Ronald Rivera Alfaro

División de la Educación Básica, Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica

https://ror.org/01t466c14

ronald.rivera.alfaro@una.cr

https://orcid.org/0000-0001-9179-3517

Graciela Herrera-Villalobos

División de la Educación Básica, Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica

https://ror.org/01t466c14

graciela.herrera.villalobos@una.cr

http://orcid.org/0000-0003-2153-6990

Introducción

Durante la segunda década del siglo XXI, América Latina ha experimentado un incremento exponencial de la criminalidad, cuya percepción ciudadana se ha hipertrofiado debido a que las causas estructurales que relacionan el crimen organizado y las necesidades locales de ciertos grupos por asentar redes de trasiego, venta y distribución de drogas. Tal y como señala el Banco Mundial, “uno de cada tres crímenes ocurre en América Latina” (Solano, 2024), y la mayoría se vinculan al crimen organizado.

En este contexto de alto enervamiento social, en el cantón de Santa Bárbara de Heredia, Costa Rica, se desarrolló un proceso de gestión comunitaria. Este le exigió al gobierno local una mejora en las condiciones de seguridad y paz en las comunidades, debido al gran impacto mediático de varios hechos vinculados con la inseguridad ciudadana, los cuales generaron una disrupción de la dinámica social cotidiana en los espacios públicos, y que dieron como resultado un interesante proceso de articulación entre seguridad ciudadana y protección a los derechos de las personas menores de edad (PME).

Por esta razón, y gracias al diálogo y articulación institucional entre el gobierno local, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Universidad Nacional (UNA), se desarrolló la siguiente sistematización de experiencia, como resultado de la elaboración de la política cantonal para las PEM de Santa Bárbara, durante el periodo 2024-2029. En esta se promueve una estrecha relación entre comunidades a partir de la vinculación sustantiva del quehacer universitario, la sociedad y las instituciones gubernamentales.

Por tanto, el objetivo consiste en analizar el proceso para la elaboración de la Política Cantonal para Niñez y la Adolescencia, mediante la gestión comunitaria para la articulación interinstitucional para la elaboración de la política cantonal para las PME, y el compromiso institucional de articular el trabajo asociativo y las organizaciones comunitarias institucionalizadas. Lo anterior bajo la metodología de la sistematización de experiencias (Jara, 2012; Unday, y Valero, 2017), cuya base cualitativa de reconocimiento de actores y procesos ejecutados permitirán testimoniar un caso paradigmático que podría ser la base en otros territorios y comunidades que requieren gestar procesos de cohesión social y acuerdos políticos para la promoción de derechos.

Esta iniciativa se materializó mediante la colaboración de entes nacionales y organizaciones comunales, los cuales se unieron con el objetivo de desarrollar una dinámica asociativa. Este enfoque permitió un proceso dialógico profundamente arraigado en la realidad nacional y, de manera particular, en la realidad comunitaria. Al fomentar una interacción constante y significativa entre las partes involucradas, se logró que el proceso procedimental fuese lo más oportuno y pertinente, para así garantizar que las acciones y decisiones tomadas respondieran de manera efectiva a las necesidades y contextos específicos de las comunidades.

Los Fundamentos del Desarrollo Comunitario

En el ámbito formal, se plantea el desarrollo comunitario como la dinámica de génesis colonial que justificaba el acaparamiento y población de tierras, utilizado como forma de organización local institucionalizada. Sin embargo, a partir del reacomodo geopolítico mundial en la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo comunitario se redefinió bajo la lógica del control y manejo de los recursos locales mediante la participación ciudadana, la intervención social y el progreso económico.

Consecuentemente, esta complejidad de representación social y jurídica permite abordar la participación efectiva y real de la comunidad bajo el principio de legitimidad política, el cual se entiende, en primera instancia, como la capacidad política igualitaria ejercida por quienes integran una comunidad (Vallés, 2008; Báez, 2023), y con ello el acceso libre a los medios de intervención política por parte de todos los miembros interesados, bajo la lógica de que la toma de decisiones respondan a las preferencias de la mayoría de la ciudadanía, sin efectos discriminatorios permanentes para núcleos o sectores determinados (Ziccardi, 2010; García, 2017; Landemore, 2020; Rodríguez Torres, Valderrama y Romero, 2022; Pérez de Arce, 2024).

El establecimiento de un prisma de acción ciudadana no restrictivo, que permita concatenar necesidades inmediatas, implica la interacción de dos elementos centrales. Por un lado, lo convivencial, se refiere a la relación entre identidades y territorios, sin restricciones materiales; por otro, el desarrollo y su proyecto de innovación y cambio en los medios de producción.

En este sentido, la gestión comunitaria en lugares como Santa Bárbara tiende a desarrollarse bajo propuestas mediadas por hechos de gran enervamiento social que permiten generar una relación de demanda-solicitud de la ciudadanía como fuerza social viva y, con ello, una movilización social que articula el pragmatismo instrumental de la práctica política.

