidad Nacional. (2025). Percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas, 2024. Heredia, Costa Rica: UNA.

Por otra parte, las actitudes se muestran más divididas cuando se consulta sobre la presencia de símbolos y actos religiosos en escuelas, instituciones públicas y actos gubernamentales. En este caso, aunque una mayoría (52 %) se pronuncia a favor, el porcentaje de personas que expresa desacuerdo es también considerable (45,5 %), lo que revela un escenario de mayor controversia y polarización relativa en torno a la visibilización de lo religioso en espacios institucionales y ceremoniales del Estado.

5. Análisis y discusión

En esta sección se presenta el análisis y discusión de los modelos de regresión logística elaborados, con los cuales se busca determinar la influencia de la práctica religiosa de la población costarricense, así como de otras variables sociodemográficas, en su opinión sobre diversos temas relacionados con la sociedad, la política y la laicidad (ver Tabla 4).

En el caso de la afirmación “Las creencias religiosas deben guiar la toma de decisiones de los funcionarios públicos”, el modelo señala que los efectos más robustos provienen de la variable práctica religiosa. Así, identificarse con una práctica religiosa católica (B = 1,239) y, con mayor intensidad, con una protestante evangélica (B= 1,729) incrementa significativamente la probabilidad de estar de acuerdo con esta postura, en comparación con quienes se identifican como creyentes sin religión. Este resultado confirma la existencia de un clivaje entre religiosidad institucionalizada y concepciones seculares del Estado, lo cual es consistente con los estudios que muestran una menor diferenciación entre las esferas religiosa y política entre personas con alta práctica religiosa (Bognár, 2021; Gonzalez-Cedillo, 2019).

Asimismo, las personas de 50 años o más presentan una mayor probabilidad de estar de acuerdo con que las creencias religiosas guíen la toma de decisiones de los funcionarios públicos (B= 0,675). Esto puede sugerir la persistencia de marcos normativos asociados a procesos de socialización religiosa previos a los cambios en la matriz religiosa costarricense. En sentido contrario, ser hombre (B= -0,274) y contar con educación universitaria (B= -0,501) reduce la probabilidad de acuerdo, reforzando la asociación entre mayor capital educativo y defensa de la secularidad del Estado (Fox, 2023; Hichy et al., 2020).

Tabla 4. Modelos de regresión logística

 

Las creencias religiosas deben guiar la toma de decisiones de los funcionarios públicos

El Estado debe apoyar económicamente a todos los grupos religiosos

Prefiere votar por un político honesto,
aunque no tenga religión

Los partidos políticos
utilicen o se apoyen en ideas religiosas para pedir votos

El Estado debe ser laico

Impartir
educación religiosa en centros públicos

Presencia de

símbolos y actos religiosos en escuelas e instituciones públicas y actos gubernamentales

 

B

B

B

B

B

B

B

Sexo (vs. mujer) 

 

 

 

Hombre

-0,274*

-0,481**

0,373*

0,142

0,165

-0,274*

-0,083

Grupo etario

35 a
49 años

0,489*

-0,265

-0,159

-0,616*

-0,278

0,489*

-0,377*

50 años
o más

0,675**

-0,410*

-0,316

-0,831*

-0,493*

0,675**

-0,512*

Escolaridad (vs. primaria)

Secundaria

0,027

-0,502*

0,212

-0,137

0,028

0,027

-0,067

Universitaria

-0,501*

-1,118**

0,709*

0,132

0,272

-0,501*

-0,216

Práctica religiosa (vs. creyente sin religión)

Católica

1,239**

1,250**

-0,661*

0,091

-0,777**

1,239**

1,281**

Protestante Evangélica

1,729**

1,196**

-0,534*

0,1

-0,644*

1,729**

0,884**

Otra
práctica religiosa

1,007*

-0,097

-1,140*

0,631

-0,568

1,007*

-0,087

Percepción nivel socioeconómico (vs. muy bajo)