La complejidad de las prácticas comunitarias

Los procesos de autoorganización comunitaria que surgen de la contingencia humana forman parte del continuum indagatorio sobre las dinámicas inmanentes de realidades sociales y epistemológicas en la reestructuración de totalidades. Las comunidades que optan por ajustar ciertos rasgos de sus identidades colectivas redefinen, radicalmente, las potestades democráticas y organizativas comunitarias tradicionales o de corte histórico, lo cual, en la mayoría de los casos, disloca el espacio público como un espacio diferenciado en derechos y potestades democráticas. Por este motivo, los procesos de diálogo para el diseño de políticas locales se construyen en un espacio complejo de consenso y disenso entre sujetos (y racionalidades) sociales que crean y recrean intereses y valores afines, con la intencionalidad de remozar el control político en el espacio local.

Los paradigmas alternativos acerca de los nuevos modos de reglamentación social y nuevas prácticas de desarrollo comunitario traen consigo inquietudes sobre la necesidad de espacios efectivos en el ejercicio del poder comunitario y la administración de justicia, al ser uno el condicionante de posibilidad para que el otro pueda desarrollar su potencial epistemológico, político, productivo y jurídico. Para ello, Wolkmer (2018) advierte que la implementación y el alargamiento de la sociedad democrática solo se completa con la efectiva gestión y con el control descentralizado por parte de las asociaciones voluntarias, de movimientos sociales, grupos comunitarios y de las redes de organizaciones representativas.

Asimismo, las formas de comprender la realidad social comunitaria corresponden a la capacidad de autoorganización y autodeterminación de los contingentes humanos que, en primera instancia, avivan el debate sobre la planificación local y el desarrollo nacional, así como los medios por los cuales se pueden llevar a cabo.

De esta manera, surge una tentativa conceptual sobre la interconexión de formas de vida relacionadas a través del conflicto y de las luchas cotidianas que expresan privaciones y necesidades por derechos mediante el análisis real de las condiciones sociodemográficas y materiales del cantón.

Desde este acervo conceptual, se describe el proceso de gestión comunitaria que articuló interinstitucionalmente al gobierno local de Santa Bárbara, la UNA, el PANI, el MEP y a las asociaciones de desarrollo de los distritos.

Punto de partida

El cantón de Santa Bárbara es el cantón número 4 de la provincia de Heredia, con una población aproximada 45 000 habitantes, de los cuales más de 18 000 son PME según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), con una conformación sociocultural de vocación agrícola y católica fuertemente arraigada.

La enseñanza escolar se estableció desde el siglo XIX, hasta la inauguración en 1951 de la actual escuela del cantón central con el nombre de don Juan Mora Fernández y, posteriormente, en 1973, se inauguró el Liceo de Santa Bárbara.

No obstante, las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) alertaban de un incremento en los índices de criminalidad y delincuencia, contabilizando en el período enero, 2023-enero, 2024, 117 actividades criminales, incluidos 2 homicidios en el último trimestre del año 2023 cerca del centro del distrito central donde se ubican la escuela primaria, el parque central y muchas de las principales rutas que lo vinculan con las provincias de Heredia y Alajuela.

Para ese año, de acuerdo con el Índice de Competitividad Cantonal del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), Santa Bárbara poseía una tasa de 2,3 homicidios por cada 100 000 habitantes, lo cual muestra una tasa muy inferior a la general del país, la cual fue de 17,2. Sin embargo, la construcción de valores locales y de una idiosincrasia que no acostumbra hechos delictivos graves contra la integridad física de las personas, cala en la percepción general y advierte en la necesidad de una respuesta práctica inmediata del gobierno local y las instituciones responsables de tutelar derechos fundamentales. Dicho lo anterior, la percepción de seguridad de quienes integran las comunidades no depende solo de las estadísticas en temas delictivos, sino que está relacionada por factores como la confianza en las instituciones públicas, las posibilidades de participación comunitaria, así como la construcción social a través de los medios de comunicación (Solís, 2016; BID, 2021; Cruz, 2022).

De esta manera, se constata que las condiciones socioculturales del cantón son productos residuales de hitos culturales que fundan un imaginario colectivo a partir del cual se crean costumbres que median en el resguardo y tutelaje de los derechos claves que caracterizan el territorio. Así, el cantón de Santa Bárbara, según la referencia histórica encontrada en los archivos municipales, es un territorio de vocación agrícola, con una fuerte tendencia a los valores cristianos construidos; paralelamente, en relación con una distribución urbanista y de asentamiento humano ligada al centro del cantón central, lo cual hace prever el recelo y el proteccionismo que la comunidad hace, simbólicamente de las dinámicas sociales ocurridas en esas áreas.

Por tanto, la conformación de un proceso de participación social en relación con el resguardo de la seguridad y la integridad de las personas fue caldo de cultivo para desarrollar un proceso que sistematiza la participación vecinal y la organización social institucional, en relación con un proceso exitoso de gestión comunitaria, el cual desembocó en la elaboración de la política cantonal para PME.

Caso contrario reflejan los datos sobre transparencia municipal, donde la rendición de cuentas se ubica debajo del puesto 60 entre 82 cantones analizados, y el acceso a la información y los datos abiertos de gobierno se ubican entre los 10 peores. Así, la relación entre gestión municipal y encrispamiento social no calzan desde una operacionalización racional de la acción política, pues se presentan debilidades en la gestión municipal, una excepción a la norma social de convivencia.

No obstante, “la reconstrucción y reflexión analítica de una experiencia” (Unday y Valero, 2017, p. 1) permite ahondar en la dialéctica sociopolítica que se refleja en los índices mencionados, al considerar que el fenómeno social que impulsa una movilidad ciudadana a partir de un malestar vecinal representa el punto de partida para la gestión comunitaria.

Así, en este contexto local, es ineludible fortalecer la gestión comunitaria y, con ello, la promoción y trabajo coordinador interinstitucional para potenciar el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes. Asimismo, desde el corpus iuris de los derechos de las PME, se encuentra el deber de elaborar políticas locales que resguarden, tutelen y promuevan sus derechos, de manera que el caso que se desarrolla en el cantón de Santa Bárbara de Heredia merece ser analizado como un ejemplo de interés para mejorar las condiciones que enfrentan estos grupos etarios.

En ese sentido, el análisis de la responsabilidad del clima de inseguridad en el cantón se desarrolló desde una óptica preventiva, donde, desde las corrientes criminológicas interaccionista y organizacional, se logró acentuar un modelo preventivo de base comunitaria; donde el problema de la delincuencia se podría abordar desde el fortalecimiento de la comunidad mediante comités o grupos vecinales con objetivos que transciendan el abordaje coyuntural y reactivo, propio de las obligaciones contenciosas y reactivas de los cuerpos policiales, y construir bases organizacionales para promover y tutelar derechos fundamentales, con especial énfasis en la niñez y a la juventud:

Modelo preventivo denominado comunitario que consiste en la activa participación de los vecinos para transformar su propio hábitat y erradicar la violencia del barrio. Esta activa participación comunitaria, da lugar al surgimiento de los centros vecinales que permite un análisis y programas específicos sobre seguridad atendiendo a la problemática del barrio (Marchiori, 2002, p. 36).

Dado lo anterior, resulta indispensable reconocer que el abordaje de la seguridad no debe ser únicamente el resultado de acciones coercitivas. Por el contrario, es un proceso social complejo que exige la participación de la ciudadanía, de las instituciones de manera articulada y así fortalecer el ejercicio de los derechos humanos en el ámbito local.

Gobierno local y participación ciudadana

La forma de gestar esta política fue producto de la coordinación institucional donde confluyen el gobierno local, la UNA, el PANI como ente encargado rector por rango constitucional de velar por la protección tutelar y promoción de los derechos de las PME, la Oficina Social y de Familia de la Municipalidad de Santa Bárbara y, por último, el Ministerio de Educación Pública (MEP), que según el Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica, artículo 56, es la institución encargada de brindar una educación orientada al desarrollo de las capacidades de las PME, al permitir el ejercicio pleno de la ciudadanía, inculcación de los derechos humanos y de los valores culturales propios.

El análisis de las causas del incremento de la criminalidad se realizó desde una relación entre estas actividades criminales y las condiciones de vida en las comunidades, donde se conectan diversas actividades ilegales de gran plusvalía en los mercados nacionales e internacionales, con una alta participación de grupos de todas las edades, los cuales permean en las comunidades, vecindarios y redes sociales familiares, una serie de encadenamientos que afectan la seguridad de las personas y de las economías en la comunidad (UNODC, 2007; Calderón Umaña, 2012).

Acotado lo anterior, la criminalidad se inserta con mayor facilidad en comunidades con condiciones de vulnerabilidad hacia los derechos de quienes habitan en la comunidad, como la falta de oportunidades, la debilidad en el funcionamiento institucional y la precariedad social, facilitan el desarrollo de actividades ilícitas. Ante esto, las respuestas integrales donde se aborden desde una óptica de políticas de prevención, desarrollo de las comunidades y la mejora en la respuesta institucional, son garantes del resguardo de la seguridad y, por ende, del bienestar colectivo.

Desde un enfoque preventivo primario, se opta por construir un proceso de gestión comunitaria donde se atienda el diseño de estrategias orientadas a disminuir la raíz de la criminalidad desde la construcción de políticas locales, donde los resultados sociales de convivencia y estilo de vida son apreciables a mediano y largo plazo (UNODC, 2010; UN-Habitat, 2011; Solís Moreira, 2015). Este proceso, de enfoque europeo, permite correlacionar la labor de patrullaje policial (reacción al aumento de la criminalidad) con la labor de la comunidad donde se consolide la interacción entre la comunidad y las instituciones gubernamentales.

En este sentido, desde la lógica de la sistematización de experiencias, Jara (2012) plantea la estrategia de producir conocimiento local a partir de la propia práctica, la cual permite vincular el ejercicio reflexivo de la comunidad con el de la elaboración de políticas locales, proyectos, planes y metodologías, los cuales aborden una visión integral y vivencial del proceso y de los resultados.

De esta manera, se asume la etapa de “reconstruir la historia de la experiencia” (Jara, 2012, p. 150), a partir de la necesidad de diagnosticar esos puntos o centros de conflicto que asientan las bases de los acuerdos para construir los ejes estratégicos de la política. En esta elaboración es importante explicar que en Costa Rica existe un sistema de protección nacional a la PME, de conformidad con el artículo 170 del Código de la Niñez y la Adolescencia, donde se crea el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, órgano competente en la formulación y ejecución de la política de protección integral de los derechos de las PME. Este Consejo presentó la Política de la Niñez y Adolescencia del período 2024-2036, en la cual se establecen siete ejes generales: institucionalidad democrática, vida en familia y comunidad, protección especial, salud, educación, cultura, juego, recreación y actividad física, y medioambiente, los cuales deben ser retomados y elaborados como corolario en la planificación de la política local.