Bajo

-0,106

-0,091

0,421*

-0,373

0,18

-0,106

0,257

Medio

-0,109

-0,102

0,229

-0,681*

0,21

-0,109

0,047

Alto

-0,361

-0,367

-0,086

-1,296

0,546

-0,361

-0,315

Constante

-1,635**

0,057

1,223**

-1,429*

0,774*

-1,635**

-0,42

Clasificación

64,6 %

64,2 %

76,8 %

89,6 %

58,8 %

82,8 %

61,0 %

* sig < 0,05 **sig < 0,00

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la afirmación “El Estado debe apoyar económicamente a todos los grupos religiosos”, los resultados obtenidos en el modelo son similares -con algunos matices- a los del caso anterior. Así, tener una práctica religiosa católica (B= 1,250) y evangélica (B= 1,196) incrementa de forma significativa la probabilidad de apoyar el financiamiento estatal a los grupos religiosos, lo cual puede sugerir una concepción cooperativa entre las Iglesias y el Estado. Este resultado es congruente con la evidencia de que amplios sectores creyentes legitiman el apoyo estatal a la religión como forma de reconocimiento simbólico más que como amenaza a la democracia (Fox & Breslawski, 2023).

En contraste a lo anterior, la educación universitaria muestra un efecto negativo fuerte (B= -1,118), reduciendo significativamente la probabilidad de respaldo, mientras que las personas de 50 años o más también tienden a rechazar esta idea (B= -0,410). Estos datos refuerzan la existencia de un clivaje educación-religiosidad, donde la formación académica parece fortalecer criterios de igualdad y uso neutral de los recursos públicos.

En cuanto la afirmación “Prefiere votar por un político honesto, aunque no tenga religión”, los resultados del modelo muestran que la afiliación religiosa reduce significativamente la probabilidad de priorizar la honestidad por encima de la religión; ya que contar con una práctica religiosa católico (B= -0,661), protestante evangélico (B= -0,534) u otra práctica religiosa (B= -1,140) disminuye la propensión a apoyar esta opción. Estos resultados indican que la afinidad confesional o religiosa puede funcionar como un elemento heurístico político -o atajo cognitivo- relevante para ciertos sectores de la población al momento de definir su voto; asimismo, son resultados consistentes con la literatura que señala que la religión puede operar como marcador identitario en contextos de competencia electoral en el contexto costarricense (Díaz-González, 2022).

No obstante, a pesar de preferir votar por personas candidatas con prácticas religiosas, al mismo tiempo la población muestra un rechazo sobre el uso de la política con fines electorales. Así, los resultados del modelo respecto a la afirmación “Que los partidos políticos utilicen o se apoyen en ideas religiosas para pedir votos”, muestran el predominio de coeficientes negativos, particularmente entre las personas de 35 a 49 años (B= -0,616) y de 50 años o más (B= -0,831), así como entre quienes se perciben en un nivel socioeconómico medio (B= -0,681). De esta manera, los resultados sugieren una resistencia a la instrumentalización electoral de la religión, incluso en una sociedad altamente creyente como la costarricense. Adicionalmente, la ausencia de efectos significativos de la práctica religiosa refuerza la idea de que la valoración de la fe no se traduce automáticamente en apoyo al uso partidario de discursos religiosos, lo que coincide con estudios que documentan una incomodidad ciudadana frente a la politización explícita de la religión (Freeman & Houston, 2018; Tec-López, 2022).

En cuanto a la afirmación “El Estado debe ser laico”, se observa un efecto claro de la práctica religiosa sobre la probabilidad de respaldar el principio de laicidad estatal. Así, la identificación con una práctica religiosa católica (B= -0,777) y protestante evangélica (B= -0,644) reduce la probabilidad de estar de acuerdo con que el Estado debe ser laico, en comparación con las personas que se declaran creyentes sin religión. Este resultado confirma que la religiosidad institucionalizada se asocia con una menor diferenciación normativa entre la esfera religiosa y la estatal, tal como ha sido expuesto en análisis realizados en países europeos y latinoamericanos (Bibeau et al., 2023; Fox, 2023).