Por ende, la participación es clave como derecho fundamental instituido en estos procesos, además, forma parte del resguardo jurídico que los instrumentos internacionales de derechos humanos y en el ordenamiento jurídico nacional exigen, sino que, además, permite anclar las acciones comunitarias con la tutela legal y la responsabilidad institucional en clave de la política nacional, convergiendo los objetivos país con las dinámicas locales. Así, en la Convención Americana de derechos humanos, artículo 23, y en la Constitución Política de Costa Rica, artículo 98, se establece la participación ciudadana bajo la lógica de representación política.

En el ámbito local, la estructura normativa que brinda el Código Municipal, Ley 7794, se obliga a la municipalidad, como ente político local, de promover, según artículos 4 y 5, un desarrollo local participativo bajo los preceptos de necesidad e interés de la población, esto permite abarcar la responsabilidad civil y política del gobierno local en el sentido práctico bajo la necesidad de hacer, invigilando, según las condiciones y hechos inmediatos, así como bajo la demanda o exigencia ciudadana.

La estructura institucional de representación y gestión local tiene como máximo órgano de gobierno municipal al Concejo Municipal y entre sus atribuciones está fijar la política local y las prioridades de desarrollo del municipio mediante la participación vecinal. Paralelamente, la designación de los comités cantonales de deportes y recreación, artículo 173 y Comité Cantonal de la Persona Joven, Ley 826, crean, paralelamente al gobierno local, una estructura de representación política en la mediación de la gestión comunitaria, junto a las asociaciones de desarrollo comunal, producto de la Ley 3859, y cuyo resorte político se constituye a partir de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), con recursos financieros del Estado que obligan a promover los planes y programas dirigidos al desarrollo del cantón.

Todo este engranaje político-administrativo posibilita la elaboración y ejecución de procesos de mejora para el desarrollo del cantón, lo cual requiere del contenido sustantivo de la participación comunitaria para que, relacionados estos procesos, se pueda desarrollar un proceso de gestión comunitaria.

Así, para contrarrestar, disminuir y tutelar adecuadamente los derechos en el marco jurídico costarricense, se ha establecido una estructura política de gestión tanto a nivel nacional como local, encargada de velar por los derechos de las PME, y en el siguiente proceso de sistematización, es importante considerar que la forma en cómo el PANI se vincula con el gobierno local, y este, a través de su oficina social y de familia colabora en la creación de un subsistema local de protección integral. Este, a su vez, tiene la misión de velar y coordinar acciones interinstitucionales para mejorar las condiciones de vida y potenciar de forma adecuada las capacidades de las PME.

Este subsistema se compone de comités tutelares distritales quienes son los responsables directos de cada distrito y de sus respectivas comunidades, al asegurar la cohesión familiar y el bienestar vecinal. Estos comités son nombrados por las asociaciones de desarrollo y actúan como el primer vínculo entre las familias y la organización política local. No obstante, estas asociaciones suman otra instancia para el abordaje directo del tema, y por medio de la junta de protección, respaldada por ley, la cual cuenta con un capital del 0,05 % que asignó el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Finalmente, los comités participativos distritales, en conjunto, promueven y fomentan los derechos y responsabilidades de todos los actores involucrados.

Este subsistema de protección local tiene la responsabilidad de implementar la política de protección, y como institución representada en este subsistema, deben coordinarse para establecer un proceso de gestión y articulación institucional adecuado.

Establecido lo anterior, el subsistema de protección local resulta ser un elemento clave en la protección de las PME; por lo que, en la elaboración de la política cantonal, se contó con la participación de dichos entes, lo cual garantiza el sentido de realidad de las condiciones de las comunidades.

Una breve sistematización de experiencias sobre la gestión comunitaria

La elaboración de la Política de la Niñez y la Adolescencia del cantón de Santa Bárbara fue el resultado de un diálogo con la Alcaldía de la Municipalidad de Santa Bárbara donde, en un inicio, la propuesta de trabajar en conjunto partió de una iniciativa civil en respuesta al alarmante y acelerado aumento de la inseguridad tanto a nivel nacional como cantonal, lo cual dio como resultado una focalización a la prevención de la criminalidad y la delincuencia mediante la acción institucional y la colaboración de la comunidad a partir del reconocimiento de responsabilidades y la educación política de exigir y tutelar los derechos fundamentales. En este contexto, se decidió articular una estrategia para diagnosticar las necesidades de las personas menores de edad del cantón y, a partir de ahí, vincular a las familias en este ejercicio democrático de participación y reconocimiento de responsabilidades.

Esta iniciativa se tradujo en el diseño y ejecución de un proyecto de extensión universitaria articulado con el gobierno local del cantón. Una vez establecida esta colaboración, se buscó integrar al Ministerio de Educación Pública, específicamente a través de la supervisión del circuito 03, dado que se consideró de manera estratégica la vinculación de los espacios donde conviven de manera constante las PME.

En noviembre del 2023 se aplicaron, a través de LimeSurvey y bajo la coordinación de la UNA, en conjunto con el PANI, dos encuestas dirigidas a la población estudiantil del cantón, con la participación total de 1383 personas menores de edad entre los rangos de 7 a 9 años, de 10 a 12 años, de 12 a 15 años y de 15 a 18 años, con la intención de facilitar la aplicación y evidenciar las diferencias según el desarrollo progresivo de las PME. El primero instrumento, “Diagnóstico situacional del niño y la niña del Cantón de Santa Bárbara”, constó de 28 preguntas agrupadas en ocho apartados, los cuales cubrieron aspectos vivenciales y percepciones sobre el cumplimiento de sus derechos básicos ‒entre ellos entorno familiar, experiencia escolar, salud, protección, participación y recreación‒, estructura que permitió elaborar las estadísticas descriptivas presentadas en este artículo. Este instrumento se administró en escuelas públicas de primaria y registró las opiniones de 1257 niñas y niños de los cinco distritos (57 % de 10-12 años y 43 % de 7-9 años). El segundo cuestionario, “Diagnóstico situacional de la condición de las Personas Menores de Edad en el Cantón de Santa Bárbara. Estudiantes de secundaria”, incluyó 40 preguntas organizadas también en ocho secciones que profundizaron en los mismos ejes temáticos adaptados a la realidad adolescente y se aplicó en colegios públicos. Ambos instrumentos fueron revisados y validados por la Oficina Social y Familia de la Municipalidad de Santa Bárbara y la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), lo que aseguró su pertinencia técnica y ética.

Es importante destacar que la articulación institucional fue fundamental a lo largo de todo el proceso, pero resultó especialmente crucial en la fase metodológica. Gracias al acceso a los canales internos del MEP, se logró facilitar la participación en la encuesta de 1383 PME. Esta colaboración no solo garantizó una amplia representatividad de las voces jóvenes en el cantón, sino que también facilitó que el proceso se llevara a cabo de manera eficiente y coordinada. La alta participación obtenida subraya la importancia de contar con un enfoque interinstitucional para abordar temas tan relevantes como la elaboración de políticas que impacten de forma directa en la niñez y la adolescencia, al fortalecer paralelamente el carácter participativo del proyecto (UNICEF, 2021; CNNA, 2024; PNUD, 2024).

Al finalizar la aplicación de la encuesta, se organizaron dos talleres: el primero en la comunidad del Roble el 28 de febrero del 2024, y el segundo el 7 de marzo del 2024 en el cantón central de Santa Bárbara, en ambos talleres participaron más de 50 personas para representar a diversas fuerzas vivas, instituciones locales, asociaciones de desarrollo, comités tutelares y vecinos y vecinas del cantón.

En estos espacios se discutieron las preocupaciones y se exploraron posibles alternativas para abordar las situaciones que vulneran los derechos de las PME, al considerar los contextos y particularidades de las diferentes comunidades del cantón de Santa Bárbara. Se utilizó, en ambos momentos, la misma metodología, donde las personas hacían un listado de los principales problemas qué, desde su vivencia, eran necesarios intervenir por las autoridades para mejorar las condiciones de vida de las familias y de las PME. Seguidamente, se les incentivó a explayar posibles soluciones a esos problemas, al vincular cada solución a una institución local o gubernamental, definiendo de esta manera líneas de acción vinculadas al deber institucional y, en otras ocasiones, a la comprensión correcta de la dinámica burocrática de la gestión estatal con respecto a lo que se puede y no se puede hacer.

Entre los principales problemas detectados en el taller desarrollado en el Roble fueron: violencia doméstica, drogadicción, embarazo adolescente, carencia de valores, falta de área de esparcimiento y prácticas deportivas, negligencia en centros educativos, abandono parental y seguridad. En correspondencia, las posibles soluciones brindadas fueron analizadas desde el punto de vista general, al vincular la práctica institucional con las actividades que la comunidad propuso. Las instituciones que ese reiteraron en ambos talleres, y que asumen un rol central en la protección de los derechos de las personas menores de edad fueron la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, el Comité Cantonal de la Persona Joven, la Iglesia, la policía, la municipalidad y la familia.

Estos talleres permitieron relacionar la perspectiva de la PME con respecto a la perspectiva adulta de la comunidad, y a partir de ahí relacionar las problemáticas con las soluciones centradas en el interés superior de la persona menor de edad, y organizar los datos provenientes de la encuesta para formular la matriz operativa que se encuentra en el último apartado de la política local.

De esta manera, se desarrolló y aprobó la Política local para las PME del cantón de Santa Bárbara, período 2024-2029, en concordancia con la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, del Patronato Nacional de la Infancia, y la “Guía para la elaboración de políticas públicas” (2023) del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

De la participación y convivencia familiar

En relación con los datos obtenidos de las dos encuestas es importante focalizar la participación y convivencia familiar debido a que estos insumos suponen una radiografía social de las condiciones que determinan el reconocimiento de las PME como sujetos titulares de derechos, y la posibilidad de conocer y exigir sus derechos. Así, solo el 55 % de las PME manifestó poder dar su opinión dentro de sus familias. Este porcentaje se refleja en decisiones cotidianas, como elegir el destino de las vacaciones o el programa de televisión para compartir, menos del 49 % participó en estas decisiones. Este resultado es alarmante, pues prácticamente la mitad de las PME no pueden o no tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones familiares. Esta falta de participación también se refleja en la convivencia con sus grupos de pares, ya que más del 40 % de las personas encuestadas afirma que sus pares de clase no les permiten expresar su opinión. Como si lo anterior no fuera suficiente, alrededor del 9 % de las personas encuestadas ha sido objeto de burlas por su nacionalidad o lugar de origen.