Además, las personas de 50 años o más presentan una menor probabilidad de apoyar el Estado laico (B= -0,493), lo que sugiere la existencia de marcos normativos asociados a procesos de socialización religiosa previos a la pluralización contemporánea del campo religioso costarricense. En contraste, la educación universitaria incrementa la probabilidad de respaldar la laicidad estatal, operando como un factor secularizante que refuerza principios de neutralidad y autonomía del Estado frente a las doctrinas religiosas (Fox, 2023; Hichy et al., 2020).

Respecto al apoyo a impartir educación religiosa en centros educativos públicos, el efecto de la práctica religiosa es particularmente robusto, según muestra el modelo. Tener una práctica religiosa católica (B= 1,239) o protestante evangélica (B= 1,729) incrementa, de manera significativa, la probabilidad de estar de acuerdo con esta afirmación, lo que evidencia una concepción del sistema educativo como un espacio legítimo para la reproducción de valores religiosos. Los datos obtenidos son consistentes con la literatura revisada, la cual india que en contextos de alta religiosidad social se puede percibir la educación religiosa como parte del orden moral y cultural, más que como una vulneración del principio de neutralidad estatal (Fox, 2023; Karakoc & Baskan, 2012; Tec-López, 2022).

No obstante, la educación universitaria reduce significativamente la probabilidad de apoyar la educación religiosa en centros educativos públicos (B= -0,501), lo que refuerza la asociación entre mayor escolaridad y una visión más secular del rol del Estado en materia educativa. Asimismo, la edad vuelve a operar en sentido positivo: las personas de 50 años o más presentan una mayor probabilidad de apoyar la educación religiosa en centros públicos (B= 0,675), lo que sugiere una continuidad intergeneracional de esquemas normativos, donde la educación pública y la religión no se conciben como esferas claramente diferenciadas.

Respecto al apoyo a la presencia de símbolos y actos religiosos en instituciones públicas, los datos obtenidos en el modelo muestran un patrón coherente con los anteriores ítems. De esta manera, tener una práctica religiosa católica (B= 1,281) y protestante evangélica (B= 0,884) aumenta la probabilidad de aceptar la presencia visible de la religión en el espacio público institucional. Este resultado puede sugerir que, para sectores creyentes de la población costarricense, los símbolos religiosos funcionan como marcadores culturales y de identidad colectiva, más que como expresiones problemáticas desde el punto de vista democrático.

Sin embargo, a diferencia de los otros ítems analizados, la edad opera aquí en sentido inverso; es decir, las personas de mayor edad muestran una menor probabilidad de apoyar la presencia de símbolos religiosos en instituciones públicas (B= -0,512), lo que puede ser un indicio de una diferenciación práctica entre la defensa de la religión como sistema de valores y la incomodidad frente a su visibilidad en el ámbito público. Este resultado es consciente con los planteamientos de Fox (2023), quien señala que, en muchos contextos, el apoyo ciudadano a la religión puede coexistir con reservas, frente a su expresión institucional explícita. Por lo tanto, estos resultados muestran la existencia de una laicidad ambivalente o pragmática en Costa Rica, donde la aceptación de la religión en lo público no es absoluta ni homogénea, sino negociada, según el tipo de expresión religiosa y el espacio en el que se manifiesta (Bibeau et al., 2023).

Por último, los resultados del modelo de regresión logística permiten evaluar las hipótesis planteadas. En términos generales, los hallazgos confirman que la religión opera como un eje identitario central, con una capacidad explicativa superior a la de las variables estructurales o sociodemográficas tradicionales, aunque con efectos selectivos y no homogéneos, de conformidad con el tipo de actitud analizada.