Otro dato de gran relevancia es que una gran mayoría de PME están viviendo en familias reconstituidas. Según las encuestas, el 91% de las personas encuestadas vive con su madre, pero solo el 66 % convive con su padre y, aún menos, un 58 %, vive o convive con sus hermanos y hermanas. Estos datos subrayan la creciente tendencia hacia la reconfiguración de la familia nuclear, donde los miembros no siempre residen en el mismo hogar. Esta situación no solo altera la dinámica tradicional de la familia, sino que también plantea desafíos en la distribución de responsabilidades y en la construcción de vínculos comunicativos entre los diferentes hogares. La fragmentación familiar podría afectar la cohesión y el bienestar emocional de las PME, al mismo tiempo que complica la articulación de roles y responsabilidades dentro de una estructura familiar extendida (UNICEF El Salvador, 2015; Universidad de Colima, 2015; López de la Chica, 2025).

Aunado a lo anterior, el 27 % de las personas encuestadas vive con sus abuelos, lo cual indica que esta figura tiene una relevancia e incidencia significativa en la vida de las PME. Sin embargo, aunque la dinámica familiar sugiere que el mayor contacto es con la madre, esto no se traduce en términos de orientación, cuidado y protección. En relación con el tiempo de ocio y recreación, tanto los hermanos y las hermanas como los padres, son las figuras con quienes las PME tienden a pasar más tiempo, con un 40 % y 12 %, respectivamente.

El vínculo con la familia extendida se mantiene en al menos el 70 % de las PME, pues son los abuelos y las abuelas las personas que más frecuentan, mientras que primos y primas son a quienes menos visitan, con un 56 %. Este entramado social sugiere que, aunque el tejido social en Santa Bárbara está fracturado en el núcleo familiar, aún persiste un vínculo consanguíneo y de afinidad entre las personas miembros de las familias, lo cual permite cierta cohesión y apoyo mutuo en el seno de la comunidad.

En lo concerniente a la responsabilidad de las familias de garantizar los derechos fundamentales, especialmente a la educación, los datos son realmente preocupantes. Solo el 65 % de las PME reciben ayuda con sus deberes escolares. Además, el 13 % afirma que su familia ni siquiera conoce su horario de clases y un 12% no se siente respaldado por su entorno familiar. La UNICEF (2021) señala que una gran mayoría de estudiantes menores de edad en Costa Rica no cuenta con el apoyo necesario y legalmente estipulado de sus familias en cuanto al resguardo del derecho a la educación.

En cuanto al derecho básico a la alimentación, este también se encuentra en riesgo. Aunque más del 90 % de las PME recibe desayuno, almuerzo y cena en su hogar, solo el 78 % afirma asistir al comedor de la escuela. Esto evidencia un preocupante 10 % de niños y niñas que no desayunan en su hogar, aunque quizás lo compensen en el centro educativo. Además, un 7 % no almuerza y un 4 % no cena en casa, lo cual puede estar relacionado con problemas estructurales, como pobreza y situaciones de violencia. Esto subraya la necesidad urgente de implementar acciones que mejoren las condiciones mínimas del resguardo de sus derechos humanos. Al centrar el foco en las respuestas de las personas adolescentes, se evidencia que cerca del 50 % considera que en su comunidad las familias carecen de los recursos necesarios para asegurar una alimentación adecuada para sus hijos e hijas. Este hallazgo no solo pone de manifiesto una notable disparidad en el acceso a alimentos básicos, sino que también indica una violación grave del derecho fundamental a una alimentación adecuada, esencial para el desarrollo humano óptimo.

En los resultados de las personas adolescentes, en cuanto al derecho a la salud, entre estos la obligatoriedad de las vacunas, la prevención y el tratamiento de enfermedades, los datos son preocupantes. Menos del 2 % de las PME indica que no han recibido vacunas y un 11% afirma que no se les lleva al médico cuando padecen alguna enfermedad. Estos datos son alarmantes, pues ponen en riesgo la vida de esta población. Especialmente preocupante es la correlación entre el 2 % que no recibe vacunas y quienes no reciben tratamiento médico adecuado cuando se enferman, lo cual incrementa significativamente los riesgos para su salud y bienestar.

En relación con los datos sobre derechos vinculados a la protección y convivencia saludable, las opiniones de las personas adolescentes revelan una realidad preocupante: un alarmante 82,5 % considera que en su comunidad se exponen al consumo de sustancias adictivas y perjudiciales para la salud. Este dato es sumamente inquietante, pues pone de manifiesto los graves riesgos a los que se enfrenta esta población en términos de bienestar físico y mental desde una edad temprana. Además, en cuanto a la seguridad, los actos de delincuencia en las personas menores de edad resultan particularmente alarmantes y merecen una atención detenida. Según los datos de la encuesta, alrededor del 70 % de las personas encuestadas percibe que se exponen a problemas vinculados con la delincuencia en sus comunidades.