Respecto a la H1, que plantea que la práctica religiosa institucionalizada incrementa la probabilidad de apoyar una mayor presencia de la religión en la esfera pública y reduce el respaldo al principio del Estado laico, los resultados muestran un apoyo empírico claro: la identificación católica y la protestante evangélica presentan coeficientes positivos elevados y estadísticamente significativos en los ítems que legitiman la influencia de la religión en lo público, como la idea de que las creencias religiosas deben guiar la toma de decisiones de los funcionarios públicos (B= 1,239 y B= 1,729), el financiamiento estatal a los grupos religiosos (B= 1,250 y B= 1,196), la educación religiosa en centros públicos (B= 1,239 y B= 1,729) y la presencia de símbolos y actos religiosos en instituciones públicas (B= 1,281 y B= 0,884). En sentido contrario, estas mismas prácticas religiosas reducen significativamente la probabilidad de apoyar que el Estado sea laico (B= -0,777 y B= -0,644). Por lo tanto, estos resultados confirman que la religiosidad institucionalizada se asocia con una menor diferenciación entre las esferas religiosa y estatal para la población costarricense, siguiendo la misma línea de lo establecido en la literatura académica sobre secularismo y religión en la política.

Adicionalmente, el efecto significativo de la práctica religiosa institucionalizada, de forma particular en el caso de personas evangélicas protestantes y católicas, sobre la probabilidad de apoyar que las creencias religiosas guíen la acción pública, puede interpretarse como evidencia empírica de la persistencia de una matriz política cristiana, en la configuración del Estado y de los imaginarios sociales, que tiene efecto y sustenta ciertas decisiones en el ámbito político. Es decir, más allá del marco político y jurídico formal, subsiste una estructura simbólica en la que lo religioso continúa operando como fuente legítima de normatividad en la esfera pública (Fuentes Belgrave, 2014).

Respecto a la H2, la cual propone que mayores niveles de escolaridad se asocian con actitudes más favorables al Estado laico y con un menor respaldo a la intervención de la religión en la política y en el espacio público, los resultados también ofrecen evidencia consistente. La educación universitaria reduce significativamente la probabilidad de respaldar la presencia de posiciones y prácticas religiosas en el ámbito estatal, particularmente en el apoyo al financiamiento público de los grupos religiosos (B= -1,118), en la idea de que las creencias religiosas orienten la toma de decisiones públicas (B= -0,501) y, en el respaldo a la educación religiosa en centros públicos. Asimismo, la educación universitaria incrementa la probabilidad de priorizar criterios seculares en la evaluación de los actores políticos, como preferir votar por un político honesto, aunque no tenga religión (B= 0,709). Estos hallazgos refuerzan la existencia de un clivaje estructural entre educación y religiosidad, documentado en la literatura revisada, y sugieren que la formación académica funciona como un mecanismo de internalización de principios de neutralidad estatal y pluralismo normativo.

Finalmente, respecto a la H3, la cual plantea que la influencia de la religiosidad sobre las actitudes sociopolíticas es selectiva y más intensa en el plano moral y simbólico que en la legitimación de prácticas abiertamente antidemocráticas o en la instrumentalización electoral de la religión, los datos del modelo permiten comprobar parcialmente esta hipótesis. Por un lado, la afiliación religiosa reduce la probabilidad de priorizar la honestidad sobre la adscripción confesional al momento de votar (B= -0,661 para católicos y B= -0,534 para protestantes evangélicos), lo que indica que la afinidad religiosa puede influir sobre la valoración y elección de representantes políticos. No obstante, esta influencia encuentra límites claros: la preferencia por votar por un político corrupto de la misma religión es ampliamente rechazada, como lo indica la constante negativa y significativa del modelo (B= -2,507). De manera similar, en el ítem relativo al uso de ideas religiosas, por parte de los partidos políticos, para pedir votos, predominan coeficientes negativos, especialmente entre las personas de mayor edad (B= -0,831), y la afiliación religiosa no emerge como un predictor significativo, lo que sugiere una resistencia transversal a la instrumentalización partidaria de la religión.

Los resultados expuestos son consistentes con la idea de que los procesos de secularización en América Latina, y particularmente en Costa Rica, son incompletos y reversibles, en tanto coexisten con umbrales de confesionalidad que mantienen vigente y aceptable la presencia de lo religioso en el ámbito político (Fuentes Belgrave, 2015, 2022). Así, el apoyo a la incorporación de valores religiosos en la toma de decisiones públicas no constituye una anomalía, sino una manifestación de dicha oscilación estructural entre laicidad y confesionalidad.

Además, la coexistencia de altos niveles de apoyo al Estado laico con actitudes favorables a la presencia de la religión en espacios públicos y decisiones políticas refuerza la interpretación de una laicidad ambivalente. Este patrón puede ser comprendido a la luz de los “umbrales de laicización” propuestos por Baubérot y retomados por Fuentes Belgrave (2022), en los cuales la laicidad no se consolida como principio plenamente internalizado, sino como un proceso incompleto, atravesado por tensiones culturales e institucionales.

Por lo tanto, los datos analizados sugieren que la población costarricense no opera bajo una concepción estricta de separación entre religión y Estado, sino bajo un modelo híbrido, en el cual la laicidad es aceptada como principio normativo general, pero limitada en su aplicación práctica.

6. Conclusiones

Los datos y hallazgos de este artículo buscan aportar evidencia empírica al debate sobre la relación entre religión, política y laicidad en Costa Rica, en un contexto caracterizado por la transformación de la matriz religiosa y por la creciente pluralización del campo religioso. En particular, los hallazgos confirman que la práctica religiosa es un eje relevante para comprender las actitudes sociopolíticas de la población costarricense, aunque su influencia opera de manera selectiva, condicionada y no homogénea, según el ámbito específico de la acción pública analizada.

En primer lugar, el análisis confirma que la religiosidad institucionalizada, especialmente la afiliación católica y protestante evangélica, se asocia de forma consistente con una menor probabilidad de respaldar el principio del Estado laico y con una mayor legitimación de la presencia de la religión en el espacio público. Esta relación se expresa con particular fuerza en aquellas actitudes vinculadas con el orden moral y simbólico, como el apoyo a que las creencias religiosas guíen la toma de decisiones de los funcionarios públicos, el financiamiento estatal a los grupos religiosos, la enseñanza de la religión en centros educativos públicos y la presencia de símbolos y actos religiosos en las instituciones estatales. Estos resultados respaldan la hipótesis de que la religiosidad organizada tiende a estructurar concepciones normativas donde las fronteras entre lo religioso y lo político aparecen menos diferenciadas, lo cual es consistente con la persistencia de una “matriz política cristiana” en la configuración del Estado y en los imaginarios sociales en Costa Rica (Fuentes Belgrave, 2014).

No obstante, los hallazgos también evidencian que esta influencia religiosa no se traduce en una aceptación irrestricta de la politización de la religión ni en la legitimación de prácticas abiertamente contrarias a principios democráticos básicos. A pesar de que la afiliación religiosa reduce la probabilidad de priorizar la honestidad por encima de la adscripción confesional, al momento de evaluar a los actores políticos, la población costarricense muestra un fuerte rechazo a la idea de votar por un político corrupto de su misma religión, así como una fuerte desaprobación al uso explícito de ideas religiosas por parte de los partidos políticos para solicitar votos. Esta combinación de resultados pone de manifiesto la existencia de límites normativos claros frente a la instrumentalización electoral de la religión, incluso entre sectores altamente creyentes, y refuerza la idea de una ciudadanía que distingue entre la religión como sistema de valores y su uso estratégico en la competencia política.

En segundo lugar, el análisis realizado confirma el rol central de la educación formal como variable moderadora de la relación entre religión y actitudes sociopolíticas. La educación universitaria emerge de manera consistente como un factor que incrementa el respaldo al Estado laico y reduce la probabilidad de apoyar la intervención de la religión en el ámbito estatal, particularmente en lo relativo al financiamiento público de los grupos religiosos, la orientación religiosa de las decisiones públicas y la educación religiosa en los centros educativos públicos. Al mismo tiempo, una mayor escolaridad se asocia con una mayor probabilidad de priorizar criterios seculares en la evaluación de los liderazgos políticos, como la honestidad personal, independientemente de la adscripción religiosa. Estos resultados refuerzan la idea de que la educación no elimina, necesariamente, la religiosidad individual, pero sí introduce marcos normativos alternativos que fortalecen los principios de pluralismo, neutralidad estatal y diferenciación funcional entre religión y política.