De acuerdo con la percepción de los y las adolescentes sobre los espacios con mayor riesgo de sufrir abuso sexual, la comunidad es señalada en un 67,5 % de las respuestas. En segundo lugar, se encuentran la familia y los parques o instalaciones deportivas en un 40,5 %. El colegio sigue en tercer lugar, con un 37,3%, y alrededor del 20% de las respuestas mencionan las organizaciones comunitarias y la escuela. Es alarmante que la familia figure como uno de los entornos con mayor riesgo de abuso sexual, especialmente cuando se consideran otros factores como la delincuencia y el consumo de sustancias ilícitas. Esta información subraya la percepción de que los derechos son más vulnerados en los entornos comunitarios del cantón de Santa Bárbara, según las personas participantes de la encuesta.

Lamentablemente, una de las consecuencias de la violencia sexual es el embarazo adolescente. Al preguntar sobre el conocimiento de programas especializados para la atención y el seguimiento de la salud de las adolescentes embarazadas, un 64,3 % de las personas encuestadas indicó desconocer tales programas. Además, es preocupante que un 30,2 % de las respuestas reflejan el desconocimiento acerca del derecho de las mujeres embarazadas o madres menores de edad en situación de pobreza a recibir asistencia integral por parte del Estado.

A partir de estos hallazgos, se hace evidente la necesidad de reflexionar críticamente sobre las condiciones estructurales y sociales que propician la vulneración de derechos en los entornos cotidianos de las personas adolescentes. El desconocimiento generalizado de los programas estatales de apoyo, junto con la percepción de riesgo en espacios tradicionalmente considerados seguros, plantea desafíos urgentes en términos de políticas públicas, educación comunitaria y fortalecimiento institucional. En este contexto, las siguientes reflexiones de fondo permiten sintetizar los principales aprendizajes del estudio y proponer líneas de acción orientadas a la protección efectiva de los derechos de la niñez y adolescencia.

Las reflexiones de fondo

En el contexto sociopolítico actual del país, se hace imperativa la actuación de la gestión comunitaria frente a las situaciones críticas en ámbitos fundamentales como la educación, la salud y la seguridad. Estos pilares se han robustecido y enmarcado legalmente en la construcción de la Segunda República desde el siglo pasado, lo cual ha dado lugar a la consolidación del Estado social de derecho. El Informe del Estado de la Nación (2023) advierte que el abandono del contrato social debilita la capacidad previsora de los gobiernos para abordar y anticipar los problemas que enfrenta el país. Además, el informe es claro al señalar que el equilibrio fiscal se ha logrado debido a los recortes en los presupuestos destinados a la inversión social y a la infraestructura.

Ante las insuficientes respuestas de los poderes centrales, se hace necesario activar la gestión comunitaria como una garantía para proteger los derechos fundamentales de las personas, para asegurar así su dignidad humana. Díaz Orueta et al. (2021) analizan cómo las incertidumbres sociopolíticas y económicas en otros países han sido puntos de inflexión para el surgimiento de nuevos movimientos sociales e iniciativas de acción colectiva. Según los autores, una de las propuestas más relevantes es la gestión público-comunitaria, debido a su impacto tanto a nivel nacional como local, al promover la democratización de las instituciones y la participación ciudadana. En particular, la elaboración de políticas públicas beneficia de forma directa la calidad de vida de las personas en el cantón.

Desde las políticas institucionales de extensión universitaria, se promueve un modelo de universidad democrática, dialógica y sustentable, con un compromiso social que implica una comunicación en ambas direcciones con distintas poblaciones y organizaciones, con el fin de incidir en la transformación social y en la política pública. En la presente sistematización de experiencias, se evidenció la importancia de los procesos comunicativos bidireccionales, ya que el bagaje teórico y metodológico del proyecto universitario fue contextualizado a la realidad y a las voces de los participantes.

Es crucial destacar que el impacto de la propuesta universitaria no habría sido el mismo sin la articulación con las demás instancias participantes. La colaboración con el PANI fue fundamental para la nueva política nacional de las PME, que alineó sus siete principios generales con la política cantonal. Además, el PANI contribuyó al diagnóstico a través de una estrategia de seguimiento que permitió comprender mejor el contexto provincial, tal como se presentó en el Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, en el cual se identifican los principales problemas de la provincia de Heredia, que se reflejan también en el cantón de Santa Bárbara.

Potenciar la práctica de gestión comunitaria

Asimismo, la vinculación con la Municipalidad de Santa Bárbara resultó determinante para formalizar el proyecto universitario. Dicha instancia desempeñó un papel clave en la comunicación con líderes y lideresas comunales, asociaciones de desarrollo, comités tutelares y otras fuerzas vivas, además de facilitar el acercamiento de la persona supervisora de las instituciones educativas públicas del cantón. Este esfuerzo fue fundamental para recopilar las voces de una muestra significativa de la niñez y la adolescencia en Santa Bárbara, lo cual contribuye así a la construcción de la política pública con el presupuesto necesario para su implementación.