En tercer lugar, los efectos de la edad sugieren la coexistencia de distintos regímenes de socialización religiosa y política en la sociedad costarricense. Las personas de mayor edad tienden a mostrar una mayor disposición a legitimar la influencia de la religión en la toma de decisiones públicas y en la educación, así como una menor probabilidad de respaldar el principio del Estado laico. Sin embargo, en el caso específico de la presencia de símbolos y actos religiosos en instituciones públicas, la edad opera en sentido inverso, lo que sugiere una diferenciación práctica entre la defensa de la religión como sistema de valores y la incomodidad frente a su visibilidad institucional. Este patrón refuerza la idea de una laicidad ambivalente o pragmática en la población costarricense, donde la aceptación de la religión en el espacio público es negociada y contingente.

En este sentido, los resultados permiten ser interpretados más allá de su dimensión descriptiva, como expresión de una configuración sociopolítica caracterizada por la coexistencia de orientaciones seculares y religiosas. Lejos de un proceso lineal de secularización, la evidencia empírica muestra la persistencia de tensiones estructurales entre procesos de laicización y dinámicas de confesionalización, lo cual coincide con los planteamientos de Fuentes Belgrave sobre la existencia de “umbrales” que reflejan avances y retrocesos en la diferenciación entre religión y Estado (Fuentes Belgrave, 2014, 2022). Así, la laicidad en Costa Rica no se presenta como un estado consolidado, sino como un proceso inacabado, históricamente condicionado y sujeto a disputas simbólicas y políticas.

Por lo tanto, los resultados de este estudio cuestionan las interpretaciones dicotómicas que oponen religiosidad y laicidad como polos mutuamente excluyentes. Lejos de un proceso lineal de secularización, la evidencia empírica muestra la coexistencia de actitudes favorables al Estado laico, con expectativas de reconocimiento público y apoyo estatal hacia la religión, así como una clara distinción ciudadana entre la religión como referente moral y su uso político-electoral. En este sentido, la laicidad en Costa Rica parece que no se presenta como un principio normativo cerrado, sino que responde más a una preferencia sociopolítica negociada, moldeada por la afiliación religiosa, la escolaridad, la edad y el tipo de práctica religiosa involucrada.

Adicionalmente, este artículo contribuye a la literatura sobre religión y política en Costa Rica, al ampliar el análisis más allá del comportamiento electoral, mostrando que, aunque no existe evidencia robusta de un voto religioso en el electorado costarricense, la religión sigue desempeñando un papel significativo en la configuración de actitudes sobre la relación entre el Estado, lo público y lo religioso. Lo anterior establece la necesidad que futuras investigaciones busquen profundizar en los mecanismos de mediación (por ejemplo, intensidad de la práctica religiosa) que explican la coexistencia de la religiosidad social con límites normativos claros, frente a su instrumentalización política, así como explorar comparativamente estos patrones en otros contextos latinoamericanos.

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Agradecimientos

Una versión preliminar de este documento fue presentada en la mesa de análisis “Religión, Política y Laicidad” en el VI Seminario Internacional: América Latina. Sociedades en cambio. Transformaciones en lo religioso, organizado por el Observatorio de lo Religioso de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, de la Universidad Nacional. Se desea expresar el agradecimiento por los comentarios y las observaciones brindadas por los participantes, los cuales permitieron enriquecer este texto.

Biografía de la persona autora

José Andrés Díaz-González. Doctor en Gobierno y Política Pública por la Universidad de Costa Rica (UCR), Mágister en Historia (UCR) y Licenciado en Ciencias Políticas (UCR). Académico en el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA), donde coordina el Programa Umbral Político. Docente en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR), donde imparte cursos en las áreas de toma de decisiones, políticas públicas, cultura política y opinión pública.

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