Como se ha detallado ampliamente, la culminación de la política para las PME en Santa Bárbara es el resultado de un proceso complejo de articulación institucional, comprometido con garantizar la calidad de vida y, por tanto, el resguardo de los derechos humanos de las PME. En medio de las crisis que enfrentan diversos sectores del país, surge la oportunidad perfecta para activar las fuerzas vivas, las instituciones y los gobiernos locales como herramientas democráticas. En un país donde la disminución de la participación ciudadana activa desdibuja la democracia, es crucial reconocerla no solo como un valor etéreo, sino como una acción ciudadana constante, por medio de la permanente participación cuidada en la toma de decisiones que impactan en sus entornos inmediatos.

Finalmente, en agosto del 2024, se presentó la política local a más de 400 docentes del MEP en el gimnasio del Liceo de Santa Bárbara, con la intención de dar a conocer el diseño de la matriz que operacionaliza los ejes estratégicos de la política, y la manera en cómo las instituciones del Estado, incluyendo sus agentes, deben de velar por el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de las PME.

Esta presentación fue cubierta por la Oficina de Comunicación de la UNA, la cual indicó lo siguiente:

Con esta iniciativa se busca mejorar la coordinación institucional para crear entornos informativos, preventivos y protectores, especialmente en situaciones de negligencia y abandono. Además, se enfoca en la prevención de situaciones de abuso sexual y drogadicción en parques y centros recreativos, que garanticen un ambiente seguro para los menores (Ortiz, 2024, párr 1).

La consolidación de este proceso resultó ser un hecho inédito, al conocer desde el PANI y el MEP, que este tipo de divulgación y estrategia de comunicación nunca se había ejecutado, lo cual permitió consolidar las líneas de acción común con la firma de un compromiso comunitario al finalizar el evento, donde cada docente reafirmó su compromiso de consolidar las bases comunicantes entre las instituciones educativas y comprender la responsabilidad que conlleva la promoción de derechos.

Esta política fue elaborada por el equipo de académicos de la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE-UNA), conformado por Kattia Rojas Acevedo, Graciela, Herrera y Steven Gómez, con la coordinación del académico Ronald Rivera, con la colaboración de diversas entidades, incluyendo la Oficina Social y Familia de la Municipalidad de Santa Bárbara y la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). También se realizaron encuestas en centros educativos públicos con la participación del Ministerio de Educación Pública (MEP) (Ortiz, 2024, párr 3).

Los datos recolectados, así como las alianzas interinstitucionales establecidas a lo largo del proceso, evidencian que la defensa de los derechos de las PME no puede limitarse al ámbito institucional o legal, sino que requiere del involucramiento activo de las comunidades, de manera que la percepción de vulnerabilidad en espacios cotidianos, como la familia, la comunidad y los centros educativos, subraya la urgencia de construir entornos seguros y protectores, donde las voces de niñas, niños y adolescentes sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.

En este sentido, la gestión comunitaria se posiciona como una estrategia efectiva para fortalecer el tejido social, generar procesos de transformación local y garantizar el acceso a derechos fundamentales desde una perspectiva territorializada, y este proceso participativo, liderado desde la UNA, demuestra que es posible articular conocimientos académicos, experiencias institucionales y saberes comunitarios para incidir en la formulación de políticas públicas pertinentes y contextualizadas. La experiencia vivida en Santa Bárbara no solo marca un precedente en cuanto a la elaboración e implementación de políticas locales para la niñez y adolescencia, sino que también reafirma el compromiso de distintos actores con la construcción de una ciudadanía activa, crítica y corresponsable.

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Información de las personas autoras

Ronald Rivera Alfaro: Doctor en Ciencias Sociales, Universidad Nacional; magíster en Derechos Humanos y Educación para la Paz, Universidad Nacional; bachillerato en la Enseñanza de las Artes, Universidad Nacional; bachillerato en Arte y Comunicación Visual con énfasis en Diseño Gráfico, Universidad Nacional. Académico, investigador y extensionista de la División de Educación Básica, CIDE, Universidad Nacional. Académico de la Escuela de Derecho, sede occidente. Universidad de Costa Rica.

Graciela Herrera Villalobos: Maestría Profesional en Pedagogía con Énfasis en Diversidad de Procesos Pedagógicos, Universidad Nacional de Costa Rica; licenciatura y Bachillerato en Pedagogía con Énfasis en I y II Ciclos, Universidad Nacional de Costa Rica y Bachillerato en Filosofía, Universidad Nacional de Costa Rica. Académica, investigadora y extensionista de la División de Educación Básica de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Declaración de autorías CRediT

Ronald Rivera Alfaro: Conceptualización, Metodología, Validación, Análisis formal, Investigación, Fuentes, Revisión de datos, Redacción del borrador original, Redacción, revisión y edición, Visualización, Supervisión, Administración.

Graciela Herrera Villalobos: Conceptualización, Metodología, Validación, Análisis formal, Investigación, Fuentes, Revisión de datos, Redacción del borrador original, Redacción, revisión y edición, Visualización, Supervisión, Administración.

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1. 1 Este artículo forma parte de los resultados del proyecto de investigación 0349-24, “Plan socio pedagógico para la implementación de una cultura de paz en el cantón de Santa Bárbara de Heredia”, de la División De Educación Básica, de la Universidad Nacional, Costa Rica.